Febrero 2004

INTRODUCCIÓN

En notas anteriores manifestamos una moderada complacencia por el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas mantuviera a la Argentina en el puesto 31º del "ranking" global 2003 de Gobierno Electrónico (1), que cubrió a la totalidad de los 191 estados miembros de la ONU. Nuestro país se ubica –dentro de la región- detrás de Chile (puesto 22º) y México (puesto 30º), y delante de Brasil (puesto 41º) y Uruguay (puesto 47º).

Nuestra moderada apreciación se funda en la percepción de que la Argentina –a diferencia de Chile, México, Brasil y Uruguay- no satisface ninguno de los siguientes "factores críticos" que exhiben los países más avanzados en desarrollo, calidad y desempeño del Gobierno Electrónico (GE): a) integridad, b) visiones de largo plazo, c) liderazgo gubernamental, d) claridad en las prioridades, e) centralidad del ciudadano, f) comunicación, y g) democratización. Sin embargo, nuestra mayor preocupación radica en un factor frecuentemente omitido o subvalorado por los estudios comparativos sobre GE: la probidad pública.

Esta nota tiene el propósito de resaltar la relevancia de la probidad pública como factor determinante de la calidad del GE. Con base en evidencias empíricas, se procura mostrar que los eventuales éxitos en GE, de aquellos países que exhiben significativas debilidades en probidad pública, son efímeros y vulnerables, por carecer de sustentación cívica. A partir de este hallazgo, se delinea un panorama de la realidad y de las perspectivas del GE en la Argentina.

1.- FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO DEL GE

Los estudios comparativos sobre el Gobierno Electrónico (GE) resaltan usualmente un conjunto de factores comunes a los países más destacados en el entorno global (tales como Estados Unidos, Suecia, Australia, Dinamarca, Reino Unido, Canadá, Finlandia, Holanda, Singapur, Nueva Zelanda y Chile). Como hemos anticipado, dichos factores, considerados como "factores críticos" del GE, son los siguientes:

1.1.- Integridad

Todos esos países contemplan sus estrategias de GE como componentes de amalgamas político-estratégicas dirigidas a lograr transformaciones sociales profundas y sustentables -"Sociedad de la Información" (en adelante SI) o "Sociedad del Conocimiento" (en adelante SC)- interactuando con otras áreas como integración social, acceso a servicios, innovación, competitividad, inclusión digital, desarrollo del capital humano, conectividad, cultura administrativa, participación ciudadana y privacidad.

1.2.- Visiones de largo plazo

Todos parten de visiones de largo plazo plasmadas en modelos SI o SC, y sustentadas en metas claras, ambiciosas y medibles de prestación de servicios a la ciudadanía para el desarrollo del capital humano, la educación, la competitividad y la innovación.

1.3.- Liderazgo gubernamental

Todos exhiben un manifiesto liderazgo gubernamental de alto rango. En algunos casos, los propios presidentes o primeros ministros son los principales promotores de las estrategias de GE, SI o SC.

1.4.- Compromiso institucional

Todos exhiben compromisos institucionales y planes de largo plazo, acordes con la naturaleza transversal del GE, la SI o la SC, con virtual prescindencia de cambios de funcionarios. Existe también coincidencia en la visibilidad de las instancias gubernamentales que lideran y respaldan las iniciativas, los planes estratégicos y el seguimiento de las acciones, con participación del sector privado, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

1.5.- Claridad en las prioridades

Todos exhiben prioridades acordes con los contextos particulares, cuya paulatina consecución –y aceptación ciudadana- motiva a los actores a encarar crecientes desafíos. Este factor puede sintetizarse en "pensar en grande, partir de la cobertura de prioridades básicas (con proyectos de alto impacto), y avanzar paso a paso con prestaciones escalables".

1.6.- Centralidad del ciudadano

Todos exhiben un manifiesto compromiso por proveer prestaciones que respondan auténticamente a las necesidades, preferencias y expectativas de los ciudadanos -sobre calidad, cobertura y modalidad del servicio- mediante segmentación de usuarios y consultas vía encuestas, paneles y comisiones asesoras.

1.7.- Comunicación

Todos exhiben acciones inteligentes y perseverantes de comunicación –hacia adentro y hacia afuera de la Administración- acerca de las estrategias y beneficios del GE, la SI o la SC, así como de difusión, entrenamiento, evaluación, experimentación, retroalimentación, estímulo e intercambio de experiencias.

1.8.- Democratización y participación

Todos exhiben crecientes esfuerzos para ampliar y profundizar –a través del GE, la SI o la SC- las posibilidades de participación ciudadana, mediante la información, la consulta y el involucramiento en las decisiones de política pública y en la agenda legislativa.

Si bien nuestro país manifiesta hoy alarmantes vacíos respecto de todos y cada uno de los referidos "factores críticos", reiteramos que nuestra mayor preocupación acerca del GE en la Argentina radica en la cuestión de la probidad pública, cuyo estado podría estar bloqueando nuestra posibilidad de avanzar, no sólo en GE, SI o SC, sino en la constitución de las mismas bases de una auténtica Nación. A dicha cuestión dedicaremos la siguiente sección.

2.- UN FACTOR CRÍTICO SUSTANCIAL: LA PROBIDAD PÚBLICA

En trabajos anteriores (2) señalamos que la variable Probidad Pública denota, conceptualmente, "la rectitud, integridad y diligencia manifiestas por los representantes y funcionarios de los poderes del Estado para servir a los ciudadanos". Con base en esta acepción, la asociamos con el grado en que:

a) el Estado exhibe disposición para servir al ciudadano como sujeto de garantías, derechos y deberes;

b) el Estado cumple su misión de preservar las garantías y derechos del ciudadano;

c) el marco jurídico-institucional es creíble y está respaldado por el conjunto de las instituciones de la República; y

d) los poderes del Estado manifiestan compromiso por cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.

Aun cuando dicha acepción, y las consecuentes asociaciones, trascienden netamente la usual contraposición entre "probidad" y "corrupción" (entendida esta última como apropiación individual de recursos públicos), la medida que adoptaremos para operacionalizar la variable Probidad Pública –por carecer de medidas más pertinentes- es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por la organización Transparency International desde 1995.

En un estudio difundido por el CLAD (3) mostramos, con datos históricos, que el desempeño del GE en cada país está estrechamente relacionado con el nivel de Probidad Pública. A continuación, procuraremos verificar nuevamente dicha relación, así como la significación de sus desvíos, con datos del año 2003.

2.1.- Disposición para el GE y Probidad Pública

En el GRÁFICO 1 se exhibe el cruce de las variables "Disposición para el GE" (en adelante DGE) y "Probidad Pública" (en adelante PP), ambas con sus valores correspondientes a 2003 (4), para una muestra intencional de veinte (20) países ubicados entre los primeros cincuenta puestos del "ranking" mundial de DGE. Los países de la muestra, que fueron seleccionados por su relevancia analítica, aparecen ordenados en sucesión decreciente por sus valores de DGE.

En dicho gráfico pueden apreciarse dos sectores claramente distinguibles:

a) El primero reúne a países líderes mundiales en DGE (EE.UU., Suecia, Australia, Dinamarca, Reino Unido, Canadá, Noruega, Suiza, Alemania, Finlandia, Holanda, Singapur, Nueva Zelanda, Islandia y Chile). Si bien estos países exhiben simultáneamente altos valores en las variables DGE y PP, obsérvese que prácticamente todos ellos presentan valores de PP superiores a los de DGE. La única excepción en la muestra es EE.UU. que, exhibiendo la posición 1ª en DGE, ocupa la posición 18ª en PP. Entre los países no incluidos en la muestra, resulta excepcional también el caso de la República de Corea que, ocupando la posición 13ª en DGE, se ubica en la posición 50ª en PP.

b) El segundo sector reúne a países que, exhibiendo valores relativamente altos de DGE, presentan valores relativamente bajos en PP (México, Argentina, Filipinas, Brasil). Obsérvese que prácticamente todos ellos muestran valores de PP notoriamente inferiores a los de DGE. La única excepción en la muestra es Uruguay, cuyo valor en PP supera al de DGE.

Este gráfico permite inferir los siguientes hallazgos:

a) Los primeros puestos globales de DGE corresponden a países ubicados también en los primeros puestos globales de PP y que, en general, exhiben valores de PP superiores a los de DGE. Puede inferirse de ello que el GE en estos países alcanza altos niveles de desempeño por insertarse en contextos "probos".

b) La mayor vulnerabilidad en desarrollo del GE (medida en términos de previsible retroceso de posiciones en DGE) parece localizarse en los países con valores relativamente altos en DGE y valores relativamente bajos en PP (en Iberoamérica: México, Argentina y Brasil).

La siguiente sección se referirá a las tendencias en PP exhibidas por los países iberoamericanos con mayores valores en DGE.

2.2.- La probidad pública de los líderes iberoamericanos en DGE

Para indagar las tendencias exhibidas en Probidad Pública (PP) por los países iberoamericanos con mayores valores en DGE, en el GRÁFICO 2 se exhiben las series de la variable PP correspondientes a Chile, México, Argentina y Brasil, entre los años 1995 y 2003. No se incluye a Uruguay porque no fue relevado por Transparency International en algunos de dichos años.

En primer lugar puede apreciarse que Chile presenta –durante todo el período de las series- valores de PP notoriamente superiores a los de los demás países del conjunto. A nuestro juicio, el elevado nivel de probidad contribuyó significativamente a que Chile haya alcanzado un neto liderazgo regional y una destacada posición global (22º) en DGE.

Entre los demás países (Argentina, Brasil y México), puede apreciarse que la Argentina exhibe, durante el período considerado, una trayectoria netamente regresiva. Mientras que, en 1995, su valor de PP superaba nítidamente a los de Brasil y México, en 2003 su valor de PP resulta significativamente inferior a los de ambos países, aun cuando éstos últimos aparecen estacionados en valores relativamente mediocres.

Por otra parte, con relación al GE, la comparación de las posiciones de los referidos países en los "ranking" de los índices de GE (DGE 2003 vs. GE 2001) (5), aporta elementos de juicio adicionales para asociar DGE con PP. Chile (el más "probo" del conjunto) exhibe un significativo avance (de +12 puestos) en su posición relativa, Brasil y México muestran notables "retrocesos" (-23 y -7 puestos, respectivamente), mientras que la Argentina se mantiene incólume en el puesto 31º. A nuestro juicio, dicha permanencia de la Argentina en el puesto 31º resulta de ciertos sesgos metodológicos que fueron señalados en una nota anterior (5).

Con el propósito de apreciar con mayor nitidez la trayectoria en PP de la Argentina respecto de los demás países iberoamericanos líderes en DGE, el GRÁFICO 3 exhibe el cruce de la serie PP de la Argentina con la del promedio de los valores de Brasil, Chile y México. Puede observarse aquí la patética involución comparativa de la Argentina en PP respecto de los demás países iberoamericanos destacados en DGE. La creciente brecha entre la trayectoria de la Argentina en PP y el itinerario medio de los demás países en dicha variable, está determinada por una drástica caída y posterior amesetamiento durante el segundo mandato menemista, seguido de una leve recuperación durante el malogrado período delarruista y, por último, una notoria caída durante la "transición" duhaldista.

Resulta pertinente considerar, de manera complementaria, los datos de Transparency International acerca de la dispersión de las apreciaciones (de los distintos expertos, analistas y empresarios encuestados) referidas a los valores de PP de cada país. Por ejemplo, para el año 2003, el valor medio de PP de Chile (7,4) lo ubica en la posición global 20. Ese valor medio presenta una dispersión que va desde un valor mínimo de 5,6 (equivalente al de Uruguay, que ocupa la posición global 33), hasta un valor máximo de 8,8 (equivalente al de Australia, Noruega y Suiza, que ocupan la posición global 8). Mientras tanto, el valor medio de PP de la Argentina (2,5) la ubica en la posición global 92. Ese valor medio presenta una dispersión que va desde un valor mínimo de 1,6 (equivalente al de Paraguay, que ocupa la posición 129), hasta un valor máximo de 3,2 (equivalente al de Senegal, que ocupa la posición global 76).

Hay quienes aprecian que el valor medio de PP de la Argentina podría disminuir aún más en la medida en que los encuestados por Transparency International ponderen factores como: a) las renovadas denuncias sobre sobornos en el Senado, junto con la eventual impunidad, b) los reclamos relativos a la propuesta oficial para el pago de la deuda externa privada, c) las expresiones cuasi-oficiales relativas a la presunta vinculación entre cierto tipo de delincuencia, ciertos actores de las fuerzas del orden y cierto tipo de dirigentes políticos, y d) los previsibles reclamos ante foros internacionales por presuntos vicios en juicios políticos contra integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Tales apreciaciones contrastan notoriamente con el discurso oficial de las actuales autoridades políticas del país, que erigen las banderas de seriedad, honestidad y transparencia.

Para calibrar la percepción social del estado de la probidad pública, resulta elocuente el Barómetro Global de Corrupción (6), también gestionado por Transparency International para evaluar las actitudes del público en relación a los niveles de corrupción en 48 países. Dicho instrumento indica que las percepciones acerca de la gravedad política, económica y comercial de la corrupción en la Argentina superan notoriamente a las de los demás países de la referida muestra.

3.- LA PROBLEMÁTICA DE LA PROBIDAD EN LA ARGENTINA

En esta sección intentaremos fundar nuestra percepción de que: a) la Argentina exhibe una problemática de probidad pública que podría socavar, y hasta diluir, la misma razón de ser del GE, y b) en caso de no abordarse efectivamente dicha problemática, cualquier pretendida "estrategia" de GE podría resultar –como ya ha ocurrido- en un mero ritual de dilapidación de recursos públicos, sin resultados ni impactos favorables para el conjunto social.

Expresa Guy Sorman (7) que si Tomás Moro hubiera conocido la Argentina, en lugar de la "Utopía", habría descubierto la "Distopía", una isla donde todo funciona al revés, patas para arriba. Las palabras y los conceptos llegados desde afuera, cuando penetran en la Argentina, cambian de color y de significación.

Si bien nuestra experiencia cotidiana ofrece sobradas evidencias que corroboran esta paradoja, reseñaremos aquí tres ejemplos recientes de "distopía" en probidad pública, referidos a seguridad personal, seguridad jurídica y "gobierno electrónico".

En recientes manifestaciones, el Jefe de Gabinete de Ministros del PEN, Lic. Alberto Fernández expresó (8): "La sensación de inseguridad de la gente se incrementa cuando ve que quien tiene que velar por su tranquilidad es el que está detrás de los delitos", "La Argentina de los años recientes tiene una vasta experiencia de políticos que han robado", y "La Argentina no puede seguir siendo un país en donde los que tienen que gobernar se corrompen y los que tienen que combatir a los delincuentes, se asocian a ellos".

El Ministro de Economía y Producción, Dr. Roberto Lavagna, artífice de reiteradas dilaciones en la acción de la Justicia contra la confiscación de depósitos bancarios, expresó (9) su esperanza de "que nunca más se repita la estafa a los ahorristas que se produce cada diez años en la Argentina". Señala el comentarista: "... si el ministro Lavagna no vacila en llamar "estafa" a lo que ocurrió a los ahorristas, haría bien en reconocer su actual responsabilidad de producir las enmiendas del caso".

En un reciente encuentro denominado "Gobierno Digital, Calidad y Servicio Público" (10), el ministro Dr. Gustavo Beliz expresó que -según sus datos- las contrataciones vinculadas a cuestiones tecnológicas de los sistemas informáticos concentran la mayor cantidad de casos de corrupción y turbiedad, con enormes perjuicios y escapes de fondos del Estado.

Sin entrar en un análisis ponderado de cada ejemplo, bastaría con adoptar una moderada perspectiva racional (que permitiera superar temporalmente nuestra alienación local) para apreciar que, en cada caso, late un tenaz debate entre distopía, anomia y el más entrañable "surrealismo" que, al igual que múltiples mensajes de nuestros representantes, funcionarios y comunicadores, atentan contra nuestra salud mental y moral. Quién podría evitar hoy –adoptando dicha cuota de racionalidad- un alto grado de agobio moral al escuchar, por ejemplo, hablar de la "catástrofe" económica que golpeó al país, cuando bien sabemos que la única "catástrofe" argentina es la enunciada por nuestro actual presidente ("donde se toca sale pus") para denunciar que todas y cada una de nuestras "instituciones" -el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial; la Policía, el Banco Central y sus sistemas de control, el Banco Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el PAMI, y hasta el avión presidencial Tango 01, aparecen infectadas y pervertidas por la anomia en sus más diversas dimensiones. Quizás esa misma enunciación del primer magistrado refleje, una vez más, el obsceno reconocimiento de la conjunción de anomia e impunidad. Otro presidente anterior calificó a cierto organismo como "monumento a la corrupción", y así nos fue ...

Los efectos multiplicadores de la perversa sinergia operante en la dupla anomia-impunidad pueden apreciarse, por ejemplo, en los 160.000 millones de dólares depositados en el exterior por argentinos, incluidos –supuestamente- nuestros máximos dirigentes. ¿Cuántos puestos de trabajo genuino podrían crearse si se dieran las garantías mínimas de un país "en serio" como para atraer –paulatinamente- una porción de esa masa de recursos? ¿Cuántos millones de actuales mendicantes podrían insertarse en la actividad laboral, calificarse y lograr una vida digna?.

Pero el discurso oficial no pareciera encaminarse precisamente en esa dirección: ¿En qué país "en serio" un ex gobernador (y actual primer mandatario) puede alardear de su "viveza" por haber transferido y mantener depositadas en el exterior las reservas de su provincia? ¿En qué país "en serio" un primer mandatario puede descalificar –y hasta pretender negar justicia- a los ciudadanos que por haber confiado en las garantías de intangibilidad de los depósitos bancarios impuestos en su propio país, padecieron la confiscación de sus ahorros? ¿En qué país "en serio" un primer mandatario puede descalificar a un ex gobernador que, por haber depositado las reservas de su jurisdicción en el Banco de la Nación Argentina (el principal banco estatal del país), hizo a su provincia víctima de una salvaje confiscación?. Respecto de este último caso, cabría agregar: ¿En qué país "en serio" puede diluirse la ejecución de un fallo de la Corte Suprema favorable a la provincia y hasta supuestamente pretender revertirlo a través de un cambio en la composición del Supremo Tribunal?. En otro orden: ¿En qué país "en serio" los burócratas de turno pueden destruir impunemente, de un día para otro, los ahorros jubilatorios de millones de ciudadanos con la engañifa de los "fondos buitres"? ¿En qué país "en serio" los servidores del Estado, cuya misión esencial (Ley de Ética Pública) es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación, convierten al Estado en el mayor transgresor del orden jurídico-institucional, violando y haciendo violar garantías constitucionales y legislación de orden público? ¿En qué país "en serio" la sociedad deja de reaccionar ante estos atropellos, debido al estado de apatía colectiva emergente del siniestro fenómeno de "indefensión condicionada" o "desamparo aprendido" (11)? ¿En qué país "en serio" los medios de la "opinión pública" se hacen cómplices de la siniestra alianza entre el Estado, los seudo-bancos y las grandes seudo-empresas ("grupo productivo") para inducir en la sociedad perversas tácticas de negación del vaciamiento doloso (p. ej.: la exacción fue motivada por la "emergencia" ante la "catástrofe"), minimización (p. ej.: las modalidades de exacción se denominaron "corralito" y "corralón"), naturalización (p.ej.: se trata de la "estafa periódica" a los ahorristas, o los aportes jubilatorios de la población fueron "timbeados en el casino"), o la tendencia a convertir a la víctima en victimario (p. ej.: "estos ahorristas mezquinos que sólo piensan en su platita")?.

Con tales antecedentes, puede preverse que un futuro gobernante descalificará también a los ciudadanos comunes por haber confiado sus aportes a los sistemas de previsión, de salud y de seguridad social de este "país incierto", en vez de haberse cubierto en el exterior, o con los "derechos adquiridos" asociados a las prebendas oficiales (por ejemplo las jubilaciones de privilegio) locales?.

Volviendo a nuestra temática central del GE, hoy puede apreciarse que los tres únicos hitos cruciales en la Argentina, referidos al uso masivo de sitios de GE, se asocian a flagrantes manifestaciones "distópicas" del Estado. Tales hitos son los siguientes:

a) Entre fines de 2001 e inicios de 2002, al confiscarse masivamente los depósitos bancarios (por complicidad entre el Estado, las entidades bancarias y grandes grupos económicos), cundió un desconcierto masivo frente al caos normativo generado para consumar la estafa pública. Como resultado de ello, experimentaron un uso "explosivo" diversos sitios como Infoleg.gov.ar, que -en respuesta a los acuciantes requerimientos- generaron espacios específicos para proveer información coherente, confiable y actualizada.

b) Durante el primer semestre de 2002, también experimentó un uso insólito el portal del Poder Judicial de la Nación (pjn.gov.ar), por consultas masivas relativas a los juzgados que tramitarían los 200.000 amparos contra la referida confiscación y "pesificación" de los depósitos bancarios.

c) Hacia mediados de 2002, miles de personas desocupadas procuraban su sustento como "coleros", ocupando posiciones en sucesivas e inmensas "colas" en casas de cambio, para que sus mandantes lucraran con la diferencia entre el cambio "oficial" y el "libre". Cuando el Banco Central exigió constancia CUIL (clave única de identificación laboral) para adquirir dólares a "cambio oficial", el sitio de la ANSES (anses.gov.ar) resultó colapsado por la afluencia de pedidos de expedición telemática de dicha constancia.

Como podrá apreciarse, los tres hitos del uso masivo del GE en la Argentina no estuvieron asociados a una genuina vocación del Estado por prestar más y mejores servicios a la ciudadanía (la auténtica esencia del GE), sino a desventuras ciudadanas ocasionadas por la "distopía" estatal: la violación de garantías constitucionales, la legislación ilegal, la obstrucción de la justicia, la ficción, la humillación, entre otras "delicias" de nuestras relaciones Estado-Sociedad.

A nuestro juicio, los condicionamientos impuestos por los vicios y traumas de nuestros "gobiernos reales" y de nuestra "sociedad real" determinan una ficción en cualquier estrategia de "gobierno electrónico" que pretenda trascender nuestra notoria precariedad cívica. Ello no significa que no pueda haber sitios gubernamentales útiles y eficaces. Por ejemplo, el elevado uso de algunos sitios (tales como Afip, Anses, Mecon e Infoleg) constituye hoy una nítida evidencia de su utilidad en las respectivas materias. Pero en ningún caso esos sitios pueden considerarse componentes de un "gobierno electrónico", dado que están intrínsecamente afectados por los condicionamientos éticos, políticos y culturales del "gobierno real" y de la "sociedad real".

En el actual estado de nuestra Nación y nuestras instituciones, suena como hipócrita cualquier alusión al "Gobierno Electrónico" (o bien a la "Sociedad de la Información" o "Sociedad del Conocimiento"). El panorama mundial ofrece claras evidencias de que el GE, la SI y la SC no aportan –por sí mismos- virtudes cívicas, sino que sólo pueden realzar aquellas que ya están presentes en el "gobierno real" y en la "sociedad real". Dicho panorama exhibe también el uso espurio de los conceptos de GE, SI y SC por parte de algunos "gobiernos reales" que procuran ocultar sus propios vicios, y los traumas de sus respectivas "sociedades reales", tras máscaras telemáticas de seudo-transparencia y seudo-democratización.

Nuestras mayores limitaciones no se asocian a la exclusión social -sin perjuicio de su desoladora magnitud- ni a la "exclusión digital", cuya relevancia resulta nimia frente a las elementales carencias de acceso -al agua, al alimento, al techo, a la salud, a la educación y al trabajo- que padece una significativa parte de nuestra población. Nuestras restricciones más críticas, que condicionan todos los demás aspectos, se asocian hoy a flagrantes "brechas" en Probidad Pública, en sus faces ética (deberes y obligaciones), axiológica (valores), teleológica (objetivos) y praxeológica (prácticas y conductas).

Tales "brechas", que vulneran cotidianamente nuestra vida en sociedad, no pueden cubrirse en plazos cortos ni medianos, con declamaciones ni con exabruptos, con pretenciosos proyectos tecnológicos y ni siquiera con una eventual afluencia extraordinaria de recursos, dado que los mismos resultarían nuevamente dilapidados por vicios en Probidad Pública. ¿Qué ocurrió con las copiosas inversiones y préstamos con que fue "favorecido" nuestro país hasta no hace mucho tiempo? ¿Qué ocurrió con los cuantiosos préstamos multilaterales y recursos locales destinados a una miríada de programas de reforma, reestructuración, modernización e informatización de nuestros poderes públicos, de organismos, procesos y prestaciones, y hasta de la misma "ética pública"?.

Nuestras enmarañadas, vetustas y renovadas malformaciones sólo podrán desmontarse y sanearse, paulatinamente, a través de un prolongado proceso intergeneracional, sustentado en la coherencia, la consistencia y el ejemplo. La condición básica para iniciar dicho proceso reside en una auténtica vocación -compartida por los líderes políticos, económicos y sociales- por instaurar y consolidar la Probidad Pública en los deberes, valores, lógicas, actitudes, conductas y prácticas de los poderes del Estado y de las instituciones que rigen nuestra vida en sociedad.

La agenda de nuestros actuales gobernantes exhibe -hasta hoy- ciertos focos de "probidad" -fragmentarios y cuestionables- que aparecen sesgados por filias, fobias e inconsistencias. La continuidad de esta tendencia podría resultar en una reconfiguración y regeneración de malformaciones, con una virtual exclusión del mundo del progreso y con efectos prácticamente letales sobre la calidad de vida del conjunto social.

REFERENCIAS

(1) United Nations (2003): World Public Sector Report 2003: E-Government at the Crossroads (UN Global E-Government Survey 2003). United Nations Department of Economic and Social Affairs, UN, New York, Aug.

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan012733.pdf

Un análisis comparativo de los valores de los índices GE 2002 y 2003 puede hallarse en el sitio CLAD-SIARE:

http://www.clad.org.ve/siare/innotend/gobelec/gobelec.html

(2) Tesoro, J. L.: "Transparencia pública y tecnologías de gestión: la viabilidad de sistemas con transparencia inmanente en la Administración Pública", Instituto Nacional de la Administración Pública, Dirección Nacional de Estudios y Documentación (Serie II Estado y Sociedad, 33), Diciembre 1999.

(3) Tesoro, J.L., et al. (2003): "Factores endógenos y exógenos asociados al desempeño del gobierno electrónico: hallazgos emergentes de un análisis exploratorio de experiencias nacionales, 2001.

http://www.clad.org.ve/fulltext/0043105.pdf

(4) Los valores de Disposición para el GE fueron extraídos de las fuentes citadas en (1). Los valores de Probidad Pública son los del Indice de Percepción de la Corrupción (Transparency International), que en 2003 incluyó a 133 países.

http://www.transparency.org/surveys/#cpi

(5) Véase, en esta misma sección de Infoleg, la nota "El desarrollo del gobierno electrónico en la Argentina: percepción externa, sensación interna y evidencia fáctica".

(6) Barómetro Global de la Corrupción (incluye 48 países)

http://www.transparency.org/surveys/#barometer

(7) Sorman, Guy: "La celebración de un país distópico", La Nación, 26/10/2003, Sección Enfoques

(8) "Alberto Fernández: no hay divorcio entre la Federal y la Bonaerense, Clarín 7/11/03, p. 5.

(9) Cardenal, Eduardo: "Lo que el corralito se llevó", Clarín, 14/12/2003, Económico, p. 6.

(10) Seminario Internacional "Gobierno Digital, Calidad y Servicio Público", organizado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, 2003 Nov. 5-6.

(11) Scialpi, Diana: (2003) "Transparencia de la anomia y desamparo aprendido", Revista Probidad, Nº.23. http://www.revistaprobidad.info/23