De acuerdo a la Ley de Educación Nacional el Ministerio de Educación de la Nación (ME) tiene entre sus principales funciones fijar las políticas y estrategias educativas, planificar, ejecutar, supervisar y evaluar políticas, programas y resultados educativos; asistir técnica y financieramente y fortalecer las capacidades de planificación y gestión educativa de los gobiernos jurisdiccionales; coordinar y gestionar la cooperación internacional y promover la integración, particularmente con los países del MERCOSUR.

La Ley de Educación Nacional establece una estructura unificada para el sistema educativo nacional que recupera la educación primaria y la educación secundaria. Esta estructura comprende 4 niveles entendidos cada uno de ellos como unidades pedagógicas integrales: Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Superior.

A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional, en un período no mayor a 6 años, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán optar entre las dos estructuras posibles para los niveles de educación primaria y secundaria: a) una estructura de 6 años para el nivel de educación primaria y de 6 años para el nivel de educación secundaria o b) una estructura de 7 años para el nivel de educación primaria y de 5 años para el nivel de educación secundaria. La nueva estructura deberá estar implementada en todas las jurisdicciones antes del año 2012.

Atendiendo las transformaciones que prevé la Ley de Educación Nacional, el ME en acuerdo con los gobiernos educativos de las 24 jurisdicciones argentinas comenzó a promover un conjunto de decisiones políticas, pedagógicas y de financiamiento para viabilizar los siguientes objetivos:

• El fortalecimiento de la gestión del sistema educativo a fin de habilitar las condiciones institucionales para la implementación de la nueva Ley.

• El mejoramiento de las trayectorias escolares de niñas, niños y jóvenes, atendiendo a las propuestas de enseñanza y a los modelos institucionales que garanticen las condiciones de acceso, permanencia y egreso con calidad.

• La promoción del trabajo institucional en torno a la responsabilidad colectiva por los aprendizajes y el rol de la evaluación en los procesos de mejora de la enseñanza.

Estos objetivos se convierten en ejes de trabajo comunes y transversales a todos los niveles y modalidades del sistema educativo y al mismo tiempo buscan atender las especificidades y necesidades propias de cada uno.

La Educación Inicial comprende a las niñas y niños desde los 45 días hasta los 5 años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año. La Ley de Educación Nacional establece el compromiso del Estado Nacional y de las jurisdicciones de universalizar los servicios educativos para las niñas y niños de 4 años de edad priorizando el acceso y permanencia de los sectores menos favorecidos de la población.

Tiene entre sus principales objetivos promover el aprendizaje y desarrollo de las niñas y niños como sujetos de derechos y partícipes activos de un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una comunidad. Su organización abarca: los jardines maternales, que atienden a las niñas y niños desde los 45 días a los 2 años de edad inclusive y los jardines de infantes, que atienden a las niñas y niños desde los 3 a los 5 años de edad, inclusive. Se reconocen también otras formas organizativas del nivel, como las salas multiedades o plurisalas en contextos rurales o urbanos o salas de juego.

El fortalecimiento y la expansión del nivel inicial constituyen una prioridad de la política educativa. En este sentido el ME prioriza dos ejes de trabajo que son complementarios y necesarios para cumplimentar con el derecho a la educación con calidad, inclusión e igualdad para todos. Uno de ellos está vinculado a la necesidad de ampliación de la oferta educativa y la matrícula para el nivel y el otro está asociado a la optimización de las trayectorias educativas de las niñas y niños a partir de la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Particularmente, en relación con el primero de los ejes mencionados anteriormente, el ME tiene como meta ampliar las estrategias destinadas a la inclusión educativa de los niños de sectores sociales vulnerables así como de las zonas rurales, garantizando la obligatoriedad de la sala de 5 años y la universalización de la sala de 4 años. Para esto, entre otras acciones, se formulan estrategias pedagógicas que se acompañan con capacitación en servicio, así como la distribución de equipamiento para las bibliotecas y ludotecas escolares.

La nueva Ley de Educación Nacional ratifica la obligatoriedad y la responsabilidad de expandir la educación inicial y universalizar los servicios educativos asegurando el acceso y permanencia de los sectores menos favorecidos. En este sentido, desde la Dirección de Educación Inicial del ME se busca impulsar acciones para la concertación de políticas prioritarias de articulación interministeriales e interniveles, así como de planeamiento de cobertura edilicia para cada una de las provincias.

Actualmente, la cobertura de matrícula es de 1.354.632 niñas y niños, lo que constituye el 94,7% para el total país. La meta del 100% de cobertura en la sala de cinco años obligatoria, compromete al ME a hacer los esfuerzos necesarios para llevar a aquellas jurisdicciones que están por debajo de la media a alcanzar ese porcentaje. El resto de las provincias que se encuentran en la media nacional o por sobre ella, tienen el desafío de alcanzar el 100% de cobertura en esta sala obligatoria, de manera progresiva en los tres próximos años.

En relación con el segundo eje, el ME tiene como meta el fortalecimiento de la gestión institucional para equipos de conducción, generando responsabilidad institucional y colectiva en torno a los resultados, así como el fortalecimiento pedagógico de las propuestas de enseñanza. Para esto, se desarrollan estrategias de alfabetización inicial, de juego y articulación con el fin de mejorar los procesos de transición entre niveles. Dado que el año 2008 fue declarado de Enseñanza de las Ciencias, se puso énfasis en aquellas propuestas pedagógicas que incentiven la enseñanza de la misma en el nivel inicial. Asimismo, la revisión de los tiempos escolares y el desarrollo de los núcleos de aprendizaje prioritarios, y en algunos casos, la elaboración de los diseños curriculares jurisdiccionales conforman instrumentos claves para el mejoramiento de la calidad de la oferta educativa de este nivel.

La Educación Primaria está destinada a la formación de las niñas y niños a partir de los 6 años de edad, es de carácter obligatorio y tiene como finalidad principal proporcionar una formación integral, básica y común.

Entre sus principales objetivos, este nivel se propone garantizar a todas las niñas y niños el acceso a un conjunto de saberes comunes, que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y comunitaria, como así también ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en todas sus dimensiones.

La política educativa de este nivel está orientada al desarrollo de acciones para la inclusión de todas las niñas y niños en el sistema educativo, permitiendo garantizar el cumplimiento pleno de sus derechos a una educación de calidad y el trabajo sobre lo que se enseña en todas las escuelas del país.

Orientados por estos principios fundamentales, se llevan adelante propuestas concretas para el fortalecimiento de la enseñanza, mejora de las condiciones de aprendizaje, fortalecimiento de la gestión educativa y de las capacidades pedagógicas de las escuelas, haciendo especial hincapié en aquellas a las que asisten niñas y niños en situación de mayor vulnerabilidad social.

En el marco de la reorganización interna del ME, las líneas de trabajo que se venían desarrollando se inscriben en la actualidad en la Dirección de Educación Primaria, buscando dar unidad y articulación a la política educativa para este nivel en el ámbito nacional y jurisdiccional. La misma continúa con el desarrollo y la profundización de las líneas de acción ya existentes para el nivel, proponiendo objetivos específicos a futuro.

Consecuentemente, se convocó a una Mesa Federal de Directores de Nivel Primario de todas las jurisdicciones del país, en la que se acordó impulsar un conjunto de acciones prioritarias, contribuyendo a la mejora del rendimiento interno del sistema y a la calidad con igualdad de oportunidades para todos.

De este modo y en concordancia con la política nacional, se impulsan procesos de autoevaluación institucional de las unidades educativas a fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa.

En este sentido, fue pensada una política de inclusión educativa nacional que llevara a cabo, en forma concertada entre el Estado nacional y los Estados jurisdiccionales, la concreción de estrategias y acciones que apuntalen la construcción de la justicia social y el ejercicio de derechos, entre ellos, el derecho a educarse. Dentro de este concepto de promoción de la justicia social en el campo educativo, se plantea la distribución de bienes simbólicos (culturales, sociales y pedagógicos) y el fortalecimiento de las condiciones materiales, en el marco del Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE) y Fortalecimiento Pedagógico de las Escuelas del Programa Integral para la Igualdad Educativa (FOPIIE).

Además, se articulan para la Educación Primaria otras acciones orientadas a la inclusión de todos los niños y niñas en la escuela. Estas refieren a propuestas específicas para el ámbito rural; para las escuelas de frontera Argentina-Brasil, así como también para la recreación y turismo en el contexto escolar.

Continuando con la concreción de hechos impulsados y concertados desde el nivel, se puede mencionar el trabajo de fortalecimiento pedagógico de la enseñanza, con énfasis en la alfabetización inicial para los primeros años y la enseñanza de las ciencias naturales y matemática para los últimos años del nivel. De la misma manera, en el marco del Programa de Alfabetización Científica (PAC) se desarrollan instancias de acompañamiento didáctico de los profesores de IFD a los docentes.

Asimismo, se identificaron y elaboraron los núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) para el primer ciclo de la educación, en diferentes áreas. La construcción de acuerdos federales sostiene la definición de los contenidos prioritarios en las áreas de Educación Física, Artística, Lenguas Extranjeras, Formación Etica y Ciudadana y Educación Tecnológica (para el segundo ciclo del nivel).

Por otra parte, se lleva adelante una sistematización y análisis de los resultados de los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE). Con ello se tiene en cuenta la resignificación de la información como punto de partida para la elaboración de propuestas pedagógicas.

En cuanto a la Extensión de la Jornada Escolar, se está trabajando en la evaluación de las pruebas de implementación realizadas hasta la fecha, con vistas a la redefinición de criterios para la planificación de la puesta en marcha.

La Educación Secundaria comprende a los adolescentes y jóvenes que han cumplido con el nivel de Educación Primaria y tiene, como finalidad principal, habilitarlos para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios.

En este sentido, la Ley de Educación Nacional propone que este nivel brinde una formación ética que permita a los estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos humanos y rechazan todo tipo de discriminación.

Como ya se ha señalado, una de las metas más ambiciosas de la Ley de Educación Nacional es la extensión de la obligatoriedad para el nivel secundario. Alcanzarla constituye un imperativo para el Estado, para la sociedad en su conjunto y para los ciudadanos en particular. Una empresa de objetivos tan amplios plantea un camino cuyo recorrido supone diagnosticar problemas, definir procedimientos y estrategias, establecer metas a corto, mediano y largo plazo a cumplirse desde un gran acuerdo nacional.

Es importante advertir que el rasgo principal de este nivel educativo, es la heterogeneidad de estructuras curriculares e institucionales que coexisten en las distintas jurisdicciones. Por ello, esta nueva etapa plantea una oportunidad histórica para democratizar y renovar el modelo pedagógico-organizacional de este tramo de la educación, así como un importante desafío en el desarrollo de estrategias para la inclusión de todos los jóvenes.

En este sentido, se está trabajando en la elaboración de un documento con los lineamientos para la nueva escuela secundaria, cuya versión preliminar ha comenzado un circuito de consulta entre los equipos técnico-políticos de las distintas jurisdicciones. Asimismo, ya se ha dispuesto la convocatoria de mesas federales de discusión sobre la organización curricular de la escuela secundaria.

La Ley de Educación Nacional dispone que la educación secundaria se divide en dos ciclos: un Ciclo Básico, de carácter común a todas las orientaciones y un Ciclo Orientado, de carácter diversificado según las áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo.

Actualmente, el ME procura que la educación secundaria vincule la función social de la escuela y su tarea central en el desarrollo de procesos de enseñanza para garantizar el derecho a la educación como un derecho inalienable, dando lugar a la discusión sobre otros derechos humanos fundamentales. En este sentido, promueve en la escuela secundaria situaciones de enseñanza donde los jóvenes se constituyen en protagonistas de esos espacios posibilitando que se formen como sujetos críticos, tanto en su participación ciudadana como en su integración en la vida cultural y productiva.

Se propicia, al mismo tiempo, la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo, a través de prácticas educativas en empresas, organismos estatales, organizaciones culturales o de la sociedad civil, que permitan a los alumnos el manejo de tecnologías y brinden una experiencia adecuada a su formación orientación vocacional. Asimismo, entre las acciones priorizadas en relación con este eje, se encuentran el desarrollo de planes de finalización de estudios secundarios para la población que adeuda materias; la creación de nuevos dispositivos para atender las cuestiones de terminalidad, repitencia, abandono y sobreedad, así como para el control del ausentismo escolar.

Pensar una escuela como institución democrática requiere que sea entendida como un asunto de todos y para todos los actores educativos y no de acciones individuales o aisladas. Se promueve concretar la creación o fortalecimiento de espacios que permitan a todos otras formas de mirarse dentro de la escuela: en la toma de decisiones, en la planificación institucional y curricular, en la selección de contenidos y modelos didácticos, en la definición de espacios de comunicación y expresión, en el establecimiento de pautas de convivencia, todo ello con el afán de facilitar la permanencia de los alumnos en la escuela y generar aprendizajes de calidad.

Desde la nueva perspectiva planteada por la Ley de Educación Nacional para este nivel, se concibe la inclusión como un aspecto de la calidad, lo que implica considerarla como resultado de la aplicación de una genuina política de derechos humanos. Por ello, se busca garantizar desde el Estado distintas estrategias que vinculen a los adolescentes y jóvenes con la escuela secundaria ya no desde programas nacionales que deben ser integrados en la escuela y que responden a grupos poblacionales específicos, sino como un conjunto de estrategias unificadas e integrales que se definen desde la Dirección de Educación Secundaria.

Entre ellas, se pueden distinguir: alternativas para el acompañamiento de la trayectoria escolar de los jóvenes, tales como tutores y coordinadores de curso; actividades extracurriculares fuera de los días y horarios escolares, para el conjunto de los estudiantes y jóvenes de la comunidad, orientadas al desarrollo de actividades ligadas al arte, la educación física y la recreación entre otros y la inclusión de adolescentes no escolarizados en espacios escolares no formales, como tránsito hacia procesos de reinserción escolar plena. Asimismo, teniendo en cuenta que los docentes tienen una responsabilidad central en los logros que la escuela puede obtener en torno a una real inclusión con calidad educativa, y con el objeto de constituir equipos docentes más estables en cada institución, se buscará promover mecanismos de concentración de horas cátedra o cargos de los profesores de la educación secundaria.

En particular en el ámbito rural, se inauguraron 1000 ciclos básicos de educación secundaria, y se designaron docentes tutores y profesores de las diferentes áreas curriculares.

Además se capacitó a los docentes de las escuelas para el trabajo en plurigrado en el ciclo básico de la educación secundaria.

La Ley de Educación Nacional establece que la Educación Superior comprende Universidades e Institutos Universitarios, entre otros, estatales o privados, autorizados e Institutos de Educación Superior.

Son objetivos de la Educación Superior formar científicos, profesionales y técnicos, que se caractericen por la solidez de su formación y por su compromiso con la sociedad y prepararlos para el ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

El sistema universitario está regulado por la Ley de Educación Superior y actualmente se está llevando adelante un proceso de debate para su reformulación.

En ese marco se espera que la universidad pueda plantearse qué tareas debe cumplir para contribuir al desarrollo sostenible de la Nación. Esto requiere una reflexión profunda y continua, que permita la implementación de una formación de los jóvenes en un mundo en el que la integración cobra una dimensión compleja y desafiante.

Con el fin de que las universidades refuercen y desarrollen las identidades culturales y promuevan los valores democráticos integrándose a redes de diferentes regiones geográficas, en el año 2008 se convocó a la 5ª edición del Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA). A través de esta iniciativa se financian proyectos de las instituciones universitarias nacionales, provinciales y privadas. La convocatoria consta de dos líneas de trabajo. Por un lado, el fortalecimiento de Redes Interuniversitarias, dando continuidad a dos llamados anteriores a través de los cuales se establecieron 170 redes académicas internacionales. El objetivo principal es promover la constitución y el fortalecimiento de redes institucionales entre universidades argentinas y extranjeras, afianzando las actividades académicas y la movilidad de docentes, investigadores y estudiantes en un marco internacional, con énfasis en la cooperación y en la integración con América Latina y el Caribe.

La segunda línea, Misiones Universitarias al Extranjero, da continuidad al primer llamado del año 2007 e invita a las instituciones universitarias nacionales y privadas a presentar proyectos asociativos, con el objeto de dar a conocer la oferta académica y los desarrollos científicos y culturales del sistema universitario argentino, que permitan establecer acuerdos y convenios, captar estudiantes internacionales y desarrollar proyectos y programas conjuntos con instituciones del exterior.

La universidad del siglo XXI debe demostrar su capacidad para dar respuesta a las necesidades y los objetivos de desarrollo de la sociedad con el fin de contribuir a la elaboración de modelos integrales de crecimiento económico y desarrollo comparativo, sustentable, equitativo y democrático. Estos fines deben contribuir a la erradicación de la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, a través de acciones que se realicen inter y transdisciplinariamente.