El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia está integrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y por los representantes de los Organos de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia existentes o a crearse en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo a la Ley, el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia tiene las siguientes funciones:

• Concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias.

• Participar en la elaboración en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de un Plan Nacional de Acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente Ley.

• Proponer e impulsar reformas legislativas e institucionales destinadas a la concreción de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

• Fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad civil de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su especialidad e idoneidad en la materia, favoreciendo su conformación en redes comunitarias.

• Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia y protección de derechos.

• Gestionar en forma conjunta y coordinada con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia.

• Efectivizar juntamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los fondos a los Estados Provinciales para la financiación de dichas políticas.

• Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formulación y ejecución de las políticas previstas en el Plan Nacional de Acción.

• Promover en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección integral de los derechos de las niñas; niños y adolescentes.

En la octava sesión Plenaria del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que se llevo a cabo los días 6 y 7 de Noviembre del corriente, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que ejerce la presidencia del organismo, puso a consideración de dicho cuerpo un documento titulado: "Directrices para la Aplicación del Protocolo de Asistencia a las Personas Victimas de Trata y de Explotación Sexual Infantil" que resultó aprobado por unanimidad.

El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia aprueba el Protocolo de Asistencia a Víctimas de Explotación Sexual y Trata de Personas.

El presente Protocolo refleja el compromiso de trabajar conjuntamente en la implementación de medidas destinadas a promover acciones integrales de asistencia a las personas Víctimas de la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas.

Para ello es necesario:

• Generar y/o fortalecer políticas destinadas a la asistencia a víctimas de explotación sexual infantil y trata de personas desde un enfoque de derecho y una mirada territorial.

• Articulación interinstitucional y coordinación de acciones con organismos locales especialmente en las áreas de salud, educación y trabajo.

• Prevención.

• Sensibilización y difusión.

• Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a organismos provinciales y municipales.

• Generar dispositivos de asistencia a cargo de áreas gubernamentales.

• Garantizar recursos humanos para el abordaje de la problemática.

Los firmantes de este instrumento reafirman su compromiso de proteger los derechos de la infancia y la adolescencia contra la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas, habiéndose reconocido este fenómeno como prioridad en la agenda pública, y garantizando el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en su carácter de titulares. Por ello, se comprometen a realizar en el marco del presente Protocolo acciones conjuntas o individuales.

Los Derechos Humanos vulnerados a las personas explotadas en la trata, tanto sexual como laboral, y la explotación sexual infantil son:

• El derecho a la vida.

• La libertad.

• La igualdad.

• La dignidad.

• La integridad física y psicológica.

• La salud.

• La seguridad personal y a un trabajo digno.

La asistencia a las víctimas deberá asegurar el restablecimiento y ejercicio de los derechos de las mismas por medio de la implementación de estrategias integrales con enfoque territorial que involucren varias áreas: la médica, psicológica, social, jurídica, educativa y de generación de ingresos.

Que deben respetarse y garantizarse en cualquier momento de la asistencia, son los siguientes:

El principio fundamental de la asistencia a las víctimas es el respeto por los Derechos Humanos, éstos entendidos como fundamentales para la dignidad, integridad y desarrollo pleno de la persona y por lo tanto, ningún proceso, procedimiento o actividad durante cualquier momento de la asistencia puede vulnerar los derechos de las mismas.

No discriminar a ninguna persona en razón del sexo, edad, etnia, clase social, país de origen, preferencia sexual, tipo de ocupación o condición de salud.

Se dará a las víctimas durante las etapas de la asistencia información sobre sus derechos y las diferentes alternativas de asistencia.

La información que se brinde a las víctimas debe hacerse en un lenguaje adecuado, sencillo y comprensible, en su idioma, no creando falsas expectativas, y en caso de ser necesario se le facilitará un intérprete. Esta información debe adaptarse a cada persona para que pueda ser efectivamente comprendida.

Asimismo se le deberá brindar información si la víctima decide iniciar acciones legales contra los tratantes/explotadores, respecto a los procedimientos, alcances e implicaciones de interponer dicha acción.

Asegurar que los servicios, acciones y/o procedimientos se realicen a través del consentimiento informado.

Brindar información completa y precisa sobre los beneficios e implicaciones de los procedimientos o servicios a los cuales pueden acceder las personas para facilitar el proceso de elección y que sean ellas mismas quienes decidan autónomamente sobre el tipo de asistencia que más reconozca sus necesidades e intereses.

Cuando la víctima es menor de edad, el Consentimiento informado lo debe dar su representante legal o en su defecto la autoridad judicial correspondiente. Sin perjuicio de ello, se le debe explicar el tipo de servicio que va a recibir y tener en cuenta su opinión. En aquellas jurisdicciones que se encuentre establecido que el niño, niña o adolescente puede prestar el consentimiento por sí, teniendo en cuenta su grado de autonomía se aplicará la regla que priorice el interés superior de niño.

Los profesionales y operadores actuantes deben salvaguardar la confidencialidad de la identidad de las víctimas y la información resultante de entrevistas, historias clínicas y toda otra documentación que surja como consecuencia de la asistencia.

Los diferentes medios masivos de comunicación (televisión, prensa, radio, Internet), así como estudios e investigaciones sobre la problemática de la trata de personas y de la explotación sexual comercial infantil deben respetar la privacidad de las víctimas y no revelar ningún dato que permita identificarlas.

Se debe garantizar seguridad a las personas debido al tipo de organizaciones criminales que están involucradas en estos casos, ya que puede correr peligro la vida de la propia víctima, su familia.

Se debe garantizar mecanismos efectivos para la seguridad y protección a las víctimas. Se debe dar información sobre, en caso de existir riesgo para la vida o amenazas, la posibilidad de acceso de las víctimas que han prestado testimonio de integrar programas de protección de testigos en las condiciones previstas en la Ley Nº 25.764.

Es indispensable para esta tarea que los organismos pertinentes coordinen tareas de cooperación previas al retorno de las víctimas a fin de garantizar su protección.

Evitar el fenómeno de la revictimización: esto sucede cuando las instituciones del Estado, organizaciones sociales, organismos no gubernamentales, medios de comunicación, etc, sus representantes o quien preste servicios, a través de omisiones, accionesdirectas o un trato discriminatorio, vuelven a vulnerar sus derechos, obrando en contradicción al mandato de proteger, respetar y garantizar los Derechos Humanos.

Se tendrán en cuenta las necesidades específicas de cada persona para definir las acciones y procedimientos más adecuados, teniendo en cuenta: el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, la preferencia sexual, el tipo de explotación al que han sido sometidas, condiciones específicas de salud, la existencia o no de redes familiares y sociales de apoyo, su opinión, entre otras.

En el proceso de asistencia es determinante incluir los intereses y deseos de cada víctima para definir el plan de trabajo que se adoptará en cada etapa de asistencia.

La asistencia psicológica, social y legal prestada a las personas debe promover el fortalecimiento de su autonomía y empoderamiento.

Garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia con el fin de reparar sus derechos vulnerados, sin ninguna discriminación.

Brindar asistencia jurídica en los procesos judiciales en los que la víctima participe como testigo y en aquellos procesos penales o civiles que la persona decida interponer.

Los países de destino en el caso de trata de personas deberán respetar los derechos de las víctimas. Asimismo se le brindará a las personas toda la información necesaria, a través de los organismos pertinentes, a fin de que accedan a la posibilidad de solicitar un permiso de residencia (temporal o permanente).

Esta primera etapa consiste en la asistencia, el apoyo y la protección brindada a la víctima desde el momento en que se conoce el caso hasta cuando se logra la restitución del derecho vulnerado.

La asistencia debe ser integral basada en el enfoque de derechos y fruto de un esfuerzo y acuerdo interinstitucional. A fin de obtener esta asistencia integral, es necesario contar con un sistema de urgencias disponible las 24 horas y los 365 días del año y un dispositivo de atención permanente que cubra, entre otras, las necesidades que se enumerarán a continuación:

• Alojamiento: se debe brindar un espacio físico contenedor que proteja la seguridad e intimidad de la víctima. El mismo debe contar con la provisión de alimentos, vestimenta adecuada, elementos de higiene, ropa de cama, lugar de descanso y todo otro componente que sea necesario para cubrir las necesidades que conlleva el albergue de las personas. Además debe encontrarse disponible para su uso en forma permanente y con personal técnico y profesional para la asistencia.

• Asistencia médica: incluye una valoración general del estado de salud y la atención de urgencia si existe alguna situación aguda que pueda poner en peligro a la victima. La asistencia médica tiene que lograr la estabilización de la salud física de la persona y, en caso de que vaya a retornar, se debe garantizar que la persona esté en condiciones óptimas para realizar el viaje a su país de origen. Esta asistencia se brindará desde el comienzo de la intervención de las áreas concernidas al igual que en el lugar de alojamiento. Se debe contar con personal médico y sanitario idóneo en la temática.

• Atención psicológica: atención Individualizada, teniendo en cuenta las particularidades y singularidades de cada caso. Escuchar aquello que la víctima desee relatar, para dar lugar a que en sus propias palabras se pueda encontrar la determinación de la situación a la que ha llegado.

• Asistencia social: iniciar el reestablecimiento de los lazos familiares, sociales o comunitarios importantes para la víctima. Asistir económicamente a la víctima o a su familia en caso de ser necesario y generar informes estandarizados para poder coordinar con otros organismos intervinientes.

• Espacios de recreación: se deben procurar espacios que le permitan a las personas la libre expresión artística, recreativa y toda otra que tienda a motivar el juego y el esparcimiento.

- Orientar a la víctima sobre sus derechos.

- Acompañamiento legal en el juicio en el cuál ella es víctima, a través de los órganos competentes.

- Asistencia letrada para el caso de que se la impute de delitos producto de su situación de explotación, a través de los órganos competentes.

- Asistencia letrada para extranjeras en todo asunto relacionado a su situación migratoria, a través de los órganos competentes.

- Asesoramiento letrado en todo aquello que demande.

• Provisión de documentación: en los casos que las víctimas no posean documentación personal, se implementarán a través de los organismos correspondientes. De igual manera toda aquella documentación necesaria para la regularización de la residencia temporal o para realizar el retorno a su país de origen se deberá proveer de la misma en forma gratuita con la cooperación del órgano a cargo.

• Condiciones de seguridad: se debe garantizar la seguridad y protección para la víctima y su familia frente a posibles amenazas y represalias por parte de los tratantes/explotadores a través de los organismos correspondientes.

• Retorno voluntario asistido: se deben proveer los recursos materiales, económicos y humanos necesarios para el viaje de retorno al país o ciudad de origen.

Las niñas, niños y adolescentes víctimas tanto de trata interna como internacional deberán ser acompañados por un adulto responsable en los traslados internos o en el retorno a su país de origen.

La segunda etapa de la asistencia, busca la reconstrucción del proyecto de vida de la víctima y el pleno ejercicio de sus derechos. Trabajar con su entorno, en el fortalecimiento familiar y/o impulsarla hacia un proyecto autónomo dependiendo la edad de las víctimas.

Se continuará, entre otras acciones, con:

• Atención médica.

• Atención psicológica.

• Atención social.

• Desarrollo de acciones recreativas, culturales, artísticas, etc.

• Asesoramiento jurídico.

• Reinserción educativa.

• Capacitación laboral.

• Actividades de generación de ingresos.

• Asistencia económica (subsidios, financiamiento para emprendimientos, etc.).

En el caso de la trata interna o de explotación sexual comercial infantil, esta asistencia se realizará a través de la articulación de los organismos cercanos al lugar de residencia de la víctima (hospital, escuela, órgano de infancia, desarrollo social, organizaciones sociales, etc.).

En el caso de la trata externa se deberá articular con el órgano de aplicación del país de origen de la víctima.

Los miembros del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia se comprometen a capacitar y formar los recursos humanos y disponer los recursos necesarios para la efectivización y la aplicación del presente Protocolo de Asistencia.