(Tercera y Ultima Parte)

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social elaboró recientemente el Tercer Informe Periódico de la Convención sobre los Derechos del Niño en Virtud de su Artículo 44 (edición 2008), que describe y analiza la labor realizada por este organismo nacional y el conjunto de instituciones comprometidas con la temática en todo el país, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Esta tercera y última parte del informe continuará con el mismo estilo de enumeración alfabética en los capítulos, que fue iniciado en ediciones anteriores, cuando se empezó a publicar este documento.

En la edición N° 37 del Suplemento Actos de Gobierno oportunamente se publicó la primera parte de este documento y se describieron los capítulos A (1, 2, 3, 4, 5 y 6); B; C (1, 2 y 3) y D (1, 2, y 3). En la edición N° 38 se difundió la segunda parte, donde se desarrollaron los capítulos E (1 y 2) y F (1, 2, 3, 4 y 5), y en esta última entrega se describirán los capítulos G (1, 2, 3 y 4); H (1, 2 y 3); I; Anexo I y Anexo II.

Al respecto, es importante resaltar que los contenidos de esta versión del Suplemento "Actos de Gobierno" se referirán a la evaluación de las principales áreas de preocupación y recomendaciones relacionadas con este tratado internacional. Dentro de estas secciones se destacarán las siguientes: actividades educativas, recreativas y culturales; inversión en educación, ciencia y tecnología, infraestructura escolar, igualdad de oportunidades: más educación para todos, educación de calidad para todos; medidas de protección especial, explotación económica, explotación sexual y tráfico de menores, administración de justicia; y protocolos facultativos. Finalmente, se desarrollarán el Anexo I (legislación nacional) y el Anexo II (participación infantil).

A la luz de los arts. 28 y 29 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado parte:

• Aumente el presupuesto asignado a la educación.

• Aplique el Plan Social de educación para asegurar la asistencia escolar regular y la reducción de las tasas de deserción escolar, especialmente entre los niños más vulnerables.

• Fortalezca los programas de subsidios y becas para los niños más afectados por la crisis económica.

• Fortalezca y expanda la educación sobre los derechos humanos y de los niños.

• Mejore la calidad de la educación para alcanzar los objetivos mencionados en el art. 29, conforme con los comentarios generales del Comité N° 1 sobre los objetivos de la educación.

Durante años el Estado argentino apenas pudo superar el límite del 4 por ciento de inversión educativa con relación al Producto Bruto Interno (PBI). Este techo restringía la posibilidad de llevar adelante políticas públicas en el sector.

En materia de inversión educativa debía garantizarse un mecanismo que aportara los recursos más allá del período de una gestión gubernamental y que, simultáneamente, delimitara la contribución y responsabilidad de los distintos niveles de gobierno.

La situación económica y las proyecciones para los próximos años brindaron el marco propicio para impulsar una norma que contemplara esas necesidades.

En tal sentido, la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo estableció un horizonte de recursos para el sector, una división de compromisos entre el gobierno nacional y los provinciales, los instrumentos institucionales para garantizar su cumplimiento y los objetivos a contemplar en la aplicación de esos recursos.

Gracias a su cumplimiento, al concluir el año 2006 y por primera vez en la historia, la inversión educativa consolidada para el total del país había superado la barrera del 5 por ciento respecto del PBI, por vías legítimas y no meramente algebraicas (que es lo que había sucedido durante la crisis del 2001-2002 en la que la caída del PBI habría impactado positivamente en ese indicador mientras que, en realidad, la inversión estaba cayendo en términos reales por la inflación).

Así, para el año 2010 se espera un incremento de alrededor de cincuenta y tres mil millones de pesos, es decir, treinta mil millones de pesos más que la inversión desarrollada al momento de la promulgación de la Ley.

Hasta la vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo, el país destinaba, en promedio, entre el 3,5 y el 4 por ciento del PBI al sector educativo (con excepción de los años 2001 y 2002, en los que la pronunciada caída del PBI generó un incremento algebraico de ese indicador, pero no un aumento real).

En la actualidad, el gasto educativo consolidado representa, tanto en términos del PBI como en valores absolutos (reales), la inversión anual más alta de los últimos quince años.

G.1.1. Evolución del presupuesto del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología⁽¹⁾

En línea con la inversión total del Estado nacional destinada a la educación, la ciencia y la tecnología, la evolución del presupuesto del Ministerio de Educación (ME) en los últimos años da cuenta de los antecedentes de una política pública que subyacen a la Ley de Financiamiento Educativo.

Como se observa en los cuadros y gráficos, ya desde el año 2004 la inversión sectorial concretada por el ME, así como por el resto de los ministerios y organismos nacionales que gastan en Educación, Ciencia y Tecnología se incrementó en tasas anuales del orden del 30 al 40 por ciento; a saber:

• En los últimos cuatro años, se triplicó el presupuesto del ME (sin contar los recursos asignados por otros organismos y el Programa 700 escuelas). Al cabo del año 2007, la inversión del ME en educación básica se cuadruplicó en relación con el gasto ejecutado en el año 2003.

• La política de jerarquización del salario docente universitario, así como el financiamiento creciente de los requerimientos de funcionamiento de las casas de altos estudios, se cristalizó en un incremento de recursos aplicados para universidades nacionales superior al 170 por ciento, con una asignación cercana al 53 por ciento del presupuesto total del ME.

• Se triplicó el presupuesto del ME asignado directamente al financiamiento del Sistema Científico Tecnológico Nacional.

________

La sanción, en el año 2005, de la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo, con vigencia a partir del año 2006, introdujo nuevas reglas de juego para la coordinación de la inversión sectorial entre los distintos niveles de gobierno, con el objeto de llegar al 6 por ciento del PBI en el año 2010, a saber:

• Incluir en el Nivel Inicial al cien por ciento de la población de 5 años y asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de 3 y 4 años, priorizando a los sectores sociales más desfavorecidos.

• Garantizar un mínimo de 13 años de escolaridad obligatoria para todos los niños, niñas y jóvenes.

• Asegurar la inclusión de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales.

• Lograr que, como mínimo, el 30 por ciento de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas.

• Avanzar en la universalización del Nivel Medio logrando que los jóvenes no escolarizados –que por su edad deberían estar incorporados a este nivel– ingresen o se reincorporen y completen sus estudios.

• Erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional y fortalecer la educación de jóvenes y adultos en todos los niveles del sistema.

• Producir las transformaciones pedagógicas y estructurales que posibiliten mejorar la calidad y equidad del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades, garantizando la apropiación de los núcleos de aprendizaje prioritarios por parte de todos los alumnos de todos los niveles.

• Expandir la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en los establecimientos educativos y extender la enseñanza de una segunda lengua.

• Fortalecer la educación técnica y la formación profesional impulsando su modernización y vinculación con la producción y el trabajo.

• Incrementar la inversión en infraestructura y equipamiento de las escuelas y centros de formación profesional.

• Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del sistema educativo, la jerarquización de la carrera docente y el mejoramiento de la calidad en la formación docente inicial y continua.

• Fortalecer la democratización, la calidad, los procesos de innovación y la pertinencia de la educación brindada en el sistema universitario nacional.

• Jerarquizar la investigación científico-tecnológica y garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el sistema científico tecnológico nacional.

La Ley de Financiamiento Educativo agrega —a esa meta financiera— la previsión de los mecanismos para poder alcanzarla, determinando explícitamente tres aspectos concurrentes: a) la división de responsabilidades de financiamiento de cada nivel de gobierno, b) el horizonte temporal de las metas anuales de recursos, y c) la fuente de financiamiento de esas metas. Para ello:

• Establece una fórmula para cada nivel de gobierno en la que se proyecta la secuencia de recursos que deberá seguir cada uno. Esa ecuación desagrega el aporte a realizar según el incremento absoluto del mayor gasto sea para: a) mantener el porcentaje actual dentro del PBI o, b) aumentar ese porcentaje.

• Inaugura la aplicación de un recurso constitucional para el cumplimiento de la meta de financiamiento: los recursos necesarios para incrementar la participación del gasto en educación, ciencia y tecnología dentro del PBI, se afectan específicamente del incremento (esperado) de la coparticipación de impuestos (en los términos del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional).

• Compromete y garantiza –por vía de la afectación–, que una parte del aumento de la recaudación que potencialmente podría haberse destinado a otros sectores (por ejemplo, en igual magnitud para salud, seguridad), se vuelque a la educación, en una cuantía que implica la duplicación del presupuesto educativo consolidado del país –en términos del PBI– en tan sólo cinco años.

• Establece criterios técnicos que comprometen a que las provincias con menor gasto por alumno mejoren el desempeño en ese indicador, mediante el esfuerzo directo de los Estados provinciales, y la asistencia incremental del Estado nacional.

La Ley instituye además mecanismos de articulación bilateral entre el Estado nacional y los gobiernos provinciales. En tal sentido:

• Se firmaron convenios bilaterales anuales con las veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando cumplimiento al artículo 12 de la Ley, en los que se acordaron acciones educativas y las metas a alcanzar.

• En los dos primeros años de vigencia de la Ley, el aumento del gasto consolidado en Educación, Ciencia y Tecnología fue superior al 40 por ciento, incremento que fue asignado a los objetivos consensuados entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

• En los años 2006 y 2007 el gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología representó el 5,1 y el 5,3 por ciento respectivamente del PBI, superando las pautas previstas.

• Las jurisdicciones en su conjunto aumentaron el 32 por ciento su presupuesto desde la vigencia de la Ley.

• Los incrementos presupuestarios se reflejaron claramente en las remuneraciones docentes. El salario de bolsillo del maestro de grado, sin antigüedad, en un promedio ponderado del conjunto de las jurisdicciones, aumentó el 43 por ciento desde la aprobación de la Ley hasta septiembre del año 2007.

El artículo 9º de la Ley de Financiamiento Educativo crea el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, cuyo objetivo es: "...contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente en aquellas provincias en las cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades".

De este modo, da un marco legal a la política de mejoramiento salarial docente, iniciada en el año 2003, con la duplicación de los recursos presupuestarios destinados al Fondo Nacional de Incentivo Docente y la fijación –en el año 2005– de un piso salarial nacional.

En tal sentido, el cuadro y gráfico siguientes resultan elocuentes con relación al impacto en términos de equidad de las transferencias destinadas a garantizar pisos salariales docentes en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Allí se presenta el salario de la provincia que menos paga al maestro de grado que recién se inicia (es decir, sin antigüedad), el salario de ese cargo en la provincia que más paga, el promedio ponderado de los salarios de maestro de grado de todas las provincias y las relaciones (cocientes) entre el máximo y el mínimo, por un lado, y entre el máximo y el promedio por el otro.

El salario provincial del maestro de grado sin antigüedad más bajo del país aumentó en un 285 por ciento entre diciembre de 2002 y marzo de 2007; en tanto el más alto creció el 132 por ciento. En otras palabras, el esfuerzo volcado al incremento de los salarios más bajos más que duplicó el aumento de los salarios más altos.

Por ultimo, confirmando la política en este sentido, el Poder Ejecutivo Nacional elevó a comienzos del año 2008 el salario mínimo docente un 24 por ciento, ubicándose en mil doscientos noventa pesos ($1.290).

Al momento de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, el Estado nacional representaba alrededor del 28 por ciento del gasto educativo consolidado del país: con ello sostiene a las universidades nacionales, aparte del sistema científico-tecnológico, y financia programas específicos de la educación básica (becas escolares, infraestructura, equipamiento, capacitación docente, etcétera). El otro 72 por ciento era aportado por el conjunto de provincias para el sostenimiento de la educación no universitaria.

La Ley dispone una contribución incremental por parte del gobierno central: deberá aportar el 40 por ciento del incremento del gasto educativo como proporción del PBI.

De respetarse esa secuencia, el balance al final de la década debería mostrar al Estado nacional aportando alrededor de un 35 por ciento del gasto sectorial y a las provincias, el 65 por ciento restante.

Además, de verificarse el crecimiento proyectado del PBI, en cinco años el crecimiento de los casi dos puntos del financiamiento educativo implicaría: a) la más que duplicación de los recursos sectoriales y b) una mayor participación del Estado nacional en su contribución a aquellos.

Así, se verifica un quiebre en la histórica limitación presupuestaria a los requerimientos del sistema educativo nacional.

Tanto la estabilidad del financiamiento creciente destinado al sector desde mediados del año 2003 como la decisión de consolidar esa política a largo plazo a través del impulso y sanción de Ley de Financiamiento Educativo y el hecho, poco frecuente, de cumplir las metas legales propuestas –como es el caso de la inversión sectorial en los años 2006 y 2007–, constituyen un conjunto de condiciones inusualmente favorables para recuperar el rol de la educación, la ciencia y la tecnología como eje central del modelo de desarrollo del país.

La calidad de la educación pasa tanto por la consecución de determinados resultados como por el desarrollo del proceso educativo en sí mismo, en el que los espacios escolares son factores condicionantes de la actividad pedagógica; de sus posibilidades de uso dependen en buena medida los resultados.

Es necesario entonces considerarlos partes constitutivas de ese todo, comprometidos en el logro de una educación de calidad.

A partir de la sanción de la Ley Nº 24.049, en el año 1991, la Nación completó la transferencia de los servicios educativos de todos los establecimientos administrados por el Ministerio de Cultura y Educación y el entonces Consejo Nacional de Educación Técnica a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como consecuencia de la implementación de esta Ley, los edificios escolares son, desde entonces, jurisdicción de los gobiernos provinciales y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes tienen a su cargo su mantenimiento y las decisiones relacionadas con la necesidad de efectuar reparaciones y/o ampliaciones o con la construcción de nuevos edificios para albergar el incremento de la demanda o la sustitución de edificios de alta precariedad edilicia.

No obstante ello, la mejora de los espacios educativos por medio del financiamiento de obras de infraestructura y de la adquisición de equipamiento mobiliario e informático, constituyeron uno de los objetivos de la política educativa para optimizar la calidad, equidad y eficiencia de la oferta mejorando las condiciones físicas para el desarrollo de las tareas pedagógicas.

En efecto, las acciones integrales que se desarrollan en materia de infraestructura y equipamiento estructuran sus objetivos en torno al logro de una educación de calidad para todos.

Por ello, se trata necesariamente de contemplar todo el espectro del sistema educativo: tipos de educación, niveles y modalidades en contextos urbanos, rurales y urbanos marginales.

El espacio escolar entendido como el conjunto de espacios cerrados y abiertos, es al mismo tiempo continente y contenido de las situaciones de aprendizaje: es continente porque permite el trabajo de instrucción y de formación, pero también es contenido porque condiciona en gran medida los saberes, destrezas y actitudes que se imparten.

Así, la escuela ya no se concibe aislada: los complejos escenarios actuales llevan a pensar y actuar la educación más allá del edificio escolar.

Los proyectos contemplan espacios abiertos a la comunidad destinados a usos múltiples, sectores deportivos, bibliotecas, salas de informática, talleres, y favoreciendo la articulación entre ellos. Al tomar en consideración las demandas del medio, los espacios actúan en un concepto de discriminación positiva y de equidad en la oferta.

El concepto de espacios escolares inclusivos ha caracterizado a todas las acciones involucrando dos tipos de procesos. Por un lado, el proceso de integración, en la medida en que permiten la incorporación de niños, niñas y adolescentes de manera efectiva y amplia, sin discriminaciones de tipo físicas, jerárquicas o de género. Por otro lado, se llevó adelante un proceso de participación, impulsando procesos de gestión que implicaron a toda la comunidad educativa —docentes, alumnos, padres— en la consulta de opiniones y la toma de decisiones compartidas, la determinación conjunta de las necesidades para formular los programas y posteriormente en el uso integral e intensivo de los espacios.

En síntesis, las acciones encaradas desde la gestión educativa en materia de infraestructura escolar han generado un conjunto de condiciones que resultan imprescindibles a la hora de pensar una respuesta integral atenta a los desafíos de las actuales y futuras condiciones de escolaridad de niños, niñas y adolescentes.

El Programa Nacional 700 Escuelas es una acción conjunta del Ministerio de Educación, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y los Ministerios de Educación y/o Ministerios de Obras Publicas de cada jurisdicción provincial.

El programa lleva a cabo la construcción de edificios escolares nuevos en todo el país, de acuerdo a la demanda de cada jurisdicción.

Las acciones integrales del programa han estructurado sus objetivos en torno al logro de una educación equitativa y de calidad y, en respuesta a estos propósitos, atendiendo todos los tipos de educación: común, especial, adultos y artística y todos los niveles educativos: inicial, primario, medio y superior, en contextos urbanos, rurales y urbano marginales.

Para llevar adelante las obras, se ha trabajado de manera conjunta con los ministerios provinciales, luego de un proceso de selección de las escuelas a construir o reconstruir en virtud de una serie de condiciones:

• La existencia de una proporción de matrícula en situación de pobreza.

• La existencia de demanda efectiva o potencialmente insatisfecha en el área de influencia por nivel educativo.

• El deterioro estructural o funcional de los edificios.

Del mismo modo, el programa contempla la provisión de equipamiento mobiliario e informático a fin de favorecer la utilización de las nuevas tecnologías como fuente de información para facilitar la tarea pedagógica en escuelas a las que asisten niños y jóvenes de alta vulnerabilidad social, a saber:

• Las propuestas arquitectónicas del programa se han estructurado en base a los conceptos de inclusión, accesibilidad, pluralidad. Las respuestas han sido muy diversas y se ha prescindido ex profeso de respuestas únicas.

• La búsqueda de la unidad ha sido programática: los edificios responden al funcionamiento alternativo extraescolar, los edificios se reconocen como piezas representativas de la institución escolar. Intentan ser hitos en el tejido urbano o e el paisaje natural.

• Las escuelas se localizan en la totalidad de las provincias, en ámbitos rurales, urbanos y suburbanos, en diversas zonas geográficas: en zonas de llanura, en terrenos con pendientes, en zonas de montaña, en áreas tropicales, sobre el litoral fluvial y marítimo, en climas fríos, desérticos, templados, ventosos.

• Se han definido estrategias de identidad institucional, diseñando diversas piezas de identidad para aplicar en cada escuela, algunas de ellas de carácter obligatorio y otras, optativas.

• Las obras involucradas no presentan barreras arquitectónicas a las personas con movilidad física restringida, aplicándose todas las disposiciones que al efecto determina la Ley Nº 24.314 sobre Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida.

• Se cumplen estrictamente las normas de seguridad, como por ejemplo el uso de vidrios laminados, instalaciones contra incendio, puertas antipánico, entre otros.

• En la evaluación de las propuestas presentadas y en la definición de los criterios conceptuales se ha trabajado con diferentes áreas del ministerio de manera integral e intensa: Educación Especial, Nivel Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Docente y con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica para el abordaje de las escuelas técnicas.

A partir del año 2007, en el marco de las prioridades de política educativa fijadas por el Ministerio de Educación, se iniciaron las acciones de infraestructura contempladas en el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural, financiado por medio de un préstamo del Banco Mundial.

Este proyecto, destinado a fortalecer a la educación rural en el marco del cumplimiento de los objetivos de la Ley de Financiamiento Educativo, contempla la intervención en escuelas rurales aisladas en aspectos de mejoramiento de la infraestructura, priorizando la resolución de problemas de carencia de servicios esenciales y la provisión de equipamiento mobiliario y tecnológico, entre otras.

Entre las primeras acciones realizadas, se efectuó un relevamiento integral de más de cinco mil escuelas rurales aisladas, en articulación con la Universidad de La Plata.

A través de diversas líneas de acción que complementaron el resto de los programas, esta gestión colaboró con el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las escuelas mediante la construcción de más y mejores espacios educativos, destinados fundamentalmente a las comunidades que presentan mayores carencias socioeconómicas, a saber:

• Desde el Plan de Obras, se han encarado acciones de construcción de nuevos edificios para albergar mayor cantidad de alumnos, sustitución de edificios en estado precario o con graves problemas funcionales, y reparaciones, ampliaciones o mejoras en la calidad de los servicios. Las obras se ejecutaron a partir de las prioridades fijadas por las diferentes jurisdicciones.

• En el marco del Proyecto Provisión de Servicios Básicos, se ejecutan obras destinadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de los establecimientos –principalmente rurales– a través de la provisión de los servicios esenciales como el abastecimiento de agua potable, el suministro de energía eléctrica y gas.

• A través del Proyecto Microemprendimientos Productivos, se implementan obras destinadas al desarrollo de microemprendimientos que promueven la participación de la comunidad –alumnos, docentes y familias– en el desarrollo de actividades productivas que permitan el autoabastecimiento o la generación de ingresos a través de la venta de lo producido.

• Se contempló una línea de acción destinada a Obras de Emergencia, para dar respuesta al deterioro edilicio producido por fenómenos naturales (inundaciones, aludes o sismos) que impiden el normal desarrollo de las actividades en la escuela. En este marco, se asignaron también recursos de rápida ejecución para reparar deterioros edilicios que comprometían el inicio del ciclo lectivo.

• El componente equipamiento estuvo destinado específicamente la provisión de mobiliario para aulas, aulas de informática, bibliotecas, talleres, comedores, cocinas, albergues y equipamiento informático de escuelas de distinto nivel educativo. A través de esta línea de acción se efectuó asimismo la adquisición del mobiliario y equipos informáticos para proveer de la totalidad del equipamiento requerido a los nuevos edificios construidos a través del Programa Nacional 700 Escuelas, así como el equipamiento de las escuelas incorporadas al Programa Integral de Igualdad Educativa.

La igualdad, como reconoce la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, en su artículo 2°, es un pilar fundamental de la construcción de una sociedad justa y democrática. Este principio implica tanto el cumplimiento de los derechos como la distribución igualitaria de los bienes materiales.

El logro de la igualdad educativa se alcanza tanto a través de la inclusión formal en el sistema como mediante la garantía del acceso y la participación plena en el universo de nuestra cultura.

Estas son las condiciones que harán de la escuela un espacio público en el que sea posible pensar colectivamente acerca de nuestra realidad y, de este modo, contribuir a transformarla.

Las políticas de inclusión se orientaron a proveer las condiciones materiales fundamentales para el ejercicio efectivo de los derechos de acceso y tránsito de los niños, niñas y adolescentes por una experiencia escolar digna.

La dotación de recursos (becas para inclusión, libros y materiales didácticos, equipamiento informático), así como la construcción y renovación de espacios físicos, fueron concebidos como una condición básica para dar lugar a una propuesta educativa más amplia que busca habilitar otros recorridos para la enseñanza y el aprendizaje.

Al mismo tiempo, estas políticas procuraron garantizar las condiciones simbólicas para promover una propuesta educativa plenamente igualitaria y democrática.

Al diferenciarse de la concepción de igualdad como homogeneidad y supresión de las diferencias, se sostiene un principio de igualdad compleja. Esto significa una igualdad que sea capaz de valorar las diferencias, y al mismo tiempo actuar contra las injusticias.

Programa Nacional de Inclusión Educativa (PNIE)

El Programa Nacional de Inclusión Educativa (PNIE) ha sido creado por el Ministerio de Educación (y gestionado por medio de diversos organismos) para dar respuesta a uno de los problemas más graves y urgentes de nuestro país: la exclusión escolar de un sector de niños y adolescentes que han quedado fuera de los circuitos educativos del sistema a causa del deterioro socioeconómico de las últimas décadas.

El PNIE propone un modelo de trabajo innovador ya que plantea la gestión conjunta y asociada en distintos niveles organizacionales (nacional, jurisdiccional y territorial-local) entre los Estados y las organizaciones de la comunidad.

A tal fin se han diseñado e implementado Mesas de Coordinación Nacional, Provincial y Local. Asimismo, se ha desarrollado un trabajo intersectorial junto a organismos internacionales como UNICEF, otros organismos del Estado (Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Juventud) y organizaciones de la sociedad civil.

Las Mesas Locales desarrollan proyectos de inclusión organizados en una línea pedagógica innovadora denominada "espacio puente".

Se trata de nuevos espacios a cargo de docentes destinados a recibir en una primera instancia a los niños y jóvenes que se encuentran fuera del sistema: talleres de arte, clases de apoyo escolar, emprendimientos productivos, tutorías y otros.

En este espacio se desarrollan distintas estrategias –institucionales, grupales o individuales – para lograr al cabo de un año (como máximo) la inserción del alumno en el grupo de escolaridad común correspondiente.

Se busca incluir en forma paulatina y gradual a las niñas, niños y jóvenes en las propuestas escolares adecuadas a su edad que brinda el sistema educativo.

Entre los años 2003 y 2006, la matrícula de las salas de 3, 4 y 5 años se amplió significativamente.

La tasa de escolarización ascendió del 27,2 al 30,3 por ciento en la sala de 3 años; en la sala de 4 años pasó del 53 al 59 por ciento y del 91,4 al 94,6 por ciento, en la sala de 5 años.

Tal como se apuntó en el apartado "Coordinación" del Punto A —ver Suplemento Actos de Gobierno N° 37 del 26 de mayo de 2009—, en el año 2005, los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y de Salud firmaron un convenio en el que se comprometieron a llevar a cabo el Programa Nacional de Desarrollo Infantil "Primeros Años".

A partir de entonces, dichos ministerios han iniciado un trabajo conjunto para instalar como política pública el abordaje integral del desarrollo de niñas y niños de 0 a 4 años en su contexto familiar y comunitario, así como colaborar con las prácticas de crianza familiares, promoviendo redes de apoyo social y comunitario para el acompañamiento de las familias en contextos de pobreza y exclusión social, comprometiendo a una multiplicidad de actores en los niveles provinciales y locales, a saber:

• Se ha realizado una fuerte articulación entre los niveles nacionales, provinciales y locales: entre ministerios, con las provincias, con distintos actores sociales y organizaciones de la sociedad civil; se crearon Mesas Interministeriales e Intersectoriales.

• Se elaboraron y distribuyeron 32.000 cuadernillos con orientaciones para promover el desarrollo infantil, destinados a grupos familiares con niños de 0 a 4 años.

• Se produjeron 20 capítulos del programa de televisión "Primeros años. Creciendo juntos", que se difunde en el canal Encuentro del Ministerio de Educación.

• Se realizaron cursos de capacitación y asistencia técnica a 3000 facilitadores, quienes trabajaron con 500.000 familias en 2000 Centros de Alfabetización de todo el país.

El Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE), iniciado en el año 2004, es parte de una política nacional orientada a la inclusión y a garantizar el derecho de todos a una educación de calidad.

Las acciones emprendidas bajo este programa están dirigidas a escuelas urbanas de nivel primario a las que asisten niños y niñas en situación de pobreza y exclusión.

El PIIE se propone: promover la igualdad de oportunidades en términos de política educativa y la igualdad en el acceso a herramientas y recursos para el aprendizaje; promover, organizar e implementar acciones de formación e intercambio docente que fortalezcan el lugar central de la enseñanza; movilizar los recursos materiales y simbólicos necesarios para garantizar mejores condiciones de aprendizaje; promover un mayor y mejor vínculo entre la escuela y la comunidad; acompañar y apoyar el desarrollo de iniciativas pedagógicas escolares como espacios de acción y reflexión de las propuestas de enseñanza institucionales y de aula, a saber:

• El programa asiste a 2300 escuelas distribuidas proporcionalmente en todo el país.

• Atiende casi 1.200.000 alumnos (38 por ciento de la matrícula estatal urbana primaria de educación común). El PIIE apoya a las escuelas para que en cada una se diseñen e implementen "iniciativas pedagógicas", es decir prácticas, acciones, propuestas y proyectos que las escuelas definen y desarrollan colectivamente a partir de una problemática, un interés o una necesidad y que están vinculadas directamente con procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto se realiza a través del acompañamiento pedagógico y del aporte de recursos materiales.

• A lo largo de la gestión educativa (2003-2007), se destinaron más de treinta y tres millones de pesos a apoyar económicamente estas iniciativas pedagógicas.

• Se organizaron y pusieron en funcionamiento en todas las provincias equipos conformados por asistentes pedagógicos cuya tarea central fue acompañar y asesorar a las escuelas participantes del programa.

A su vez, el PIIE organiza, implementa y promueve espacios de formación e intercambio docente con y para los equipos jurisdiccionales y los directores de las escuelas.

En el marco de esta línea de acción, se ha puesto en marcha el proyecto Fortalecimiento Pedagógico de las Escuelas del PIIE (por medio de una donación de la Comunidad Europea) que consiste en fortalecer los espacios de formación docente y en equipar a las escuelas con tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s).

El PIIE también tiene entre sus objetivos movilizar y poner a disposición los recursos necesarios para garantizar mejor calidad de aprendizaje a los niños y niñas.

En el período que va desde el año 2003 al 2007:

• Cada una de las escuelas del PIIE recibió transferencias de recursos destinadas a la provisión de materiales escolares básicos, por un valor total de seis millones de pesos.

• Se distribuyeron dos mil trescientos gabinetes informáticos con ocho computadoras, tres impresoras, tres estabilizadores y su correspondiente concentrador de red.

• Se entregó una biblioteca escolar de quinientos títulos a cada escuela con el equipamiento mobiliario necesario.

• Se distribuyeron más de tres millones de libros de texto para los chicos.

• Se realizaron en las escuelas obras destinadas a la refacción de infraestructura: sanitarios, techos, cerramientos, construcción de aulas de informática y bibliotecas.

En el período, las escuelas incorporadas al PIIE aumentaron del 14,6 al 29,5 por ciento de los establecimientos estatales, urbanos y primarios. En el caso de la matrícula, el incremento se produjo del 19,0 al 34,1 por ciento.

La tasa de abandono interanual se redujo del 2,13 al 1,22 por ciento en los establecimientos estatales, urbanos y primarios en el período 2002-2005. En las escuelas del PIIE incorporadas con posterioridad a 2004, la disminución del abandono interanual fue mayor: pasó del 2,57 al 1,49 por ciento.

El PNIE se propone dar respuesta al problema de la exclusión educativa y social de niñas, niños y adolescentes que se encuentran fuera del sistema escolar.

El objetivo central es la inclusión a la escuela de aquellos que por diversos motivos nunca ingresaron o que abandonaron los estudios, generando estrategias que permitan integrar al sistema educativo a alumnos con diferentes trayectorias sociales y escolares en el menor tiempo posible, incorporándolos al curso más próximo a su edad, o a la modalidad educativa que se evalúe como más conveniente.

A fin de garantizar la vuelta y permanencia en la escuela se han creado líneas de becas y acompañamiento pedagógico, según los grupos de destinatarios:

• "Todos a Estudiar". Esta línea se propone dar respuesta al problema de la exclusión educativa y social de niños, niñas y adolescentes de entre 11 y 18 años de edad que se encuentran fuera del sistema escolar. El objetivo central es la inclusión a la escuela de aquellos que por diversos motivos nunca ingresaron o que abandonaron los estudios. El programa busca crear estrategias que, a modo de puente, permitan integrar a alumnos con diferentes trayectorias escolares y sociales en el menor tiempo posible. El objetivo es incorporarlos al curso escolar más próximo a su edad o a la modalidad educativa que se evalúe como más conveniente según cada situación en particular. A la fecha, se ha reincorporado a la escuela a treinta y dos mil niños, niñas y adolescentes que habían abandonado sus estudios.
• "Volver a la Escuela". Continuando con los objetivos planteados por la línea "Todos a Estudiar", lanzada en el año 2004, se amplía la cobertura a chicos de 6 a 14 años con el fin de asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes puedan completar sus estudios obligatorios.
• "Línea Rural". El objetivo es evitar el abandono de la escuela de los niños y jóvenes de zonas rurales. La propuesta incluye el otorgamiento de becas de manera excepcional a los alumnos que estén concurriendo a EGB 2 (4º, 5º o 6º año) en escuelas rurales aisladas y presenten un estado de sobreedad muy avanzada al 30 de junio del 2006 (tres o más años de defasaje entre su edad cronológica y el año de escolaridad que están cursando). Sus padres o tutores deberán dejar constancia de la necesidad de una beca para poder continuar sus estudios; y a los alumnos que hayan finalizado EGB 2 en escuelas rurales aisladas en el año 2005 y que al 15 de abril de 2006 no hayan iniciado EGB 3.

Para acompañar estas acciones, el Ministerio de Educación ha creado por primera vez un Fondo Escolar para la Inclusión Educativa (FEIE) que comprende apoyo económico de:

• Becas para los jóvenes que inician el proceso de inclusión.
• Subsidio para el desarrollo del proyecto de inclusión de cada Mesa Local.
• Subsidio para la adquisición del equipamiento escolar necesario para la realización del proyecto.
• Plus para la tarea de los facilitadores pedagógicos en la ejecución del proyecto.

Se han transferido más de mil doscientos millones de pesos en becas destinadas a que niños, niñas y adolescentes tengan igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo.

El Programa Nacional de Becas Estudiantiles tiene por objetivo estimular la permanencia, promoción y egreso de los alumnos de entre 13 y 19 años que se encuentran en situaciones que dificultan su continuidad en el sistema educativo, concurren a escuelas públicas y cuyas familias se encuentran en contextos de pobreza.

Se lleva adelante en todo el país y se implementa en el marco de una gestión descentralizada a partir de los sistemas educativos de cada jurisdicción.

Las actividades del programa están organizadas en torno de tres líneas: becas, proyectos institucionales y textos de estudio.

A los efectos de acompañar el trayecto educativo de los alumnos se otorgan becas anuales de quinientos pesos ($500). Durante los años 2003-2007, se modificaron los procedimientos de modo de eliminar ciertos requisitos para contribuir a lograr mayores niveles de igualdad.

En este sentido, continúa vigente el requerimiento de poseer Documento Nacional de Identidad y el de mérito exigido a los alumnos en términos de promoción y asistencia.

Los Proyectos Institucionales de Retención (PIR) tienen como objetivo el desarrollo de acciones institucionales y pedagógicas para mejorar los niveles de permanencia y promoción de los alumnos. En este sentido, los equipos directivos y docentes de las escuelas presentan proyectos para afrontar –recibiendo financiamiento y asesoría– las problemáticas de repitencia y abandono escolar.

Se han apoyado y financiado 16.631 proyectos institucionales por un valor de sesenta y tres millones de pesos ($63.000.000).

El programa convoca a todas las personas de 15 años o más que no saben leer y escribir a iniciar un proceso de aprendizaje.

Un trayecto de cinco meses permite abordar la alfabetización inicial y la certificación habilita la continuidad de estudios en el nivel primario de adultos o su equivalente según la jurisdicción.

Mejorar la calidad de la educación implicó mejorar las condiciones materiales y pedagógicas de la escuela para que fuera posible volver a hacer de ella un lugar de transmisión intergeneracional, de inscripción de los jóvenes en la historia colectiva y un espacio para pensar el futuro.

Con estos objetivos, se desarrollaron acciones para producir una renovación de los vínculos entre docentes y estudiantes, y de los modos de producción y circulación de los saberes en la escuela, apostando a la renovación de prácticas y sentidos en torno a la experiencia educativa.

En este marco, se definió junto con las provincias una base común de saberes que contribuyera a garantizar el derecho de todos los chicos del país de acceder a aquellos que resultan imprescindibles para participar en la sociedad.

Para esto, resultó necesario incentivar un diálogo reflexivo de las escuelas con las transformaciones contemporáneas y con el pasado reciente.

Los cambios no pidieron permiso para entrar a las escuelas: se hicieron presentes en los alumnos, sus familias, con sus dolores y con sus esperanzas, también con nuevas tecnologías de la comunicación y de la información (con efectos profundos en la forma en que se construye y circula socialmente el saber) y, en fin, en identidades infantiles y juveniles y en el vínculo con los adultos encargados de transmitir el patrimonio cultural.

Frente a esto, se buscó iniciar el camino de producir las condiciones necesarias para que los docentes pudieran asumir el desafío de analizar estas transformaciones, y también lograr que en el encuentro con sus alumnos tenga lugar un espacio de lectura y análisis del tiempo presente.

A continuación, se describen las propuestas implementadas que han estado dirigidas a ofrecer una educación de calidad para todos. En una primera parte, se presentan las políticas y acciones orientadas al mejoramiento del sistema en sus distintos niveles y contextos, mientras que en la segunda se desarrollan líneas vinculadas a la integración del sistema educativo nacional, referidas a la definición de un fondo común de saberes, a la enseñanza en las aulas de temas que nos afectan a todos y a la promoción del arte y la cultura.

En el marco del Consejo Federal de Cultura y Educación se acordó la aprobación de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), conformándose una base común para la enseñanza en todo el país. Los NAP definidos para el Nivel Inicial, la Educación Primaria y el primer tramo de la Educación Secundaria constituyen un conjunto de saberes que deben formar parte de la educación de todos los niños y las niñas, tanto por su significación subjetiva y social como por su potencialidad para construir, en un proceso de mediano plazo, una base común que aporte a revertir las injusticias.

Sobre la base de los NAP, el Ministerio de Educación elaboró la serie de libros Cuadernos para el aula, una colección de dos libros para la educación inicial, veintiocho libros para la educación primaria y veinte para la formación secundaria.

Estos materiales de apoyo para las maestras, maestros y profesores aspiran a ser una caja de herramientas que oriente y acompañe el trabajo cotidiano en las aulas, facilitando puentes entre los NAP y la práctica. Contienen propuestas de aula para la enseñanza de esos Núcleos en los distintos campos de conocimiento (Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales y Tecnología). También se avanzó en el desarrollo de propuestas para la Formación Etica y Ciudadana y la Educación Artística.

Al comienzo de cada año, desde el año 2005, se ha entregado a cada familia que envía a sus hijos a las diferentes escuelas del país un cuadernillo de la colección Juntos, familias con la escuela. El propósito de la colección es contribuir a recrear lazos entre la escuela y la familia, compartiendo con la comunidad el alcance de los desafíos educativos que asume la escuela en cumplimiento de su función de transmisión de saberes. La producción incluye cuadernillos para cada uno de los años de escolaridad, desde el Nivel Inicial hasta el décimo año de la escolaridad.

Entre 2005 y 2007 se publicaron y distribuyeron más de veinte millones de ejemplares.

El Proyecto de Educación Alimentaria y Nutricional, que cuenta con el apoyo de la Food and Agricultura Organization (FAO), tuvo como propósito desarrollar materiales para docentes y alumnos para incluir contenidos sobre Educación Alimentaria en las aulas, a saber:

• Se elaboró un diagnóstico sobre concepciones y pautas de alimentación de los alumnos y sus familias, prácticas de enseñanza vinculadas al tema y estado nutricional de la población estudiantil.
• Se realizó un relevamiento sobre materiales existentes vinculados al tema (materiales curriculares y publicaciones en páginas Web); y se avanzó en la elaboración de materiales educativos para docentes y alumnos de educación primaria.

Se trata de un proyecto binacional argentino-brasileño para la construcción de una Identidad Regional Bilingüe e Intercultural en el marco de cooperación interfronteriza.

El Programa Bilingüe de Frontera comenzó en 2005 a través del intercambio de docentes para la enseñanza bilingüe a niños del Nivel inicial y primer año de la educación primaria de Argentina y primera serie de Brasil, con alcance progresivo.

El componente intercultural alcanza a todos los actores de las escuelas participantes y a docentes y alumnos de todos los años.

• Se realizaron relevamientos sociolingüísticos.
• Se capacitó a docentes de las escuelas involucradas de ambos países.
• Se entregaron libros, videos y materiales didácticos para la dotación de bibliotecas bilingües en las escuelas de ambos países.
• Se elaboraron materiales sobre el proyecto de enseñanza común en escuelas de zona de frontera a partir del desarrollo de un programa para la educación intercultural, con énfasis en la enseñanza del portugués y el español, que recoge los acuerdos alcanzados entre los equipos de ambos países relativos a la interculturalidad, la sociolingüística y la pedagogía del español y del portugués.

El Ministerio de Educación ha diseñado e implementado el Programa de Apoyo al Ultimo Año del Nivel Secundario para la articulación con el nivel superior.

En el marco de este programa y a través de cursos gratuitos de apoyo se ofrece capacitación extracurricular en contenidos que ayuden a los jóvenes a acceder a la educación superior y a recorrer con mayor facilidad ese nivel educativo.

El curso es dictado por equipos del Ministerio, universidades nacionales, Institutos de Formación Docente y profesores de escuelas secundarias, en provincias del Noroeste y Noreste argentino, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El curso se dictó con éxito durante 2004, 2005, 2006 y 2007. Se inscribieron más de ciento treinta mil alumnos.

Una de las grandes preocupaciones del Poder Ejecutivo Nacional ha sido garantizar mejor educación a los niños y jóvenes que asisten a nuestras escuelas rurales.

En este sentido, entre 2004 y 2007 las propuestas de educación rural dejaron progresivamente de contemplarse desde los programas compensatorios y los Ministerios de Educación de las provincias fueron incorporando a su estructura de gobierno el Area de Educación Rural, articulando desde allí, de manera transversal, definiciones para los diferentes niveles del sistema educativo. Así se creó el Programa de Mejoramiento de la Educación Rural.

A su vez, en este marco, se diseñaron e implementaron acciones tendientes a organizar el conjunto de las escuelas rurales de cada jurisdicción en agrupamientos de instituciones cercanas, con el propósito de superar el aislamiento relativo de docentes, alumnos y comunidades en ámbitos rurales.

Las doce mil escuelas rurales se han reorganizado en aproximadamente mil cuatrocientos grupos de escuelas de una misma zona. Las provincias seleccionaron las escuelas que conforman cada agrupamiento y la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE) les otorgó una clave única de identificación (CUA).

Para mejorar la calidad de la educación rural y garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria en escuelas cercanas a sus lugares de residencia, se desarrollaron propuestas pedagógicas que comprenden, entre otras, alternativas de desarrollo profesional docente, provisión de materiales de desarrollo curricular para alumnos y docentes y equipamiento institucional, provistos desde los recursos del Programa de Mejoramiento de la Educación Rural.

Entre los años 2004 y 2007 se llevó adelante también el Relevamiento de Escuelas Rurales en tres etapas sucesivas. Comenzó con el abordaje de escuelas rurales de EGB 1 y EGB 2 en zonas aisladas del NEA y NOA.

Esta decisión no fue azarosa: el mandato de inclusión educativa que caracterizó a la gestión educativa condujo a poner la mirada sobre aquellos establecimientos de las zonas y ámbitos educativos más relegados, con el objeto de adoptar decisiones de política que apuntaran a fortalecer las ofertas educativas sobre la base de información sólida, precisa y actualizada. De esta forma, el relevamiento buscó obtener un estado de situación de las escuelas rurales en el marco del Programa de Mejoramiento de la Educación Rural.

La política educativa impulsada por el Ministerio de Educación para la educación especial tiene como tarea sustantiva garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, a saber:

• Se han impulsado acciones para ampliar la oferta educativa dirigida a los jóvenes con discapacidad, promoviendo la reflexión sobre su lugar como ciudadanos activos que participan y desarrollan su cultura.
• En el marco del Programa 700 Escuelas se han construido treinta y dos edificios para la Educación Especial.
• Se implementaron programas para la educación temprana con propuestas de didácticas que favorecen el desarrollo de los aprendizajes de los niños y facilitan su inclusión en el sistema educativo.
• Se diseñaron materiales virtuales de apoyo para optimizar la utilización pedagógica de las herramientas informáticas con la que ya cuentan las instituciones a través del Programa OEA 2006 "Las Nuevas Tecnologías y la Educación Inclusiva a la capacitación y actualización docente en la búsqueda de una Educación de Calidad... Una Escuela Inclusiva".
• Se actualizó el equipamiento informático de las escuelas de Discapacitados Visuales de la Educación Inicial y Primaria.
• En relación a las políticas de inclusión educativa, se han revisado las propuestas de enseñanza de la escuela especial y las estrategias que se implementan para la integración a la escolaridad común en la Educación Inicial y Primaria con el objetivo de enriquecer los procesos de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.

El Programa Nacional de Educación en Contextos de Encierro nació en el año 2003 para la atención educativa de un sector de la población de alta vulnerabilidad y permanente desconocimiento de sus derechos civiles.

La gestión educativa, en efecto, busca por este medio la inclusión educativa de los jóvenes que están privados de su libertad, para ofrecerle mejores condiciones para su reinserción social y laboral cuando recuperen la libertad.

El programa está dirigido tanto a adolescentes, jóvenes y adultos, así como a niñas y niños nacidos y/o criados en cautiverio que viven con sus madres presas.

La meta es fortalecer las ofertas educativas en todos sus niveles y modalidades, para garantizar el derecho a la educación y al desarrollo pleno de estas personas, a saber:

Se proveyó equipamiento tecnológico a las escuelas en cárceles federales y provinciales de trece jurisdicciones: fotocopiadoras, televisores, video reproductoras, computadoras e impresoras.

Se entregaron más de 185.000 libros de texto de Terminalidad de EGB de Adultos, en convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Se equiparon las bibliotecas de las escuelas en cárceles con cerca de cien mil textos literarios, entregados por el Plan Nacional de Lectura y la Campaña Nacional de Lectura.

Se realizaron acciones de capacitación a equipos técnicos, directivos y docentes de quince provincias, relacionados tanto con el ámbito carcelario como con instituciones cerradas que alojan a adolescentes en conflicto con la Ley.

Este programa, que ha sido creado en el año 2004, asume la responsabilidad de avanzar en la gestión de respuestas educativas a los derechos de los pueblos originarios reconocidos por la legislación argentina.

Su objetivo principal es promover la realización de proyectos pedagógico-institucionales cuyos destinatarios son los pueblos originarios y cuya temática está centrada en el fortalecimiento de la identidad y de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje desde una perspectiva intercultural y bilingüe.

A la fecha han sido desarrollados más de trescientos proyectos pedagógicos institucionales en igual cantidad de escuelas en todo el país y distribuido más de cuarenta mil becas a estudiantes indígenas que cursan el Nivel Medio durante el período 2003-2007.

A partir de la sanción de la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, se constituyó e inició el trabajo de la comisión interdisciplinaria encargada de elaborar una propuesta de contenidos que resultara aprobada por el Consejo Federal de Educación.

A su vez, la mencionada Ley creó el Programa de Educación Sexual Integral y, en ese marco, se aprobó un plan de acción para su implementación y se integró un área específica para su desarrollo.

A esa área se sumó el Proyecto de Prevención de VIH/SIDA en la Escuela, con financiamiento del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, que involucra a setecientos cuarenta y cinco establecimientos educativos en dieciséis jurisdicciones. Este implica una inversión de quinientos sesenta y tres mil pesos ($563.000) en capacitación a referentes provinciales, directores de escuelas, docentes, preceptores, así como para la producción de materiales.

Por otra parte, el Ministerio de Educación —conjuntamente con el Ministerio de Salud en una estrategia intersectorial— se integró al Proyecto Regional de Armonización de Políticas Públicas para la promoción de los derechos de la salud, educación sexual y la prevención del VIH 2007-2009, promovido por ONUSIDA, el Centro Internacional de Cooperación Técnica (CICT-VIH/SIDA) y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ).

La Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO es una red única que cuenta con unas siete mil escuelas en ciento setenta países con el objetivo de promover los ideales de la UNESCO. Funciona como un medio para contribuir a la calidad de la educación, en línea con el Marco de Acción de Dakar (Foro Mundial de Educación, Senegal, 2000).

Entre los años 2003 y 2007 diversas acciones se realizaron para ampliar esta red dentro de la Argentina y promover en las escuelas participantes la realización de proyectos destinados a fortalecer el papel de la educación en la promoción de una cultura de paz y tolerancia, a saber:

• Se incorporaron treinta y ocho escuelas a la Red Argentina, ampliando la participación de instituciones de las provincias de la Región del Noroeste y el Noreste.
• Dos escuelas viajaron a Roma, Italia, premiadas por el Programa Mondialogo, alcanzando una de ellas el tercer puesto.

El Estado argentino en los últimos años ha trabajado intensamente en la planificación y gestión de las acciones tendientes a lograr los objetivos estratégicos del sector educativo del MERCOSUR en educación básica, así como consolidar la identidad regional a través de la promoción de una ciudadanía común, una cultura de paz y el respeto a la democracia y los derechos humanos, a saber:

• La República Argentina asumió la responsabilidad de coordinar la elaboración de materiales didácticos de Derechos Humanos en el MERCOSUR, de acuerdo a los criterios conjuntos de los países miembros. El objetivo prioritario es la formación ciudadana para la democracia.
• Se preparó y distribuyó la "Biblioteca Escolar MERCOSUR", compuesta por textos de la tradición popular de los países miembros y por obras de autores consagrados, a partir de los cuales es posible reconocer la riqueza histórica y cultural y la diversidad social y lingüística de la región.
• Se realizaron cuatro ediciones del Concurso anual histórico-literario "Caminos del MERCOSUR" para estudiantes de nivel medio de todos los países miembros, los ganadores de todos los países realizan, conjuntamente, un viaje de estudios de diez días por alguna de las rutas emblemáticas de la región.
• En 2005, con motivo del Año Iberoamericano de Lectura, se desarrolló la iniciativa "MERCOSUR lee", cuyo propósito fue acercar a todos los países de la región buenas lecturas latinoamericanas. El Ministerio de Educación publicó más de un millón de ejemplares que fueron distribuidos en escuelas de todos los países hermanos.

La lectura como práctica cultural ha constituido una de las prioridades de la gestión del Ministerio de Educación. En efecto, existe un consenso social y una preocupación generalizada sobre la práctica de la lectura, en muchos casos suscitada por los diagnósticos que indican los bajos rendimientos de los alumnos de distintos niveles del sistema educativo, por la disminución del uso de libros de texto y generales en las escuelas, así como la transformación de las prácticas culturales fuera de la escuela.

El Plan Nacional de Lectura se ha propuesto brindar asistencia técnica y recursos para que cada jurisdicción desarrolle las líneas de trabajo que atiendan a las características y necesidades de la zona, a la vez que integre una red más amplia con objetivos nacionales.

Desde 2003 hasta la fecha se han creado y fortalecido planes de lectura en todas las jurisdicciones del país y se han consolidado lineamientos comunes a nivel nacional, a saber:

• En las veinticuatro jurisdicciones trabajan equipos provinciales de capacitadores y talleristas que realizan acciones de capacitación.
• En todas las jurisdicciones se realizan tareas de promoción de la lectura directamente destinadas a alumnos y a la comunidad en general.
• Se ha trabajado en la creación de Centros de Promoción de la Lectura en cada jurisdicción como espacios de referencia de cada plan.

El programa enmarca sus acciones en la Ley de Educación Nacional que define los siguientes objetivos:

• En la Educación Inicial: promover el desarrollo de los alumnos como sujetos de derecho —en tanto miembros de una familia y de una comunidad— y partícipes activos de un proceso de formación integral.
• En la Educación Primaria: promover el ejercicio responsable de sus derechos y obligaciones, la participación y la resolución no violenta de los conflictos como prácticas formativas de la ciudadanía democrática.
• En la Educación Secundaria: preparar para el ejercicio de la ciudadanía responsable a los alumnos, como sujetos concientes de sus derechos y obligaciones, respetuosos de los Derechos Humanos y dispuestos a rechazar toda forma de discriminación.

Los objetivos descriptos se implementan a través de tres líneas:

• Asistencia técnica y capacitación.
• Acompañamiento y asistencia técnica a las jurisdicciones en la construcción de estrategias para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante diversas formas de vulneración o daño (maltrato, discriminación, exclusión u otras).
• Organización conjunta de iniciativas de capacitación para abordar la promoción de los derechos en la escuela.

A la luz del art. 32 de la Convención el Comité recomienda que el Estado parte:

• Lleve a cabo un estudio exhaustivo sobre el trabajo infantil para evaluar la extensión, alcance y naturaleza de este problema.
• Continúe cumpliendo y fortaleciendo la legislación que protege a los menores que trabajan de acuerdo con los Convenios de la OIT N° 138 y N° 182, también con vistas a aumentar la edad mínima a 15 años.
• Continúe desarrollando y asegurando la adopción del Plan Nacional para Evitar y Erradicar el Trabajo Infantil.
• Cree un sistema confiable para reunir información sobre el trabajo infantil. •
• Combata y erradique lo más eficazmente posible todas las formas de trabajo infantil, incluso mediante el fortalecimiento de su cooperación con la OIT/IPEC y UNICEF.

En consonancia con lo recomendado por el Comité, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), en forma conjunta con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y con la asistencia técnica y financiera del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT/ IPEC) publicó en el año 2006 la primera "Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes" (EANNA).

La importancia de la encuesta es doble: por un lado provee de datos confiables que permiten conocer la dimensión y características del trabajo infantil de casi el 50 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años de la Argentina y, por otro, posibilita comparar la situación del trabajo infantil con otros países que desarrollaron encuestas similares.

La EANNA tuvo dos grandes operativos de recopilación de información en el tiempo. El primero, cuyos datos se comentan en este apartado, se realizó a fines del año 2004 en una amplia área del país. El segundo se efectuó a fines del año 2006 en dos provincias no cubiertas por el operativo previo, Córdoba y Misiones. Actualmente la información recogida en este último se encuentra en la etapa de procesamiento final.

El área de cobertura de la EANNA 2004 abarca el área metropolitana del Gran Buenos Aires (GBA), la provincia de Mendoza, la subregión del Noreste (NEA) que corresponde a las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán y la subregión del Noroeste (NOA) que abarca a las provincias de Formosa y Chaco.

La EANNA se realizó sobre zonas urbanas y rurales y fue relevada de acuerdo a una muestra representativa elaborada por el INDEC para encuestas a hogares. Se recogieron datos de todos los integrantes de hogar y se efectuó una indagación amplia respecto a la población de 5 a 17 años, diferenciado en el análisis al grupo de 5 a 13 años como niños y niñas y al de 14 a 17 años como adolescentes.

Los cuestionarios dirigidos a recoger la información sobre las actividades infantiles y juveniles fueron contestados por los propios niños, niñas y adolescentes con escasa participación de los adultos.

Esta situación redunda en una mayor confiabilidad de los datos ya que muchas veces los adultos tienden a ocultar situaciones de trabajo infantil.

Es necesario destacar que, a pesar de su amplia cobertura, los resultados de la EANNA 2004 no pueden ser extrapolados o expandidos a otras regiones ni al conjunto del país.

La encuesta relevó actividades económicas y no económicas de niños, niñas y adolescentes y en ella se conceptualiza al trabajo infantil de acuerdo a una definición restringida que lo homologa al concepto de trabajo utilizado para los adultos.

Así el trabajo infantil, en sentido estricto, incluye toda actividad de comercialización, producción, transformación, distribución o venta de bienes y servicios, remunerada o no, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona física o jurídica por personas que no han cumplido los 18 años de edad (IPEC, 1998).

Debido a que determinadas tareas no son consideradas laborales en algunas encuestas e investigaciones, se distinguen otras dos actividades productivas infantiles que pueden integrar un concepto más amplio de trabajo. Por un lado, las actividades que se refieren a la producción de bienes primarios para el consumo del hogar y a la construcción o remodelación de la propia vivienda y, por otro, las tareas domésticas efectuadas para el propio hogar que insumen una carga horaria excesiva, lo que conspira con las actividades educativas, recreativas y el descanso necesario para un desarrollo adecuado en la niñez y en la adolescencia.

En este marco conceptual, se prioriza la actividad laboral infantil sobre la producción para el propio consumo del hogar y a ésta sobre las tareas domésticas intensas, es decir, un niño, niña o adolescente es clasificado como trabajador si realiza actividades productivas para el mercado, como productor para el autoconsumo si realiza estas actividades pero no trabaja y como trabajador doméstico para el propio hogar cuando efectúa este tipo de tareas con una dedicación intensa y no trabaja ni produce bienes para el autoconsumo del hogar.

Como se advierte en el cuadro que sigue, de acuerdo a las tres categorías definidas (trabajo, producción para el autoconsumo y tareas domésticas intensas), en las áreas cubiertas por la encuesta se registra que el 6,5 por ciento de los niños y las niñas de 5 a 13 años trabajó en la semana de referencia en actividades equivalentes al trabajo adulto, un 4,1 por ciento produjo bienes primarios o participó en actividades de autoconstrucción para el propio hogar y el 11,4 por ciento realizó tareas domésticas por diez horas semanales o más.

En el grupo de adolescentes de 14 a 17 años, trabajaron el 20,1 por ciento, el 6.6 por ciento realizó actividades productivas para el autoconsumo y el 11,4 por ciento efectuó tareas domésticas intensas por quince horas semanales o más.

En cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en relación a la confección del listado de trabajo infantil peligroso, establecido en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su artículo 4, incisos a, b, c y d, las áreas gubernamentales de trabajo, salud, derechos humanos, entre otros, coordinados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, han elaborado un documento denominado "Borrador Proyecto de Decreto sobre listado de trabajos, actividades, ocupaciones y tareas prohibidas para niños, niñas y adolescentes menores de 18 años" que tomó como base el listado de actividades que propone la Recomendación 190 de la OIT.

Simultáneamente, se realizó una consulta a organizaciones sindicales y a representantes empresariales para que aportaran sugerencias de actividades a ser incorporadas al listado mencionado y se convocó a "Consulta Pública para elaborar la Lista de las Peores Formas de Trabajo Infantil" a través de los medios de comunicación masivos a fin de que la población en general se manifieste.

El documento "Borrador Proyecto de Decreto sobre listado de trabajos, actividades, ocupaciones y tareas prohibidas para niños, niñas y adolescentes menores de 18 años" fue analizado por la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) que elaboró un informe sugiriendo criterios a fin de ampliar la conceptualización de este grupo de modalidades de trabajo infantil, en consonancia con la normativa internacional vigente y con el Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, de cuyos objetivos el número 10 se refiere expresamente a la erradicación de todas las modalidades consideradas peores formas.

Otras observaciones realizadas por la CONAETI versaron sobre la incorporación de actividades no contempladas en el listado. Asimismo, propuso un cambio en la organización del listado en función a un criterio "por actividades económicas" en lugar del criterio "por factor de riesgo" con el cual estaba organizado.

A decir del grupo de trabajo aquel criterio asegura una cobertura más amplia de todas las actividades que realizan niños, niñas y adolescentes pues entiende que todas las actividades que realizadas por éstos —por debajo de la edad mínima de admisión al empleo— son peligrosos y por ello se propone que se enlisten sólo las actividades que realicen los adolescentes, es decir entre 14 y 18 años.

En la actualidad tanto la propuesta del listado elaborada por el primer grupo como la propuesta de la CONAETI están a consideración de la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Por otro lado es importante destacar la labor de la CONAETI, en la elaboración de un proyecto de Ley para elevar progresivamente la edad mínima de admisión al empleo a los dieciocho años de edad. (se recomienda complementar estas menciones con el apartado "Legislación" del Punto A de este informe, —ver Suplemento Actos de Gobierno N° 37 del 26 de mayo de 2009—).

La CONAETI elaboró durante el segundo semestre del año 2005 y el primer trimestre del año 2006 el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil con amplia participación de todas las provincias.

El documento final fue consensuado y aprobado por la CONAETI y todas las provincias en junio del año 2006 en el Tercer Encuentro de Comisiones Provinciales de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

El Plan Nacional constituye una herramienta fundamental para enmarcar las acciones que a nivel nacional, provincial o municipal emprendan tanto actores públicos como privados en materia de trabajo infantil y responde a compromisos previamente asumidos por el país.

Para facilitar su cumplimiento, en el ámbito de la CONAETI se organizaron diez subcomisiones temáticas que corresponden a cada uno de los diez objetivos del Plan Nacional.

• Objetivo 3: "Promover la creación de Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y fortalecer la institucionalización de las existentes".

La CONAETI ha promovido la constitución de Comisiones Provinciales de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETIs) y lleva adelante una política de fortalecimiento de gestión de las existentes. En la actualidad existen COPRETIs en 19 provincias del país a saber: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Desde el año 2005 se realizan dos encuentros nacionales por año de todas las comisiones provinciales y, a su vez, encuentros regionales en las cinco regiones del país (NOA NEA, Centro, Cuyo, Patagónica).

En el III Encuentro Nacional (29 y 30 de junio de 2006) se trabajó, entre otros ejes, en base a fortalezas y debilidades institucionales de cada comisión provincial lográndose un diagnóstico de situación y un interesante intercambio de experiencias que permitió encauza, ampliar y/o enriquecer las acciones para el abordaje de la problemática.

En el IV Encuentro Nacional (11 y 12 de diciembre de 2006) cada provincia aportó información para la confección de un mapa del trabajo infantil rural en todas las provincias participantes, con las siguientes dimensiones: tipo de cultivo, actividad dentro del proceso en la que participan los niños/as, calendario de cada cultivo y forma de contratación de los trabajadores (estables o golondrinas).

Este mapeo fue presentado en el V Encuentro Nacional, en mayo del año 2007. De acuerdo a este diagnóstico, cada región delineó propuestas conjuntas entre las provincias que la integran, para abordar los aspectos comunes de la problemática.

• Objetivo 5: "Readecuar y fortalecer los Sistemas de Inspección del Trabajo en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil".

La Secretaría de Trabajo del MTEySS, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 357/02, "es la encargada de entender en la eliminación del trabajo forzoso y el trabajo infantil".

En lo que respecta a la inspección de trabajo infantil, el poder de policía o facultad de fiscalización laboral, es aquella función que realiza el Estado en el control del efectivo cumplimiento de las normas laborales a fin de garantizar los derechos de los trabajadores.

Desde el año 2003, el MTEySS ha impulsado la firma de convenios con los gobiernos provinciales a efectos de lograr acciones simultáneas y sostenidas que contribuyan a la reducción del índice del trabajo no registrado, a la mejora de la seguridad y la higiene en el ámbito laboral y a la definitiva erradicación del trabajo infantil.

Asimismo, si bien el Plan Nacional de Regularización del Trabajo tiene como principal objetivo regularizar trabajadores incluyéndolos en el sistema de la seguridad social, para que puedan gozar de los beneficios que brinda, también en el desarrollo de las acciones de fiscalización resulta de interés especial detectar niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo.

Para el caso de encontrar niños o niñas trabajando, los fiscalizadores del MTEySS, actúan en los términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Nº 25.877; esto es, se labra el acta de infracción correspondiente al empleador por ocupación de mano de obra infantil y se remite la actuación a la autoridad laboral provincial correspondiente para la continuación del procedimiento sancionatorio.

Por otro lado, considerando que la inspección de trabajo debe encuadrarse dentro na Política Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y todo el esfuerzo n la lucha contra el trabajo infantil debe sistematizarse para observar los impactos y esultados de las diferentes acciones y medidas que se implementan, se creó por Resolución º 125/03, en el ámbito del MTEySS, la Unidad de Monitoreo de Inspección en ateria de Trabajo Infantil (UMIMTI).

La UMIMTI tiene a su cargo las actividades de elevar los informes obtenidos de los ervicios de inspección a la CONAETI; asistir en el diseño, planificación, coordinación, valuación de planes, programas y/o proyectos en materia de inspección de trabajo infantil; romover la creación de unidades especiales de inspección en las Administraciones rovinciales de Trabajo; coordinar actividades con el Consejo Federal del Trabajo y las dministraciones Provinciales de Trabajo, articulando acciones que permitan el relevamiento de los niños trabajadores, entre otras.

En el marco de impulso a las acciones inspectivas y bajo el lema "El trabajo infantil vulnera los derechos de los niños y las niñas", la Secretaría de Trabajo y el Consejo Federal del Trabajo, acordaron realizar periódicamente en todo el país acciones en materia de difusión, concientización y fiscalización del trabajo infantil.

Es así que, durante los días 23 al 27 de octubre del año 2006 y 11 al 15 de junio del año 2007, se llevaron adelante a nivel nacional los Operativos Conjuntos y Simultáneos para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente, cuyos objetivos fueron: detectar niños y niñas en situación de trabajo; verificar las condiciones del trabajo adolescente; transmitir a través de campañas de difusión masiva la importancia de la fiscalización del trabajo infantil; informar sobre la existencia y la labor que desarrollan las COPRETIs; y colaborar con la comunidad en la toma de conciencia sobre la problemática que significa el trabajo infantil.

Por último, el MTEySS llevó adelante durante los años 2004 y 2005 el "Programa de Formación e Información Sistémica en materia de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil" con cooperación no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El objetivo del mencionado programa fue el de promover la formación e información sobre la problemática del trabajo infantil a los inspectores de trabajo, facilitando su enlace con diferentes actores sociales vinculados a la temática de niñez. Asimismo, se propició la articulación de respuestas que tiendan a la prevención y erradicación del trabajo infantil a través de la constitución y/o el fortalecimiento de redes sociales.

El programa cubrió durante los años 2004 y 2005 quince jurisdicciones mediante diecisiete jornadas taller en las provincias de Buenos Aires (ciudades de La Plata y Mar del Plata), Catamarca, Corrientes, Chaco, Entre Ríos (ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay), Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Salta, San Juan, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además de la actividad de capacitación, el programa tuvo otro componente que consistió en un material teórico-operativo sobre la problemática del trabajo infantil con tres productos: la publicación "Por una niñez sin trabajo infantil", distribuida en el año 2005 a todas las COPRETIs y por medio de ellas a diferentes actores sociales interesados en la problemática; un tríptico sobre el rol de la CONAETI y las COPRETIs en la formación de redes sociales para intervenir en el trabajo infantil; y una serie de tres tarjetas postales que tratan sobre los mitos en relación con el trabajo infantil exponiendo los argumentos para refutarlos.

Los dos últimos productos fueron diseñados, impresos y enviados a las COPRETIs en el año 2005, para ser utilizados como insumos en las actividades de capacitación.

Importa señalar que los tres productos mencionados tuvieron una interesante recepción por parte de los actores sociales a los cuales fueron destinados. Por otra parte, se continúan recibiendo demandas para replicar las Jornadas Taller en el interior de las provincias en las que ya fueron realizadas y en jurisdicciones en las que no se ejecutó el programa.

• Objetivo 6: "Implementar otros mecanismos de prevención y detección de trabajo infantil a partir de actores sociales involucrados en la problemática".

La CONAETI presta asistencia técnica a programas y proyectos de acción directa implementados por diferentes actores sociales, entre ellos los Programas Porvenir Salta y Jujuy, Porvenir Misiones, financiados por empresas tabacaleras, y PRONIÑO, financiado por la Fundación Telefónica.

El programa brinda un espacio de contención y educación no formal a niños y niñas de entre 9 y 14 años de edad durante el período de la cosecha del tabaco.

En el marco de la asistencia técnica solicitada se diseñó un proyecto de fortalecimiento institucional aprobado por los integrantes de la CONAETI que tenía como objetivos la adecuación del programa a la perspectiva de la protección integral de la niñez y la capacitación de actores claves en la problemática del trabajo infantil.

Como actividades de dicho proyecto, en el año 2005 se rediseñó el instrumento de selección de los niños y niñas beneficiarios (encuesta) privilegiando el fortalecimiento integral de la familia por sobre la inclusión individual del niño o niña al programa.

Asimismo, se dictó una jornada taller sobre la problemática del trabajo infantil y el trabajo social, destinada a los trabajadores sociales a cargo de la selección de las familias beneficiarias; y dos jornadas taller sobre la problemática del trabajo infantil y la educación en las Provincias de Salta y Jujuy —para las cuales se contó con el apoyo de la OIT— destinadas a 170 docentes, supervisores y directores de las escuelas a las que concurren los niños y niñas que participaron del proyecto.

Durante el año 2006 se realizaron talleres de capacitación sobre la misma problemática destinados a productores tabacaleros en las localidades de Rosario de Lerma (Salta) y en Perico (Jujuy) y durante el 2007 en Chicoana, Coronel Moldes y Güemes.

En respuesta a una solicitud formulada por el sector tabacalero de la Provincia de Misiones, desde el año 2006, la CONAETI, juntamente con la OIT, presta asistencia técnica al Programa Porvenir Misiones, destinado a prevenir el trabajo infantil en el área geográfica denominada "Picada 65" de dicha provincia.

La asistencia técnica contempla tres componentes:

- Capacitación a docentes en la problemática del trabajo infantil.

- Capacitación a grupos familiares vinculados a la problemática.

- Capacitación y actividades de concienciación a líderes de opinión.

Durante el año 2006 se realizaron los acuerdos previos y se facilitó la relación entre la organización responsable del proyecto y la COPRETI para articular las actividades a desarrollar.

Durante el año 2007 se mantuvieron reuniones entre miembros de la CONAETI pertenecientes al Ministerio de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social– e integrantes del equipo técnico con referentes del Ministerio de Educación Provincial y la organización responsable del proyecto. Como resultado de dichas gestiones se diseñó un programa de capacitación presencial y a distancia destinado a docentes, a ser implementado a partir del mes de octubre del 2007.

Las actividades destinadas a los grupos familiares y a líderes de opinión están actualmente en fase de diseño.

A pedido de la Fundación Telefónica, la CONAETI prestó asistencia técnica consistente en formular recomendaciones para la convocatoria a las organizaciones participantes del "Segundo Concurso ONG–Programa PRONIÑO 2007" y establecer criterios para la selección de proyectos de intervención directa en materia de trabajo infantil.

Se acordó, asimismo, que en una segunda fase el equipo técnico de la CONAETI brinde capacitación sobre la problemática específica a los integrantes de las organizaciones que resulten seleccionadas.

En el año 2007, y tras una serie de encuentros con el sector empresario a los fines de debatir acerca de los roles y responsabilidades que les competen, se crea la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, mediante la firma de un convenio con los presidentes y directores de empresas cuyo objetivo es el de generar y/o dar apoyo a programas, planes y proyectos tendientes a la prevención y erradicación del trabajo infantil.

Simultáneamente se crea un Comité Directivo, formado por ocho empresas, con la función de coordinar la ejecución y monitoreo de los programas seleccionados para desarrollarse en este ámbito. El Comité está constituido por las siguientes empresas: Adecco, Arcor, Andreani, Manpower, Accor, Nobleza Piccardo, Cámara del Tabaco de Salta, Telefónica de Argentina.

Las acciones previstas al momento son: relevamiento de programas y proyectos que realizan las empresas en la temática; capacitación al personal de las empresas en su cadena de valor, y realización de una campaña de comunicación en los medios donde se difunda el compromiso del sector empresario en la prevención y erradicación del trabajo infantil.

Es importante destacar que desde que existe la CONAETI es la primera vez que se logra un compromiso y activa participación del sector empresarial, con eje en su responsabilidad en torno al trabajo infantil, y este proceso lo está liderando el MTEySS, en clara muestra de su compromiso y competencia con la problemática.

El objetivo N° 2 del Plan Nacional dice: "Promover, sostener y afianzar un sistema integral de información permanente sobre trabajo infantil".

Respecto de él, en el país son múltiples los organismos gubernamentales, institutos de investigación académica y organizaciones de la sociedad civil en general, que producen información cuali-cuantitativa de calidad en relación a las temáticas vinculadas a la niñez y la adolescencia y específicamente en el tema trabajo infantil.

En el transcurso del año 2007 se conformó una subcomisión de trabajo destinada a abordar el objetivo citado. La subcomisión está constituida por dos responsables de la Unidad Observatorio en Trabajo infantil, un miembro del equipo técnico de la CONAETI y coordinada por la representante del Ministerio del Interior ante la CONAETI.

Las acciones de la subcomisión tienden a identificar las fuentes que producen información de calidad, concentrar y conectar las redes y bancos de datos, trabajando en conjunto con las COPRETIs.

Se ha logrado coordinar el trabajo de procesamiento de los datos producidos por los Operativos Nacionales de Evaluación de la Calidad Educativa, en el ámbito de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación.

Estos operativos se administran en los niveles EGB (tercero, sexto y noveno año) y polimodal (tercer año) a alumnos, docentes y directivos de instituciones educativas seleccionadas en todas las provincias del país.

Los datos han sido relevados prácticamente con las mismas preguntas desde el año 1993, en forma anual hasta el año 2000 y en forma bianual en adelante.

En el marco de esta coordinación el equipo de la Unidad Observatorio realizó una primera selección de variables para evaluar la calidad de la información recolectada por el Operativo de Evaluación, en relación a las actividades de niños, niñas y adolescentes, tipo, periodicidad, visión de los docentes en relación a inasistencias, deserciones o dificultades de los niños y su asociación con la realización de actividades laborales.

Por otra parte, el ya mencionado Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente (OTIA) tiene previsto confeccionar un sitio Web que se constituirá en un mecanismo central de difusión de la información, estudios y actividades referidas al trabajo infantil y adolescente en la República Argentina.

El MTEySS firmó, en agosto de 2005, el Acuerdo de Cooperación N° 132 con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para la promoción de acciones tendientes a la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente.

En ese marco se acordó la ejecución del Proyecto "Acciones para la Articulación de Políticas Públicas en materia de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la Argentina", compuesto por dos componentes: a) "Escuela y Trabajo Infantil: Una instancia de generación de conciencia" y b) "Despertando conciencia para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil".

El componente a) "Escuela y Trabajo Infantil: Una instancia de generación de conciencia", consistió en obtener a través de las escuelas de todo el país, el diseño de un isologotipo que exprese el compromiso de la sociedad argentina por prevenir y erradicar el trabajo infantil, para lo cual se organizó el concurso denominado "El lugar de los niños es la escuela: NO al trabajo infantil".

Como resultado del concurso se obtuvieron más de tres mil trabajos pertenecientes a trescientas setenta escuelas de todo el país. Se seleccionó un ganador a nivel nacional —EPNM Nº 183 de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos—, once ganadores a nivel provincial y se dieron quince menciones especiales.

El componente b) "Despertando conciencia para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil", consistió en el diseño de piezas comunicacionales: se diseñó un calendario en dos versiones: afiche y de mesa (para escritorio) que fueron ilustradas con muestras del Concurso de fotografía denominado "Invisible-Visible: NO al trabajo infantil en la Argentina", realizado durante el año 2005, con distribución en todo el país; y se editó el libro "Despertando conciencia junto a la sociedad civil para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil", que consiste en un instrumento de acercamiento a la temática y que actualmente está siendo distribuido a nivel nacional, material ilustrado también con muestras del Concurso de fotografía antes mencionado y con dibujos de los niños obtenidos del Concurso "El lugar de los niños es la Escuela: NO al trabajo infantil".

A su vez, el 17 de abril de 2007 se firmó el Memorando de Entendimiento y Cooperación entre el MTEySS, la OIT, UNICEF y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se conformó una "Mesa de Seguimiento del Memorando" con el objetivo de redactar el "Programa conjunto de apoyo al Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil". La Mesa, que desde la firma del Memorando se ha reunido en siete ocasiones, ha contado con la participación de representantes de las tres agencias (OIT, UNICEF, PNUD) y de la Oficina de Coordinación Residente de las Naciones Unidas, junto con representantes de la CONAETI y del MTEySS (tanto de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales como de la Secretaría de Trabajo).

Esta iniciativa representa un compromiso por parte del MTEySS y de las agencias de las Naciones Unidas para fomentar y promover actividades —vinculadas a la difusión, capacitación y fortalecimiento institucional— que faciliten la implementación y puesta en marcha del "Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil".

Teniendo en cuenta los objetivos 1, 2 y 3 del Plan Nacional se detallan los productos que se obtendrán al finalizar el programa, algunos ya ejecutados:

En la línea de la sensibilización y contribución a la toma de conciencia de la población sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil, durante el año 2005 se llevó adelante el "Concurso fotográfico: Invisible-Visible, No al trabajo infantil en la Argentina", diseñado por la Secretaria de Trabajo y la Secretaria de Cultura de Presidencia de la Nación y con el auspicio de UNICEF.

Las obras fueron expuestas en febrero de 2006 en el Centro Cultural Borges y en mayo en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Durante el 2007 la muestra, que itineró por todo el país a pedido de las administraciones laborales del trabajo, por medio del Consejo Federal del Trabajo y actuó como actividad disparadora de la temática, ha visitado las provincias de Córdoba, Salta, Buenos Aires (La Plata y Balcarce), Chaco y Corrientes, Misiones y Formosa.

Las fotografías obtenidas del concurso han permitido ilustrar presentaciones y materiales: afiches, libros, publicaciones, etc.

A la luz de los artículos 32 a 36 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado parte:

• Lleve a cabo un estudio sobre la explotación sexual comercial y el tráfico de niños para evaluar su alcance y causas y desarrolle un monitoreo eficaz y otras medidas preventivas.
• Combata y elimine la explotación sexual comercial y el tráfico de niños, incluso mediante la sanción del Plan de Acción Nacional, el desarrollo de programas de integración social, y programas y políticas para la rehabilitación y recuperación de los niños víctimas de acuerdo con la Declaración y Programa de Acción y el Compromiso Mundial adoptados en los Congresos Mundiales contra la Explotación Sexual Comercial de Niños en los años 1996 y 2001.

Si bien el Plan de Acción Nacional para combatir la explotación sexual comercial y tráfico de niños y niñas al que hace referencia el Comité no se ha implementado, se destacan múltiples acciones emprendidas desde distintas áreas del Estado argentino.

El Consejo Fe Ni&n Flderal de e;ez, Adolescencia y Familia, en su Primera Declaración, de fecha 15 de diciembre de 2006, ha ratificado su compromiso respecto de "priorizar con particular urgencia los esfuerzos mancomunados dirigidos a la protección de la infancia y la adolescencia víctima de delitos y enfrentar de manera coordinada aberraciones como la trata, el tráfico, o la explotación sexual y la pornografía infantil, así como las problemáticas vinculadas a migraciones, trabajo infantil y toda otra violación de derechos fundamentales".

En este contexto y a pedido de los respectivos representantes del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la SENNAF ha desarrollado actividades de asistencia técnica respecto de la temática de explotación sexual infantil.

Así, se ha implementado asistencia técnica en la Provincia de Misiones, que tuvo como resultado la formación de un equipo profesional capacitado en la temática que replicó la formación en los Municipios de Posadas, San Vicente, Oberá, El Dorado, Puerto Iguazú y El Soberbio.

También se han brindado capacitaciones a las provincias de Río Negro y Salta.

A solicitud de la Oficina Asistencia a la Víctima (OFAVI) dependiente de la Procuración General de la Nación, la SENNAF ha asistido a víctimas tanto nacionales como extranjeras en articulación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Es preciso mencionar también que ya, en el año 2004, el entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (CONNAF) coordinó la investigación sobre el "Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes con fines de Explotación Sexual, Pornografía Infantil en Internet y Marcos Normativos", en el marco del proyecto del Instituto Interamericano del Niño, sobre "Tráfico de Niños, Pornografía Infantil y Marcos Normativos en el MERCOSUR, Bolivia y Chile".

Los resultados y conclusiones del estudio permitieron detectar problemas comunes en las distintas jurisdicciones, vacíos legales, carencias y/o deficiencias de normas procesales, administrativas y "buenas practicas" en la prevención y protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual.

En el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se ha creado, por Resolución N° 746/07, el Programa de Prevención de la Trata de Personas y Asistencia a sus Victimas, cuyos objetivos son:

• Prevenir y combatir la trata de personas.
• Informar, difundir y capacitar sobre el pleno ejercicio de los derechos humanos, los conceptos fundamentales relativos a la trata de personas, y los marcos normativos nacionales e internacionales que rigen la materia.
• Colaborar con organismos públicos y privados a fin de llevar un registro actualizado de información atinente a la trata de personas.
• Colaborar con otras áreas de gobierno y/o entidades particulares vinculadas a la materia, con el fin de llevar adelante acciones conjuntas de prevención y asistencia a las víctimas de trata de personas.
• Actuar con celeridad y eficacia en la asistencia de las víctimas y la eventual derivación del caso por la vía estatal que corresponda.
• Participar en campañas de prevención y de concientización pública destinadas a informar sobre la trata de personas.

Dicho programa cuenta con un Consejo Consultivo, encargado de formular recomendaciones a la coordinación ejecutiva en el diseño, ejecución de proyectos y líneas de acción establecidas. El Consejo está integrado por representantes del: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Procuración General de la Nación, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos preside la Unidad Especial para la Promoción de la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, creada en el año 2005, que realiza, entre otras actividades, talleres de formación, capacitación y sensibilización sobre la temática.

Las actividades fueron pensadas para facilitar la reflexión y elaboración de propuestas tendientes a enfrentar la explotación sexual infantil.

El principal objetivo de estas actividades es generar un espacio para la formación de formadores, apuntando al intercambio y elaboración de la información y al desarrollo de aptitudes y actitudes para un abordaje múltiple e integral de la explotación sexual infantil, desde la perspectiva de la promoción y protección de derechos.

El Ministerio del Interior, a través del Programa las Víctimas contra la Violencia, ha implementado la Brigada Móvil de Atención y Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual que trabaja en forma conjunta con el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de la Policía Federal Argentina (PFA).

En abril del año 2007, comenzó a funcionar la Brigada Niñas cuya tarea reside en localizar —en calle— a sujetos que intentan recurrir a la explotación sexual infantil (la Brigada cuenta con un móvil no identificable de la Policía Federal que se encuentra tripulado por dos oficiales de Policía y dos Psicólogas o Trabajadoras Sociales).

Asimismo, la Brigada Niñas cuenta con un número telefónico instalado en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de la PFA y que funciona las 24 horas los 365 días del año, por medio del cual se reciben denuncias, informaciones o consultas.

El trabajo se articula con el que realiza la Brigada Móvil de Atención y Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual, quienes han derivado casos en los que se han detectado situaciones de explotación sexual de niñas, niños o adolescentes.

El programa también ha contratado personal especializado en el rastreo de redes mafiosas e intervención en situaciones asociadas con la trata de personas, a varios profesionales que forman parte de la Coalición de Organizaciones no Gubernamentales Alto a la Trata y a la Explotación Sexual Infantil.

La misma cuenta con una sede central en la Estación de Trenes de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, y en formación, delegaciones en las Ciudades de Jardín América y Puerto Iguazú de la misma provincia.

Articulando con la actividad que realizan la Dirección Nacional de Migraciones y la Gendarmería Nacional se ha logrado detener el ingreso a nuestro país de posibles víctimas de Trata, quienes se encontraban acompañadas por presuntos "tratantes".

El trabajo posterior encuadrado en el seguimiento de los casos detectados permite el armado y confección de rutas de tránsito, presencia de reclutadoras en distintas zonas, mecanismos de cruce de fronteras y empresas de transporte involucradas con las redes de delincuencia organizada.

También en conjunto con las mismas fuerzas se ha efectuado reconocimiento de documentación falsa en el tránsito que se realiza en el puente que une Paraguay con la Argentina.

A su vez, como responsable de la Policía Federal Argentina y las Fuerzas de Seguridad, el Ministerio del Interior, ha reforzado los programas de capacitación en lo referente al tema trata —en los que interviene el Programa las Víctimas contra las Violencias—, así como la adecuación de los equipos técnicos e informáticos.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría de Trabajo, coordinó, entre los años 2003 y 2005, la ejecución del Programa "Luz de Infancia para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial infantil (ESCI)", con asiento en la Ciudad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, y financiamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Su implementación obedeció a la necesidad de priorizar en la política pública la erradicación de la ESCI sumándose a los esfuerzos y acciones que se realizaron en las fronteras del Paraguay y de Brasil articulando las instituciones en torno a una meta en común y armonizando las legislaciones.

Durante el desarrollo del programa se trabajaron sobre ejes fundamentales tales como la caracterización de la ESCI en el ámbito local; el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones con competencia en la temática; la reinserción social de la población meta; la sensibilización e información a la comunidad acerca de la ESCI; y la armonización de la legislación vigente, su difusión y aplicación.

Durante su ejecución se cumplió con una primera etapa de carácter diagnóstico, para luego pasar a la ejecución de acciones concretas.

Atento a la falta de contención adecuada para niños, niñas y adolescentes víctimas de ESCI, y debido a la falta de infraestructura comunitaria, fue necesaria la creación de un Centro de Asistencia Integral; a tal efecto, con fecha 24 de febrero de 2005, la Secretaría de Trabajo firmó un Acuerdo con la Municipalidad de Puerto Iguazú cuyo objeto fue el de concretar la construcción del Centro y lograr su mantenimiento.

Así, en noviembre de 2005 se inauguró la obra. En lo relativo a la tarea de intervención, se investigaron 80 casos de los cuales 48 correspondieron a situaciones de ESCI.

En el ámbito de la Secretaría de Turismo, el Programa Turismo Responsable e Infancia tiene por objeto la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo, a través de la implementación de acciones de sensibilización dirigidas al sector público y privado del turista, como así también a las poblaciones anfitrionas y a los turistas. Procura generar un turismo sustentable y responsable, previniendo que los actores antes mencionados, no se involucren directa o indirectamente en situaciones de vulneración de los derechos de la niñez y la adolescencia.

En este contexto, en octubre del año 2007, fue firmado el convenio que formaliza la creación del Comité Nacional del Código de Conducta contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Viajes y Turismo.

El Código de Conducta es una iniciativa de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y ECPAT Internacional para combatir y prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes que se ha extendido a más de setenta países.

Actualmente, más de seiscientas empresas turísticas en el mundo han adherido al Código de Conducta y desarrollado sus propias políticas de conducta.

Se trata de un instrumento que implica una declaración formal, de libre adhesión, destinada a orientar y regular la conducta ética de empresas, organizaciones y profesionales relacionados directa o indirectamente con la industria del turismo, promoviendo la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y evitando su explotación sexual o laboral y la trata para ambos fines, que por primera vez desde su creación es impulsado desde un organismo nacional de turismo.

El acuerdo, impulsado por la Secretaría de Turismo cuenta con la participación de organizaciones internacionales tales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Save The Children y ECPAT Internacional y será acompañado además, por la Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET).

El Comité Nacional del Código está conformado por representantes de las organizaciones antes mencionadas y del Programa las Víctimas contra las Violencias del Ministerio del Interior de la Nación; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; y la Secretaría de Derechos Humanos y su objetivo fundamental es el de avanzar en el desarrollo de un Código de Conducta en Turismo que promueva la implementación y desarrollo de políticas éticas corporativas para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de parte de todos los actores del sector turismo, y de desarrollar las campañas y programas tendientes a su consecución.

Por otra parte, siendo menester profundizar la coordinación entre los distintos operadores vinculados con esta problemática y el Ministerio Público, cuya función es la de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad (2), a fin de lograr eficiencia en la persecución de estos delitos, se creó, en junio del año 2005, por Resolución de la Procuración General de la Nación N° 63/05, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, Trata de Personas y Prostitución Infantil (UFI-INTEGRIDAD SEXUAL).

Son funciones de la Unidad:

• Impulsar todas las investigaciones preliminares que resulten conducentes para la determinación de aquellas acciones u omisiones que constituyan delitos contra la integridad sexual, trata de personas y prostitución infantil en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Realizar un relevamiento de datos cuantitativos en las distintas fiscalías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desarrollar un mapa delictual que permita coordinar y colaborar en la investigación de los hechos en los que tome intervención la unidad.
• Colaborar con los magistrados del Ministerio Público Fiscal en el seguimiento de las denuncias penales que se sustancien a partir de la actuación de la Unidad.
• Requerir del Procurador General de la Nación la constitución como Fiscal coadyuvante de los integrantes de la UFI-INTEGRIDAD SEXUAL, en todas aquellas causas penales en donde éste lo considere conveniente y que tenga relación con los objetivos de la creación de esa Unidad Fiscal, hayan sido iniciadas o no a resultas de su actuación.
• Colaborar en la elaboración de programas de prevención, nacionales e internacionales, asesorando a los organismos del Estado para implementar políticas públicas comunes en los hechos que puedan constituir ilícitos y coordinar con las autoridades funcionarios y empleados que oportunamente se determinen.
• Solicitar a los organismos públicos y privados toda aquella información que resulte necesaria a efectos de cumplir con las funciones descriptas precedentemente.

La recopilación y centralización de la información sobre las características e incidencias que este tipo de delitos genera, permite no solo contribuir a la lucha y a la investigación de las diversas modalidades delictivas, sino que además aporta elementos fidedignos que, bien administrados, conforman la plataforma fundamental de políticas criminológicas y de prevención.

La creación de una unidad fiscal especializada como ámbito especifico para la recepción de las denuncias en un marco de contención y abordaje contribuye a evitar la revictimización de las y los afectados, proporcionando, al mismo tiempo a los magistrados del Ministerio Público el marco adecuado para desarrollar un conocimiento especializado de la temática y un control y coordinación más efectivos sobre los órganos policiales.

En el plano legislativo, tras la sanción de la Ley Nº 25.852 del año 2004, se han incorporado en el Código Procesal Penal de la Nación los artículos 250 bis y 250 ter, que establecen condiciones especiales para la recepción de los testimonios de aquellas víctimas de delitos contra la integridad sexual o de lesiones cuando sean menores de dieciséis (16) años.

El artículo 250 bis dispone que el testimonio de los niños sea recibido por un profesional de la psicología, en un gabinete acondicionado a la edad y a la etapa evolutiva de la persona menor de edad.

También establece la posibilidad —condicionada a la petición de las partes o la voluntad del tribunal— de emplear la Cámara Gesell para filmar el testimonio e impone la prohibición de contacto entre el imputado y el niño víctima en ocasión de la realización de diligencias procesales.

________

(2) Conforme artículo 120 de la Constitución Nacional.

Por su lado, el artículo 250 ter impone el deber de evaluar la necesidad de emplear el método descrito en el artículo 250 bis, cuando la víctima posea entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años.

En la actualidad hay una iniciativa legislativa que propone tipificar la trata de personas en el Código Penal de la Nación.

El Proyecto (Expediente N° 2083-S-2006) que ya cuenta con media sanción, tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir la trata de personas y crear un sistema de asistencia integral a las víctimas.

Como se advierte, los esfuerzos que ha desarrollado el Estado argentino para combatir la temática han sido considerables, sin embargo se deben continuar profundizando las políticas para abordar la problemática.

Queda como desafío generar protocolos de intervención uniformes con los distintos ámbitos institucionales de intervención.

Las distintas dependencias gubernamentales que abordan el presente tópico han confluido en varios ámbitos de articulación, sin embargo su estado aún es primario. Subsiste, de esta manera como un reto institucional, generar un abordaje integral para lograr avances más significativos.

La Iniciativa Niño Sur tiene como objetivo promover la articulación de los esfuerzos nacionales orientados al cumplimiento de la CIDN y la adecuación legislativa nacional a los instrumentos internacionales sobre la materia, preservando el interés superior del niño por encima de la nacionalidad.

Las metas y acciones del mencionado programa fueron plasmadas en el Plan de trabajo 2006-2007 aprobado en junio de 2006 por la IV Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados (RAADDHH).

En este contexto, la Presidencia Pro Tempore a cargo de la República Argentina, ejercida durante el primer semestre del año 2006, presentó un proyecto de recomendación sobre derechos y asistencia a las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, tráfico, explotación, abuso, y/o venta, que fue aprobado como Decisión Nº 1.

Las recomendaciones reconocen y protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquiera de los delitos de trata, tráfico, venta, explotación sexual y/o abuso, especialmente a lo largo del proceso judicial que se lleve contra quienes han violado sus derechos. Por otra parte, establecen estándares mínimos de asistencia y tratamiento a las niñas, niños y adolescentes víctimas de estos delitos.

Asimismo, en el marco de la iniciativa, se ha confeccionado la Base de Datos Legislativa del MERCOSUR y Estados Asociados relativa a la trata, tráfico, explotación sexual y venta de niños, niñas y adolescentes con el fin de observar si dicha legislación se adecua a los compromisos asumidos al ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos, advertir semejanzas y divergencias en las legislaciones internas y promover las reformas normativas correspondientes.

Finalmente, cabe destacar las acciones que ha llevado a cabo la SENNAF, en la zona denominada Triple Frontera, donde confluyen las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay con el objeto de acordar estrategias de combate en conjunto a la explotación

sexual infantil.

En este sentido, en el marco de los encuentros organizados por la SENNAF en la Ciudad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, se refrendó un Acuerdo de Cooperación entre la Argentina, Brasil y Paraguay, a fin de articular acciones de combate a la explotación sexual infantil en la Triple Frontera.

Asimismo, se ha confeccionado un Protocolo de Intervención Común frente a víctimas de explotación sexual y laboral infantil para la zona; y se ha diseñado una campaña comunicacional común en tres idiomas (español, portugués y guaraní) que consta de afiches y trípticos a distribuirse en los tres países.

En dichos encuentros han participado, entre otros, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), UNICEF, la OIM, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la CONAETI, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de la Provincia de Misiones, autoridades legislativas, referentes académicos y organizaciones de la sociedad civil.

Las principales líneas de acción identificadas por los asistentes rindieron frutos en el mencionado Acuerdo de Cooperación refrendado por las autoridades de los tres países.

La Ley Nº 25.871 de Migraciones de la República Argentina promulgada a comienzos del año 2004 constituye el andamiaje legal de la nueva política migratoria.

La norma contempla altos estándares de protección de los derechos de las personas migrantes y es la base de la implementación de políticas públicas que buscan integrarlas a la sociedad. Prevé, entre otras medidas, que en la República Argentina todos los extranjeros tienen derecho a la salud y a la educación, aún aquellos que se encuentren en situación migratoria irregular.

Asimismo el Estado garantiza el derecho de reunificación familiar de los inmigrantes con sus padres, cónyuges e hijos, entendiendo que la familia es un ámbito de contención necesario e importante para todo migrante.

Se trata de una norma que basada en la realidad histórica, geográfica, económica regional y reconociendo la tradición de país receptor de migrantes, crea los mecanismos que posibilitan que los migrantes accedan a la regularidad migratoria.

Para ello se ha puesto en marcha el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria "Patria Grande", desarrollado en el apartado "No discriminación" del Punto C de este informe —ver Suplemento Actos de Gobierno N° 37 del 26 de mayo de 2009—.

Cabe destacar que la implementación del Patria Grande en la República Argentina fue motivo de felicitación y adhesión de los otros países que componen el MERCOSUR y Estados Asociados mediante de una declaración suscrita a tal efecto en el ámbito de la Reunión de Ministros de Interior del bloque manifestando el compromiso de aplicar mecanismos similares.

Por otro lado, con el propósito de crear mecanismos de comunicación eficaces, a fin de contemplar una mayor prevención, control y sanción del tráfico internacional de menores, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), a través del dictado de la Disposición N° 31.100 del 2005, amplia los recaudos de la autorización expresa en los casos de autorizaciones de viajes de menores de edad solos o acompañados de terceros ajenos a la persona de los padres.

La norma sustituye el artículo 2° del Capitulo IV del Titulo I del Anexo I de la Resolución DNM Nº 2895 de fecha 15 de noviembre de 1985 relativo a las "formas de la autorización", por el que a continuación se detalla:

"EXPRESA. Son las otorgadas:

a. Por la o las personas a que se hace referencia en el capítulo anterior ante:

1. Escribanos, jueces, otras autoridades que hagan sus veces o por instrumento público: esta autorización deberá contener la expresa indicación que él o los autorizantes son el padre o madre del menor, de acuerdo a la documentación fehaciente que se ha tenido a la vista.

Cuando la autorización sea para que un menor de edad viaje sin compañía, deberá cumplimentar los requisitos impuestos por la empresa transportadora.

Cuando se trate de un menor de catorce (14) años, obligatoriamente deberá especificarse en la autorización el lugar de destino del viaje y los datos de la persona que lo recepcionará.

Cuando la autorización sea para que un menor de dieciocho (18) años viaje acompañado por terceros mayores de edad, ajenos a la persona de sus padres, obligatoriamente deberán especificarse los datos personales, domicilio y documento del acompañante y el lugar de destino del viaje.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el ingreso y egreso del país de menores de seis (6) años que viajen solos o acompañados por terceros mayores de edad ajenos a la persona de sus padres deberá ser asentado en un registro especial que a tal efecto llevará la Dirección de Control Migratorio de la DNM.

2. Cónsul argentino: debiendo cumplimentar los requisitos señalados en el punto anterior.

3. Juez competente.

En todos los casos, cuando al momento de efectuarse el control migratorio en el ingreso o egreso, el inspector actuante tuviera sospechas fundadas respecto de la autorización, en el interés superior del niño, deberá dar inmediata intervención a la Policía Migratoria Auxiliar, a la autoridad judicial competente y al Ministerio Público Pupilar."

En relación a la interpretación de la modificación citada, cabe aclarar que:

a. En caso que el menor viajare solo, la autorización deberá contener:

1. Menores de 14 años de edad: lugar de destino y datos personales de la persona que lo recepcionará.

2. Entre 14 y 18 años de edad: lugar de destino.

b. En caso que el menor de 18 años de edad viaje acompañado por un tercero, la autorización deberá contener: datos personales del acompañante y lugar de destino.

c. En el supuesto de autorizaciones de viaje de menores entre 18 y 21 años de edad no será necesario determinar acompañante alguno ni lugar de destino. Bastará la autorización de los padres y/o representantes legales.

d. Las modificaciones que introduce la Disposición DNM Nº 31.100/05 no es aplicable a los casos que el menor egresare en compañía de uno de sus progenitores, cuya autorización se regirá por la normativa correspondiente y vigente hasta la fecha (Resolución Nº 2895/85).

e. El registro especial de ingreso y egreso de menores de 6 años de edad, tarea que por competencia primaria le corresponde a la Dirección de Control Migratorio, se nutrirá a medida que se efectúe el control correspondiente y de la forma que la misma determine.

En el mismo sentido, se ha creado un área especializada en la órbita del Departamento de Migraciones de la Dirección Nacional de Gendarmería para la actividad represiva del tráfico ilegal de personas, alcanzando un control más efectivo del ingreso-egreso de personas.

Por último, es importante mencionar que el tráfico ilegal de personas es penalizado en nuestro país. La Ley N° 25.871 en su artículo 116 dispone "...será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a la República Argentina.

Se entenderá por tráfico ilegal de personas, la acción de realizar, promover o facilitar el cruce ilegal de personas, por los límites fronterizos nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio".

El Comité recomienda que el Estado parte:

• Revise las leyes y prácticas referidas al sistema penal de menores para adecuarlo lo más pronto posible a la Convención, en especial a los arts. 37, 40 y 39, así como también a otras normas internacionales relevantes en esta área, tales como las Reglas de Beijing y las Directrices de Riad.
• Acelere su cumplimiento; incluso mediante la asignación de recursos humanos y económicos.
• Asegure una clara distinción en los procesos y tratamientos entre los niños en conflicto con la Ley y los niños que necesitan protección y asistencia.
• Utilice la detención, incluso la prisión previa al juicio, sólo como última alternativa, por el menor tiempo posible y por un período no mayor al prescripto por Ley y asegure que los menores permanezcan separados de los mayores.
• Utilice medidas alternativas a la detención previa al juicio y otras formas de privación de la libertad, siempre que sea posible.
• Incorpore a su legislación y prácticas las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, en especial para garantizarles el acceso a procedimientos de denuncia eficaces que cubran todos los aspectos de su tratamiento.
• Tome las medidas necesarias para mejorar las condiciones de detención.
• A la luz del artículo 39, tome medidas apropiadas para promover la recuperación y la reinserción social de los menores involucrados en el sistema de justicia de menores.
• Procure asistencia de, entre otros, OHCHR; el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen Internacional, la Red Internacional de Justicia de Menores, UNICEF, y a través del Panel de Coordinación de las Naciones Unidas sobre Asesoramiento y Asistencia Técnica sobre la Justicia de Menores.

Un importante avance institucional para la protección de los adolescentes contenidos en esta problemática es la creación, mediante Decreto N° 28/07, de la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

Por primera vez, el Estado nacional crea una dependencia rectora de las políticas públicas en la materia, dedicada específicamente a asistir y monitorear a las jurisdicciones provinciales en el abordaje del presente tópico.

La Dirección Nacional tiene como responsabilidad primaria: "Encausar las políticas de carácter nacional que consoliden la redefinición de los dispositivos gubernamentales de intervención en relación con adolescentes infractores de la Ley penal, en acciones, planes y programas" y debe desarrollar acciones para:

• Promover un sistema integral e integrado referente a adolescentes en conflicto con la Ley penal tendiente a establecer los mecanismos que garanticen los derechos de los niños y adolescentes.
• Dirigir los programas que procuren mejorar los niveles técnicos y de gestión de los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley penal.
• Asistir a las autoridades de cada jurisdicción en el diseño de políticas públicas tendientes a generar el pleno acceso a la ciudadanía de los adolescentes en conflicto con la Ley penal; orientado a la reconstrucción de sus proyectos de vida.
• Asesorar e implementar planes y programas de capacitación y transferencia de tecnologías tendientes a jerarquizar las actividades socio educativas en los dispositivos.
• Promover políticas de intervención para que la privación de la libertad sea el último recurso y no implique la vulneración de otros derechos.
• Generar el fortalecimiento, de vínculos afectivos y de integración a la comunidad de los adolescentes en conflicto.
• Elaborar protocolos de intervención, reglamentos de convivencia y normalización de prácticas institucionales.

Tal como se explicitó en el apartado "Legislación" del Punto A de este informe —ver Suplemento Actos de Gobierno N° 37 del 26 de mayo de 2009—, el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, en el mes de junio de 2007, se dirigió en forma unánime al Honorable Congreso de la Nación solicitando la inmediata derogación de la Ley N° 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad y la sanción de un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil que resulte compatible con los estándares exigidos por la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y las Directrices de RIAD, habida cuenta de la existencia de diversos proyectos de Ley con estado parlamentario que abordan la temática en tal sentido.

Asimismo, en noviembre del mismo año, se conformó una mesa de trabajo compuesta por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, delegados del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y miembros del Poder Legislativo Nacional orientada a la creación de un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil.

En este sentido se trabajó para la unificación de los distintos proyectos de Ley que se han presentado en la temática. En atención a ello y frente a la necesidad de avanzar hacia una modificación de la normativa dirigida a jóvenes infractores o presuntos infractores a la Ley penal, se ha priorizado la adecuación de las prácticas de intervención a los estándares internacionales, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ha asignando recursos humanos capacitados para el desarrollo de la tarea y garantizando el acceso a derechos fundamentales en todos los dispositivos penales juveniles que tiene a su cargo.

Cabe destacar que desde el Consejo Federal de Niñez Adolescencia y Familia se han girado fondos a efectos de financiar la puesta en marcha y/o fortalecimiento de distintos proyectos tendientes a adecuar a las normas constitucionales e internacionales en la materia, los dispositivos penales juveniles existentes en las provincias.

A la remisión de fondos se agrega la intervención en acciones de capacitación e intercambio que equipos técnicos de la SENNAF han llevado adelante en diversas jurisdicciones entre las que se pueden mencionar Córdoba, Jujuy, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.

En relación a la preocupación expresada por el Comité respecto al hecho de que según el artículo 205 del Código Procesal Penal puede decretarse la incomunicación del menor detenido por un término máximo de 72 horas, es dable aclarar que dicho artículo prevé para el imputado ese tipo de detención por un período máximo de 48 horas, con la posibilidad de que se prorrogue ese plazo otras 24 horas previa solicitud por escrito, si existe razón para creer que el imputado pudiera conspirar con terceras partes para obstruir de algún modo el proceso de investigación.

Durante el transcurso de la incomunicación, el imputado puede comunicarse libremente con su abogado y puede tener acceso a libros y otros objetos adecuados que pueda solicitar. También está autorizado a ejercer acciones civiles esenciales, a condición de que éstas no preenjuicien el proceso.

La SENNAF en todas sus intervenciones para la temática, pese a que se mantiene vigente la Ley N° 22.278, de claro sesgo "tutelar", actúa conforme las siguientes premisas:

• Utilización de la privación de libertad como último recurso y por el tiempo más breve que resulte posible.
• Diferenciación de programas de naturaleza penal de aquellos otros de protección de derechos.
• Promover que la medida privativa de la libertad se implemente en centro de detención especializado para adolescentes.
• Garantizar que la privación de libertad no implique vulneración de otros derechos.
• Creación y/o fortalecimiento de programas alternativos a la privación de libertad.

A partir de recursos descentralizados a través del Consejo Federal de Niñez y de acciones directas de la Secretaría Nacional, se desarrollan, entre otras, las siguientes acciones:

Construcción de un predio deportivo, (gimnasio, canchas de fútbol y de rugby, equipamiento deportivo, etc.) y la construcción de salón de usos múltiples, aulas e importantes mejoras edilicias en el Complejo Esperanza.

Como una alternativa a la internación de niños acusados de haber infringido la Ley penal, se propone un sistema de acompañamiento en la comunidad, que permitirá brindar tratamiento en libertad en el medio familiar y social de origen. Para ello se generarán instancias de supervisión al equipo profesional y a operadores sociales, con el fin de establecer espacios de reflexión y revisión de prácticas.

Las acciones se llevaran a cabo desde un abordaje integral, del cual se desprenda un diagnostico que definirá la modalidad de intervención adecuada. Estas podrán ser: a) Libertad asistida: se destina a aquellos adolescentes que presentan factores favorables para su desarrollo (contexto familiar adecuado, grupos de amigos cuya influencia sea positiva, y características propias del adolescente, etc.), b) Casas convivenciales: para adolescentes que no tengan un ámbito familiar y social adecuado para su desarrollo. Las estrategias de intervención para promover el desarrollo integral y el futuro egreso de los adolescentes son: tratamiento psico social, expresión artística y deportiva, talleres de formación, escolarización, vinculación familiar y trabajo con la comunidad.

Son destinatarios niños, niñas y adolescentes institucionalizados, que se encuentran involucrados en causas judiciales de competencia penal. El objetivo es brindar una alternativa a la institucionalización, a través de la revinculación familiar de niños, niñas y adolescentes con su familia de origen o ampliada. En los casos en que se requiera; además del acompañamiento y contención a las familias por parte de los profesionales, se brindará asistencia directa.

Provincia de Río Negro

Su objetivo es posibilitar la inclusión social de los jóvenes en conflicto con la Ley, considerados como sujetos en situación de vulnerabilidad psico social. Las actividades son facilitadoras para la inserción laboral: pedagógicas y productivas (enseñanza de oficios), y para la inserción social: actividades culturales, artísticas y deportivas. El objetivo principal es que el sujeto vulnerable logre una modificación de su posicionamiento subjetivo, para poder resituarse e incluirse en la comunidad mediante la elaboración de un nuevo proyecto de vida.

Asesoramiento técnico para la reforma de normas para adolescentes en el Código Procesal Penal de la Provincia. Acompañamiento para la refuncionalización del Instituto Benavides, a fin de poner en marcha dispositivos especializados de privación y restricción de la libertad.

Asistencia técnica para facilitar el traspaso del único centro provincial de privación de libertad de adolescentes de la órbita de la Policía provincial al Ministerio de Asuntos Sociales. Está proyectada una capacitación de operadores convivenciales y equipo técnico.

Firma de convenio con el Ministerio de Gobierno Provincial. Capacitación a más de 70 agentes para su reinclusión en el Instituto IRAR y el cese de la intervención del Instituto por parte del Servicio Penitenciario Provincial.

Fortalecimiento del programa de Libertad Asistida, que brinda una alternativa a jóvenes que se hallan en conflicto con la Ley penal. Se posibilita mediante dispositivos grupales y/o individuales que el niño, la niña o el adolescente revise su situación promoviendo el uso responsable de su libertad y sus posibilidades sociales. También se seleccionarán y capacitarán Operadores Convivenciales para realizar el acompañamiento diario de adolescentes que se albergan en el Centro Julio A. Roca.

Por otra parte, es dable señalar las acciones desarrolladas en jurisdicciones como las de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, entre otras. Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires mediante la Resolución N° 1623/04 del Ministerio de Seguridad provincial dispuso prohibir el alojamiento de menores de edad en dependencias policiales, instruyéndose a los titulares de las mismas para el cumplimiento estricto de la resolución y gestionar ante los magistrados responsables de aquellos la correspondiente reubicación en dependencias adecuadas

La puesta en vigencia de la Ley Nº 26.061, pese a no regular directamente el régimen penal aplicable a personas menores de edad, ha implicado el fortalecimiento y/o la creación de órganos locales de protección de derechos en cada una de las jurisdicciones del país, permitiendo una mayor distinción entre aquellas intervenciones con carácter claramente restitutivo de derechos y aquellas otras —de naturaleza procesal o sancionatoria— relacionadas con ilícitos atribuidos a personas menores de edad.

Atento a lo preceptuado por la citada Ley, en cuanto a la competencia de los órganos locales de protección de derechos para tomar intervención frente a la amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, desde la SENNAF se han implementado canales de comunicación con las autoridades locales de protección de derechos, en caso de mediar situaciones que ameriten su intervención, ello con independencia de que el joven se encuentre o no incluido en algún dispositivo penal juvenil.

En este sentido, se organizan permanentemente encuentros de capacitación con los operadores de los diferentes dispositivos penales juveniles, con la finalidad de incorporar, a las prácticas que se llevan a cabo, la diferenciación mencionada ut-supra.

Durante el período transcurrido desde el año 2002 hasta la fecha se detecta una baja sensible en la aplicación, por parte del Poder Judicial, de la medida de privación de libertad respecto de jóvenes infractores o presuntos infractores de la Ley penal.

Tomando como referencia las estadísticas del circuito penal juvenil dependiente de la SENNAF, en el siguiente cuadro se puede observar una disminución de alrededor del 45 por ciento en la cantidad de jóvenes presentes diariamente en institutos de privación de libertad estricta.

En el mismo orden, desde la sanción de la Ley Nº 26.061 se ha detectado una tendencia progresiva, por parte de los Juzgados Nacionales de Menores y los Jugados Federales con competencia penal, en cuanto a cesar con su intervención simultáneamente con la finalización de las actuaciones, esto quiere decir que únicamente mantienen las disposiciones tutelares cuando continúa el trámite de las actuaciones principales en las que se investiga la responsabilidad del joven en el hecho que se le imputa.

A su vez, desde la SENNAF, se ha ampliado la oferta de dispositivos alternativos a la medida de encierro, en particular se han aumentado las plazas existentes en las Residencias de Convivencia e Integración Comunitaria, establecimientos de régimen abierto que centran su intervención en el aspecto convivencial y el ejercicio responsable de la ciudadanía.

Se han reforzado los programas de abordaje y acompañamiento en territorio. Al ya existente Programa de Libertad Asistida, se ha agregado el equipo de "A la salida" cuya modalidad de abordaje prioriza la instancia de pertenencia e integración grupal a partir del desarrollo de actividades formativas.

El fortalecimiento de estos dispositivos se vio enriquecido con capacitaciones y actividades tales como las realizadas en septiembre del año 2005, en el Honorable Senado de la Nación, denominadas "Jornadas sobre buenas prácticas en Justicia Penal Juvenil", organizadas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y UNICEF, que contaron con la participación de jueces, fiscales, defensores, funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, organizaciones de la sociedad civil, etc.

En el mismo sentido aportaron las jornadas realizadas en septiembre de 2007 denominadas "Sistema Penal Juvenil: Presente y Cambios Necesarios" organizadas por la SENNAF y UNICEF, en la que participaron representantes de los poderes ejecutivos de la totalidad de las jurisdicciones, quienes tienen a su cargo la gestión de los dispositivos penales juveniles.

Cabe mencionar que los establecimientos de la SENNAF que alojan jóvenes infractores o presuntos infractores a la Ley penal, reciben permanentemente visitas de diferentes actores externos, que pertenecen al Poder Judicial, al Ministerio Público de la Defensa y a organizaciones de la sociedad civil.

Un claro ejemplo de ello son las visitas que se realizan periódicamente desde la Cámara Nacional de Apelaciones en Criminal y Correccional, cuyos resultados se encuentran registrados en un expediente que tramita por ante la Prosecretaría de Patronatos de Menores de la referida Cámara.

Asimismo, desde la Defensoría General de la Nación, se ha creado recientemente la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes, que también concurre regularmente a los diferentes establecimientos manteniendo entrevistas con los jóvenes allí alojados (profundizar apartado "Derecho a no ser sujeto a torturas" del Punto D, —al respecto, ver Suplemento Actos de Gobierno N° 37 del 26 de mayo de 2009—).

En el mismo orden de ideas, se ha priorizado la asignación de recursos con el objeto de garantizar sustancialmente la accesibilidad de derechos a los a los jóvenes infractores o presuntos infractores de la Ley penal.

Para ello, se han llevado a cabo trabajos de infraestructura tendientes a mejorar las condiciones edilicias de los distintos establecimientos, optimizando de tal forma la calidad de vida de los jóvenes allí alojados.

Por otro lado, se ha establecido que el eje rector de la política pública relacionada con la prevención e intervención en política criminal juvenil debe ser el aspecto socioeducativo.

Es por ello que, en primer lugar, se duplicó y en algunos casos se triplicó el tiempo escolar real de los jóvenes que se encuentran alojados en los institutos de régimen cerrado.

En el transcurso del año se incorporaron a los diferentes dispositivos un total de aproximadamente ochenta operadores educativos y convivenciales y se aumentó considerablemente la oferta de actividades educativas y recreativas dentro del los establecimientos de régimen cerrado, traduciéndose ello en menos tiempo de ocio.

A los fines de garantizar una amplia oferta de actividades y talleres para los jóvenes e impulsar un mayor nivel de intercambio entre los dispositivos especializados y el resto de la comunidad, se han celebrado convenios con diversas instituciones públicas y de la sociedad civil, entre ellos la Secretaría de Deportes de la Nación, la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la Asociación Civil de Madres de Plaza de Mayo, la Federación Argentina de Ajedrez, etc.

Además, del Programa de Libertad Asistida que realiza un acompañamiento en territorio, se ha agregado el equipo de "A la salida" cuya modalidad de abordaje que prioriza la instancia de pertenencia e integración grupal a partir del desarrollo de actividades formativas.

Asimismo, desde la Coordinación General del Programa Nacional de Justicia para Niños, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Socio–Penal (PRONAJU) se ha ido proveyendo a los equipos profesionales de los distintos dispositivos penales juveniles de diferentes recursos provenientes de organizaciones de la sociedad civil y agencias estatales que permiten la inserción laboral de los jóvenes.

Además de las ya mencionadas capacitaciones realizadas en conjunto con UNICEF, durante el segundo semestre del año 2007, la SENNAF, UNICEF y la Universidad Nacional de Tres de Febrero pusieron en marcha el proyecto "Hacia una mayor adecuación del sistema penal juvenil argentino a la Constitución Nacional y a los estándares internacionales en la materia".

El estudio tiene por objeto la construcción de un diagnóstico nacional sobre los procedimientos, prácticas y dispositivos existentes en materia penal juvenil en cada una de las provincias argentinas, además de dejar capacidad instalada de monitoreo e intercambio y fortalecer procesos transformadores.

La metodología del proyecto implica el relevamiento en territorio de la información, prevé instancias regionales de validación de los aspectos relevados y la realización de eventos de capacitación e intercambio tendientes a construir consensos sobre los ejes rectores que debe contener la política pública en materia penal juvenil.

La relevancia del estudio deviene en su originalidad. Por primera vez el Estado nacional en conjunto con los ejecutivos provinciales se han concentrado en lograr un diagnóstico del concreto estado de la problemática; información imprescindible para poder planificar y llevar a cabo las políticas en la materia.

El estudio se encuentra en pleno procesamiento de los datos; consolidando y validando los mismos con las distintas jurisdicciones provinciales.

El Comité recomienda que el Estado parte continúe con los esfuerzos en curso para la ratificación del Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil.

El Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil que complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño fue aprobado por Ley N° 25.763, sancionada el 23 de julio de 2003 y promulgada el 22 de agosto del mismo año, con la siguiente declaración:

"Con relación al artículo 2°, la República Argentina hubiera preferido una definición más amplia, tal como lo establece la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, que en su artículo 2 define expresamente al tráfico como comprensivo de los actos de sustracción, traslado o retención, o la tentativa de sustracción, traslado o retención de un menor con propósitos o medios ilícitos, la cual ha sido ratificada por nuestro país, por lo que, en virtud del artículo 41 de la CIDN continuará aplicándose en la materia. Asimismo, por las razones mencionadas, la República Argentina considera que la venta de niños deberá ser penalizada en todos los casos sin limitarse a la casuística contemplada en el inciso a) del párrafo 1° del artículo 3°.

En relación al artículo 3°, la República Argentina declara además que no ha suscripto instrumentos internacionales referidos a la adopción internacional de menores, ha reservado los incisos b), c), d) y e) del artículo 21 de la CIDN que recepciona la figura de la adopción internacional y no permite la adopción internacional de niños domiciliados o residentes en su jurisdicción.

En relación al artículo 7°, la República Argentina interpreta la expresión "confiscar" en el sentido de "decomisar bienes y utilidades".

Se informa que el Estado argentino se encuentra actualmente elaborando el Informe previsto en el artículo 12 del protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños y niñas en la pornografía.

A continuación se describe el marco normativo nacional referente a esta temática:

• Ley Nº 26.061: Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
• Sancionada: 28 de septiembre de 2005.
• Promulgada de Hecho: 21 de octubre de 2005.
• Decreto Nº 416/2006: Incorpóranse al Anexo I del Artículo 1º del Decreto Nº 357/2002 y sus modificatorios la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y al Anexo II del Artículo 2º de dicho Decreto los objetivos de la misma. Conformación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Sustitución del Artículo 5º del Decreto citado en relación con la integración del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales.
• Ley Nº 26.206: Educación Nacional.
• Sancionada: 14 de diciembre de 2006.
• Promulgada: 27 de diciembre de 2006.
• Ley Nº 26.075: Financiamiento Educativo.
• Sancionada: 21 de diciembre de 2005.
• Promulgada: 9 de enero de 2006.
• Ley Nº 26.150: Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
• Sancionada: 4 de octubre de 2006.
• Promulgada: 23 de octubre de 2006.
• Ley Nº 26.233: Centros de Desarrollo Infantil.
• Sancionada: 28 de marzo de 2007.
• Promulgada: 24 de abril de 2007.

El Estado argentino, con el propósito de hacer partícipes a niñas, niños y adolescentes en el presente informe solicitó a los gobiernos provinciales cooperación para realizar pequeños encuentros en el que niñas, niños y adolescentes pudieran expresar su opinión en cuanto a sus derechos en sus ámbitos regulares de pertenencia.

Para llevar a cabo este propósito se planificaron encuentros en cada provincia para trabajar los derechos en base a tres ejes fundamentales: Derechos en la Comunidad, Derechos en la Escuela y Derechos en la Familia.

Los encuentros realizados fueron:

San Juan: se desarrolló, durante los días 28 y 29 de agosto, un "congresito" bajo el lema "qué San Juan queremos", en el que opinaron 700 niños provenientes de todos los Municipios de la provincia.

Catamarca: con fecha 26 de septiembre, se llevaron a cabo las jornadas de difusión de derechos en el ámbito escolar, familiar y comunitario. Se hizo a través de la realización de una obra de teatro en el salón de usos múltiples del CIC.

Tucumán: se realizó, el día 27 de septiembre, un encuentro en el que, se proyectó, como disparador, el vídeo "los derechos de los niños" para luego ser debatido en diferentes grupos.

Corrientes: se organizó, el 3 de octubre, una jornada integradora en la Escuela 290 de la Ciudad de Corrientes. En ella, niñas y niños participaron en actividades en las que se reforzó el conocimiento y la posibilidad de acceso al logro de sus derechos.

Tierra del Fuego: se llevaron a cabo, durante los días 4 y 5 de octubre, diversas actividades abarcando todos los grupos de edades. En la Fundación Lugares, con adolescentes de entre 15 y 18 años; en la Escuela Provincial Nº 13 con alumnos de 5° y 6° grado y finalmente en el Jardín "El barquito travieso" donde concluyeron con la realización conjunta de murales alusivos.

Chaco: se realizaron dos encuentros; el 10 de octubre en el CECUAL y el 12 de octubre en una escuela de un Barrio Toba. En ambos encuentros niños y niñas participaron plasmando en sus dibujos lo que entendían como sus derechos.

Salta: se realizó un encuentro el día 20 de octubre en el CIC provincial convocando a niños y niñas de escuelas y comedores y jóvenes del Centro de Actividades Juveniles. Utilizaron como disparador los cortos "un minuto por mis derechos, seleccionados por tema: "comunidad y derechos", "los derechos en la escuela" y "los derechos en la familia".

Santa Fe: a través de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, se convocó, durante los días 24 y 25 de octubre, a una exposición denominada "paseo por las expresiones" en la que se ofrecieron un abanico de talleres con diversas alternativas de expresión: títeres, taller literario, plástica, fabricación de juguetes, música.

Córdoba: se realizó, el 7 de noviembre, con el coro de niños del Ministerio de Educación, un encuentro en el que los chicos pudieron expresarse en torno "cuáles son los derechos más importantes", "cómo sería el mundo ideal", "si los derechos no se cumplen, a quien le digo?".

Mendoza: se llevó a cabo, el 11 de noviembre, una jornada de trabajo en el predio de la Dirección de Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia (DINAAD). Previamente cada Centro de Desarrollo Infantil convocado había seleccionado y trabajado un derecho, en la jornada los chicos debían exponer lo producido por ellos en relación a esos derechos.

Misiones: se programaron dos jornadas, para los días 14 y 15 de noviembre, en distintas localizaciones. Por un lado en la Escuela Provincial de la Comunidad de San Javier, al límite de Brasil y, por el otro, en la Escuelas de Villa Cabello, en la Ciudad de Posadas. A través de la formación de grupos los chicos respondieron sobre el ejercicio de los derechos en el barrio, la comunidad, la familia y la escuela fundamentalmente la cuestión de si los derechos son reconocidos como tal en las prácticas cotidianas.

La Rioja: se realizaron, el 17 de noviembre, en el marco de las Jornadas Comunitarias de los Centros de Referencia, talleres con grupos de chicos de diferentes edades. En los mismos se propuso trabajar sobre el derecho a la salud, a no ser maltratado, a la alimentación, a una vivienda digna y a no ser discriminados.

La Pampa: la Fundación para la Promoción de Estudios Superiores en Tecnología y la Secretaría de Niñez organizaron y llevaron a cabo, el día 22 de noviembre, una jornada con 35 niños y niñas y adolescentes pertenecientes al proyecto "reinserción educativa" en la que trabajaron las consignas "qué es un derecho", "cuáles son los derechos de los niños", "qué pasa cuando un derecho es vulnerable" y "quiénes son los responsables de hacer cumplir los derechos".

Neuquén: se realizó, el 15 de noviembre, la marcha por los derechos del niño y del adolescente, organizada por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos y la Pastoral Social del obispado, siendo el lema de la misma "Queremos vivir". Asimismo, en el CIC de Zapala de la misma provincia se organizó, el día 22 de noviembre, una jornada de trabajo sobre los Derechos del Niño.

Las conclusiones arribadas y sistematizadas de cada encuentro-taller constituyen el producto de instancias de trabajo previo, donde los adultos a cargo buscaron despertar la creatividad y el pensamiento crítico de los niños.

Es muy importante resaltar que se constituyen como espejos de las problemáticas que los aquejan con relación a la situación política, social y económica en la que conviven.

Sorprende la profundidad que puede llegar a tener el pensamiento infantil cuando es potenciado por la elaboración colectiva, ampliado con la discusión y la confrontación con otras ideas. Lleva además a pensar la necesidad de recuperar y fortalecer el diálogo entre adultos y niños como construcción conjunta del conocimiento.

A continuación, se transcribe la experiencia desarrollada en la Provincia de Córdoba.

En el marco de la elaboración del informe al Comité de los Derechos del Niño, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Subsecretaría de Protección Integral del Niño y del Adolescente de la Provincia de Córdoba organizaron unas jornadas de difusión de derechos.

El objetivo consistió en generar un espacio de encuentro, de reflexión y de producción en torno a los derechos, facilitando los medios para la expresión de los chicos.

El contacto con un coro, el Coro de Niños del Ministerio de Educación de la provincia, permitió pensar un encuentro donde los chicos pudieran expresarse en torno de sus derechos y, además, protagonizaran una gala musical teniendo en cuenta que vienen trabajando en este sentido a lo largo del año, con mucho empeño y el acompañamiento de sus padres y maestros; situación que sin duda los posiciona activamente en relación a sus derechos.

De esta forma participaron niños y niñas de entre 7 y 12 años, provenientes de diferentes barrios y de quince escuelas primarias de la Ciudad de Córdoba, ubicadas en barrios de diferente nivel socioeconómico. A ellos se sumaron los jóvenes de entre 14 y 16 años de dos escuelas de Villa María y chicos de tres colegios del Pilar, ambas localidades del interior de la provincia. También estuvo presente la Orquesta Infantojuvenil de la Escuela de Niños Cantores "Domingo Zípoli". Así, en la gala participaron alrededor de 200 niños, niñas y adolescentes.

Al evento asistieron autoridades de la Subsecretaría de Protección Integral del Niño y del Adolescente, del Centro de Referencia y los compañeros de las escuelas a las que asisten los chicos de la ciudad, sus docentes y padres. Entre niños, niñas, adolescentes y adultos hubo más de 700 personas que ovacionaron la puesta coral e instrumental.

La jornada de trabajo acerca de los derechos se realizó con los 120 chicos del coro de la ciudad capital y los adolescentes de Villa María.

Luego del almuerzo, los chicos pudieron acercarse a los afiches que colgaban de las paredes donde se les sugería expresar sus opiniones respecto de: "¿Cuáles son los derechos más importantes?", "¿Cómo sería tu mundo ideal‘", "Si los derechos no se cumplen: ¿a quién le digo?".

La modalidad de trabajo, desde la dinámica grupal, fue la siguiente

• Presentación de la actividad por Petrushka: personaje circense que habla de los derechos de niños, niñas y adolescentes con malabares y un cubo mágico.
• División de los chicos en 10 grupos, mediante un juego con baile.
• "Yo Pienso": cada grupo trabajó con ocho tarjetas (cinco con determinados derechos y tres en blanco), las que tuvieron que clasificar –argumentando su posición en Derecho Fácil y Derecho Difícil, según consideraran cómo fuera su cumplimiento. En las tarjetas en blanco, podían agregar otros derechos que quisieran. Todos los derechos que se ofrecieron en las tarjetas estaban relacionados con la comunidad, la escuela y la familia, espacios donde se ejercen.
• Cada grupo eligió un derecho "difícil" para profundizar a través de "Construyendo Historias". Los más pequeños realizaron un muñeco con papel de diario y cinta de papel, del tamaño de un niño y crearon una historia a partir de ese niño, en la que el derecho se veía vulnerado, y también plantearon el modo cómo se podía resolver. Los adolescentes idearon una publicidad donde se planteó el derecho vulnerado y una solución para la comunidad. Ambas producciones fueron los insumos para el cierre del encuentro.
• Puesta en común.

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NOTA: El detalle de esta experiencia y los contenidos completos del marco normativo nacional pueden ser consultados en el siguiente sitio Web: http://www.desarrollosocial.gov.ar/pdf/InformeONU.pdf.