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El Gobierno Electrónico en la Argentina: Indagación Comparativa y Apreciación Estratégica.
José Luis Tesoro
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INTRODUCCIÓN

Con base en el potencial del denominado Gobierno Electrónico (GE) para ampliar y profundizar la interacción Estado-Sociedad, el desarrollo y desempeño de sus aplicaciones se tornan prioritarios para todos los países que aspiran a potenciar los servicios del sector público a los ciudadanos.

Un sitio Internet recientemente instituido por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) exhibe un análisis comparativo del avance del GE en los países iberoamericanos.

En esta nota se delinea una descripción de dicho sitio y, con base en su contenido, se procura caracterizar la situación de la Argentina respecto de los demás países de la región.

1.- EL SITIO

El CLAD ofrece, entre sus diversos programas, el Sistema Integrado y Analítico de Información sobre Reforma del Estado, Gestión y Políticas Públicas (SIARE©), entre cuyas prestaciones, provee un conjunto de secciones temáticas relevantes para los países de Iberoamérica.

La sección denominada "Innovaciones y Tendencias en la Gestión Pública" presenta una síntesis de iniciativas innovadoras exitosas vinculadas a la eficiencia y la democracia de la gestión pública en Iberoamérica, incluyendo herramientas, guías técnicas y ejemplos de experiencias clave. Los temas tratados son los siguientes: a) evaluación, b) gobierno electrónico (GE), c) control social y transparencia, d) profesionalización, y e) relaciones laborales,

Aquí nos referiremos al esquema sobre GE -"El gobierno electrónico como medio para acercar el Estado a la ciudadanía" (1)- cuyo propósito es ofrecer referentes relevantes para orientar las iniciativas de los países en la referida área que experimenta un vertiginoso desarrollo en todo el mundo.

La presentación se inicia con una reseña conceptual sobre el GE y sus dominios, haciendo referencia a los procesos intragubernamentales, la interacción con la ciudadanía y los vínculos con organizaciones. Se refiere, asimismo, a la demanda potencial y la oferta de GE, la visión, los objetivos y los instrumentos para el GE, así como a la medición y el control de sus desempeños, resultados e impactos.

Posteriormente, se refiere a los factores que inciden en el desarrollo del GE; por un lado la presencia telemática, la tecnología y el capital humano; y por el otro, las políticas, las estrategias y los marcos legales en el sector. En relación con el primer aspecto, sintetiza las características de los índices "E-Government" (2002) (2), "E-Government Readiness" (2003) y "E-Participation" (3) difundidos por Naciones Unidas, así como de sus respectivos componentes. Reseña la metodología de cálculo de dichos índices y exhibe cuadros de sus valores para 25 países de la región. Asimismo, exhibe un cuadro que sintetiza las políticas, estrategias y marcos legales vinculados al GE en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Más adelante presenta cuadros comparativos de experiencias claves relativas a los siguientes tipos de portales: a) de trámites, b) de interfaz con el ciudadano, c) de información normativa, d) de "ventanilla única" gobierno-empresas, y e) de compras y contrataciones del Estado. Respecto de cada tipo de portal presenta una reseña conceptual y una caracterización de casos, enunciando –para cada uno- datos identificatorios, destinatarios previstos, sumario ejecutivo, estructura y componentes, principales servicios ofrecidos, y políticas expresas de privacidad y seguridad. Reseña asimismo un análisis comparativo para cada categoría de aplicación.

Los casos presentados para cada categoría son los siguientes:

a) Portales de trámites: Tramitefacil (Chile), Tramitanet (México), SAC (Bahía, Brasil).

b) Portales de interfaz con el ciudadano: Gobiernoelectronico (Argentina), Redegoverno (Brasil) y Precisa (México).

c) Portales de información normativa: Infoleg (Argentina), Planalto (Brasil), Interlegis (Brasil), Archivo Digital de Legislación (Perú), Presidencia (Colombia)

d) Portales de "ventanilla única" gobierno-empresas: Sitioempresa (Chile), Cámara (Cuba), Vuev (España), Cofemer (México) y Venezuelaproductiva (Venezuela).

e) Portales de compras y contrataciones del Estado: a) Comprasnet (Brasil), b) BEC (Sao Paulo, Brasil), c) Chilecompra (Chile) y Compranet (México).

Por último, exhibe un exhaustivo directorio de instituciones competentes en la cuestión del GE en cada país de Iberoamérica.

2.- SITUACIÓN DE LA ARGENTINA

En la sección "Políticas, estrategias y programas" del referido sitio del CLAD-SIARE se señala, para el caso de la Argentina, que el país no logró conformar aún un sistema de políticas y estrategias de GE, sino que exhibió, más bien, incipientes "islas" de desarrollo que resultaron vulneradas por la inestabilidad político-institucional que transitó la nación durante el último lustro.

Señala que, hacia mediados de la década de 1990, la Argentina se ufanaba de cierto pionerismo y liderazgo regional en diversos aspectos vinculados al "Gobierno Electrónico", por ejemplo la firma digital y el documento electrónico, pero que tales "destellos" no estaban sustentados en estrategias coherentes de conectividad ni de desarrollo administrativo. Por otra parte, los indicios de servicio al ciudadano estaban -y aún permanecen- prácticamente ausentes en una cultura burocrática que suele no respetar derechos fundamentales de la ciudadanía.

Hacia el año 2000, con el cambio de gobierno, las referidas "islas" de desarrollo fueron sometidas a una virtual "hibernación". El entonces nuevo gobierno formuló un Plan de Modernización de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto N° 103/2001 (B.O. 29/1/2001), aún vigente, del que se reseñarán seguidamente algunos contenidos atinentes a GE. 2001). En la faz diagnóstica, el Plan expresa que poco se hizo anteriormente para aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías en términos del acercamiento del Estado al ciudadano. Señala además que, como la inserción de dichas tecnologías relegó a las organizaciones más débiles y a aquellas donde el impacto hubiera sido más efectivo, no se concretaron sus ventajas ni se aprovecharon las experiencias. Con base en este sombrío diagnóstico, que refleja (eufemísticamente) la dispendiosa ficción transitada, el Plan propone, a su vez, un conjunto de líneas de acción vastamente remanidas: a) red telemática de la Administración Nacional, b) infraestructura de firma digital, c) digitalización de procedimientos administrativos, d) sistema único de seguimiento de expedientes, y e) racionalización del desarrollo de portales.

Con tales formulaciones, y debido a la traumática trayectoria transitada desde entonces por el país, la cuestión de los planes y estrategias de GE quedó prácticamente "congelada" hasta hoy. Desde la segunda mitad de 2001, las cuestiones atinentes a la conectividad, la modernización administrativa y el GE estuvieron, y aún están, ausentes en la agenda oficial. Las contramarchas, las convulsiones contextuales y la carencia de nuevos lineamientos oficiales implicaron un estancamiento en las prestaciones y servicios de GE, que sólo se mantuvieron por mera inercia.

Recién hacia la fecha de esta reseña (enero 2004), tras ocho meses de mandato del presidente electo Dr. Néstor Kirchner, parecen insinuarse ciertas incipientes iniciativas dirigidas a sentar ciertas bases para iniciar un proceso de planificación de GE para la Argentina. Se prevé que tales iniciativas deberán afrontar críticos factores de interferencia, que exigirán, más que un "proceso" de planificación, una titánica "travesía" hacia la auténtica consideración de los intereses de la ciudadanía.

Entre dichos factores de interferencia se señalan, habitualmente, los siguientes: a) el escepticismo imperante en una sociedad que históricamente dilapidó ingentes recursos en iniciativas fracasadas (por incorrecta concepción y pésima gestión) cuya posterior destrucción implicó sustanciales regresiones (por ejemplo, la convertibilidad y el sistema privado de jubilaciones y pensiones), b) el desprestigio y el desgaste que manifiesta localmente el concepto de "gobierno electrónico", al asociárselo a ingratos resabios, experiencias fallidas y presuntos negociados, c) la percepción -culturalmente condicionada- de que cualquier iniciativa de ese tipo será gestada y aplicada en función de intereses, preferencias y conveniencias de coaliciones político-burocráticas y corporativas de turno, d) la presión que seguramente ejercerán -de manera inmediata- los representantes de intereses comerciales para imponer sus esquemas tecnológicos y sus negocios, con prescindencia de los condicionantes administrativos y de los auténticos intereses de la ciudadanía, y e) una cultura administrativa endogénica que privilegia lo propio y desestima la interrelación e interoperabilidad imprescindibles para aportar racionalidad a la acción de gobierno.

En tales condiciones, la posibilidad de plasmar un plan de GE relativamente racional, en términos del interés ciudadano, estaría determinada por la capacidad -de los responsables de la referida "travesía"- para sustentar la trayectoria en una sólida teleología de servicio a la ciudadanía, que provea la dirección y la potencia necesarias para superar la inercia del escepticismo, desdeñar los "cánticos de sirenas" de ciertos actores del escenario, resistir a los intentos de influencia, presiones e intereses de negocios, así como sobrellevar los acechos de hipocresía y cinismo. Sería necesario concertar, formular y mantener auténticas políticas y estrategias de Estado, que permitan superar la percepción, ya prácticamente asimilada a la idiosincrasia nacional, de que ese tipo de iniciativas responde a efímeras e improvisadas ocurrencias del gobierno de turno, y que seguramente resultarán devastadas por el siguiente.

Pero más allá –o quizás más acá- de estas cuestiones, apreciamos que la Argentina actual exhibe factores problemáticos que podrían socavar la misma razón de ser del GE. En caso de no clarificarse tales factores, cualquier pretendida "estrategia" de GE podría resultar –como ya ocurrió- en un mero ritual de dilapidación de recursos públicos, con exiguos resultados favorables para el conjunto social.

En la siguiente sección procuraremos esbozar algunos de dichos factores en términos de interrogantes para la reflexión por parte del lector.

3.-.¿TIENE SENTIDO UNA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO PARA LA ARGENTINA?

La evidencia exhibida en el sitio del CLAD-SIARE indica claramente que la Argentina es hoy el único país de Iberoamérica que carece de políticas de conectividad, de inclusión digital, de "gobierno electrónico" y de extensión telemática de servicios de educación, salud, asistencia social y seguridad pública.

Las iniciativas que en algún momento pretendieron calificarse como "políticas públicas" (tales como "Argentina Internet para Todos" con sus Centros Tecnológicos Comunitarios (CTCs), o "Educ-ar" con su ilusoria red de computadoras en cada escuela del país) fueron primero bloqueadas por nepotismo y clientelismo, después vaciadas por rapiña, y posteriormente destruidas por su misma inanición, sobreviviendo sólo algunas ruinas de los respectivos esperpentos.

En todo el complejo de políticas de la denominada Sociedad de la Información, nuestros "hermanos" Brasil, Méjico, Chile y Uruguay exhiben hoy netas ventajas sobre una Argentina que, hace sólo un lustro, proclamaba ufanamente sus indicios de liderazgo regional en la materia. Quien no conociera la realidad de la Argentina, podría pensar que tal "retroceso" estuvo motivado fundamentalmente por los recientes años de "crisis" padecidos por nuestro país.

Nuestra hipótesis es que no se trataría de un "retroceso", ni tampoco puramente de un impacto de la "crisis". Se trataría, más bien, de una drástica frustración de ilusorias expectativas insufladas con una retórica vacía, asociada a transitorios (y dispendiosos) "destellos" ajenos a valores de servicio al ciudadano, y carentes de sustento en estrategias de desarrollo social, económico o administrativo.

Aun cuando tales residuos y resabios de la "pizza y el champán" resulten hoy arrasados por feroces embestidas pretendidamente renovadoras, cabe prever que -en las actuales condiciones- cualquier "estrategia" de GE implicaría una dilapidación de recursos sin resultados socialmente relevantes ni tangibles.

En una nota anterior (4) mostramos, con base en un estudio realizado en 2001, que el desempeño del GE en cada país está altamente relacionado con el respectivo desarrollo ético, político, social y económico. Como consecuencia, el GE no operaría como una variable "independiente" en la mejora de la calidad de vida, sino que aparecería más bien como "dependiente" de las referidas variables contextuales. Tal inferencia implicaría relativizar las hipótesis del GE como "atajo" o "trampolín" para superar los rezagos de países que, afectados por crónicos condicionamientos (inestabilidad institucional, populismo clientelar, incoherencia política, minúscula probidad pública, consuetudinaria violación de preceptos y garantías constitucionales, inseguridad jurídica o parasitismo político-burocrático) vulneran -cotidiana y drásticamente- la calidad de vida de sus habitantes. En ese tipo de comunidades, el GE exhibirá exiguos resultados favorables, y menguados niveles de relevancia, eficacia y sustentabilidad, aun cuando sus gobiernos asignen ingentes recursos al desarrollo de prestaciones telemáticas. A análogas conclusiones arriban dos informes ya citados (2 y 3) difundidos por Naciones Unidas.

Podemos concluir esta nota sugiriendo un conjunto de interrogantes vinculados con algunas de las limitaciones que experimenta la Argentina para plasmar una estrategia de GE:

* ¿Existe en la Argentina un auténtico concepto de Estado como garante de derechos de los ciudadanos?.

* ¿Existe realmente la noción de "ciudadano"? ¿Impera realmente el sentido democrático y republicano?

* ¿Existe una perspectiva y una prospectiva coherentes de servicio al ciudadano?

* ¿Existe un marco jurídico creíble, respaldado por el conjunto de las instituciones de la República, para el ejercicio del estado de derecho?

* ¿Existe un interés manifiesto, en los poderes del Estado, por cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación?

* ¿Qué tendencia exhibe, durante los últimos años, el índice de percepción de la corrupción?

* ¿Manifiestan nuestras dirigencias de turno alguna vocación por potenciar y calificar las capacidades y posibilidades del ciudadano, o más bien parecen privilegiar la hegemonía prebendaria y clientelar del populismo?

* ¿Exhiben nuestras dirigencias de turno alguna disposición para concertar proyectos de Estado que trasciendan los intereses partidistas, corporativos, clientelares y personales?

* ¿Exhiben nuestras dirigencias un auténtico respeto por el conocimiento, o aparece éste aplastado, bloqueado o desplazado por aliados, amigos y operadores del poder?

* ¿Cuál es el interés manifiesto, en nuestra cúpula político-institucional, por la conectividad, la inclusión digital, la privacidad, la interoperabilidad, o por las posibilidades de Internet para extender la cobertura educativa, de salud y de prestaciones sociales?

* ¿Manifiestan nuestros dirigentes de turno una genuina vocación por prescindir de la arbitrariedad y del favoritismo en la función pública?

* ¿Exhiben nuestros dirigentes de turno alguna disposición para reconocer y mejorar los aportes de proyectos preexistentes, o más bien parecen tender a hibernarlos, diluirlos o destruirlos?

Cada lector podrá ponderar, con base en sus propias respuestas a los referidos interrogantes (entre otros posibles) en qué medida el GE puede contribuir hoy, en nuestra Argentina, a mejorar la calidad de vida del ciudadano.

A nuestro juicio, los críticos condicionamientos impuestos por las características de nuestros "gobiernos reales" determinan –desde una perspectiva ciudadana- la ficción de cualquier estrategia de "gobierno electrónico" que pretenda trascender las estrechas cotas de las prestaciones meramente informativas u operativas, en el marco de una notoria precariedad cívica.

Ello no significa que no pueda haber portales, sitios o aplicaciones de GE útiles y eficaces para satisfacer determinados requerimientos informativos u operativos acotados. Por ejemplo, los elevados índices de uso de algunos sitios (tales como Afip, Mecon e Infoleg) constituyen hoy una nítida evidencia de su utilidad en las respectivas materias. Pero en ningún caso el "gobierno electrónico" puede superar los estrechos márgenes impuestos por los condicionamientos éticos, políticos y culturales del "gobierno real". En el marco de un régimen que parece propiciar la sumisión de los poderes públicos a los designios del ejecutivo, no cabría esperar, por ejemplo, avances telemáticos relevantes para promover la participación consultiva y decisoria de la ciudadanía en cuestiones cruciales de interés público.

El panorama mundial ofrece claras evidencias de que el "gobierno electrónico" no aporta –por sí mismo- virtudes cívicas, sino que sólo puede realzar aquellas virtudes que ya están presentes en el "gobierno real". Puede vislumbrarse también, en el panorama mundial, el uso espurio del "gobierno electrónico" para ocultar –tras mascaradas de transparencia y democratización- aberrantes vicios también presentes –o inmanentes- en algunos "gobiernos reales".

REFERENCIAS

(1) CLAD-SIARE: "El gobierno electrónico como medio para acercar el Estado a la ciudadanía"

URL: http://www.clad.org.ve/siare/innotend/gobelec/gobelec.html

(2) United Nations (2002): Benchmarking E-government: A Global Perspective. Assessing the Progress of the UN Member States (UN Global E-Government Survey 2001). United Nations Division for Public Economics and Public Administration; American Society for Public Administration (2002), New York, May.

http://unpan.org/e-government/Benchmarking%20E-gov%202001.pdf

(3) United Nations (2003): World Public Sector Report 2003: E-Government at the Crossroads (UN Global E-Government Survey 2003). United Nations Department of Economic and Social Affairs, UN, New York, Aug.

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan012733.pdf

(4) Tesoro, J.L. (2003): "La probidad, el civismo y la equidad como determinantes básicos del desempeño del Gobierno Electrónico" Revista Probidad, Nº 21, Feb.

http://www.revistaprobidad.info/021/002.html


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