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El Desarrollo del Gobierno Electrónico en la Argentina: Percepción Externa, Sensación Interna y Evidencia Fáctica
José Luis Tesoro
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Febrero 2004

INTRODUCCIÓN

La Organización de las Naciones Unidas difundió recientemente el informe referido a su Relevamiento Global de Gobierno Electrónico (GE) correspondiente al año 2003 (1), que cubrió a la totalidad de los estados miembros de la ONU. El análisis comparativo de los distintos países se sustenta en el Indice de Disposición para el Gobierno Electrónico (E-Government Readiness Index), integrado por índices de: a) presencia de los gobiernos en la red, b) infraestructura de telecomunicaciones, y c) capital humano.

Con base en dicho índice, la Argentina se ubica –entre los 191 estados relevados- en un digno puesto 31º, precedida por Chile (puesto 22º) y México (puesto 30º), y delante de Brasil (puesto 41º) y Uruguay (puesto 47º). Esta favorable posición de nuestro país, en el plano internacional, contrasta con sensaciones internas generalizadas acerca del manifiesto letargo estratégico e inercia fáctica que caracterizaron –localmente- al "gobierno electrónico" desde mediados del año 2000.

En esta nota procuramos confrontar y conciliar, en lo posible, los elementos de juicio provenientes de tres fuentes distintas: a) la percepción externa que determina la destacada posición del país en el referido índice, b) las miradas críticas expresadas en recientes encuentros sectoriales locales, y c) los síntomas y signos emergentes de la evidencia fáctica.

1.- LA PERCEPCIÓN EXTERNA

1.1.- EL RELEVAMIENTO DE NACIONES UNIDAS

El relevamiento realizado por Naciones Unidas durante 2003 tiene su antecedente en el ejecutado durante 2001, que resultó en el Índice GE ("E-Government Index") difundido en mayo de 2002 (2). A continuación procuraremos: a) reseñar las características de los índices usados en los relevamientos de 2001 y 2003, y b) apreciar cómo varió la posición, en dichos índices, de los países de Iberoamérica más destacados en GE.

Tanto el Índice GE (2001) como el Índice Disposición para el GE (2003) fueron diseñados para resaltar la capacidad de cada país para desarrollar, sustentar y proveer -a los distintos segmentos de su población- acceso oportuno "en línea" a información y servicios útiles y relevantes para satisfacer necesidades vitales.

Para lograr un panorama ponderado de la situación de cada país, ambos índices integran tres factores distintos que se caracterizan sinópticamente a continuación.

a) Presencia del Gobierno en la Red

La "presencia en la red" ("web measure") mide la aptitud genérica de cada gobierno para usar al GE como herramienta de información, de interacción, de transacción y de articulación con la ciudadanía. Para tal medición, se valora la magnitud y el estadio predominante de los sitios gubernamentales de salud, educación, trabajo, acción social y finanzas, y se califica a cada país dentro de las siguientes categorías de "presencia": a) emergente ("emerging"), b) mejorada ("enhanced"), c) interactiva ("interactive"), c) transaccional ("transactional"), y d) articulada ("networked").

Esta medición es netamente cuantitativa, con expresa exclusión de cualquier factor cualitativo (por ejemplo: calidad, utilidad, relevancia, pertinencia, desempeño) que pueda introducir sesgos de subjetividad. Más adelante veremos los sesgos resultantes de esta regla supuestamente dirigida a suprimir posibles interferencias de las apreciaciones subjetivas en los "cómputos".

b) Infraestructura de Telecomunicaciones

En esta dimensión se ponderan seis indicadores cuantitativos relativos a la infraestructura de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) de cada país: a) computadores personales por cada 100 habitantes, b) servidores con conexión permanente a Internet por cada 10.000 habitantes, c) porcentaje de la población que dispone de acceso a Internet, d) líneas telefónicas por cada 100 habitantes, e) teléfonos móviles por cada 100 habitantes, y f) equipos de TV por cada 1.000 habitantes.

c) Capital Humano

A través de esta dimensión se procura capturar la disposición de la población para usar GE, que está determinada por la educación, la libertad y la motivación de los ciudadanos para acceder a información y servicios en línea. Los índices utilizados son: a) el Índice de Desarrollo Humano, que mide aspectos tangibles de la calidad de vida de una sociedad, incluyendo el nivel económico, el educativo y la atención de la salud, y b) el Índice de Acceso a Información, que mide aspectos claves de civismo y libertad de información.

1.2.- VALORES RESULTANTES

En el Cuadro 1 se exhiben las posiciones ("ranking") de los países más destacados de Iberoamérica en los índices GE (2001) y Disposición para el GE (2003).

Cuadro 1: Posiciones relativas de Argentina, Brasil, Chile y México en los Índices GE (2001) y Disposición para el GE (2003)

País

Posición en Índice GE 2001

Posición en Índice Disposición para el GE 2003

Diferencia entre Posiciones

2001-2003

Chile

34º

22º

+ 12

México

23º

30º

- 7

Argentina

31º

31º

0

Brasil

18º

41º

-23

Total de Países Relevados

144

191

Puede apreciarse que Chile exhibe un significativo avance en su posición (adelantando +12 puestos), la Argentina mantiene incólume su posición 31ª, mientras que Brasil y México muestran notorios "retrocesos" en sus posiciones relativas (-23 y –7, respectivamente).

El informe de la ONU de 2003 expresa, respecto de los países de América Latina, lo siguiente: "Chile, México y Argentina tienen historias exitosas en programas de GE dentro del entorno global. Durante los dos últimos años manifiestan notables avances en la expansión, actualización y mejora del diseño y la cobertura de la información y los servicios que proveen al público".

Respecto de la Argentina, el informe señala que "exhibe un progreso sustancial en sus iniciativas de GE". "Su alta posición en el índice Disposición para el GE resulta de la oferta de información y servicios telemáticos a través de sus distintos organismos. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, el portal Educ.ar es notoriamente exhaustivo, dado que no sólo provee una miríada de recursos informativos, sino que también involucra directamente a su público a través de la provisión de formularios en línea, espacios de chateo y foros de discusión". Más adelante formularemos algunas apreciaciones relativas a estas halagadoras aserciones.

La privilegiada posición de Chile (como nuevo líder de GE de la región) está plenamente justificada. Este país es un ejemplo de visión estratégica en GE, de coherencia y compromiso explícito del más alto nivel político, de claridad y continuidad en los ejes de acción, y de una burocracia profesional que presta eficaces servicios de GE con diseño, desarrollo y operación tercerizados. Algunas de sus ofertas (como Tramitefacil, ChileCompra y SSI Servicio de Impuestos Internos) se constituyen en referentes a escala global.

Si bien México y Brasil disponen también de claras visiones estratégicas, de compromiso político explícito y de continuidad en sus ejes de desarrollo en GE (3), sus valores en el Índice Disposición para el GE son notoriamente inferiores al de Chile, y manifiestan significativos "retrocesos" en sus posiciones relativas. ¿Qué factores explican el "retroceso" de Brasil desde su envidiable posición 18ª en 2001 (cuando era líder indiscutido de la región) a la 41ª en 2003, y el de México desde su posición 23ª a la 30ª (aun cuando mantenga su status de "vicecampeón" regional)?.

Por último, al contemplar la posición relativa de la Argentina en el Índice Disposición para el GE (tras haber padecido varios años de letargo, inercia, vacío estratégico e indiferencia dirigencial en materia de GE), no nos resulta fácil solazarnos con nuestra virtual paridad con México y nuestra significativa ventaja sobre Brasil, que han exhibido una destacable continuidad en sus ambiciosos emprendimientos.

Como consecuencia, procuraremos obtener un panorama más realista de la posición de la Argentina en materia de GE, confrontando la referida percepción externa con las sensaciones internas y con la evidencia fáctica.

2.- LA SENSACIÓN INTERNA

Durante los últimos meses, se manifiesta una inusitada conmoción en el "avispero" del GE local. Funcionarios, ex legisladores, lobbistas, empresarios, académicos, consultores, buscavidas, merodeadores y "diletantes" exhiben su interés por posicionarse o re-posicionarse en el sector. Con audacia marketinera, explicativa, calificativa o descalificativa, se formulan lamentaciones por el rezago que exhibe la Argentina en la materia, así como imputaciones, intentos de inducir nuevos paradigmas o de reivindicar esquemas probadamente anquilosados. Con base en la amplia convocatoria exhibida por dos encuentros recientemente realizados en Buenos Aires, uno organizado por el sector público (4) y el otro por el privado (5), podría inferirse que la cuestión del GE se está poniendo "de moda" en la Argentina.

A través de diversas fuentes y canales se plantean ciertos interrogantes comunes, entre ellos: ¿Cómo es posible que no dispongamos aún de estrategias coherentes y factibles para acotar la brecha digital y promover la conectividad? ¿Cómo es posible que no dispongamos de un plan nacional de GE?. A partir de dichos interrogantes, se sugieren diversas hipótesis y conjeturas pretendidamente explicativas, tales como:

* Los argentinos somos inconstantes y dispersos.

* Nuestros proyectos carecen de continuidad y tendemos a dejar todo en la nada.

* Nuestros planes nacen y mueren tan rápidamente como una "cañita voladora".

* El sector público es reacio al cambio y carece de visión estratégica.

* Nuestro manifiesto desprecio por el conocimiento expulsó a nuestros mejores cerebros del sector público y del país.

* Tendemos a sobredimensionar los supuestos beneficios de las herramientas tecnológicas, con las consecuentes frustraciones.

* Como todos pretendemos ser "caciques", se multiplican los proyectos inconexos, con los consecuentes "caciquismos de la nada".

* Tendemos a desarrollar experiencias aisladas y descoordinadas.

* Tendemos a manejarnos con mitos, ficciones y creencias carentes de sustento empírico, ignorando los datos de la realidad.

* Somos propensos a destruir todo lo anterior en función de las fobias, preferencias y caprichos de los "de turno".

* Tendemos a mantener una consuetudinaria política de la no-política.

* Hemos atrofiado nuestra creatividad, nuestra voluntad y capacidad para hacer.

* Somos incapaces de pensar "en grande" y de articular acciones acotadas y escalables, en forma sostenida y colectiva.

Dichos intentos explicativos conducen, a su vez, a nuevos interrogantes asociados a nuestra idiosincrasia. Por ejemplo: "Si se lograra articular un plan de GE, ¿Quién lo llevaría adelante?: ¿La Oficina Nacional de Tecnologías de la Información, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros? ¿La Secretaria de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios? ¿La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, dependiente del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología?". Puede preverse que, en tal caso, los distintos actores vinculados a la cuestión del GE –que es netamente transversal- pujarán ferozmente por ocupar los espacios de "poder", pero que –una vez obtenidos los supuestos "cacicazgos"- expondrán las mismas excusas de siempre: no hay plata, es demasiado complejo, hay demasiadas "internas", nadie acepta supeditarse a las pautas concertadas ..., con lo que caeríamos –una vez más- en los habituales "cacicazgos de la nada".

3.- LA EVIDENCIA FÁCTICA

En el plano fáctico, puede afirmarse que la Argentina es hoy prácticamente el único país de Iberoamérica que: a) carece de políticas explícitas de conectividad, de inclusión digital, de GE y de extensión telemática de servicios de educación, salud, asistencia social y seguridad pública, y b) se permitió ignorar al GE durante el último quinquenio, insuflando fantasiosas extravagancias, "hibernando" emprendimientos y limitándose a mantener –por mera inercia- la operación de proyectos en marcha.

El GE en nuestro país padeció frontalmente los sucesivos embates de la obscena dilapidación menemista, de la anodina entelequia delarruista y de la arrogante demolición duhaldista, en el marco de una cultura de "comenzar siempre desde cero". Un ejemplo paradigmático (y patético) de nuestro estilo de gestión de políticas públicas "estratégicas" es el Programa Nacional para la Sociedad de la Información (PNSI), creado por Decreto N° 252/2000 (6), cuya coordinación fue originariamente asignada -con ritual fundacional- a la (entonces) Secretaría de Estado para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Productiva de la Presidencia de la Nación. Las competencias del PNSI, cuya misión primordial era reducir la "brecha digital", se centraban en diseñar e implementar políticas públicas dirigidas a promover: a) la universalización de Internet y la apropiación social de las tecnologías de la información, b) la formación de recursos humanos especializados en su gestión, c) el desarrollo de servicios y redes de alta complejidad computacional, y d) el fomento de las inversiones y el desarrollo, en general, de las telecomunicaciones, la informática, la electrónica, el software y demás tecnologías afines.

En los hechos, el único producto tangible de esta "entelequia" fue un informe, difundido hacia mediados de 2001, denominado "PNSI: estado inicial, informe de avance, formulación estratégica y plan de acción" (7), cuyo contenido –aún disponible en el (hoy vagabundo) sitio Internet del PNSI- resulta ilustrativo de todos y cada uno de los factores ya enunciados como supuestamente explicativos de nuestro déficit en GE. Por Decreto Nº 243/2001, el PNSI pasó a la Secretaría de Comunicaciones en la órbita del (entonces) Ministerio de Infraestructura y Vivienda, en un momento en que éste procuraba revitalizar el (ya frustrado) "plan de obras públicas" delarruista. Dicha transferencia implicó la virtual defunción del PNSI, sin perjuicio de la perpetua agonía que padeció dicho engendro desde su mismo alumbramiento. La Secretaría de Comunicaciones depende hoy del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Un elocuente indicio de la escasa relevancia asignada a la temática reside en que el enlace "Sociedad de la Información", incluido en la portada del sitio web de la Secretaría de Comunicaciones (www.secom.gov.ar), conduce a una anacrónica página de la fase fundacional del PNSI.

Frente al actual vacío oficial en materia de "Sociedad de la Información", diversos grupos de actores del sector TIC procuran canalizar sus demandas, expectativas y acuerdos básicos a través de "manifiestos". Véanse, por ejemplo, las dos emisiones del denominado "Manifiesto Digital Argentino" (8), como expresión de "ideas y acuerdos mínimos iniciales, junto a un listado no exhaustivo ni jerárquico de recomendaciones" referidas a la prioridad de: a) desarrollar una política de Estado sobre Sociedad del Conocimiento, b) crear una agencia federal dedicada al tema, y c) articular un plan estratégico y operacional a partir de una tarea interdisciplinaria e intersectorial. Ambas ediciones señalan que se estaría elaborando un "proyecto de ley" que contempla los conceptos de los "manifiestos".

En el marco de la cultura de inflación, vaciamiento y dilapidación conceptual imperante en nuestro medio, cabe destacar que los actores involucrados en estos "manifiestos digitales" han "superado" ya el concepto de "Sociedad de la Información" (que resultó destruido por el engendro PNSI), y avanzan retóricamente –en su gesta reivindicatoria de las TICs- hacia el de "Sociedad del Conocimiento".

Tomando en cuenta los fundados avances de diversos países de Iberoamérica en las cuestiones atinentes a la Sociedad de la Información, resulta preocupante percibir que, en nuestra Argentina, nos hallamos aún en el estadio de los "manifiestos" más elementales. Pero resulta aún más preocupante la noticia de un "proyecto de ley" que contemplaría las tautológicas generalidades reflejadas en tales "manifiestos". Con base en la frecuente violación de las leyes (y hasta de la Ley Suprema) que suelen practicar los mismos representantes que las sancionan, los dirigentes que las promulgan, así como los jueces que deberían controlar su cumplimiento, resulta curioso observar cómo aún hay quienes tienden a elaborar "proyectos de ley" como si una ley fuera la panacea capaz de transformar –por sí misma- realidades netamente adversas.

Dentro de la escala de prioridades exhibida por nuestros actuales representantes y servidores públicos, una eventual "Ley de la Sociedad del Conocimiento" sólo podría servir –como es usual en nuestro medio- para crear "nichos" generadores de recursos en beneficio de diversos actores del reparto, pero no para instaurar conciencia social ni para movilizar acciones coherentes y coordinadas acerca de la temática. El panorama actual de la Argentina exhibe una patética agudización de la problemática planteada, hace ya unos años, por A. Pérez Lindo (9), con la que coincide G. Jaim Etcheverry (10): vivimos rodeados de señales que muestran, de manera inequívoca, que la nuestra (la argentina) es una "sociedad contra el conocimiento". Por añadidura, debido a las consuetudinarias conductas de nuestras dirigencias, una parte significativa de la población argentina experimenta hoy desafíos mucho más cruciales que el acceso a Internet: el acceso al agua, al alimento, a un techo, a la salud, a la educación, al trabajo y a la integración social.

¿Cómo pueden conciliarse las evidencias emergentes de nuestra exigua muestra de síntomas y signos, netamente adversos al desarrollo local del GE, con la destacada posición del país en el Índice de Disposición para el GE?. Una posible explicación podría surgir del carácter exclusivamente cuantitativo de las mediciones practicadas por los expertos de Naciones Unidas, que –como se señaló anteriormente- erradicaron expresamente de sus "cómputos" cualquier aspecto cualitativo atinente a los productos de GE (por ejemplo, apreciación de calidad, integridad, utilidad, relevancia, desempeño, aprovechamiento) que pudiera introducir sesgos de subjetividad en la medición de la presencia de los gobiernos en la red.

En ese marco metodológico, podría aparecer como una "virtud" el hecho de que nuestros proyectos carezcan de continuidad, que tendamos a sobredimensionar expectativas, que nos cueste coordinarnos, que tendamos a dispersarnos y a multiplicar proyectos inconexos. En ese escenario relativamente caótico –por compartimentación y por aversión a supeditarse a estrategias comunes- cada organismo y cada nueva gestión tendería a generar sus propios sitios de GE para "mostrarse" y exhibir lo propio. Basta "navegar" por el ciberespacio, con cierta disposición inquisitiva, para hallar sitios web -de las más variadas dependencias públicas nacionales, provinciales y municipales- con claros indicios de "desamparo" (sitios inconclusos, desactualizados, desarticulados, extinguidos, abandonados, errantes o perdidos). Al computar, en ese marco, el número de sitios "oficiales" –sin ningún tipo de apreciación cualitativa- nuestro "desempeño" podría aparecer como "óptimo".

Veamos ahora algunos aspectos del portal Educ.ar, que el informe de Naciones Unidas presenta como "exhaustivo en su oferta de recursos informativos, en la provisión de formularios en línea, de espacios de chateo y de foros de discusión". Si bien es evidente que dicho portal ofrece múltiples contenidos y prestaciones, a través de unas 80.000 carillas potencialmente accesibles, el problema se presenta al confrontar los resultados logrados con los objetivos del proyecto inicial. El objetivo central del principal donante (la fundación presidida por Martín Varsavsky) era implantar una red telemática que conectara a las 37.000 escuelas del país. Como la mitad de la donación fue gastada en burocracia y el remanente fue convertido en bonos (hoy en default), el referido objetivo central no pudo cumplirse siquiera mínimamente. El programa sólo logró conectar a 17 escuelas rurales, mientras que otras 5.000 lograron conectarse por sus propios medios (11). Como consecuencia, el valioso "portal educativo del Estado argentino" se halla hoy netamente subutilizado. El programa originario estimaba que el portal recibiría tres millones de visitas mensuales; en la realidad sólo recibe menos de la décima parte. El programa previó que doce millones de alumnos tendrían acceso a Internet; en la realidad actual, la gran mayoría apenas tiene acceso a lápiz y papel.

A los fines comparativos, cabe señalar que la misma Fundación Varsavsky contribuyó a constituir un proyecto "gemelo" en Chile (EducarChile), que logró convocar a otros poderosos donantes y plasmar, además de un portal educativo de alta calidad y desempeño (en términos de utilización por alumnos, docentes y otros miembros de la comunidad educativa), una densa red telemática que conecta "en línea" a los establecimientos educativos de ese país.

La discrepancia entre la percepción externa (sustentada en datos estrictamente cuantitativos) y la sensación interna (sustentada en evidencia fáctica cualitativa) radicaría entonces en que los indicadores cuantitativos abstractos (tipo fotografía fragmentaria) no reflejan el hecho de que la mayor parte de las iniciativas oficiales locales son generadas, operadas, bloqueadas -y posteriormente vaciadas, abandonadas y demolidas- por motivaciones nepóticas, clientelares y de rapiña corporativa, sobreviviendo –de manera errante- algunas ruinas de los respectivos esperpentos.

¿Recuerdan a "Aito" De la Rua como máximo referente de la (entonces) empresa estatal Educ.ar? ¿Recuerdan el organigrama y la magnitud de la planta gerencial y de personal de ese ente? ¿Recuerdan los montos de las contrataciones? ¿Recuerdan cuando Domingo F. Cavallo asumió su cargo en el directorio de dicha empresa, augurando que el (entonces) presidente Fernando De la Rua quedaría, para la posteridad, como el Domingo F. Sarmiento del siglo XXI? ¿Recuerdan cuando el mismo Cavallo ordenó convertir en bonos la donación destinada a financiar la constitución de la red telemática escolar? ¿Recuerdan el programa "Argentina Internet para Todos" (1998) dirigido a reducir la brecha digital y contribuir al desarrollo socioeconómico de localidades alejadas de los centros urbanos? ¿Recuerdan los 3.000 Centros Tecnológicos Comunitarios (CTCs) creados oficialmente en todo el país? ¿Recuerdan la curiosa distribución geográfica de los CTCs? ¿Recuerdan cómo fueron entregados a ONGs, sindicatos e intendencias?. Lo peor es que todos intuíamos lo que ocurriría y todos "dejamos hacer". ¿Saben cuántos CTCs están hoy "funcionando" con tecnología obsoleta, dificultades de conexión y carencia de capacitadores y de soporte técnico?. Se habla de unos 300 y se aportan referencias y peculiaridades que, en alguna oportunidad, deberán documentarse para la posteridad.

Para finalizar esta sección, resulta pertinente señalar que, durante uno de los encuentros sectoriales realizados en Noviembre de 2003 (citado en 4), el ministro Gustavo Beliz comentó que -según sus datos- las contrataciones vinculadas a las cuestiones tecnológicas de los sistemas informáticos concentran la mayor cantidad de casos de corrupción, contrataciones turbias y un enorme escape de fondos del Estado.

4.- CONCLUSIÓN

Los "cómputos" exclusivamente cuantitativos de los expertos de Naciones Unidas parecen hacer abstracción de que las ofertas de "gobierno electrónico" son meros reflejos de las motivaciones e intereses del "gobierno real", y que –como consecuencia- nada bueno puede concretarse a través del GE, si no es auténticamente sentido y deseado por los gobernantes humanos.

Los portales y sitios de GE son puro ritual telemático si no existen actitudes, motivaciones, conductas y estructuras reales que den sustento, contenido y significación a las prestaciones virtuales.

Más allá –o más acá- de la percepción externa, la sensación interna y la evidencia empírica, nuestra sensación es que existe en nuestra realidad algo más que inconstancia, "caciquismo" e improvisación. La misma noción de "gobierno electrónico" padece hoy del desprestigio y el desgaste emergentes de ingratos resabios, experiencias fallidas, enormes dilapidaciones y presuntos negociados. Parece existir una percepción social -culturalmente condicionada- de que cualquier iniciativa de ese tipo será gestada y aplicada en función de intereses, preferencias y conveniencias de coaliciones político-burocráticas y corporativas de turno, y que seguramente resultará devastada por las coaliciones venideras en función de sus propios intereses, preferencias y conveniencias.

Podríamos afirmar que nuestra manifiesta dificultad para concertar, implantar y mantener eficazmente políticas de Estado socialmente útiles, se asocia a lacras impuestas por la rebosante maraña de adiposidad y mediocridad que hemos constituido en la función pública, ignorando netamente al ciudadano al que debemos servir. En caso de no clarificarse tales factores en términos acordes con un país "en serio", cualquier pretendida "estrategia" de Gobierno Electrónico, de Sociedad de la Información, de Sociedad del Conocimiento, o de cualquier otro modelo "ideal" de Sociedad, resultará –como ya ha ocurrido- en un mero ritual de dilapidación de recursos públicos, sin resultados ni impactos favorables para el conjunto social: ¿A qué Gobierno Electrónico, Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento podemos referirnos en un país en que el ciudadano común experimenta cotidianamente la más desoladora indefensión frente al cercenamiento de sus garantías, derechos y contratos por parte de quienes tienen la suprema misión de protegerlo?.

REFERENCIAS:

(1) United Nations (2003): World Public Sector Report 2003: E-Government at the Crossroads (UN Global E-Government Survey 2003). United Nations Department of Economic and Social Affairs, UN, New York, Aug.

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan012733.pdf

(2) United Nations (2002): Benchmarking E-government: A Global Perspective. Assessing the Progress of the UN Member States (UN Global E-Government Survey 2001). United Nations Division for Public Economics and Public Administration; American Society for Public Administration (2002), New York, May.

http://unpan.org/e-government/Benchmarking%20E-gov%202001.pdf

(3) CLAD-SIARE: "El gobierno electrónico como medio para acercar el Estado a la ciudadanía"

http://www.clad.org.ve/siare/innotend/gobelec/gobelec.html

(4) Seminario Internacional "Gobierno Digital, Calidad y Servicio Público", organizado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, 2003 Nov. 5-6.

(5) II Foro de Gobierno Digital en Argentina, organizado por Prince & Cooke, empresa de información de mercado, 2003 Nov. 13-14.

(6) Decreto 252/2000 del 17/3/2000 (B.O. 22/3/2000). Créase el Programa Nacional para la Sociedad de la Información (PNSI), en el ámbito de la Secretaria de Estado para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Productiva de la Presidencia de la Nación.

(7) Coordinación General del PNSI (2001): "Programa Nacional para la Sociedad de la Información: estado inicial, informe de avance, formulación estratégica y plan de acción", Buenos Aires, Feb. 2001. (www.nacion.ar/psi/info/queessi.asp)

(8) Manifiesto Digital Argentino (I y II): www.links.org.ar/news/manifiesto.htm

(9) Pérez Lindo, Augusto (1998): Políticas del conocimiento, educación superior y desarrollo, Buenos Aires, Biblos.

(10) Jaim Etcheverry, Guillermo (1999): La tragedia educativa, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999.

(11) Calvo, Pablo: "La empresa Educ.ar, símbolo de la Alianza, está al borde de la liquidación", Clarín, 4/1/2004, p. 8.


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