El documento institucional "Un Estado más Cerca del Ciudadano: De la Proximidad de los Gobiernos Locales a los Nuevos Escenarios del Gobierno Electrónico" contiene dos ponencias elaboradas por la máxima autoridad de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública de la República Argentina, que se presentaron en el XIII Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

La primera, La cooperación intergubernamental: mejor Estado y mejor democracia, expone el trabajo que realiza la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública junto con las administraciones provinciales y municipales para mejorar la calidad de la gestión pública subnacional. La ponencia analiza cómo el proceso de descentralización llevado a cabo durante la década del ´90 no tuvo por objeto reformular la relación de representación política, con provincias y municipios que tuvieran un rol activo en la resolución de las demandas ciudadanas que hasta ese momento permanecían en la órbita nacional, sino una decisión del Estado nacional de abandonar responsabilidades, transfiriéndolas a los niveles subnacionales sin la correspondiente transferencia de recursos ni tecnologías. En ese contexto, las provincias y municipios fueron asumiendo mayores funciones y competencias y se convirtieron en actores fundamentales de la vida democrática de la Argentina, aunque debieron afrontar sus nuevas responsabilidades con enormes dificultades. Analizando críticamente ese proceso, esta ponencia postula la importancia de generar ámbitos de coordinación y cooperación entre las distintas entidades de gobierno, a fin de que puedan aprovecharse cabalmente sus potencialidades en pos de optimizar la calidad de la gestión y de la democracia. Con tal fin se ve la importancia de los Consejos Federales, y particularmente el Consejo Federal de la Función Pública, como espacios de trabajo conjunto que impulsan el fortalecimiento del vínculo entre los tres niveles de gobierno con el objetivo de construir un Estado argentino más ágil, eficiente y transparente al servicio de la ciudadanía.

La segunda, Modernización tecnológica en el Estado argentino: incrementando el desarrollo y uso de las TIC en el ámbito público, se centra en la tarea que la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública realiza, en el marco del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, para incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la administración pública argentina. El empleo de las TIC plantea un nuevo escenario en el que se transforman las relaciones entre las personas y las organizaciones. En ese marco, el Estado nacional impulsa la incorporación y uso intensivo de las TIC en los procesos de gestión pública con la finalidad de optimizarla, brindar servicios de calidad a los ciudadanos, generar nuevas instancias de participación ciudadana y garantizar la transparencia de los actos de gobierno. Asimismo, uno de los mayores desafíos que plantea el uso de las nuevas tecnologías es el de la reducción de la brecha digital para lograr la integración de las personas y comunidades menos favorecidas, así como la inserción de la producción nacional en el mercado global. A efectos de presentar el modo en el que la SGGP asume su responsabilidad en el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, esta ponencia presenta las soluciones e instrumentos tecnológicos que la Secretaría ha implementado o se encuentra en curso de implementar, los logros alcanzados y las metas por cumplir.

Durante los años 90 en la Argentina, tras los procesos de reforma del Estado nacional y de descentralización y privatización de muchas de sus funciones y competencias, los gobiernos provinciales y municipales se convirtieron en actores fundamentales de la vida democrática del país, al asumir un rol activo en la resolución de una serie de demandas ciudadanas que hasta ese momento permanecían en la órbita nacional.

En cierta medida se trató de un fenómeno mundial. Producto de la globalización, el Estado-nación se había visto compelido a redefinir su modo y ámbito de actuación, y la "devolución" de facultades hacia instancias inferiores de gobierno fue vista por algunos analistas (como Giddens, 1999) como un mecanismo idóneo para poner en práctica una nueva manera de gestionar los asuntos públicos.

En efecto, por sus dimensiones, los gobiernos locales disponen de la posibilidad de entablar un vínculo estrecho con sus representados, confiriéndoles a éstos un papel destacado en el proceso de deliberación, definición y monitoreo de las políticas públicas.

Tales características explican que en los últimos años los niveles subnacionales se hayan constituido en un laboratorio de experimentación de diversas herramientas de participación y control ciudadano (ver, por ejemplo, Triguboff y Anaya, 2007).

Sin embargo, en la Argentina, el proceso de descentralización de funciones y atribuciones hacia las esferas subnacionales no tuvo por objeto reformular la relación de representación política, sino básicamente "achicar" el Estado-nación.

No había una teoría democrática detrás de la reforma de los ´90. Así, ni las provincias ni los municipios fueron provistos de las herramientas necesarias para asumir el cúmulo de responsabilidades que el Estado nacional había decidido abandonar de manera abrupta.

Una revisión crítica sobre la experiencia acaecida en esos años contribuye a poner en tela de juicio no a la descentralización en sí misma, sino más bien al modo en que se han establecido las relaciones entre los distintos niveles de gobierno.

En tal sentido, la presente ponencia propone un modo alternativo de interacción entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales.

Desde la perspectiva analítica que aquí se postula, la apuesta consiste en dilucidar mecanismos de cooperación y coordinación entre las distintas entidades de gobierno, a fin de que puedan aprovecharse cabalmente las potencialidades de los tres niveles de gobierno. El rol de los Consejos Federales como respuesta a procesos de descentralización (Serafinoff, 2007; Nejamkis y Repetto, 2005), y en particular el rol del Consejo Federal de la Función Pública, es analizado en detalle.

Los inicios de la década del ´90 significaron un punto de inflexión para la vida política de los gobiernos subnacionales en la Argentina. El proceso de reforma del Estado nacional se inició en 1989 con la sanción de dos leyes: la de emergencia económica y la de reforma del Estado.

El objetivo de esta reforma consistió en constituir un Estado mínimo, limitado a garantizar las condiciones indispensables para el libre desenvolvimiento de las fuerzas del mercado. Junto con el programa de privatización de empresas públicas y la desregulación económica, se produjo una descentralización de competencias hacia entidades subnacionales, fundamentalmente hacia las provincias.

Para los municipios, entonces, este proceso no implicó en términos normativos un incremento en sus competencias. Sin embargo, "si contrastamos los temas de la agenda local contemporánea, observaremos que los municipios se ocupan de un conjunto competencial substancialmente más amplio: ello ha llevado a diferenciar aquellas competencias normadas de las realmente ejercidas" (Cravacuore, 2007: 6). ¿Cuál es la razón de este incremento, si la descentralización consistió principalmente en la delegación de funciones hacia los gobiernos provinciales? Según Iturburu, "la reforma administrativa del Estado nacional se ha extendido progresivamente hacia los estados provinciales que, en varias ocasiones, ajustan hacia abajo recortando la coparticipación o transfiriendo nuevas tareas al ámbito local" (Iturburu, 2001: 37).

Lo que ocurrió fue que las provincias, ante el repentino incremento de responsabilidades que les tocaba afrontar en la nueva etapa, decidieron emprender un proceso de delegación hacia los municipios.

Si la transferencia de competencias desde el Estado nacional hacia las provincias se realizó a través de una modificación del marco normativo, la transferencia de competencias hacia los municipios se produjo, en lo sustancial, de facto.

De esta manera, quedó configurado un nuevo y complejo sistema de responsabilidades y atribuciones entre los distintos niveles de gobierno. Al respecto, las provincias pasaron a ocuparse -junto con el gobierno nacional- de la educación superior, la justicia, la seguridad social y la seguridad pública, entre otros temas relevantes. Asimismo, en forma exclusiva comenzaron a brindar servicios educativos y a ocuparse del financiamiento de la vivienda social y de la regulación de la distribución domiciliaria de la energía eléctrica (Cravacuore, 2007).

Por su parte, los municipios, además de cumplir con sus funciones tradicionales (prestación de servicios públicos, gestión administrativa, organización del espacio urbano, regulación de la vida comunitaria) comenzaron a desempeñar un rol significativo en temas tales como promoción económica, desarrollo social, medio ambiente, salud y seguridad, entre otros (Cao, 2007).

Ahora bien, el proceso de reformas por el que atravesó el Estado argentino no debe ser visualizado con un prisma meramente local. Cabe tener en cuenta los cambios ocurridos desde mediados de los años 70 en el escenario internacional. La globalización no sólo determinó la formación de un mercado mundial sino también la imposibilidad de concebir a la sociedad como un contenedor organizado estatalmente (Beck, 2001). En tal contexto se dio el predominio y la radicalización de las políticas neoliberales, caracterizadas por una fuerte reducción del Estado tanto en su tamaño como en su funcionalidad.

La reconfiguración estatal en la Argentina y en muchos otros países estuvo ligada en parte con la incapacidad de los Estados-nación para enfrentar nuevas problemáticas de carácter global (flujos financieros, terrorismo, etc.).

Sin dudas, ello explica el fuerte proceso de erosión de legitimidad que han sufrido estas entidades en los últimos años. Paralelamente, estas transformaciones motivaron una revalorización del papel y las funciones de los gobiernos locales. Por sus dimensiones reducidas, el municipio se ofrecía como un espacio ideal para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales y reducir de esa forma la brecha entre representantes y representados evidenciada en el caso de los gobiernos centrales.

En resumen, en los últimos años los municipios pasaron a ocupar un lugar relevante en la vida política argentina, constatada en la adquisición de autonomía, en el incremento de competencias y responsabilidades, e incluso en su revalorización en tanto espacio idóneo para promover la participación ciudadana en los asuntos públicos y recrear la legitimidad de las instituciones democráticas.

Sin embargo, hacia fines de los años 90 se puso de manifiesto la situación paradojal por la que atravesaban la mayoría de los gobiernos municipales: mientras que sobre ellos -acorde con las nuevas circunstancias- habían crecido exponencialmente las expectativas ciudadanas, la debilidad de sus instituciones impedía la plena satisfacción de las mismas.

Lo propio ocurrió con las provincias. Con frecuencia se hace mención a que el problema que enfrentaron provincias y municipios ante al proceso de descentralización fue de índole económica; desde esta perspectiva, los inconvenientes se habrían originado en la falta de recursos económicos para afrontar las nuevas responsabilidades. Aunque éste fue un factor sumamente importante, se considera que la cuestión no se agota allí. Como se intentará mostrar a continuación, los municipios se enfrentaron a una serie de problemáticas que -haciendo abstracción de cada caso particular- pueden ser catalogadas como "debilidades institucionales". En definitiva, desde esta óptica, el problema fue que la transferencia de competencias no fue acompañada por la transferencia de "capacidades institucionales".

El primer aspecto a marcar es que generalizar sobre la gestión pública provincial es complejo por la simple razón de que las provincias son muy diferentes entre sí. La Provincia de Buenos Aires, con 14 millones de habitantes, tiene una población 140 veces más numerosa que la de la Provincia de Tierra del Fuego. La diferencia entre el distrito con el mayor PBI per cápita (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y el distrito con el menor (Formosa) es de 13 veces, mientras que similares comparaciones en países federales como Brasil (9 veces), México (6) y EE.UU. (2) denotan territorios mucho más equilibrados en términos de desarrollo (Cao, 2007). El Area Metropolitana compuesta por la Capital Federal y los veinticuatro partidos del Gran Buenos Aires constituye sólo el 0,33% de la superficie de la Argentina, pero genera más del 40% del PBI y de la producción industrial de la Argentina.

Lo que se encuentra en casi todos los casos es que, con las reformas de los ´90, las provincias ampliaron significativamente su proporción del gasto público pero siguieron dependiendo de la recaudación tributaria nacional para ello.

La evolución del Gasto Público Consolidado total (ver Cuadro 1) constituye un fiel reflejo del incremento de competencias tanto provinciales como municipales. En efecto, el porcentaje del Gasto Nacional total, respecto del Gasto Público Consolidado total, ha disminuido desde 1983 en adelante: ese año representaba el 71%, mientras que en 1993 había caído al 51%. Por otro lado, se registra un significativo incremento del Gasto Provincial total, que pasa de ser el 24% en 1983 a casi el 40% en 1993. Un poco menor pero igualmente importante es el crecimiento de las erogaciones municipales. Mientras que en 1983 el Gasto Municipal total representaba el 4,1% del Gasto Público Consolidado total, una década más tarde se había duplicado (8%). En los tres casos no se registran cambios sustantivos entre 1993 y 2003, posiblemente reflejando que, una vez que la descentralización ocurre, crea actores subnacionales que luego resistirán cualquier intento de re-centralización (Leiras, 2008).

Pero así como la participación presupuestaria de provincias y municipios crecía, la estructura de recaudación tributaria para el mismo período se mantenía estable (ver Cuadro 2). Es decir, a pesar de la transferencia de competencias desde el Estado nacional hacia las esferas subnacionales y la consiguiente modificación en la composición del Gasto Público Consolidado, la estructura tributaria permanece prácticamente invariable desde 1983. Ese año, Nación recaudaba el 85% del total de recursos del país, mientras que en 2003 recaudaba el 83%. En el caso de los impuestos provinciales tampoco se observan modificaciones significativas: pasan del 14% en 1983 al 16% en 2003. Es decir, existe "un bajo nivel de correspondencia fiscal, definida ésta como el grado de consonancia entre la jurisdicción que cobra los impuestos y la que realiza las erogaciones" (Cao, 2007: 81).

Ello trae aparejado cierto problema de "ilusión fiscal": si bien las provincias se ven obligadas a negociar permanentemente con el gobierno nacional, esta situación les da al mismo tiempo la posibilidad de gastar sin recaudar, de invertir sin tener que pedir esfuerzos equivalentes a sus ciudadanos/votantes (Abal Medina y Nejamkis, 2007). Las crecientes responsabilidades de las provincias junto con este desacople entre jurisdicción que recauda y jurisdicción que ejecuta el gasto motivaron – especialmente en las provincias periféricas – importantes déficit fiscales, que en 2003 totalizaron casi $9.000 millones (Cao, 2008). Y la selectividad en las transferencias desde Nación fue utilizada, a su vez, para la construcción y el mantenimiento de coaliciones legislativas (Gibson y Calvo, 2008).

Los problemas mencionados (la heterogeneidad, la falta de recursos económicos e institucionales) determinaron que en muchas ocasiones las provincias se vieran en la necesidad de delegar parte de sus responsabilidades hacia los gobiernos locales. Como se verá en la próxima sección, este proceso de transferencia de competencias se realizó sin considerar que los municipios, en su gran mayoría, presentaban en forma agravada los mismos problemas y dificultades que las provincias.

En la Argentina existen 2.117 municipios. La Constitución Nacional, exigiendo como único requisito la preservación de las autonomías, confiere a las provincias la potestad de establecer su propio régimen municipal.

En virtud de tal precepto constitucional, la configuración municipal en la Argentina resulta sumamente heterogénea. Si bien la mayoría de las provincias adoptó un criterio poblacional como requisito para la constitución de gobiernos locales, las cantidades resultan variadas. Así, por ejemplo, Santa Fe establece que la población mínima para la conformación de un municipio es de 10.000 habitantes (Artículo 106, Constitución de la Provincia de Santa Fe), mientras que Corrientes fija como piso mínimo 500 habitantes (Artículo 156, Constitución de la Provincia de Corrientes). De este modo, la heterogeneidad municipal puede constatarse tanto en la cantidad de municipios que hay en cada provincia como en el tamaño poblacional de los mismos (ver Cuadro 3).

Tal como se afirma en el caso de las provincias, ante tal heterogeneidad resulta evidente que el impacto de la descentralización no pudo haber sido homogéneo.

Resulta útil introducir, para los fines de esta investigación, el concepto de "inframunicipalismo" (Iturburu 2001), que hace referencia a la existencia de un gran número de gobiernos locales con reducida población y que generalmente poseen estructuras institucionales que generan una carga indebida para los recursos locales, una capacidad limitada para administrar las competencias delegadas y la imposibilidad de cumplir con las funciones básicas demandadas por sus ciudadanos (Cravacuore, 2007). El caso argentino ilustra el problema del inframunicipalismo: el 80% de los gobiernos locales está integrado por menos de diez mil habitantes (Banco Mundial, 2003).

Para afrontar las nuevas responsabilidades que surgieron post descentralización se requiere contar con una serie de recursos extraeconómicos, tales como una adecuada estructura organizacional, una planta de empleados altamente capacitada, experiencia en la gestión pública, planificación estratégica, capacidad para relacionarse con diferentes actores (otros municipios, entidades provinciales y nacionales, sector privado).

Si se tiene en cuenta que muchas provincias no satisfacen tan altos estándares institucionales, resulta difícil imaginar que pueda hacerlo un municipio de reducidas dimensiones: "la debilidad estructural de los pequeños gobiernos locales argentinos (que representan más del 80% del total) difícilmente les permita prestar los servicios públicos mínimos y menos aún aumentar sus competencias" (Iturburu, 2000: 15). Ahora bien, si los municipios "chicos" resultan en la generalidad de los casos incapaces de afrontar los nuevos desafíos de la gestión impuestos por la descentralización, los municipios excesivamente grandes no están exentos de inconvenientes. Si bien resulta difícil precisar una medida del tipo "justo medio", es indudable que a medida que el municipio es más grande el efecto positivo de la proximidad entre representante y representados se diluye.

Como fuera mencionado líneas arriba, el proceso de descentralización conllevó la transferencia de competencias hacia las entidades subnacionales sin la correspondiente transferencia de recursos económicos y financieros. En materia presupuestaria, los municipios se encontraron entonces con el mismo problema – tal vez intensificado- que las provincias.

Cabe recalcar que entre 1983 y 1993 el Gasto Municipal total, respecto del Gasto Público Consolidado total, se había duplicado (pasó del 4 al 8%). En cuanto a la estructura de recaudación tributaria, y dada la heterogeneidad de los regímenes municipales de cada provincia, no es posible contar con información agregada. De todas maneras, hay algunos elementos que permiten inferir la situación tributaria de los gobiernos locales.

Al respecto, la principal fuente de recaudación propia de recursos consiste en la prestación de servicios (permisos de venta ambulante, recolección de residuos, etc.). Pero es sabido que históricamente los municipios registran bajos niveles de recaudación (véase, por ejemplo, Cravacuore, 2007). Asimismo, otra fuente tributaria de suma importancia viene dada por el sistema de coparticipación de recursos desde las provincias. Pero ya se ha visto que los ingresos provinciales se han mantenido prácticamente invariables desde 1983. En conjunto, se reproduce en el ámbito municipal el problema de la "ilusión fiscal" ya mencionado.

En síntesis, la estructuración tributaria municipal adolece de serias debilidades: los recursos resultan exiguos para afrontar las nuevas responsabilidades originadas por la descentralización; a su vez, los municipios cuentan con una baja capacidad de recaudación propia, por lo que dependen financieramente de las provincias y de la nación. Sumado a ello, los recursos tributarios provinciales tampoco se han modificado en los últimos años.

Por último, el análisis de la estructura de gastos municipales denota una fuerte concentración de las erogaciones denominadas "corrientes"; esto es, fundamentalmente, gastos en personal (ver Cuadro 4). De ahí que "los niveles de inversión de los gobiernos locales en Argentina son muy bajos (…) la ineficiencia e inflexibilidad en el uso de los recursos se vincula con presupuestos rígidos y desarticulados de la gestión cotidiana. El presupuesto por programa en la mayoría de los gobiernos locales argentinos es aún poco usual y el cálculo de ingresos y egresos se repite año a año sin los adecuados ajustes" (Cravacuore, 2007: 12).

La Secretaría de Gabinete y Gestión Pública (SGGP) trabaja para fortalecer al Estado argentino, propiciando que las diferentes organizaciones que lo componen logren eficiencia, calidad y transparencia en la producción e instrumentación de las políticas públicas.

No es difícil advertir que la tarea quedaría trunca si en ella no se incluye como un objetivo fundamental fortalecer las administraciones públicas provinciales y municipales, las cuales –como se ha visto a lo largo de este trabajo- poseen una creciente relevancia. En efecto, distintas transformaciones han determinado un significativo incremento de las cuestiones, competencias y ámbitos que están por fuera del gobierno nacional y que se insertan dentro del creciente espectro de responsabilidades provinciales y municipales.

Asimismo, en las sociedades actuales, cada vez más complejas e integradas a escala planetaria, el Estado nacional generalmente aparece desde la óptica ciudadana como una institución alejada de sus problemas más inmediatos. Aunque no hay duda de que las acciones del gobierno nacional repercuten decisivamente en la calidad de vida de la población, son los gobiernos locales quienes mantienen una relación más cotidiana con la ciudadanía.

En las secciones anteriores se ha podido observar que, fruto del proceso de descentralización iniciado en los años 90, provincias y municipios han incrementado sus funciones y competencias. Sin embargo, un conjunto variado de debilidades institucionales impidieron que las nuevas tareas se realicen con eficacia y eficiencia.

En el trabajo que la SGGP realiza a través del Consejo Federal de la Función Pública están subyacentes estas dos cuestiones: por un lado, la importancia que tienen las jurisdicciones subnacionales en la realidad política argentina como ámbito de resolución de un conjunto – cada vez más amplio – de demandas ciudadanas; por otro, las debilidades institucionales que se evidencian en el proceso de realización de tales demandas. En síntesis, desde la SGGP se considera que se requiere entablar un vínculo de cooperación y coordinación sistemático entre los tres niveles gubernamentales: nación, provincias y municipios deben establecer esfuerzos y metas comunes a fin de construir administraciones públicas más ágiles, eficientes y transparentes.

Dicha concepción tiene su expresión institucional en el Consejo Federal de la Función Pública (CoFeFuP). Este organismo, creado en el ámbito de la SGGP y que reúne a representantes de la nación y de las provincias, está constituido por la Asamblea, órgano superior responsable de fijar las políticas y acciones generales, y por la Secretaría Permanente, que ejerce el titular de la SGGP. La Asamblea está conformada por dos representantes permanentes por cada provincia, dos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el Secretario Permanente en representación del Estado nacional.

Los procesos de descentralización suelen hacer necesaria la configuración de ámbitos de coordinación de políticas. En tal sentido, la emergencia de Consejos Federales ha sido habitual en los años 90 en la Argentina, precisamente en respuesta a la descentralización de competencias y a las débiles capacidades institucionales de los distritos que debían asumirlas (Serafinoff, 2007). Esto es particularmente importante en situaciones de "pluralismo institucional" (Nejamkis y Repetto, 2005), donde más de una instancia de gobierno comparte responsabilidades sobre determinadas tareas.

El CoFeFuP tiene por objeto impulsar el fortalecimiento del aparato administrativo institucional de los gobiernos subnacionales a través de la mejora de la eficacia, la eficiencia y la calidad de sus gestiones. A tales efectos, colabora en transferir las políticas y los programas elaborados en la SGGP hacia todos los distritos de la Argentina y generar los ámbitos para una efectiva coordinación y cooperación entre éstos.

Este trabajo conjunto permitirá, por ejemplo, que las administraciones provinciales cuenten con Argentina Compra y el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECOP), desarrollos del Estado nacional que robustecen la transparencia de las compras gubernamentales al permitir un seguimiento en línea de la totalidad del proceso, fortaleciendo la auditabilidad y la libre concurrencia en el proceso de contrataciones.

En las reuniones del CoFeFuP, tanto en sus Asambleas como en las Comisiones de Trabajo específicas (Capacitación, Empleo Público y Carrera, Fortalecimiento de la Calidad, Gobierno Electrónico), son tan importantes los productos efectivamente generados como los procesos de sinergia e intercambio de conocimientos y experiencias.

Este trabajo cooperativo permite optimizar esfuerzos y lograr mejoras en la calidad de la administración pública que ni nación ni cada provincia por su cuenta podrían alcanzar por sí mismas. Además de las Asambleas realizadas en las ciudades Mar del Plata y Santiago del Estero, y de las reuniones de las Comisiones de Trabajo, la Secretaría Permanente del CoFeFuP lleva adelante una continua tarea de cooperación y asistencia técnica con las distintas provincias (ver en el cuadro 5 el detalle sobre el estado de situación actual en el que se encuentra el trabajo realizado con cada una de las provincias en el marco del CoFeFuP).

El vasto programa de trabajo realizado con los gobiernos provinciales contribuye también al fortalecimiento de los municipios. En efecto, aprehender y desarrollar nuevas capacidades y herramientas de gestión les permite a las provincias estar en condiciones de transferirlas hacia los municipios. De todas maneras, los gobiernos locales, dada su estructura y ámbito de acción, poseen particularidades que merecen y necesitan ser atendidas en forma específica. De allí que, junto con el programa de modernización de las entidades provinciales, desde la SGGP se ha avanzado en la implementación de distintos mecanismos de cooperación y asistencia hacia los municipios.

La cercanía entre representantes y representados que caracteriza a los gobiernos municipales los convierte en un escenario ideal para recrear la confianza ciudadana en las instituciones. No resulta casual, en tal sentido, que un Informe de las Naciones Unidas (2005) arroje como resultado que las intendencias figuran terceras entre las instituciones que mayor confianza generan a los argentinos.

El trabajo desarrollado por la SGGP con los municipios reconoce tres grandes líneas estratégicas:

• El fortalecimiento de las capacidades de gestión institucional.

• La promoción de la equidad y el desarrollo de capacidades de los servidores públicos.

• El fomento de herramientas y acciones relacionadas con la transparencia y la participación ciudadana.

Con tales objetivos por delante, en abril del presente año se ha suscrito un convenio de cooperación y asistencia técnica entre la SGGP, la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior y la Federación Argentina de Municipios. El convenio contempla el desarrollo de programas de formación y capacitación de recursos humanos, el diseño y ejecución de proyectos conjuntos de cooperación y asistencia técnica, la realización de investigaciones y estudios sobre distintos aspectos de la administración pública local y la generación de información técnica y académica sobre temas de interés común, entre otras iniciativas. Junto a este acuerdo marco general y a las actividades en desarrollo que de él se desprenden, se ha avanzando en la cooperación bilateral con distintos gobiernos locales. A continuación se da cuenta de este trabajo:

• Ciudad de Córdoba: se adoptaron programas de cooperación, asistencia técnica y • coordinación para la ejecución conjunta de proyectos de capacitación, formación e investigación, académicos y culturales en áreas de mutuo interés. Asimismo, la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI) de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión de la SGGP participa en la identificación, la definición y el desarrollo de una serie de aplicativos basados en entorno Web que utilizan tecnología de firma digital y que permiten el mejoramiento de la gestión administrativa en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, para luego hacer extensible la tecnología en cuestión a otras áreas municipales.

• Ciudad de Tigre: la SGGP se encuentra brindando asistencia para la modernización del gobierno municipal de Tigre. Las materias específicas en las que se está trabajando de manera conjunta son: innovación en la gestión, tecnologías informáticas, compras, contrataciones, empleo público y capacitación. Con tal fin se dio inicio al Programa Carta Compromiso con el Ciudadano, del cual ya se han cumplimentado la definición de estándares de calidad y el mapeo de procesos, y la revisión e implementación de los sistemas de información y de comunicación.

• Ciudad de Lanús: la SGGP asiste al municipio en cuestiones de innovación en la gestión, tecnologías informáticas, compras, contrataciones, empleo público y capacitación. Este acuerdo tiene por objetivo contribuir a que el Municipio de Lanús modernice su aparato estatal y que la transparencia, la eficiencia y la eficacia se conviertan en atributos centrales de su accionar. Al igual que en el caso de Tigre, se ha implementado el Programa Carta Compromiso y ya se han cumplimentado las dos primeras etapas.

• Ciudad de Morón: la SGGP asiste al Municipio de Morón en el desarrollo y evaluación del portal "Morón Compra", sobre la base de la experiencia que la SGGP ha adquirido al desarrollar el portal "Argentina Compra". Específicamente, la SGGP brinda la información vinculada con las distintas etapas de los procedimientos de selección, generándose a tal fin el vínculo entre ambos portales. Asimismo, la municipalidad se comprometió a difundir en el portal "Argentina Compra" las convocatorias y adjudicaciones de los procedimientos de selección que se llevan a cabo en su ámbito. Por otro lado, las partes están trabajando en forma conjunta con el objeto de capacitar a los potenciales proveedores en los procedimientos de selección que se llevan a cabo. Se ha implementado asimismo el Programa Carta Compromiso, cuyo estado de ejecución se encuentra en la tercera etapa, es decir, en la redacción de la Carta.

La experiencia por que la que atravesó la Argentina en los años 90, con la radicalización de las políticas de corte neoliberal y sus consecuencias económicas y sociales, expuso la necesidad de volver a contar con un Estado fuerte, moderno y ágil que haga posible conjugar el crecimiento económico y la inclusión social. Asimismo, tras la descentralización fiscal y administrativa ocurrida en la década pasada, la política de modernización del Estado debe contemplar como uno de sus componentes fundamentales el fortalecimiento de los gobiernos provinciales y municipales, que han adquirido un rol central en la formulación y ejecución de políticas.

En los años 90, los gobiernos subnacionales se encontraron en la paradójica situación de haber incrementado su peso e importancia política sin contar con las capacidades institucionales para enfrentar los nuevos retos impuestos por la descentralización. Es por ello que desde la SGGP se ha impulsado un amplio programa de trabajo orientado a contribuir en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones provinciales y municipales que se describe en esta ponencia. Esta cooperación intergubernamental permite optimizar la calidad de la gestión y también la democracia en todos los niveles de gobierno, construyendo instituciones abiertas y transparentes al control y a la participación ciudadana.

• Abal Medina, Juan Manuel y Nejamkis, Facundo (2003). "El Estado", en Introducción a la Ciencia Política, Julio Pinto (comp.), Buenos Aires, EUDEBA.

• Backus, Michiel (2001). E-governance and Developing Countries. Introduction and examples, http://www.ftpiicd.org/files/research/reports/report3.pdf.

• Beck, Ulrich (2001). "Políticas Alternativas a la sociedad del trabajo", en Presente y futuro del estado de bienestar: el debate europeo, SIEMPRO, Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Argentina.

• Cao, Horacio (coordinador) (2007). • Introducción a la Administración Pública Argentina. Nación, Provincias y Municipios, Editorial Biblos, Colección Política, Estado y Administración Pública, Buenos Aires.

• Cao, Horacio (2008). "La especificidad del Estado y la Administración Pública en las provincias del área periférica de la República Argentina", en Premio a la innovación y mejoramiento de las políticas públicas 06-07. Categoría Doctorado, Dirección de Investigaciones, Instituto Nacional de la Administración Pública, Subsecretaría de la Gestión Pública, Buenos Aires.

• Cravacuore, Daniel (2007). "Los municipios argentinos (1999-2005)", en Procesos políticos comparados en los municipios de Argentina y Chile (1990-2005), Daniel Cravacuore y Ricardo Israel (comp.), Editorial de la Universidad de Quilmes- Universidad Autónoma de Chile, Buenos Aires (páginas 25 a 49).

• Gibson, Edward y Calvo, Ernesto (2008). "Federalismo y sobrerrepresentación: La dimensión territorial de la reforma económica en la Argentina", en El federalismo electoral argentino: sobrerrepresentación, reforma política y gobierno dividido en la Argentina, Secretaría de la Gestión Pública (Segunda Edición), Buenos Aires.

• Giddens, Anthony, (2000). La Tercera Vía: la renovación de la socialdemocracia, Taurus, Buenos Aires.

• Iturburu, Mónica (2001). Municipios Argentinos. Potestades y Restricciones Constitucionales para un Nuevo Modelo de Gestión Local -2da versión-, Dirección Nacional de Estudios y Documentación, Instituto Nacional de la Administración Pública, Buenos Aires.

• Iturburu, Mónica (2000). "Nuevos acuerdos institucionales para afrontar el inframunicipalismo argentino", en Cooperación Intermunicipal en Argentina, Editorial Universitaria de Buenos Aires, - Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), Buenos Aires (páginas 37 a 66).

• Leiras, Marcelo (2008). "Efectos de la descentralización sobre la nacionalización de los sistemas de partidos: un examen de la teoría con base en el análisis de casos latinoamericanos", en Jornadas sobre Federalismo y política sub-nacional: Argentina en perspectiva comparada, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires.

• Nejamkis, Facundo y Repetto, Fabián (2005). Capacidades estatales y relaciones intergubernamentales: Una aproximación al tránsito hacia una nueva institucionalidad pública en la Argentina, Fundación PENT, Buenos Aires.

• Serafinoff, Valeria (2007). "Conflicto y colaboración entre el gobierno nacional y las provincias: los consejos federales como exponentes de una constante tensión", Ponencia presentada en el Congreso de LASA, Montreal.

• Triguboff, Matías y Anaya, Berenice (2007). "Una mirada sobre la participación ciudadana en la Argentina", en Evaluando el desempeño democrático de las instituciones políticas argentinas, Juan Manuel Abal Medina (comp.), Prometeo, Buenos Aires.

La Secretaría de Gabinete y Gestión Pública de la República Argentina tiene entre sus objetivos estratégicos incrementar el desarrollo y uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito público.

El empleo de las TIC, especialmente Internet, está transformando múltiples esferas de la sociedad, incluyendo las relaciones entre las personas y las organizaciones públicas y privadas.

Ante este escenario, el Estado nacional ha decidido impulsar el uso intensivo de las TIC para mejorar de manera permanente la gestión pública, ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos, facilitar la realización de trámites y reducir sus costos, generar nuevos espacios de participación ciudadana y garantizar la transparencia de los actos de gobierno. Asimismo se apunta a reducir la brecha digital para integrar a las personas, empresas y comunidades menos favorecidas y para ayudar a la producción nacional a insertarse en el mercado global.

La presente ponencia describirá los distintos componentes y acciones específicas incluidos en este lineamiento.

El concepto "gobierno electrónico" (y el de habituales sinónimos como "gobierno digital" y "gobierno en línea") refiere al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (de aquí en adelante TIC) en el sector público como medio para intercambiar información y realizar transacciones tanto entre el Estado y la ciudadanía como dentro de la propia administración. Internet juega un rol central en este nuevo paradigma, pero otras tecnologías (como los mensajes de texto en telefonía celular) también están incluidas en este concepto.

Es posible distinguir distintos tipos de servicios dentro del gobierno electrónico. Backus (2001) construye una taxonomía que clasifica a los servicios en tres categorías:

• Del gobierno al ciudadano: se trata de servicios que permiten brindar información de modo ágil sobre, por ejemplo, los programas estatales y cómo realizar los trámites necesarios para gestionarlos. Estos servicios también pueden incluir la transaccionalidad en línea, como en el caso de la remisión de declaraciones juradas al organismo impositivo.

• Del gobierno a las empresas: refiere al trato del Estado con sus proveedores, principalmente mediante la utilización de sistemas electrónicos de compras gubernamentales.

• Del gobierno al gobierno: trata de las actividades y tramitaciones que se realizan al interior de la propia administración pública, facilitadas por la interoperabilidad en el intercambio y procesamiento de información.

Estos avances suponen que los organismos estatales dejan de ser concebidos exclusivamente como ámbitos físicos que funcionan en un lugar y durante un horario predeterminados; ahora el Estado "está abierto" las 24 horas del día, en el momento en que a cada ciudadano le resulte más conveniente.

Todo el imaginario burocrático y laberíntico construido durante décadas sobre la administración pública empieza a ser reemplazado por una visión de agilidad y de accesibilidad mayor para la ciudadanía.

La introducción de estos nuevos instrumentos tecnológicos implica, como es evidente, una importante transformación organizativa del propio Estado. De todas maneras, como remarca Cordella (2007), ellas no implican que la administración deba abandonar principios democráticos de equidad e imparcialidad; por el contrario, el desafío consiste en aprovechar las nuevas herramientas para reducir brechas y facilitar el vínculo con el Estado de aquellos ciudadanos que generalmente no pueden acceder a los servicios gubernamentales.

Y esto es posible por el marcado crecimiento de Internet en la Argentina. En el 2008 existían 18 millones de usuarios, cuando en el año 2000 apenas se superaba el millón. Considerando el último año (marzo 2007-marzo 2008), los accesos residenciales aumentaron un 14%, y los accesos de organizaciones un 11% (ver Gráfico 1).

A su vez, la penetración de la banda ancha se ha triplicado entre 2005 y 2007. Esto permite una navegación más rápida y un mejor acceso a servicios que brindan los sitios Web públicos, como bases de datos, bibliotecas, cursos online y otros tipos de intercambio de información. En el último año (marzo 2007-marzo 2008), los accesos residenciales crecieron un 44%, y los de organizaciones un 22%. De este modo, la República Argentina es el país con mayor crecimiento de la banda ancha en Sudamérica, y seguramente se superará la meta de alcanzar las 4 millones de conexiones en el 2010 (ver Gráfico 2).

Es éste el marco que permite un valioso aprovechamiento de las potencialidades del gobierno electrónico. Como muestra Tesoro (2007), los indicadores generales de desarrollo de un país están asociados con el crecimiento que puede alcanzar allí el gobierno digital.

En los siguientes apartados se presentan los avances logrados en el marco del Plan Nacional de Gobierno Electrónico y los objetivos trazados para el Bicentenario nacional. Estos logros le permiten a la Argentina liderar actualmente, entre los países de Sudamérica, el ranking de gobierno electrónico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Plan Nacional de Gobierno Electrónico, establecido por el Decreto 378 del 27 de abril de 2005, determinó los lineamientos estratégicos que rigen la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en los organismos de la Administración Pública Nacional (APN). Este Plan impulsa el uso intensivo de las TIC con la finalidad de ofrecer mejores servicios al ciudadano, optimizar la gestión pública, garantizar la transparencia de los actos de gobierno, reducir los costos de tramitaciones, generar nuevos espacios de participación, incluir a personas, empresas y comunidades menos favorecidas, y favorecer la integración de nuestra producción al mercado global.

La Secretaría de Gabinete y Gestión Pública, autoridad de aplicación del Plan, ha desarrollado a través de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión distintos programas para operacionalizar estos lineamientos. Entre éstos se cuentan el desarrollo y puesta en línea del Portal General del Gobierno de la República Argentina (Argentina.gov.ar), el cual incluye una Guía de Trámites que brinda información precisa sobre toda tramitación ante organismos de la APN. Los desarrollos también incluyen la infraestructura de Firma Digital, el portal de contrataciones públicas (ArgentinaCompra.gov.ar) y el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.

A su vez, en 2008 se creó el Programa Directorio del Poder Ejecutivo Nacional, a ser puesto en línea próximamente, y se dispuso la implementación de un Código Unico de Individualización de Personas (CUIP) para simplificar y agilizar el vínculo de los ciudadanos con los sistemas impositivo, laboral y de la seguridad social y para cualquier tipo de tramitación ante el Estado. Por último, con el objetivo de neutralizar el tradicional problema de las distancias geográficas y de reducir tiempo y costos, se ha instrumentado un sistema de capacitación a distancia (e-learning) para los trabajadores públicos.

Junto a estos avances se encuentran los múltiples desarrollos encarados por cada organismo en el marco de su propio Plan Sectorial de Gobierno Electrónico. Algunos de los casos exitosos se presentan en este panel.

A continuación se detallan las características, avances y próximos desafíos de los programas que componen la política de e-government de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública.

El sitio Web Argentina.gov.ar constituye el Portal General del Gobierno de la República Argentina en Internet. El portal, que se encuentra en funcionamiento desde junio de 2006, permite la entrada a los sitios de la administración pública nacional y a los servicios en línea provistos por los organismos que la integran. Está diseñado como un sitio flexible y liviano, que resulta accesible para todos sus visitantes independientemente de la tecnología que cuenten.

El portal organiza y centraliza toda la información que requieren tanto los habitantes de la Argentina como empresas y ciudadanos extranjeros que desean visitar e invertir en el territorio nacional. Por eso el sitio presenta accesos por perfiles (ciudadanos, empresas y extranjeros), a fin de facilitar la búsqueda de la información y favorecer una navegación más rápida y eficaz.

Desde su presentación en julio de 2006, Argentina.gov.ar recibió 5,6 millones de visitas, con 25,9 millones de páginas vistas. Cabe destacar que, si entre enero y agosto de 2007 el sitio tuvo 6 millones de páginas vistas, en el mismo período de 2008 lleva 10 millones, un 67% de crecimiento.

La Guía de Trámites del Estado nacional constituye uno de los principales productos y servicios que ofrece el portal Argentina.gov.ar. Esta Guía suministra información fácilmente comprensible, homogénea, confiable y precisa, relacionada con los trámites que ciudadanas y ciudadanos deben realizar periódicamente ante organismos de la administración pública.

De esta forma se permite una mayor eficiencia y rapidez en la resolución de los trámites. En efecto, antes de iniciar su gestión el ciudadano tiene la posibilidad de consultar los horarios de atención, la documentación que debe presentar y los costos de tramitación. Hoy contamos con más de 750 trámites en la Guía, 70 de los cuales pueden realizarse total o parcialmente online. En breve se estará llegando a los 900 trámites, y el próximo objetivo que se plantea es desarrollar la Guía de Trámites mediante la telefonía móvil, dando un paso más en la adopción de herramientas del gobierno electrónico.

La Guía de Trámites registra hasta el momento un promedio de 3.000 visitas diarias, y desde su lanzamiento ya se realizaron 1.100.000 consultas sobre diferentes procedimientos de tramitación.

La Firma Digital es un conjunto de datos producto de un cálculo matemático que se asocian a un documento digital y permiten garantizar la autoría e integridad del mismo. Es decir, permiten determinar quién es el firmante del documento y comprobar que éste no ha sido alterado.

La Ley N° 25.506 de Firma Digital otorga pleno valor legal al documento electrónico firmado digitalmente, equiparándolo a los documentos en papel con firma manuscrita. Por lo tanto, la Firma Digital genera notables reducciones de tiempos y costos para el comercio y el gobierno electrónicos, al permitir que personas y organismos realicen transacciones electrónicas a través de Internet identificándose de forma segura. Es decir, lo que hasta ahora debe hacerse en una oficina determinada en un cierto horario, con la Firma Digital podrá tramitarse desde cualquier computadora en cualquier momento. Esta herramienta también cumple un rol central al interior de la administración pública para darle agilidad a la tramitación de expedientes.

La Firma Digital genera otros beneficios. En el plano ambiental, contribuye a despapelizar el Estado y por lo tanto a reducir la deforestación. En el plano productivo, fortalece la competitividad de las empresas nacionales y especialmente de las PyME, dado que los documentos firmados digitalmente reducen sus costos de impresión, distribución y archivo de papel. Por lo tanto, se trata de una innovación tecnológica desarrollada por el Estado que repercute positivamente en múltiples dimensiones.

La Secretaría de Gabinete y Gestión Pública actúa como Autoridad Certificante Raíz, que es aquella que puede otorgar y revocar licencias a los organismos e instituciones que deseen operar como Certificadores Licenciados para expedir Firmas Digitales. Los dos primeros organismos en presentar la solicitud y la documentación requerida para ser certificadores licenciados han sido la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que en un breve plazo podrán comenzar a expedir Firmas Digitales. Se trata de dos áreas fundamentales de la administración pública que tienen una interacción permanente con todos los ciudadanos del país. Y el objetivo institucional es que en 2010 la amplia mayoría de los organismos de la administración pública nacional utilice este instrumento.

Con el propósito de fortalecer la transparencia en el Estado, en 2008 la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública dispuso la creación del Programa Directorio del Poder Ejecutivo Nacional.

A través de esta aplicación, que próximamente será puesta en línea, se podrá acceder a todos los datos de los funcionarios con rango superior a Director, incluyendo sus datos de contacto, período en el cargo y Código Unico de Identificación Tributaria. Al mismo tiempo se implementará una Intranet de acceso restringido a funcionarios del Estado, con datos de uso interno, para hacer más eficiente el funcionamiento organizativo del aparato estatal.

Estos son avances importantes en el camino de construir un Estado abierto, accesible, amigable, que permite y estimula el control ciudadano y la accountability sobre los actos de gobierno.

También en 2008 se ha resuelto crear el Código Unico de Individualización de Personas, que unifica a la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT), el Código Unico de Identificación Laboral (CUIL) y la Clave de Identificación (CDI) vigentes actualmente.

Esto significa que existirá un nuevo sistema de vinculación con el Estado, completamente automático y en línea. En el Portal de Autenticación, a cargo de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública, la concreción de trámites, el envío de solicitudes y la asignación de turnos se volverán procedimientos más sencillos, eliminando o reduciendo la necesidad de realizarlos de modo presencial.

Si un organismo ya cuenta con la información requerida, el ciudadano no deberá presentarla nuevamente en otro organismo; mediante la interoperabilidad, las distintas áreas de la administración podrán intercambiar y compartir la información. Esta consolidación de las Ventanillas Unicas es uno de los ejes fundamentales del Plan Nacional de Gobierno Electrónico.

Este Portal de Autenticación permitirá ampliar la llamada "Web 2.0" en el Estado, dando paso a servicios más interactivos y participativos entre la administración y la ciudadanía. De esta manera, las nuevas tecnologías serán también un vehículo para ampliar la democracia y robustecer las instituciones, facilitando el diálogo entre las instituciones públicas y la sociedad.

Para medir la magnitud de los usuarios beneficiados, hay que considerar que existen actualmente en la Argentina 30 millones de CUIT-CUIL vigentes, incluyendo tanto personas físicas como jurídicas. Y es importante remarcar, junto con los beneficios señalados, que este sistema preserva la confidencialidad de los datos y evita una utilización no deseada o abusiva, en tanto nunca existirá una base de datos única de ciudadanos/as y/o empresas.

Se prevé asimismo invitar a la adhesión de provincias y municipios, tendiendo a la eliminación de mecanismos locales de individualización que dificultan el intercambio de datos, fomentan la duplicación de esfuerzos e impiden una adecuada coordinación de acciones y prestación de servicios.

Aprovechando las potencialidades que ofrecen las TIC, especialmente Internet, la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública implementa la Iniciativa de Formación a Distancia (IFAD). Dicha iniciativa ha puesto a disposición de las instituciones públicas distintas actividades de capacitación para su personal. De esta forma, con la utilización de Internet se reducen problemas geográficos y horarios: la audiencia de los cursos y actividades de capacitación puede ahora estar constituida por personal civil de todos las zonas de la Argentina.

Además de constituir una herramienta que permite amplificar el alcance y la cobertura de la capacitación, la instrumentación de la IFAD significa un ahorro significativo de tiempo y de costos. La IFAD incluye el Programa de Capacitación Electrónica (PROCAE), las actividades de desarrollo de aplicaciones en la Plataforma TELEINAP y la Plataforma de Capacitación en TIC.

Estas herramientas de e-learning incluyen la realización de tutorías presenciales y virtuales mediante materiales en línea y recursos para la interacción, tales como foros, chat y correo electrónico. Asimismo, se brinda una plataforma para los organismos que requieran desarrollar sus propias actividades de capacitación, transfiriendo también las competencias para el desarrollo autónomo de los proyectos y los cursos de formación. De este modo se ve cómo las TIC constituyen también un elemento valioso al interior de la propia administración, dando herramientas para la profesionalización del Estado y para el crecimiento de los propios trabajadores.

La innovación tecnológica es también un medio útil para robustecer la transparencia en las contrataciones del Estado. En tal sentido se ha desarrollado Argentina Compra, que a través del portal argentinacompra.gov.ar permite conocer qué contrata cada organismo del Estado junto a los montos de cada operación y a todos los datos de los proveedores respectivos. A los organismos, a su vez, esto les permite comparar distintos bienes y contrataciones, optimizando el uso de los recursos públicos.

A los proveedores, Argentina Compra les brinda la posibilidad de competir en igualdad de condiciones en un marco de transparencia en las compras públicas. En tal sentido, las empresas inscriptas en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO) reciben todos los días por correo electrónico la información personalizada de las nuevas convocatorias a las contrataciones de bienes y servicios que publican los organismos de la Administración Pública Nacional que sean de su interés.

Desde su lanzamiento a comienzos de 2006, el portal Argentina Compra ha recibido más de 2.600.000 consultas, con un crecimiento del 12% entre el primer año y lo proyectado para 2008.

Profundizando este proceso de agilidad y transparencia en las compras públicas, a finales de 2007 se presentó el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECOP), establecido por el Decreto N° 1818/2006 para los procedimientos de "Contratación Directa mediante el Trámite Simplificado" dentro del ámbito de la administración pública.

Estas contrataciones representan el 40% del total de las compras. El SECOP es una herramienta tecnológica que permite realizar la gestión de compras íntegramente a través de Internet; a diferencia de sistemas utilizados en otros países, su acceso es libre y gratuito para cualquier ciudadano y las contrataciones se pueden visualizar en tiempo real para realizar un seguimiento online de las distintas etapas.

Este sistema produce importantes beneficios en los costos y los tiempos del proceso, tanto para los organismos contratantes como para los proveedores. La presentación de ofertas se realiza en forma electrónica y la información se transmite "encriptada", de manera de preservar la seguridad y confidencialidad de la misma hasta el momento de la apertura de la "urna electrónica" que contiene todas las ofertas enviadas. Las comunicaciones entre las áreas de compra y los proveedores se realizan a través de correos electrónicos generados por el propio sistema.

El lanzamiento del SECOP fue acompañado de una importante política de capacitación, tanto para el personal de las áreas contratantes como para los proveedores del Estado. Asimismo, la SGGP trabaja activamente en difundir este instrumento en las PyME y MiPyME del país para incrementar su participación como proveedores del Estado. Estas tareas son imprescindibles para aprovechar plenamente las potencialidades de esta herramienta para hacer un mejor uso de los fondos públicos y para contribuir al desarrollo productivo de la Argentina.

Pero junto con lo ya logrado es importante destacar los objetivos que el organismo tiene por delante. En el 2010, Bicentenario de la República Argentina, se proyecta que se realizarán por vía electrónica el 60% de las contrataciones públicas, respondiendo a una filosofía orientada a que la totalidad de las compras y sus procesos se formulen de modo digital. El SECOP utilizará para esto el pliego digital y la orden de compra digital, eliminando la utilización de expedientes en el procedimiento; toda la información se intercambiará de modo electrónico empleando Firma Digital, Timbrado Electrónico y otras herramientas que garanticen la seguridad del proceso.

También se propone que el Sistema de Proveedores funcione como una Ventanilla Unica: cuando un proveedor presente su documentación ante un organismo no deberá volver a presentarla en otro. Esto fortalecerá el principio de libre concurrencia en las compras gubernamentales, reduciendo costos tanto para el Estado como para las empresas.

El Sistema de Identificación de Bienes y Servicios (SIByS), que actualmente refiere al propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con los ajustes imprescindibles para su aplicación local, tendrá equivalencia con la nomenclatura MERCOSUR, en un paso más de la integración regional en materia productiva.

El Gobierno Electrónico presenta una importante oportunidad para fortalecer el vínculo de la ciudadanía con el Estado y para optimizar el funcionamiento interno de éste. Indudablemente estas herramientas no pueden aplicarse aisladamente de una política general de desarrollo e inclusión que amplíe el acceso a las TIC y que contribuya a la alfabetización digital; pero dado que este marco general es auspicioso en la Argentina actual, con una creciente penetración de las nuevas tecnologías en todos los estratos de la sociedad, la adopción de herramientas de e-government se vuelve posible y necesaria.

Las TIC brindan oportunidades en múltiples aspectos. En primer lugar, dentro de la administración pueden tornar ágil la tramitación de procedimientos burocráticos propios de todo Estado moderno.

Las experiencias piloto de implementación de la Firma Digital en ámbitos del Poder Judicial demuestran que los procesos internos se vuelven significativamente más breves.

La Firma Digital resuelve el problema de los interminables procesos de tramitación de expedientes por múltiples oficinas de la administración. Por lo tanto, la mayor agilidad de funcionamiento permite brindar respuestas más veloces y apropiadas a las necesidades y demandas de la sociedad.

Y estas demandas, a la vez, encuentran canales mucho más fluidos a través del gobierno electrónico. Portales que centralizan información, guías de trámites, utilización de la telefonía móvil, ventanillas únicas, códigos únicos de identificación, firma digital para realizar trámites online, todos estos instrumentos simplifican un vínculo que históricamente fue complejo, lento, inútilmente burocratizado. Realizar consultas, iniciar tramitaciones, formular reclamos, tramitar documentación, producir pagos, todo esto puede hacerse con menores costos, en menos tiempo y desde una computadora.

Y así como se puede vincular más fácilmente con la administración, la ciudadanía también puede controlar mejor los actos de gobierno. Puede conocer qué funcionarios están a cargo de cada tema y peticionar ante ellos. Puede conocer exactamente qué compras realiza el Estado, seguirlas on-line y saber quiénes son los proveedores. Puede participar en foros y encuestas, hacer oír su voz, interactuar con una administración tradicionalmente distante e inaccesible.

Es decir que la modernización tecnológica contribuye a la calidad del funcionamiento estatal y a la calidad de la democracia. Por eso constituye una política de Estado de largo plazo que permitirá transformar el funcionamiento de la administración pública en la Argentina. Esta ponencia presentó lo hecho hasta el momento y el todavía largo camino por delante.