La Secretaría de Cultura de la Nación organizó, entre el 16 y 19 de octubre, el Segundo Congreso Argentino de Cultura, dedicado a debatir sobre Cultura y Desarrollo, en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.

Los secretarios y representantes de Cultura se comprometieron a poner en marcha el proceso de elaboración y discusión de un anteproyecto de Ley Federal de Cultura, cuyo texto preliminar será redactado por la Secretaría de Cultura de la Nación para su posterior discusión en todas las provincias.

Además, se acordó crear un Consejo Federal de Cultura como marco estratégico para la propuesta, análisis y discusión de políticas públicas federales e inclusivas. Las áreas de Cultura de todo el país serán las responsables de elaborar un estatuto que regule el funcionamiento de ese organismo y que establezca sus modalidades operativas y financieras.

Propender a aumentar sustancialmente el presupuesto para el área, adecuándolo a las recomendaciones de la UNESCO, es otro de los puntos salientes del documento, en el que también se ratifica el carácter bienal y permanente del Congreso Argentino de Cultura, convocando a un tercer encuentro en 2010, con la postulación de la provincia de San Juan como sede.

Las conclusiones se redactaron teniendo en cuenta las premisas que impulsaron los debates en las mesas y foros: sosteniendo fundamentalmente que la cultura es una herramienta indispensable para la integración y la transformación social, y que las políticas culturales deben ser impulsoras de la creatividad artística, constructoras de ciudadanía, generadoras de inclusión social y fortalecedoras de los procesos democráticos.

En todas las instancias, se resaltó que las políticas públicas de cultura deben atender a las distintas identidades y expresiones culturales que conforman la Argentina, es decir, deben ser concebidas con un marcado carácter federal, que incluya a los pueblos originarios y que promueva la participación plena de sus destinatarios.

En este sentido, en el documento, se destacan el impulso para sancionar una Ley Federal de Cultura, la creación de un Consejo Federal de Cultura, la recomendación de aumentar el presupuesto para el área, y la ratificación de realizar en forma bienal y permanente el Congreso de Cultura.

El Primer Congreso Argentino de Cultura respondió a demandas largamente postergadas de diferentes sectores de la cultura y de la sociedad argentina en general. El encuentro sirvió a la expresión y canalización de dichas demandas, y a la puesta en marcha de un proceso de intercambio y debate entre los actores públicos, privados y sociales de la cultura argentina. La amplitud del temario abordado en las mesas redondas, conferencias y foros revela esta situación.

Este proceso, inédito en el país, se propone como punto de partida de la formulación de políticas culturales de Estado, la elaboración y concertación democrática y plural de una Ley Federal de Cultura, así como de las estrategias y acciones requeridas para transformar y jerarquizar la institucionalidad cultural y mejorar la gestión del área a nivel federal.

Estos objetivos puntuales del área cultural han de contextualizarse en un proyecto de desarrollo nacional que establezca metas a corto, mediano y largo plazo. En tal sentido, el Segundo Congreso se propuso realizar un balance de los resultados alcanzados a partir del primero, avanzar en los propósitos asumidos de inclusión social y de profundización de la democracia, y formular las propuestas y metas de desarrollo que orientarán la acción cultural pública hacia el Bicentenario.

El objetivo fue arribar a este magno festejo habiendo iniciado el proceso de actualización, jerarquización y modernización de la institucionalidad cultural, a nivel federal —en tanto la actual es heredada del primer tercio del siglo XX—, la dotación de infraestructura cultural a todas las zonas del país y el financiamiento apropiado, según lo pactado en el marco de la UNESCO (1% de los presupuestos públicos en todas las jurisdicciones).

Las políticas culturales de Estado exigen definir los principios fundamentales que, a mediano y largo plazo, orientarán la acción cultural pública y su articulación con las políticas de desarrollo social, crecimiento económico y distribución equitativa de los bienes materiales y simbólicos.

Estas no sólo son demandas de los actores culturales públicos, privados y sociales involucrados en el quehacer cultural, sino también las estrategias imprescindibles para establecer procesos acumulativos que conduzcan al desarrollo integral de la Nación.

El Segundo Congreso se convocó enfatizando la interrelación cultura-desarrollo en las distintas dimensiones que ésta implica y apuntando a gestar las articulaciones necesarias para encaminar la acción cultural pública hacia el logro de los objetivos de desarrollo explicitados en la Declaración del Milenio.

Cabe recordar que el Consejo de Desarrollo Económico y Social de las Naciones Unidas —en su revisión de la Primera Década para la Erradicación de la Pobreza— señalaba que desde 1995 se ha articulado un marco de acción en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social. Este fue mencionado en todas las cumbres internacionales realizadas desde entonces y, de manera especial, en la Declaración del Milenio, aprobada en 1989 por unanimidad por los Estados miembro que, en 2000, suscribieron la Declaración sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Para el logro de este fin, se comprometieron a establecer una alianza Norte-Sur de cooperación para el desarrollo. El plazo para el cumplimiento de los ODM es el año 2015. La Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, aprobada en el seno de la UNESCO en octubre de 2005 —que fue precedida por la Declaración sobre la Diversidad Cultural, de 2001, y por un intenso proceso de análisis y debate sobre la relación cultura-desarrollo— entró en vigencia en 2007.

La mayor trascendencia de la Convención reside en que, por primera vez, proporciona un marco jurídico de validez internacional —y con rango constitucional en los Estados signatarios— que ampara y reafirma los derechos culturales de los individuos y los pueblos, perfeccionados y ampliados en diversos documentos de la UNESCO, a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 1948. Entre ellos, cabe destacar los derechos a participar en la vida cultural de la comunidad, a producir y emitir discursos y bienes culturales, y a la propia identidad y a la diversidad cultural como aspectos insoslayables del diálogo intercultural. Ratifica la Convención el derecho a la igualdad de acceso a los bienes y servicios vinculados a la sociedad del conocimiento, siendo este un punto clave de la relación cultura-desarrollo. En julio de 2006, la Argentina también suscribió la Carta Cultural Iberoamericana. Son estos dos compromisos internacionales a los que el Estado debe dar respuesta.

El logro de los ODM depende de dos campos de acción que no están escindidos, sino cada vez más interrelacionados. Uno es el de las políticas y las acciones de cooperación para el desarrollo que emprenda la comunidad internacional, dentro de la búsqueda de un mayor equilibrio en las relaciones Norte-Sur. Es obvio que la mayor responsabilidad en este ámbito recae en las naciones más ricas y poderosas. Por otra parte, depende de las políticas nacionales de desarrollo que instrumenten los Estados. En este aspecto, es fundamental la puesta en práctica de políticas holísticas de desarrollo, es decir, que permitan superar el economicismo heredado de la etapa neoliberal, que lo acota al mero crecimiento económico.

Es preciso incorporar a los planes y programas que formulen las distintas áreas del Gobierno las dimensiones cultural y comunicacional como factores sustantivos de un desarrollo sustentable, el cual reclama profundas transformaciones en materia de actitudes, prácticas y relaciones, de modo de construir una cultura de la convivencia social que constituya el basamento fundamental de las instituciones de la democracia.

La promoción de valores, tales como la autoestima, la confianza, el respeto por la diferencia, la resolución dialogada de los conflictos, la participación, la solidaridad y la cooperación, así como las capacidades de organización, análisis, comunicación, expresión, creación e innovación del conjunto de la sociedad, tiene una intervención determinante para edificar un proyecto nacional de desarrollo sustentable en la denominada "sociedad del conocimiento", en la cual estamos inmersos. Ello exige la construcción de redes y de sentidos sociales que apunten a estos propósitos, que han de constituir la estrategia prioritaria de las políticas culturales públicas.

Si bien, desde 2002, la Argentina viene experimentando un elevado crecimiento económico que hizo descender los índices de pobreza, indigencia y desempleo, hasta el momento, no ha podido dar respuesta plena a los ocho ODM. A mitad de camino para 2015, cumplir con este compromiso reclama un esfuerzo conciente, mancomunado y planificado de los diferentes organismos públicos, y de la articulación entre estos y los sectores social y privado dentro del país y en el ámbito de la integración subregional.

La relación de las políticas culturales con los ODM puede sintetizarse en los siguientes ejes principales:

1. Generar las condiciones para un desarrollo social y ambientalmente sustentable. Ello reclama, entre otros aspectos, la dinamización y el fortalecimiento de las culturas locales, con el objetivo de promover el desarrollo de la creatividad y la organización social de las comunidades, como recursos de la diversidad cultural, la formación de capital social y el efectivo cumplimiento de los derechos culturales.

2. Impulsar la creación de pluralidad de espacios, medios de comunicación y redes para el desarrollo que, incorporando a los nuevos actores de la cultura, permitan sustraer a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de la lógica mercantil prevaleciente, para ponerlas al servicio de las estrategias dirigidas a la superación de la brecha digital, que es también cultural, educativa y social.

3. Revalorizar el papel de la cultura en la sociedad de la información y el conocimiento, confiriéndole la centralidad que esta posee para el cambio social, económico y político. Esto comprende tanto a las artes como a las ciencias, y supone la superación de la falsa dicotomía entre ambas, derivada del pensamiento racionalista y positivista.

4. Contribuir a la construcción de una cultura internacional de paz, para cuya concreción se torna imprescindible examinar críticamente y redefinir ciertos supuestos teóricodoctrinarios y pautas culturales que vienen orientando las opciones en materia económica y el proceso de globalización. Dentro de ellas, resalta la naturalización de ciertas políticas, conductas y actitudes que es preciso remover, so pena de arrojar al mundo a nuevas formas de barbarie. La naturalización de las asimetrías e inequidades cada vez más extremas entre países y sectores sociales dentro de ellos; el uso de la fuerza en lugar del diálogo, para la resolución de los conflictos; las distintas formas de discriminación, xenofobia y racismo; la depredación brutal del medio ambiente; y la mercantilización de la vida humana. Todas ellas son opciones culturales, incompatibles con los objetivos de un desarrollo social y ambientalmente sustentable.

5. Redefinir el rol del Estado en la cultura y encarar los procesos de descentralización, participación social e integración, en tanto aspectos decisorios de la modernización y el fortalecimiento institucional de las políticas públicas, en particular, de las culturales y comunicacionales, de modo de poder dar respuesta a los múltiples desafíos y demandas que plantea el escenario nacional e internacional actual, y con miras al Bicentenario.

En tanto la relación cultura-desarrollo es interpretada de muy distintas maneras, se hace preciso efectuar una delimitación conceptual del campo, sintetizando sus principales coordenadas, a los efectos del debate alentado en el Segundo Congreso.

Algunos enfoques conciben a la cultura como un "aditamento" de los procesos de crecimiento económico y de avance científico-tecnológico, para "humanizarlos" o tornarlos más adaptables a la herencia cultural de las poblaciones donde se insertan. Esto connota una idea del desarrollo acotado al crecimiento económico y como proceso exógeno, lineal y unidireccional —de arriba hacia abajo— con respecto a las comunidades, que son ubicadas en el papel de meras receptoras de los supuestos beneficios que el proceso arrojaría. Es decir, las sociedades, o ciertos sectores de ellas, serían objeto del desarrollo, en lugar de sujetos partícipes protagónicos en su construcción.

El concepto "dimensión cultural del desarrollo" fue enunciado por la UNESCO hace más de dos décadas. Pero fue durante la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales realizada en México en 1982 (Mundiacult) que adquirió mayor vigor la idea de que la cultura debe ser parte, instrumento y, a la vez, objetivo de toda concepción apropiada del desarrollo (II). Esta idea se sigue elaborando, de tal modo que en 1988 el Consejo de las Naciones Unidas, a instancias de la UNESCO, siendo Secretario General del organismo el peruano Javier Perez de Cuellar, declaró el "Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural". En 1992, se constituye una Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (CMCD) presidida por él mismo. En 1995 se finaliza el informe de la CMCD que, entre otros temas, afirma: "Es inútil hablar de la cultura y el desarrollo como si fueran dos cosas separadas, cuando en realidad el desarrollo y la economía son elementos o aspectos de la cultura de un pueblo. La cultura no es, pues, un instrumento del progreso material: es el fin y el objetivo del desarrollo, en el sentido de realización de la existencia humana en todas sus formas y en toda su plenitud" (III).

Las relaciones del desarrollo con la creatividad, las prácticas y los valores sociales es, desde entonces, abordada desde distintas disciplinas, incluida la ciencia económica, proceso en el cual fueron construyéndose ciertos conceptos clave que ya forman parte de los marcos analíticos sobre el desarrollo. Pese a las críticas y reformulaciones, este bagaje conceptual remite a la centralidad de la cultura en la vida económica y política de las sociedades y aparece de forma constante en los estudios referidos a la superación de la pobreza en América Latina (IV).

Celso Furtado concibe al desarrollo ligado a dos procesos creativos: "El primero se refiere a la tecnología, al esfuerzo del hombre por prepararse y acrecentar su capacidad de acción. El segundo tiene que ver con el fin último del fruto de sus acciones; es decir, los valores que el hombre agrega a su patrimonio material y espiritual". Luego de hacer mención a las guerras y daños ambientales, que ponen al mundo al borde de la extinción, agrega el autor: "En casi todas partes, incluyendo a los países pobres y los ricos, formas perversas de crecimiento económico privilegian a las minorías y condenan a las mayorías a la miseria, abriendo así las vías a catástrofes sociales y ecológicas. Es lo que la CMDC califica desarrollo sin alma" (V).

A su vez, el economista Amartya Sen —premio Nobel 1998— asevera que existen dos formas de concebir el desarrollo. "Una está influenciada por la economía del crecimiento y sus valores subyacentes" (es decir, la lógica de la acumulación material que toma el crecimiento del PBI como indicador privilegiado). "La otra noción de desarrollo lo considera como un proceso que enriquece la libertad real de los involucrados en la búsqueda de sus propios valores. A ésta la llamó la noción de desarrollo de la libertad real" (VI).

Esta noción tiene más que ver con las prácticas, principios y valores que impulsan la expansión de las capacidades humanas y sociales que con la opulencia material. Ella introduce una perspectiva de análisis fundamental: la facultad de las distintas sociedades para ejercer la libertad de elegir el estilo o modelo de desarrollo considerado más apropiado a sus aspiraciones de realización humana. Es un enfoque interrelacionado con la categoría de diversidad cultural.

Tanto en la concepción predominante del desarrollo, que lo percibe como proceso basado en la lógica de la acumulación material, como en la noción del desarrollo de la libertad real, aclara Sen, está presente la cultura, solo que de distinta manera. En la primera, como dimensión instrumental o medio para alcanzar la opulencia económica o, en su caso, el desarrollo sostenible, dado que, en todos los casos, es inevitable la presencia de la cultura como medio. Pero reducirla solamente a esto implica degradarla. En cambio, el segundo concepto enfatiza el papel constituyente de la cultura, esto es, su potencial constructivo y creativo. También la cultura interviene en el desarrollo cumpliendo un papel evaluativo, que remite a su presencia en las decisiones de una comunidad o de un individuo acerca de qué valora más para su vida (VII).

Esto significa que la cultura está al comienzo de la economía, como marco axiológico que guía las decisiones acerca del modelo o estilo de crecimiento, desarrollo o proyecto de sociedad al cual se aspira; en el medio, en cuanto instrumento para arribar a esos objetivos; y en el fin, por las consecuencias en la vida humana y en el medio ambiente de la opción elegida. En tanto el principio y el fin del desarrollo es el ser humano, el desarrollo es cultural o no es desarrollo.

A la luz de estos aportes, se hace preciso revisar y reelaborar el instrumental conceptual que sirve de base a la formulación de las políticas culturales y económicas, de modo de adecuar las instituciones y prácticas de gestión a los objetivos de un desarrollo social y ambientalmente sustentable.

El panorama se complejiza todavía más cuando al término desarrollo se le adiciona el calificativo sustentable, también sometido a distintos usos y variaciones de significado.

El desarrollo sustentable implica satisfacer las necesidades humanas actuales y, al mismo tiempo, conservar y proteger el medio ambiente y los recursos sociales y naturales para las generaciones presentes y futuras. Pero este requisito no puede lograrse sin considerar la convivencia, parte significativa de la cultura de una sociedad. Esto es, el modo en que las personas y las sociedades se relacionan o conviven, las pautas de conducta y los valores que las orientan; en suma, la "cultura de las relaciones sociales" (VIII).

Al respecto, señala Lourdes Arispe: "Necesitamos un nuevo modelo de relaciones humanas para conseguir un desarrollo sostenible" (IX). Por esta razón, la CMCD define a la cultura como forma de convivencia. Agrega la autora: "Más del 80% de los fenómenos que generan riesgos para nuestra supervivencia como especie son antropogénicos, es decir, tienen su origen en acciones humanas. Sin embargo, la condición de sostenibilidad se ha centrado casi exclusivamente en las relaciones directas de los seres humanos con su entorno natural, mientras que las indirectas (las establecidas entre las personas), se abordan como una cuestión de gobernabilidad totalmente independiente, que debe analizarse y decidirse de acuerdo con otros modelos específicos de la realidad ( …) La convivencia podría servir como principio rector de la transición cultural que debemos experimentar en la Era de la Globalización. Asimismo este concepto podría utilizarse como indicador del funcionamiento de los gobiernos y de la sociedad civil" (X).

Según la CEPAL, en el estudio sobre las distintas formas de capital que poseen las sociedades —enfoque surgido a raíz de los análisis sobre la pobreza y las "estrategias de vida" (XI) que los pobres utilizan para sobrevivir—, se destacan como activos, además del "capital natural" y el "capital producido", otros tres tipos de capital (XII):

• Capital humano, o los activos que una persona posee como consecuencia de su condición humana (salud, conocimientos, destrezas, tiempo, etc.).

• Capital cultural, recursos y símbolos que se poseen como resultado de la cultura de la que se es parte.

• Capital social, los recursos o activos que se poseen como resultado de las relaciones con otros (y como consecuencia) de la participación en organizaciones.

Se trata del entramado de relaciones sociales y de organización entre los ciudadanos que les permiten alcanzar distintas formas asociativas y compartir proyectos para el logro de objetivos comunes.

Este último remite a la noción de cultura como relaciones de convivencia, en tanto supone la práctica —mayoritaria en la sociedad— de valores tales como confianza, cooperación, reciprocidad, resolución dialogada de los conflictos, capacidad de organizarse en pos de objetivos comunes, que remiten a la conciencia de pertenencia a una comunidad.

La trama social que así se construye no sólo relativiza la diseminación de los valores y las prácticas que deterioran las relaciones de convivencia entre las personas y con el medio ambiente, sino que alude a la dimensión constitutiva de la cultura con respecto al desarrollo, en el sentido que le da Sen.

La sustentabilidad, entonces, no está referida únicamente a las relaciones armónicas con la naturaleza, sino que en ella están implicadas las dimensiones social y cultural. No puede haber sustentabilidad cuando un pequeño porcentaje de la población concentra la riqueza, y vastos sectores sociales son objeto de explotación económica, exclusión social o violencia.

La posibilidad del desarrollo sustentable se vincula a las instituciones sociales, tanto en su dimensión "funcional" como en la simbólica. Las injusticias, las distintas formas de violencia y de discriminación, las inequidades socioeconómicas agudas, que lo son también en cuanto al acceso al capital simbólico de la sociedad, impiden u obstaculizan las prácticas y relaciones que conducen a una convivencia social de calidad. Los factores que deterioran la convivencia social implican asimismo un deterioro de las instituciones, tanto en su dimensión funcional como en la simbólica (Cornelius Castoriadis), que, a su vez, daña la dimensión constitutiva y creadora de la cultura.

Cabe destacar que la cultura como forma de convivencia y la preocupación por la sustentabilidad del desarrollo, aunque no eran designados con estos términos, estaban presentes en la cosmovisión y las prácticas sociales de los pueblos originarios de América Latina.

Al concebir al individuo, por un lado, como parte del cosmos, la madre tierra y las fuerzas de la naturaleza y, por el otro, en tanto ser esencialmente comunitario, las relaciones sociales estaban reguladas por normas que remitían no solo a la vinculación de la naturaleza con lo divino, sino también a los valores de reciprocidad, solidaridad y cooperación que sostienen el sentido de comunidad, confiriéndole significado y presencia en las diferentes prácticas humanas.

Es el racionalismo, impregnado por las nociones iluministas de la cultura occidental, que introduce la idea de la naturaleza como objeto externo a ser conquistado, dominado y explotado por el hombre, y mundo antinómico al de la cultura, constreñido al significado de "elevación del espíritu por el arte". El mito del progreso indefinido que inaugura la modernidad adjudicará al desarrollo el carácter de crecimiento económico basado en la acumulación de bienes materiales o de capital.

De este ideario, se desprenden las teorías justificatorias de los procesos de colonización, así como las concepciones spencerianas de la sociedad que transpolan la Teoría de la Evolución que Darwin concibió para el estudio del mundo natural —"El origen de las especies" (1859)— al campo social y cultural. Aunque aplicar estas teorías a las culturas se entiende hoy como un disparate, se consideraron verdaderas hasta que la escuela antropológica del relativismo cultural primero y, más tarde, el estructuralismo de Lévi Strauss y la antropología simbólica de Clifford Geertz las refutaron, bien avanzado el siglo XX.

Cabe trazar un paralelismo entre las concepciones que consideran a ciertas culturas "avanzadas" o civilizadas, y a otras "atrasadas" o bárbaras, conforme a un ordenamiento jerárquico y lineal de las diferentes culturas sobre el eje temporal, con las concepciones economicistas del desarrollo. Estas plantean que existiría un punto de destino o "meta universal de desarrollo", que responde a un proceso lineal que se desenvuelve sobre un eje temporal, en el cual deben "encajar" las más disímiles realidades socio-históricas y culturales. Algunas "llegarían" a destino antes y otras más tarde, o probablemente nunca, pero lo que no se pone en tela de juicio es la meta ni su supuesta universalidad, cuantificada según variables e indicadores que señalarían la mayor o menor "rapidez" de la marcha. Se cuestionarán ciertas variables y se añadirán indicadores, pero la validez de la meta y las estrategias para llegar a ella tratarán de ser preservadas de la duda. En tanto todo poder se asienta en relaciones sociales que tienen una dimensión material y otra simbólica, las instituciones encargadas de administrar la dimensión simbólica se harán cargo de esta función.

Las relaciones de poder no constituyen un espacio fijo, sino que significan lucha y fluctuaciones, según sean cuestionadas, respondidas, atacadas; son dinámicas y variables en el tiempo, sobre todo, cuanto más crece la complejidad y la conflictividad de las sociedades.

La diversidad cultural adquiere, a la luz de estas reflexiones, no sólo el carácter de un precepto ético fundamental para una convivencia humana pacífica y relativamente armónica, sino también el de un principio político de valor incuestionable. Ella reafirma el derecho de los pueblos a su propia identidad y cultura, que remite al desarrollo de las capacidades que les permitan ampliar la libertad y la autonomía en las decisiones dirigidas a la asignación de sus recursos materiales y simbólicos. Es decir, la diversidad cultural implica que las identidades se constituyen y redefinen en el diálogo con otras. Diálogo alude a comunicación y a la etimología primigenia de esta palabra (comunicare): intercambiar, compartir. Las culturas se construyen y desarrollan en comunicación unas con otras.

La cualidad de desarrollo de un proceso de crecimiento económico se verifica, antes que en el terreno de la acumulación material, en el enriquecimiento de las capacidades humanas de comunicar —compartir, conocer, comprender el mundo, crear—, y en la calidad de la convivencia entre las personas y con el medio ambiente. El mayor desarrollo de estas capacidades humanas creadoras definirá los grados de libertad y de autonomía cultural de una sociedad para imaginar sus propias metas y diseñar los caminos mediante los cuales alcanzarlas. Una sociedad culturalmente alienada, con seguridad, adoptará como propias las metas, ideologías, teorías y estrategias diseñadas desde y para los intereses de las metrópolis hegemónicas de cada época, con los cuales sólo coincidirán —y se beneficiarán— minúsculas elites internas.

El campo cultural, comprendiendo el papel privilegiado que dentro de él tienen hoy las comunicaciones y las industrias culturales, desempeña funciones crecientemente complejas y relevantes de cara al desarrollo por su facultad de intervenir de manera decisoria en la construcción del sentido social. Ya sea cumpliendo funciones conservadoras, para el mantenimiento del statu quo; enmascarando y naturalizando relaciones de poder injustas u opresivas, o bien transformadoras, mediante sentidos que apunten a la constitución de lo nuevo.

La esencia de proceso histórico-social del desarrollo —esto es, humanamente modelado —, cualquiera sea la interpretación que pretenda dársele a este término, hace impensable que este pueda existir sin la intervención de la dimensión cultural en sus diversas funciones.

A continuación se destacan los objetivos fundamentales.

a) Profundizar el espacio de análisis, debate y concertación de las políticas culturales públicas a nivel provincial y nacional, con la participación de los diversos actores públicos, privados y sociales que intervienen en el quehacer cultural, abierto con el Primer Congreso.

b) Contribuir a la elaboración de diagnósticos y propuestas para la estructuración de un Plan Estratégico de Cultura con miras al Bicentenario.

c) Constituir una Red Federal de Cultura mediante circuitos de comunicación permanentes entre los municipios —a nivel de las provincias—, y entre estas y con los organismos nacionales del área.

d) Generar propuestas para la redefinición del rol del Estado en la cultura argentina de cara a la construcción de un proyecto nacional cuyos ejes sean el desarrollo social y ambientalmente sustentable, la participación de la sociedad, el fortalecimiento de la democracia en sus dimensiones social, política y cultural, y la construcción de ciudadanía.

e) Promover los procesos de descentralización, participación y fortalecimiento de la capacidad de articulación del Estado en la cultura, tanto con respecto a los agentes comunitarios y privados, como de carácter intersectorial, con las áreas gubernamentales involucradas en el desarrollo social. Entre ellas, educación, comunicación, salud, infancia y juventud, y turismo.

f) Redefinir las funciones que han de cumplir las políticas culturales y comunicacionales en los procesos de transformación social.

g) Fortalecer los procesos de cooperación e integración cultural, con particular énfasis en el MERCOSUR e Iberoamérica.

II. Declaración de la Conferencia Internacional sobre Políticas Culturales de México (Mundiacult), UNESCO, México, 1982.

III. CMCD, Informe "Nuestra Diversidad Creativa", UNESCO, 1997.

IV. Bernardo Klisberg, "El rol del capital social y de la cultura en el proceso de desarrollo", en Klisberg, Bernardo y Tomassini, Luciano (comp.), Capital social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo, BID, Fund. Felipe Herrera, Univ. de Maryland, FCE, Buenos Aires.

V. Celso Furtado, "Cultura y Desarrollo", en Revista Cultura y Desarrollo, Nº 2, 2003, Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe, UNESCO, La Habana, Cuba.

VI. Amartya Sen, "La cultura como base del desarrollo contemporáneo", en Revista Cultura y Desarrollo.

VII. Ibídem.

VIII. Susana Velleggia, "La gestión cultural ante los nuevos desafíos", en Revista Chasqui, N.° 63, septiembre de 1998, CIESPAL, Quito, e "Imagen e imaginarios en la tensión global/local", en Bayardo R. y Lacarrieu Mónica (comp.), Editorial CICCUS, Buenos Aires, 1999.

IX. Informe Mundial sobre la Cultura, Cultura, creatividad y mercados, UNESCO-Acento Editorial, Madrid, 1999.

X. Ibídem.

XI. "Estrategia de vida es la forma mediante la cual una persona procura satisfacer ciertos objetivos de vida por medio del uso, la combinación y la transformación de un conjunto de activos. Estos objetivos de vida pueden ser de varios tipos: aumento de ingresos, mejoramiento de la experiencia y calidad de vida, empoderamiento sociopolítico. Es decir, no se reducen siempre ni exclusivamente a progreso económico. Vista así, la reducción de la pobreza implicaría el mejoramiento de uno o más de estos objetivos". Irma Arriagada editora "Aprender de la experiencia. El capital social en la superación de la pobreza". Proyecto "Capital social y reducción de la pobreza; nuevos instrumentos para la política social", ITA 02/049, CEPAL, Santiago de Chile, 2003.

XII. Ibídem.

Considerando:

Que la cultura es una herramienta indispensable para la integración y la transformación social.

Que las políticas culturales deben ser impulsoras de la creatividad artística, constructoras de ciudadanía, generadoras de inclusión social y fortalecedoras de los procesos democráticos.

Que, en tal sentido, una cultura accesible y compartida es la base de un desarrollo que implique el aumento sistemático del bienestar social y económico de todos los argentinos.

Que las políticas públicas de cultura deben atender a las distintas identidades y expresiones culturales que conforman nuestra Nación. Para ello, es necesario concebirlas con un marcado carácter federal, que incluya a los pueblos originarios y que promueva la participación plena de sus destinatarios.

Que a estos fines, se requieren áreas de cultura dotadas de una institucionalidad y un presupuesto acorde con los propósitos señalados.

Por todo lo expuesto, y como resultado de los debates amplios y pluralistas generados durante este Segundo Congreso Argentino de Cultura, acordamos:

Crear el Consejo Federal de Cultura como marco estratégico para la propuesta, análisis y discusión de políticas públicas federales e inclusivas en el ámbito de la cultura. A estos fines, asumimos el compromiso de elaborar un estatuto que regule el funcionamiento de dicho organismo, y que establezca sus modalidades operativas y financieras.

Poner activamente en marcha el proceso de elaboración y discusión de un anteproyecto de Ley Federal de Cultura, cuyo texto preliminar será redactado por la Secretaría de Cultura de la Nación para su posterior discusión.

Asumir efectivamente las responsabilidades enumeradas, para lo cual reiteramos que es preciso impulsar con urgencia la modernización, autonomía y jerarquización institucional de las áreas de Cultura en todos sus niveles, y propender a un incremento sustancial de su presupuesto, adecuándolo a las recomendaciones de la UNESCO.

Ratificar el carácter bienal y permanente del Congreso Argentino de Cultura, convocando al tercer congreso en el año 2010, en coincidencia con el inicio del período de celebración de nuestro primer bicentenario 2010-2016.

Dr. José Nun, Secretario de Cultura de la Nación.

Dr. Pablo Wisznia, Subsecretario de Gestión Cultural de la Nación.

Prof. Francisco Romero, Subsecretario de Cultura, Provincia del Chaco.

Lic. Jorge Fiori, Subsecretario de Cultura, Provincia del Chubut.

Lic Roberto Alonso Romani, Subsecretario de Cultura, Provincia de Entre Ríos.

Lic. Susana Chiaramonte, Coordinadora de Programas y Acción Cultural de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos.

Prof. Alfredo Jara, Subsecretario de Cultura, Provincia de Formosa.

Dr. Jorge Noceti, Secretario de Turismo y Cultura, Provincia de Jujuy.

Dn. Angel Cirilo Aimetta, Subsecretario de Cultura, Provincia de La Pampa.

Ing. Amelia Montes, Presidente de la Agencia Provincial de Cultura, Provincia de La Rioja.

Prof. Ricardo Scollo, Secretario de Cultura, Provincia de Mendoza.

Dr. Armando Gentili, Director General de Cultura, Provincia de Río Negro.

Prof. Gregorio Caro Figueroa, Secretario de Cultura, Provincia de Salta.

Arq. Zulma Invernizzi, Subsecretaria de Cultura, Provincia de San Juan.

Prof. Roberto Tessi, Jefe del Programa de Cultura, Provincia de San Luis.

Arq. Daniel Cazzappa, Subsecretario de Cultura, Provincia de Santa Cruz.

Arq. Rodolfo Legname, Subsecretario de Cultura, Provincia de Santiago del Estero.

Lic. Silvio Bocchicchio, Secretario de Cultura, Provincia de Tierra del Fuego.

Prof. Mauricio Guzmán, Presidente del Ente Cultural de Tucumán, Provincia de Tucumán.

Prof. Ilda Estela García, Coordinadora General del Programa de Cultura del Consejo

Federal de Inversiones.

La ausencia de una legislación nacional da cuenta de la materia pendiente de la joven democracia argentina, y la necesidad de la inclusión de todos los sectores en su producción.

Partiendo de esta premisa, el Foro I se propuso discutir cuál es el lugar que se le da a la cultura, tomando en cuenta que es el Estado el principal garante del inalienable derecho a la cultura por parte de todos los ciudadanos, cualquiera sea su origen, religión, sexo o ideología política.

Se entiende que esta Ley debe inscribirse en el marco del proceso más amplio de reconstrucción de las capacidades estatales, desarrollo sustentable y diversidad cultural. Desde su constitución, la norma debe tener en cuenta las características propias de cada región, propendiendo a la integración, la articulación de las políticas publicas, y la generación de espacios de participación donde estén representados todos los actores sociales, poniendo énfasis en la inclusión de los sectores que, a lo largo de décadas, han sido postergados.

Sin embargo, en el foro, se remarcó que esta Ley debe ser producto de un amplio debate que contemple la compleja realidad del mapa cultural argentino, y que permita alcanzar los más amplios consensos, en el marco de los acuerdos del Bicentenario.

La cultura debe estar en los primeros lugares de la agenda política. La creación del Ministerio permitiría revalorizar su importancia social, ejecutar un presupuesto propio (se propuso tener en cuenta la proposición de la UNESCO de implementar un 1% del propuesto nacional), y proyectar políticas públicas de mediano y largo plazo, otorgando un marco institucional superador de la fragmentación actual. Se afirmó la necesidad de un efectivo funcionamiento regional en cuanto a la gestión de las políticas culturales y la utilización descentralizada de los recursos para llevarlas a cabo.

La necesidad de una articulación entre diferentes políticas públicas, tales como relaciones interministeriales, comprendiendo la estrecha relación que existe entre las diversas políticas públicas: culturales, del medioambiente, de educación, de comunicación, etc. y cómo inciden unas sobre otras.

Entendiendo el patrimonio como construcción social colectiva, atendiendo los tratados internacionales suscriptos por la Argentina que protegen la identidad cultural. Ello implica también la necesidad de hacer visibles a los pueblos originarios y a sus históricos reclamos y derechos, promoviendo su desarrollo integral.

Se acordó otorgar apoyo explícito a la aprobación de la Ley Nacional de la Música, que se encuentra en estudio en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación.

También se recalcó la importancia de la creación del Instituto Nacional de la Música, y de la promoción de la organización colectiva y popular en todos los ámbitos de la cultura.

Pensando en futuros congresos, se destacó la necesidad de incrementar la difusión previa de los documentos, la puntualización sobre los principales temas y la continuidad de los debates.

Instalar un concepto amplio de cultura, no sólo como arte o producciones de artistas, sino también como expresiones sociales, formas de pensar y como modo integral de vida.

Reforzar los congresos provinciales o regionales, garantizando representantes según un cupo mínimo provincial, e invitar a las comunidades de la región latinoamericana.

Garantizar que todas las provincias tengan actualizada la información en el SinCA (Sistema de Información Cultural de la Argentina).

Crear un Registro Nacional de artistas y hacedores/as y/o referentes culturales por provincia y disciplina, así como un boletín mensual regional al que tengan acceso todos/as los/as ciudadanos/as a través de las páginas web de las secretarías de Cultura y de Turismo de la Nación.

Exigir la creación de la Ley Federal de Cultura, que debe elaborarse en un proceso "desde abajo hacia arriba", teniendo en cuenta las realidades provinciales y la gran diversidad cultural de nuestro país, incorporando especialmente los valores de las comunidades originarias, así como también las conclusiones y recomendaciones de este Congreso.

Que la Ley contemple el reconocimiento, la participación y la reivindicación de los valores, cultura y cosmovisiones de las poblaciones originarias, así como la restitución de la propiedad comunitaria de la tierra, y las políticas culturales adecuadas que conserven y fortalezcan el patrimonio intangible de estas comunidades.

A partir de lo trabajado en las diversas comisiones, realizando un gran esfuerzo de síntesis, por la diversidad de actores y temas propuestos, se consensuaron como prioritarios los siguientes temas:

• Sanción de una Ley Federal de Cultura, con participación de toda la comunidad en su armado, reflejando las distintas identidades y necesidades del diverso pueblo argentino.

• Creación de Consejos Provinciales, Regionales y Nacionales con una real participación de los actores culturales en la implementación y diseño de las políticas culturales, y la continuidad de éstas, teniendo en cuenta la descentralización del presupuesto.

• Creación de Congresos de Cultura para todas las provincias y regiones.

• Que, en los próximos Congresos de Cultura, se consulte a los distintos actores culturales sobre la temática de los foros.

• Formación de redes culturales a nivel nacional que brinden información de las actividades desarrolladas en las distintas regiones del país.

• Creación de más espacios para el desarrollo de actividades culturales.

• Contemplar la inclusión de las temáticas de diversidad sexual y de género, a partir de talleres de plástica, teatro y literatura.

• Mayor carga horaria de las materias relacionadas con el arte en todos los niveles del sistema educativo e inclusión de esa rama en los territorios donde no existe.

• Aumento del presupuesto del área de Cultura en los distintos niveles nacional, provincial y municipal.

Debido a la transformación de valores que produjo nuestra historia reciente, el público se convirtió en un mero consumidor anónimo y acrítico. Por ello, se decidió que la formación de públicos no es formación de audiencia, en el sentido de que los medios masivos de comunicación no agotan la comunicación. La formación se da constantemente y a partir de una multiplicidad de espacios.

Durante el foro, también surgieron las siguientes consideraciones:

• Se reflexionó sobre la importancia del rol del Estado en la generación de acciones tendientes a la formación de sujetos críticos, a partir de políticas públicas integrales y articuladas.

• Se expresó la necesidad de desarticular la unidireccionalidad de las políticas públicas culturales, en general, y de las relacionadas con la formación de públicos, en particular, ya que lo importante es promover lo que construye el horizonte de sentido de cada comunidad, respetando su diversidad e identidad.

• Se propuso la creación de observatorios de públicos que tengan en cuenta el consumo, la producción y circulación de bienes y servicios culturales a pequeña, mediana y gran escala, considerando variables cuantitativas y cualitativas.

• Se planteó la iniciativa de fortalecer las redes de gestores culturales desde los distintos niveles (estatal, social o privado), que planifiquen y articulen programas culturales sostenidos en el tiempo.

Además, en función de la influencia que tienen en la construcción de la esfera pública los medios masivos de comunicación, se evaluó que es necesario planificar una nueva Ley de Radiodifusión en la que tengan participación otros organismos del Estado, como el Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Cultura de la Nación y la sociedad en general. Todo ello, enmarcado en la certeza de que los organismos estatales deben democratizar y garantizar el acceso a los bienes y servicios culturales para toda la población.

Conclusiones y recomendaciones finales:

• Utilizar nuestras propias categorías regionales (latinoamericanas, nacionales) al momento de redefinir el concepto de patrimonio. Esta conceptualización deberá incorporar de forma amplia y dinámica todo acervo cultural y natural de los grupos humanos que en su interacción constituyen la identidad de los pueblos que habitan el territorio nacional, a fin de operativizar la gestión patrimonial.

• Las comunidades locales (provinciales, regionales y de distritos), deberán promover y proteger sus bienes patrimoniales.

• Fomentar la activa participación de todas las organizaciones de la sociedad civil mediante la discusión y definición de metodologías de aplicación en la declaración y redacción de las leyes patrimoniales.

• Promover la participación directa de miembros de los pueblos originarios, de manera de dar voz a sus intereses y experiencias, evitando su representación y mediación.

• Desarrollar un banco de experiencias patrimoniales a nivel nacional de aquellas gestadas con la activa participación de las comunidades locales.

• Crear y fortalecer carreras en oficios (tecnicaturas o de grado) para la recuperación y restauración de obras que integren el concepto amplio de patrimonio.

• Aplicar, en fronteras y límites territoriales, mecanismos de control con personal capacitado para evitar el tráfico y fuga de obras patrimoniales.

• Recuperar y conservar redes ferroviarias y su territorio. Crear políticas específicas para su revalorización cultural y turística.

• Fomentar la creación de un Registro Unico de Bienes Patrimoniales.

• Divulgar entre la población la normativa provincial y nacional vigente en materia patrimonial.

• Difundir la normativa que dispone la exención impositiva de los inmuebles cuyas fachadas revistan valor patrimonial histórico, pertinentemente declarados.

• Promover espacios de participación locales y regionales que tengan por objetivos generar una agenda de trabajo a mediano y largo plazo, y crear un ámbito de control de gestión y monitoreo de los alcances y avances de las propuestas trazadas en los congresos nacionales, las legislaciones sancionadas y las experiencias locales. De esta manera, se arribaría al siguiente encuentro con un estado de situación de la gestión patrimonial a nivel nacional.

• Proponer la articulación interinstitucional, multisectorial e interdisciplinaria de las comisiones encargadas de gestión estratégica cultural, existentes y en formación.

La cultura en los planes de desarrollo local. Para el abordaje de las propuestas, se definieron dos ejes temáticos: políticas culturales y presupuesto.

Políticas culturales:

• Crear en todos los municipios del territorio nacional, dentro de su organigrama, un área de cultura, impulsando la jerarquización de lo ya existente.

• Crear una Agenda Cultural que dé a conocer a nivel nacional acontecimientos regionales.

• Fortalecer instituciones.

• Fomentar ámbitos de debate y foros culturales por regiones.

• Formar redes culturales locales, regionales y nacionales.

• Que la gestión construya metodologías que incluyan la articulación con otras áreas.

• Desarrollar indicadores y formas de medición del impacto de la gestión cultural (cualitativos y cuantitativos).

• Fortalecer la cultura como política de Estado.

• Fomentar la cultura como generadora de participación de ciudadanía y derecho pleno.

• Fomentar capacitaciones abiertas en gestión cultural por regiones a todo actor social que quiera participar de ellas. Esta formación abarcaría distintas temáticas (por ejemplo: armado de proyectos, estrategias territoriales, canales de presentación y seguimiento de los emprendimientos).

Presupuesto:

• Promover que los municipios por medio de ordenanzas determinen los montos destinados al área de cultura.

• Propiciar la sanción de una Ley Nacional de cultura sobre las bases del necesario consenso, a partir de la participación que sostenga el sentido y espíritu federal y no sólo sus formas.

• Incorporar en los municipios instrumentos legales e institucionales (ordenanzas) para gestionar la co-participación en el área de cultura, acorde a cada realidad.

• Regionalizar las decisiones en torno a políticas culturales (investigar, diagnosticar, planificar y evaluar). Presupuesto participativo y consensuado, debido a que no todos los actores se sienten involucrados en la gestión de las políticas que los afectan directamente, desde una planificación estratégica para el manejo presupuestario.

• Crear fondos específicos (provenientes de la recaudación impositiva) a niveles provincial y nacional, siendo el Estado responsable en forma directa de su distribución y del control de su ejecución (como reemplazo de las propuestas de leyes de mecenazgos).

• Generar un registro único de hacedores de cultura (individual, grupal, institucional) y patrimonio público existente.

A través del debate en las comisiones, los participantes de este foro han considerado los siguientes puntos con respecto a las articulaciones entre las políticas culturales y comunicacionales ante los desafíos del desarrollo.

La necesidad de una Ley Federal de cultura:

• Que incluya distintos actores sociales y políticos en la discusión y confección de la ley.

• Que respete y fomente la diversidad y la pluralidad de nuestro pueblo.

• La realización periódica de congresos nacionales de cultura, y que la preparación de estos encuentros esté articulada con las provincias y los municipios.

• Creación de comisiones permanentes para la discusión y el seguimiento de las problemáticas tratadas en el congreso.

• Creación de redes por región que puedan articular políticas culturales de provincias, municipios y organizaciones sociales.

Nueva Ley de Radiodifusión:

• Que prevea y garantice la pluralidad de voces en los medios masivos de comunicación.

• Que prevea y garantice la libertad de expresión, producción y difusión de mensajes a los actores sociales que no tienen presencia en los medios.

• Que democratice la información pública y que limite la propiedad de los medios masivos de comunicación a las corporaciones privadas.

Creemos que, además de estas herramientas jurídicas, es necesario profundizar los ejes planteados en los espacios que ya existen, desde lo institucional hasta lo territorial, en el marco de un proyecto nacional que nos integre a todos.