Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez.

Sra. Pérez Suárez.- Señor presidente: cada uno se expresa de acuerdo con sus convicciones, su ideología y también su historia y experiencias.

He cursado la escuela primaria y la secundaria en escuelas públicas de gestión estatal; hice mis estudios terciarios, en institutos terciarios de gestión privada; seguí estudios posteriores en establecimientos de gestión estatal, como la Universidad Autónoma de México o la Universidad de Siena; y nunca pagué un centavo para estudiar. Siempre fue en forma gratuita.

Debo decir también que he trabajado en establecimientos de enseñanza media, terciaria y universitaria, establecimientos públicos de gestión privada y de gestión estatal, y que en estos momentos soy titular en el Liceo 1, que vuelve a llamarse así gracias a una iniciativa, a la que adhiero, del profesor Sanguinetti, acertada decisión de la gestión del doctor de la Rúa y de su secretario de Educación, que le devuelve a las escuelas el nombre que siempre tuvieron.

Por todo eso, señor presidente, he valorado y reconozco la importancia de las escuelas públicas de gestión oficial y también de las privadas. Como bien dijo la convencional Delia Bisutti –una luchadora de la escuela pública– la gestión privada atiende en la ciudad de Buenos Aires una importantísima cantidad de establecimientos. Esta ciudad tiene el más alto índice proporcional de educación de gestión privada en el servicio público escolar de toda la República Argentina, y ello es consecuencia de la aplicación de adecuados criterios de libertad de enseñanza y de fuertes e ingentes esfuerzos de los agentes sociales que aportan a los servicios públicos escolares de la ciudad.

Esta realidad fue el fundamento del proyecto 702 que presentara, en el que expuse no sólo mis convicciones sino también mi esfuerzo, y que no tuve oportunidad de defender en la comisión de Políticas Sectoriales como sí lo hizo usted, señor presidente, con su proyecto, tal vez porque, como nos pasa muchas veces a los convencionales, se superponen las reuniones y a veces no nos podemos hacer presentes; pero sé de los esfuerzos que mis compañeros de bloque Liliana Monteverde y Miguel Saguier hicieron al respecto.

Esta realidad, entonces, debe ser también fundamento del texto que hoy votamos y en el que debemos asegurar los criterios de libertad de enseñanza, solo limitados por el resguardo del bien común.

El sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires debe seguir siendo democrático, abierto, diverso y plural por reclamarlo así la vigencia de las normas educativas de la Constitución Nacional y las precisiones de los pactos con rango constitucional de 1994, Artículo 57, inciso 22, en lo referido a derechos y obligaciones educativas de la familia, la sociedad y el Estado. Como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 26, inciso 3, al que ya hiciera referencia mi compañero Jorge Castells: "Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos". Además la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 13, punto 3, expresa: "Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza y de hacer que sus hijos o pupilos reciban educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño, Artículo 14 consagra lo siguiente: "Los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Los Estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres y en su caso de los representantes legales de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades".

Creo importante remitirnos a la Ley Federal de Educación, que establece en su Artículo 4: "Las acciones educativas son responsabilidad de la familia como agente natural y primario de la educación, del Estado nacional como responsable principal, de las provincias, de los municipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y las organizaciones sociales". Dice en su Artículo 5°: "Entre los lineamientos de política educativa que el Estado nacional deberá respetar, figuran los siguientes principios: la libertad de enseñar y aprender; la participación de la familia, la comunidad, las asociaciones docentes legalmente reconocidas y las organizaciones sociales; el derecho de los alumnos a que se respete su integridad, su dignidad, la libertad de conciencia, de expresión y a recibir orientación". Señor presidente: es nuestra obligación respetar estas normas constitucionales, la ley federal y los acuerdos expresados además en los artículos de referencia porque, como bien se mencionara en este recinto en la sesión pasada, votamos la incorporación en el estatuto del derecho a ser diferentes.

Al establecer que la educación de la ciudad debe respetar también ese derecho tiene que existir consonancia con la Constitución Nacional y con la Ley Federal de Educación. De otro modo, estaríamos en contradicción con el propio texto estatutario porque discriminaríamos por religión e ideología, y limitaríamos el derecho de libertad personal.

En este sentido, señor presidente, adhiero al despacho de minoría enunciado por mi compañero Jorge Castells, y hago solamente una diferenciación de carácter personal respecto de la mención de la perspectiva del género.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Como se ha agotado la lista de oradores, se va a votar en general el dictamen en mayoría.

Sr. Presidente (Shuberoff).- En consideración en particular. Se va a tratar el Artículo 1°.

Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señor presidente: es evidente que el dictamen de nuestra bancada no ha tenido acogida mayoritaria, pero como estamos en la discusión en particular del dictamen en mayoría sólo quiero aportar brevemente un último elemento.

Quiero hacer saber a los convencionales de la mayoría que estamos quedándonos atrás de constituciones muy recientes. Por ejemplo las de Salta y Córdoba. Y aclaro algo que es obvio: la de Córdoba ha sido reformada en el marco de una convención donde, desde luego, nuestro movimiento no era mayoritario, tal como ha venido sucediendo en esa provincia por lo menos desde hace varios años.

Sr. Castells.- Creo que la Constitución de Córdoba fue reformada hace seis u ocho años. El amigo señor convencional Vivo me precisa en este instante, con esta capacidad que tienen los radicales de recoger su historia, que fue en el año 1987.

Por lo tanto, antes de votar en particular este texto deseo que los señores convencionales escuchen como última reflexión qué estableció la Constitución de la provincia de Córdoba, que por supuesto no es lo que estamos proponiendo.

La Constitución de Córdoba, en su Artículo 62, inciso 5°, establece que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal educación religiosa o moral según sus convicciones. Quiero ser muy claro: no es lo que nosotros estamos proponiendo, pero Córdoba ha ido más allá en este sentido.

Asimismo, la Constitución de Salta en su Artículo 48 establece que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. De todos modos, no proponíamos esto ni lo hacemos ahora.

Queremos que la educación pública sea laica, como viene siéndolo desde hace ya mucho tiempo merced a la Ley 1.420, pero me parece que excluir del texto constitucional de la ciudad de Buenos Aires una previsión contenida en tratados internacionales suscriptos por la Nación, y con una fórmula más amplia en las más recientes constituciones sancionadas en el país por convenciones de distinto signo partidario, nos ubica a contramano de la historia.

Por eso quiero que mis estimados colegas disculpen este último esfuerzo que apunta a que los señores convencionales hagan una nueva reflexión. Se trata de poner el texto de la Constitución porteña en paralelo con tratados internacionales que la Nación Argentina viene suscribiendo desde 1966 y con el más moderno derecho público provincial.

Por eso hago una última exhortación para que, desistiendo ya de las otras dos disidencias apuntadas, se tenga en cuenta este párrafo y se incluya nuestra propuesta en este Artículo 1° que estamos considerando en particular.

Sra. Presidenta (Bullrich).- Señor convencional Jozami: ¿acepta la comisión modificar este artículo?

Sr. Jozami.- Me parece que ya ha sido suficientemente fundamentado por todos los bloques. Por lo tanto, insistimos con la misma redacción.

Sra. Presidenta (Bullrich).- Tiene la palabra el señor convencional Shuberoff.

Sr. Shuberoff.- Señora presidenta: quiero proponer la reincorporación en el texto de dos cuestiones que fueron incluidas en el dictamen de la comisión, pero que han sido eliminadas por la Comisión de Redacción.

En la primera parte del Artículo 1° se dice que "La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad". El dictamen de la Comisión de Políticas Especiales sobre Educación hablaba de "la tolerancia y la solidaridad". No me queda claro por qué se ha eliminado la palabra "tolerancia". Por lo tanto, propongo que se la vuelva a incluir en el texto.

Al final del mismo artículo la Comisión había propuesto una cláusula que sostenía que "la educación tendrá un carácter esencialmente nacional con especial referencia a la Ciudad favoreciendo la integración con otras culturas". Me parece que ella remite a un interés instrumental bastante importante para esta época.

Se trata de evitar que ocurra con los contenidos que se definan a nivel de la ciudad lo que vino sucediendo con los contenidos curriculares básicos a nivel nacional, en los que nos pasamos de globalizadores y excluimos de estos contenidos la obligatoriedad de enseñar la historia y geografía nacionales.

En la Comisión incluimos este párrafo porque está dando una indicación de política que pareciera que en este tiempo se ha vuelto necesaria; no lo fue en la época de la Ley 1.420 pero en este tiempo de globalización parece que sí lo es.

De manera que propongo que se incorpore lo que figuraba originariamente en el dictamen y fue eliminado con un criterio de dudosa validez por la Comisión de Redacción.

Sra. Presidenta (Bullrich).- Señor convencional Jozami: ¿acepta la Comisión?

Sr. Jozami.- Señora presidenta: voy a tratar de hablar en mi doble papel de presidente de la Comisión de Políticas Especiales sobre Educación y de miembro de la Comisión de Redacción.

Sobre el primer punto que planteaba el señor convencional Shuberoff, es decir, la referencia a tolerancia entre los valores que tienden a orientar la educación, existió una larga discusión –la señora presidenta lo recordará– en la Comisión de Redacción, y hubo mayoría de opiniones que afirmaban que éste no era un valor que tuviera la misma jerarquía que la libertad, la ética y la solidaridad.

Dado que hubo algunas dudas en la Comisión de Redacción, en principio acepté el criterio teniendo en cuenta que era claramente mayoritario.

Sra. Presidenta (Bullrich).- Señor convencional Jozami: ¿acepta o no la inclusión que ha pedido el señor convencional Shuberoff?

Sr. Jozami.- En principio, no.

Con respecto al segundo punto debo decir que recién hablamos con el presidente de la Comisión de Redacción y varios de sus integrantes compartimos el criterio de que esa supresión tal vez no haya sido feliz. En este caso, como bien lo ha planteado el señor convencional Shuberoff, de alguna manera se suprimió un concepto importante en cuanto a la orientación de la educación: el carácter nacional, por una parte, y la integración cultural, por la otra. En ese sentido aceptaríamos la propuesta del señor convencional Shuberoff.

Sra. Presidenta (Bullrich).- Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Señora presidenta: he reflexionado con respecto a la propuesta del señor convencional Jozami y la comparto. Pero quiero rescatar algo de la discusión, porque el párrafo es confuso y no creo que esté claramente planteado el tema. En consecuencia, es mejor que vuelva a la Comisión de Redacción antes de aprobarlo tal como ha sido redactado originalmente, a fin de que no quede el aspecto universal de la educación fuera del párrafo. En ese sentido –sin objetar el contenido, porque comparto lo que ha dicho el señor convencional Shuberoff–, sería mejor buscar una redacción que sea la más adecuada. No lo logramos anoche, por lo que se planteó la idea de la supresión.

Insisto: si el párrafo quedara como está, desde mi punto de vista sería confuso en su redacción.

Sra. Presidenta (Bullrich).- La Presidencia entiende que no es aceptada la palabra "tolerancia" y que existen dos propuestas con respecto al párrafo segundo: una consistente en aprobarlo tal como ha sido redactado originalmente y otra –del señor convencional Rodríguez– referida a reelaborar ese texto respetando su contenido. ¿Qué dice la comisión al respecto?

Sr. Zaffaroni.- Señora presidenta: no vamos a aceptar la incorporación de la palabra "tolerancia", no porque la consideremos un valor de inferior jerarquía sino porque puesta al lado de "libertad" puede provocar alguna confusión. Si hablamos de libertad y al lado le colocamos la palabra "tolerancia", estamos reduciendo el concepto de libertad, dando la idea de que hay alguien que está en lo cierto y simplemente tolera a los que tienen una opinión distinta. Hay que resaltar mucho más el concepto de libertad. Por eso coincido con el señor convencional Jozami en que no sería conveniente ese agregado.

En cuanto al segundo párrafo resultaría preferible modificarlo si es que existiera alguna confusión con su redacción. No creo necesario enviar el proyecto a comisión, ya que esto lo podemos subsanar con un cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas.

Sra. Presidenta (Bullrich).- En consecuencia, no se acepta la palabra "tolerancia", y sí la reelaboración del segundo párrafo del artículo.

Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señora presidente: sobre este punto existe un acuerdo general. Me parece más práctico que realizar un cuarto intermedio, aprobar el texto con el agregado que propuso el señor convencional Shuberoff, y cuando vuelva a la Comisión de Redacción para la elaboración del texto ordenado y final acometer la tarea de mejorarlo. Esto lo propongo para no demorar el trámite de la sesión con un cuarto intermedio.

Sra. Presidenta (Bullrich).- Tiene la palabra el señor convencional Inchausti.

Sr. Inchausti.- Señora presidenta: estamos de acuerdo en no incluir la palabra "tolerancia", porque cuando nos referimos a una sociedad justa y democrática entendemos la democracia no como una forma de gobierno sino como un estilo de vida que entre otros valores tiene implícita la tolerancia.

Con respecto al segundo punto, nuestro bloque sostiene la necesidad de introducir la modificación sugerida por el señor convencional Shuberoff.

Sra. Presidenta (Bullrich).- En consecuencia, se va a votar el Artículo 1° con las modificaciones aceptadas por la comisión.

Sra. Presidenta (Bullrich).- En consideración el Artículo 2°.

Tiene la palabra el señor convencional Shuberoff.

Sr. Shuberoff.- Señora presidenta: en este artículo se dice lo siguiente: "La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades...". Cuando esto se discutió en la comisión resolvimos redactarlo de modo que dijera "en todos los niveles y modalidades curriculares", por entender que el texto que hoy propone la Comisión de Redacción estaría implicando la imposibilidad de realizar cualquier actividad de carácter extracurricular que no fuera gratuita en el ámbito de la escuela pública. Y ocurre que muchas veces en la escuela pública se aprovecha para coordinar o promover la realización de actividades que no son curriculares, pero que son útiles y tienen aceptación entre la gente, las que necesariamente deben autofinanciarse.

Me parece que excluir la palabra "curriculares" –salvo que haya existido alguna razón que ignoro– podría generar un problema al momento de interpretar la norma.

Sra. Presidenta (Bullrich).- ¿Acepta la comisión la modificación que propone el señor convencional Shuberoff?

Sr. Zaffaroni.- Señora presidenta: a título personal adelanto que no voy a aceptar esa modificación. Creo que queda bastante claro que todas las actividades que son extrañas a la educación pueden ser onerosas, y que las propias de la educación –sean o no curriculares– tienen que ser gratuitas.

Sra. Presidenta (Bullrich).- Tiene la palabra el señor convencional Brailovsky.

Sr. Brailovsky.- Señora presidenta: cuando discutimos este tema en la Comisión de Políticas Especiales sobre Educación habíamos dado el ejemplo de que era posible organizar dentro del sistema educativo, como actividad extracurricular, cursos para empresarios, los que podrían cobrarse a un valor alto para financiar con esos fondos los comedores escolares. Se trataba de un ejemplo de una política posible –no digo que fuera la mejor– que no podía quedar cerrada por el hecho de que todo debía ser absolutamente gratuito. Pensábamos que bastaba con declarar gratuitas las actividades curriculares.

Ése fue el sentido de la modificación que ha propuesto el señor convencional Shuberoff.

Sra. Presidenta (Bullrich).- Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señora presidente: la inquietud que plantearon los señores convencionales Shuberoff y Brailovsky es atendible por cierto, y quedaría zanjada si reemplazáramos la expresión "y gratuita" por la de la Constitución Nacional, "fundada en los principios de gratuidad y de equidad".

Me parece que esta es la solución en lugar de entrar en un terreno absolutamente reglamentarista, que será materia de la ley que sobre educación sancionará la futura legislatura.

Sra. Presidenta (Bullrich).- Tiene la palabra el señor convencional Inchausti.

Sr. Inchausti.- Señora presidenta: si la interpretación es la que ha hecho el señor convencional Zaffaroni, estaría zanjada la inquietud que el señor convencional Shuberoff ha planteado en su momento. En consecuencia, no tendríamos problemas en aprobar el artículo tal como ha sido redactado.

Sra. Presidenta (Bullrich).- Se va a votar el Artículo 2° tal como ha sido redactado por la comisión.

Sra. Presidenta (Bullrich).- Queda aprobado el texto.

ARTICULO ... .- La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática.

Sra. Presidenta (Bullrich).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición sobre el proyecto de texto producido por la Comisión de Políticas Especiales sobre cultura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- El texto consensuado con las modificaciones introducidas al dictamen originario dice así:

Sra. Presidenta (Bullrich).- La Presidencia informa que se encuentran anotados en la lista de oradores los señores convencionales Jozami, Lubertino, Pérez Suárez, Brailovsky y Maronese.

Antes de comenzar el debate, como son las 16 y tenemos este proyecto y otro más, les pido que tratemos de ser breves para que luego se puedan reunir las comisiones.

En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señora presidenta: no se imagina cuán breve voy a ser.

Pedí la palabra simplemente para hacer una aclaración respecto de las modificaciones. Como éstas ya han sido incluidas en el texto leído por Secretaría, el informe lo va a realizar la señora convencional María José Lubertino.

Sra. Presidenta (Bullrich).- Tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: la ciudad de Buenos Aires es reconocida mundialmente por la riqueza de su producción cultural, que se expresa a través de las más diversas manifestaciones. Esta constitución de la ciudad de Buenos Aires no solamente no podía dejar de mencionar los derechos de las personas a la cultura, que seguramente redactaremos en la Comisión de Derechos y Garantías, sino que además su Comisión de Políticas Especiales hace una expresa indicación de un texto sobre las responsabilidades que debe asumir el Estado de la ciudad en relación con las actividades culturales y de creación. Con esto nuestro Estatuto no hace más que recoger el nuevo constitucionalismo social que reconoce a los derechos de la cultura como derechos humanos.

Así, podemos encontrar como antecedentes valiosos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Declaración Americana de Derechos y Deberes de la O.E.A., que en 1948 plantearon por primera vez que los derechos culturales son derechos humanos.

También la reforma constitucional del año 1994 reconoce e incorpora en el inciso 19) del Artículo 75 los conceptos de identidad y de pluralidad cultural al referirse a las facultades del Congreso. De la misma manera, el inciso 22) del Artículo 75 de la nueva Constitución reformada incorpora los pactos internacionales que reconocen en su cuerpo normativo los derechos culturales, adquiriendo así rango constitucional y complementando los derechos y garantías reconocidos taxativamente por el texto constitucional.

Además, en la reforma constitucional de 1994 se ha incluido una consideración relativa específicamente a la cultura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, el Artículo 125 de la nueva Constitución reformada establece que nuestra ciudad puede promover el desarrollo del conocimiento y de la cultura.

No hacemos más que estar recogiendo los textos constitucionales de Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Alemania, Portugal, España y Países Bajos, entre otros. De los conceptos más importantes que se están introduciendo en este texto que involucra la responsabilidad del Estado en relación con las políticas culturales, merecen ser destacados dos paradigmas de la política cultural moderna: la democratización de la cultura y la democracia cultural.

En este sentido cabe destacar que la primera tiene como objetivo facilitar el acceso de todas las personas a los bienes culturales, especialmente a las expresiones artísticas conocidas como legitimadas.

Por otro lado, la democracia cultural plantea la defensa de la coexistencia de múltiples culturas en una misma sociedad; propicia su desarrollo autónomo y las relaciones igualitarias de participación de cada individuo en cada cultura y de cada cultura respecto de las demás.

En nuestra ciudad, conocida en toda la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo por estas actividades culturales que se desarrollan en ella, no podían no recogerse estos dos principios básicos.

Quiero mencionar expresamente cuál es la situación en la que hoy se encuentra el desarrollo de las actividades culturales en la ciudad de Buenos Aires.

No quiero retrotraerme a lo que fueron la Argentina y la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo pasado. No quiero debatir y hacer un análisis histórico de cómo se desarrolló esta ciudad en cuanto a su creación artística y a la preponderancia que tuvieron todas las manifestaciones de la cultura.

Me parece que estamos en un momento crítico en relación con el deterioro de algunas manifestaciones de la cultura en la ciudad. Asistimos con tristeza a la desaparición de espacios culturales en ella. En cortos diez años de vida hemos visto cómo se cerraron teatros y cines para dar lugar a iglesias electrónicas o a playas de estacionamiento. Vemos cómo se demuelen casas y edificios en barrios que son el patrimonio de nuestra ciudad y que la configuran en su identidad.

Algunos de nosotros tuvimos la suerte de asistir en los años 80, durante la gestión radical en la ciudad de Buenos Aires, a un estallido de democratización de la cultura, cuando pudimos recuperar los espacios públicos para las actividades creativas y tuvimos la oportunidad de dar el espacio a los jóvenes en la recreación de las actividades de este ámbito.

Lamentablemente, en los últimos años también asistimos al desmantelamiento de muchos de los programas que se presentaban en la ciudad de Buenos Aires en materia cultural, sobre todo en lo que tenía que ver con los desarrollados en los barrios y los vinculados a los jóvenes, y a su privatización, pese a que creíamos que eran imprescindibles para una etapa de la democracia en la Argentina.

Esperamos que con la incorporación de este texto en la constitución, que establece no las políticas para un gobierno sino para los gobiernos que de ahora en más se sucedan en la ciudad de Buenos Aires, podamos garantizar especialmente no sólo el pluralismo que caracteriza a las distintas formas de expresión sino también el permanente acceso de todos los ciudadanos a los beneficios de la cultura, al disfrute de todo tipo de manifestación cultural y a la no privatización de estas actividades creativas.

Por último, quiero destacar particularmente el principio de la identidad cultural, que en nuestra ciudad tiene particular expresión por ser el producto del pluralismo y de la multietnicidad, a fin de recoger las tradiciones de las distintas culturas y comunidades que hoy, al igual que ayer, cuando descendían de los barcos pero con un nuevo cruce de etnias, se está recreando.

Además, me parece muy importante el punto que vamos a sancionar, vinculado con la preservación y recuperación del patrimonio cultural, la memoria y la historia de la ciudad y los barrios, ya que si bien estamos haciendo una constitución para el futuro sólo podremos pensar en él si recuperamos la historia y la memoria de lo que esta ciudad, que supo ser importante capital de la cultura, podrá proyectar en el marco de la globalización que seguramente generará en la región el Mercosur y del intercambio de aquellos valores que desde el pasado nos proyectan al futuro.

Sra. Presidenta (Bullrich).- Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez.

Sra. Pérez Suárez.- Señora presidenta: existen numerosas definiciones de cultura ya que el valor de este término depende del tipo de cultura que lo defina.

Sra. Pérez Suárez.- Toda cultura, en tanto determinada históricamente, genera un determinado modelo cultural.

No voy a dar acá definiciones de cultura ni a hacer citas. Tengo que decir, sí, que definitivamente hay una cultura de Buenos Aires, una cultura porteña, que nos identifica y nos define, una cultura que es heterogénea y plural que admite las más disímiles expresiones y que a su vez se unifica a partir de rasgos inconfundibles y propios, es decir, unidad en la diversidad.

Entonces, es función del Gobierno de la Ciudad rescatar y difundir esas características distintivas de nuestra cultura porteña, que alguien llamó de la "porteñidad" y que dio motivo a un seminario y a algunos encuentros que se hicieron con ese nombre en el Centro Cultural San Martín.

"Se propicia –como dice el Artículo 2° del dictamen, en el que hemos coincidido–, la democracia cultural y la libre expresión artística."

Lamento que este despacho no haya contemplado la inclusión de un párrafo que haga alusión al tango como expresión cabal de nuestra porteñidad.

Decía Ernesto Sábato que negar la argentinidad del tango es un acto patéticamente suicida, como negar la existencia de Buenos Aires, porque el tango es la canción folclórica de la ciudad en cuanto expresa de una manera involuntaria pero bien significativa algo profundo, trascendental y permanente de la ciudad misma. El tango es expresivo de Buenos Aires porque nace, se canta y se siente en ella.

Decía Borges que el tango puede discutirse y lo discutimos –seguía diciendo–, pero encierra como todo lo verdadero un secreto. Los diccionarios registran, por todos aprobada, su breve y suficiente definición, que es elemental y no produce dificultades. Pero el compositor francés o español que confiado en ella urde correctamente un tango descubre, no sin estupor, que ha urdido algo que nuestros oídos no reconocen, que nuestra memoria no hospeda y que nuestro cuerpo rechaza, porque nosotros entendemos al tango y a nuestra música de una manera distinta.

En el tratamiento en particular voy a proponer un agregado: una referencia especial a la música ciudadana, al tango y al rock nacional. Entiendo que es especialmente el tango el que nos expresa.

Por otra parte, no puedo dejar pasar algunas de las expresiones de la convencional preopinante sobre la actividad cultural de la ciudad. Coincido con su preocupación sobre el cierre de teatros, que eran emprendimientos de particulares, comerciales, y lo lamento. Pero no se puede dejar de mencionar otros que sin ser emprendimientos comerciales –todo lo contrario– fueron espacios que se generaron desde el gobierno de la ciudad. Así por ejemplo, en 1989 se abrió la nueva sede del Museo de Arte Moderno; en 1990 se abrió el Museo Perlotti, consecuencia de un legado que durante muchos años la Municipalidad no había asumido; ni siquiera aceptado el legado de la obra de Perlotti, que generosamente había donado su obra y su casa. Fue en la gestión de 1990 cuando se lo aceptó y se organizó el museo, el segundo inaugurado en la gestión de esa época.

También debo nombrar al Museo Sívori que recientemente inauguró su propia sede. Todos sabemos que durante muchísimos años, después de haber sido casi un museo trashumante, se estableció en uno de los pisos del Teatro General San Martín, sin posibilidad de exhibir su patrimonio artístico, consecuencia de los premios municipales que son premios adquisición, con los cuales la ex Municipalidad generó un importante patrimonio.

En la gestión del intendente Grosso se inauguró la sede del Museo de Arte Moderno, acto en el que contamos con la presencia de la viuda de Saguier por tratarse de una obra que se había iniciado durante la gestión anterior.

Luego, también durante las gestiones de Carlos Grosso y de Jorge Domínguez se inauguraron las otras sedes.

Fue también durante la gestión justicialista que se puso de pie el teatro Colón y se recuperaron anfiteatros, como el Juan Bautista Alberdi, que estaba abandonado.

Es decir, mientras se cerraban salas comerciales, ante lo cual nada podía hacerse, desde la intendencia de entonces se abrían espacios para la ciudad de Buenos Aires.

Confiamos en que se continúe en este sentido porque todos queremos una cultura de Buenos Aires, una ciudad que genere cultura y que brinde recreación y belleza no sólo a los porteños que vivimos en ella sino también a todos los que la transitan.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Brailovsky.

Sr. Brailovsky.- Señora presidenta: voy a ser breve en atención a que los tres primeros artículos ya han sido suficientemente discutidos.

Quiero referirme únicamente al último, al que se relaciona con el patrimonio cultural, que ha sido tomado –o tiene influencias– de las constituciones de Panamá, España, Italia, El Salvador, Guatemala y de la provincia de Córdoba.

Situémonos en por qué estamos planteando el tema de protección del patrimonio cultural. La cosa empieza con un viajero –que podría ser cualquiera de nosotros– que recorre el mundo y va pasando por ciudades diferentes.

En todas partes la gente del lugar le muestra su pasado. Así, contempla primero los grandes monumentos de la historia de la humanidad; percibe el agua de los patios de la Alhambra de Granada; sube los infinitos escalones del campanario de Notre Dame; se conmueve ante el vigor de Miguel Ángel, o se sobrecoge con la inmensidad de las pirámides de Teotihuacán.

Lo que en cada lugar que visita ve ese viajero –nosotros–, lo que se conserva y lo que se demuele, expresa la concepción que esa sociedad tiene sobre su pasado y sobre la manera de conservar las huellas de él. Es la expresión material de una política sobre la identidad cultural de un pueblo, que es precisamente la que pretendemos incorporar en nuestro texto constitucional.

Pero además, más tarde o más temprano, el viajero empieza a percibir las huellas más pequeñas: una mansión señorial en Tabasco, cargada de silencio, a pocos metros del ruido del centro; o la casa en la que soñaran Alejo Carpentier y los personajes de El Siglo de las Luces, en la Habana Vieja; un balcón desde el que se ven las torres de la catedral; la doble escalera de madera oscura de la Facultad de Medicina de Bahía, a unos pasos del Pelhourinho, allí donde se azotaba a los esclavos.

En algún momento el viajero se sorprende: ¡Ah!¡Pero esto es igual a un edificio que demolieron en Flores! Poco a poco hay algo que le cambia en la mirada y el viajero empieza a reconocer lo que unos van destruyendo en las cosas que los demás conservan: las casas de Belgrano reemplazadas por torres, los conventillos de San Telmo demolidos hace veinte años y vueltos a edificar a la manera antigua en la última década.

Nuestro viajero comienza entonces a formularse preguntas que son las que tiene que contestar nuestra política de conservación del patrimonio: ¿por qué conservar edificios viejos, para qué o para quién? ¿Para el vecino, para el turista? ¿Por qué conservan unos lo que otros demuelen? ¿Acaso será lo mismo? ¿Qué significa para una sociedad el encuentro con su pasado arquitectónico y cómo articular una política que vincule esos testimonios con la identidad cultural actual?

Digamos que el encuentro se va dando por etapas de complejidad progresiva. Digamos que hoy nadie objetaría la necesidad de conservar la Alhambra, el palacio de los reyes moros de Granada. Sin embargo, un siglo y medio atrás la Alhambra estaba semiderruída e invadida por pobladores marginales; hasta que un escritor, Washington Irving, escribió los Cuentos de la Alhambra a la manera de Las Mil y Una Noches y logró salvar el palacio, porque encontró el lenguaje romántico que esa cultura necesitaba para redescubrirlo.

Durante un tiempo se conservan monumentos y testimonios del pasado solamente por su valor estético. Los anticuarios de Europa destruyen objetos del pasado solamente porque no eran hermosos.

Hoy nos interesa conservar las huellas del pasado como símbolos, pero además como testimonios.

Hay motivos para conservar una casa en la que vivió Sarmiento y también para conservar una pulpería en la que se emborracharon y se apuñalaron gauchos anónimos. Lo mismo ocurrió con el entorno de los grandes monumentos: antes la sugerencia era tirar abajo las callecitas para que se pudiera ver el palacio; pero hoy la actitud es preguntarse de qué modo las callejuelas enmarcan el edificio y le dan sentido, porque se han desarrollado relacionándose unos con otros.

En el caso ya mencionado de Granada, el siglo XIX recupera la Alhambra y el XX recupera el Albaicín, que es el barrio moro ubicado delante de la Alhambra. El Albaicín no es una obra maestra de la humanidad, es solamente un barrio antiguo, testimonio de la gente común que allí vivía mirando el gran palacio.

A partir de allí y de muchos episodios similares se empieza a pensar en conservar áreas antiguas en todas partes, aún las que no rodean un monumento artístico significativo. Tal es el caso de nuestro San Telmo o el de Colonia del Sacramento, en el Uruguay.

Un caso extremo podría ser el de un intendente de la ciudad de Estambul que se preguntaba: si tengo una ciudad con edificios de mil años de antigüedad, ¿para qué quiero conservar edificios de cien años? Y la respuesta es que, si sus antecesores hubieran hecho lo mismo ahora Estambul no tendría edificios de mil años de antigüedad.

Quizás eso fue lo que nos pasó en Buenos Aires, que fue borrando una parte importante de su pasado cuando los piquetes de la generación del 80 decidieron que había que hacer desaparecer la memoria hispánica, colonial, para construir un país desde cero, como si ese pasado no hubiera existido.

Una vez que nos ponemos de acuerdo en cuidar los monumentos y los barrios, aparece otro problema que es el aspecto social de la conservación del patrimonio: ¿qué hacemos con la gente, con los habitantes actuales de las áreas históricas? ¿Se transforma el barrio en un museo y lo vaciamos de gente? ¿Reemplazamos la población actual por otra población más rica? Esto quizás es lo que pasó en Colonia del Sacramento, donde por conservar la cáscara de los edificios se la transformó en un country para porteños y montevideanos, en lugar de un sitio en el que pudiera habitar la población estable.

Qué se va a hacer, es otro tema cuya clarificación esperamos de una política sobre el patrimonio, qué se va a hacer en ese lugar. Ello equivale a preguntarse por las funciones que va a cumplir el área a preservar. Daré un ejemplo significativo: el de las iglesias italianas. Cuando se entra a una iglesia italiana se la ve como un museo que exhibe tesoros artísticos. Hay una nave inmensa con esculturas de Bernini y cuadros del Tintoretto; al costado hay una pequeña capillita donde los fieles escuchan misa. La iglesia misma es el museo y el lugar de culto es la capillita lateral.

Esa misma situación se está empezando a ver en algunas de nuestras iglesias históricas, como la del Pilar, que está transformándose cada vez más en un museo. Lo mismo pasa con el cementerio de la Recoleta, donde ya casi nadie va a llorar muertos sino a contemplar el patrimonio cultural.

Al mismo tiempo cabe preguntarse de qué va a trabajar la gente que vive en el lugar a conservar, qué pasará con la preservación de su patrimonio cultural, no el físico sino el de ellos mismos. Pensemos en las islas griegas, donde los pescadores han transformado sus barcas adecuándolas para llevar turistas, actividad mucho más rentable. Las islas griegas conservan el murallón medieval; la de Rodas, por ejemplo, conserva los restos del antiguo templo, pero pierden el modo de vida tradicional, el que los hombres de esas islas venían practicando desde los tiempos de Ulises.

¿Qué parte de esta experiencia nos sirve? ¿Hay algo que podemos aplicar? ¿Qué pasará con esos barrios en apariencia sin historia, esos barrios anodinos en los cuales tenemos que ir creando un patrimonio, es decir, no preservándolo sino creándolo para el barrio, algo que pueda ser conservado para las generaciones futuras?

Por supuesto, estas son algunas reflexiones y preguntas que se nos plantean respecto a este tema y que justifican incluir este artículo en la Constitución. A partir de todo esto queda claro, por supuesto, que la conservación del patrimonio cultural no es solamente una cuestión de arquitectos sino que obedece a un enfoque interdisciplinario en el que participan profesiones distintas y por supuesto la población que allí habita y debe cuidarlo.

Por todo esto, señora presidenta y amigos convencionales, nos parece realmente importante la inclusión de este artículo en la constitución de la ciudad de Buenos Aires. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Maronese.

Sra. Maronese.- Realmente me han emocionado las palabras del convencional que acabamos de escuchar, porque ha expuesto lo que fue el despacho primario de la Comisión de Políticas Especiales, y que por esas cosas de la discusión entre lo que es texto constitucional y lo que es materia de la legislación argentina quedó un poco desdibujado. Pero permanece el espíritu. Me refiero a la supresión de las palabras "bienes muebles o inmuebles, tangibles e intangibles".

Hoy vamos a votar un texto que es de fundamental importancia para la Constitución, no sólo porque la cultura es todo el quehacer humano sino porque se trata nada más y nada menos que del texto constitucional de la ciudad de Buenos Aires.

La cultura siempre ha sido la cenicienta a la hora de definir los presupuestos, las estructuras de gobierno y el recorte de las partidas presupuestarias.

Vamos a votar un proyecto que sentará las bases para traducir en normas lo que es el rasgo característico y distintivo de la ciudad de Buenos Aires: su desarrollo artístico-cultural, para traducir luego en políticas la incentivación de la producción artística, su difusión, la preservación de su patrimonio histórico cultural, la educación artística, el aprendizaje de técnicas tradicionales, artesanales o manuales, que recuperen las habilidades de las viejas generaciones.

Hemos resaltado –y lo ha reiterado el señor convencional Shuberoff– la importancia de adecuar la educación a los cambios técnicos que se están realizando en la actualidad, adaptando al educando y a nosotros mismos a esas nuevas técnicas para poder ingresar en el mercado del empleo.

Paradójicamente –y a esto se refiere el texto que estamos por aprobar– también es necesario rescatar del olvido las viejas técnicas manuales y artesanales en las cuales tendrán refugio millones de conciudadanos.

Aunque esto no lo queramos no significa que bajemos los brazos, porque implica reconocer el tipo de legislación que se está discutiendo en el Parlamento y lo que se está planteando sobre la eliminación de todo derecho laboral y de la seguridad social.

Por eso rescatamos a la ciudad de Buenos Aires como foro de cultura y la necesidad e importancia de desarrollar las industrias culturales y el fomento del empleo relacionado con la cultura, ello debido sobre todo a las numerosas presentaciones de vecinos referidas a industrias que contaminan, que en seguida se organizan y llegan a los poderes públicos. ¿Qué industria queda para Buenos Aires? Ésta es una reflexión de real importancia.

Por eso hay que incentivar el cuidado de documentos, la preservación de bienes histórico-culturales, los archivos, las tradiciones orales, la protección de nuestro idioma.

El Estado debe intervenir de manera activa en la promoción cultural e incentivar la participación de los particulares en ella. O sea que no solamente debe ser el Estado el que intervenga. Esta concepción debe adentrarse en los porteños si se considera importante la industria cultural.

La cultura no es un gasto sino una inversión. Buenos Aires debe constituirse en un polo de generación de cultura y desarrollar también un intercambio cultural con el resto de las provincias, el exterior, el Mercosur; establecer convenios de reciprocidad basados en el respeto a la identidad cultural de cada pueblo y la no sustitución de una cultura por otra.

Buenos Aires debe difundir su identidad propia y la de sus barrios y también necesita reconocer su pluralismo cultural basado en las múltiples migraciones tanto internas como externas que obligan a tener presente la libertad de expresión en los medios de comunicación, en las artes escénicas, en las tonalidades y en los modismos regionales. ¿Qué significa esto? Que un tucumano pueda a través de los medios de comunicación expresarse con su tonada provinciana y no pensar que la tonada de Buenos Aires es neutra, porque también es tonada.

Buenos Aires –y particularmente sus barrios– es fruto del intercambio de muchas culturas. La cultura es la creación de un pueblo y a él debe volver. No puede ser privilegio de elites en cuanto a su producción y goce. El pueblo tiene el derecho y el deber de preservar su patrimonio, ya que las sociedades se reconocen a sí mismas a través de los valores en que encuentran fuente de inspiración creadora.

Esto significa la necesaria existencia de la democracia cultural, la libre expresión y la prohibición a toda censura.

El Estado debe racionalizar y jerarquizar su acción a través de la formación de administradores culturales. Debe evitar la superposición de tareas, integrar la infraestructura existente. El proceso descentralizador debe tener en cuenta los recursos que ya existen en la comunidad, como centros culturales, bibliotecas, organismos no gubernamentales, asociaciones sin fines de lucro, clubes de barrios sociales y deportivos.

También se deberá legislar sobre la preservación del patrimonio material e inmaterial, al que aludió el señor convencional Brailovsky, junto con su entorno natural –de qué vale preservar un edificio si al lado existen dos torres– y sus recursos naturales no renovables.

También deberá contar con los elementos necesarios para penalizar cualquier violación a las normas de defensa de sus bienes tangibles e intangibles; entre ellas la de sustracción del patrimonio y no utilización del idioma nacional en los términos en que las normas determinen su protección.

Ha sido muy importante el proceso de saqueo cultural realizado a la Nación y todo ha pasado por Buenos Aires. Inclusive cabe recordar cómo en 1995 se logró en Ezeiza que no saliera del país una estatuilla que tenía 2500 años de antigüedad. Esto ha sido moneda corriente. No encontramos vestigios de patrimonio en oro en nuestro país, porque ese metal se halla en barras en muchas joyerías importantes de nuestra ciudad.

Las declaraciones de la UNESCO, Oslo, Bogotá y México han entendido la preservación del idioma nacional y su difusión como un motivo de interés primordial; en los países colonialistas y con pretensiones hegemónicas, como uno de los instrumentos de dominación más estratégicos; en las naciones colonizadas o de menor desarrollo económico social, como gesto de resistencia y defensa de su identidad cultural.

Por ello me atrevo a dar lectura a un breve texto que atañe al tema. Se refiere a un reportaje que se le realizó a Martin Jacomb, presidente del British Council, cuando vino a Buenos Aires hace pocos meses.

Se le preguntó cuál fue el origen del British Council, a lo que contestó: "Comenzó hace sesenta años, cuando se tomó conciencia de que el poder económico y político de Gran Bretaña estaba entrando en lo que se podía llamar la época postimperialista. El poder de Gran Bretaña estaba declinando y se pensó que en el futuro nuestra mayor contribución y la mejor manera de mantener nuestra influencia en el mundo no iba a ser a través de medios económicos o militares sino a través de medios culturales.

Eso significa difundir el idioma, difundir valores británicos e intentar revelar al mundo lo mejor de las actividades culturales británicas."

Cité este texto porque entiendo que es muy aleccionador. A veces, una teme que la acusen de chauvinista porque se refiere a ciertas ideas, en especial esta del idioma nacional, que he sentido muy fuertemente.

Con el avance del proceso de globalización, la revolución en las comunicaciones, el uso de la informática, las migraciones de los países pobres a los más desarrollados, esta preocupación es actualmente tema de discusión en muchos países.

Así, Estados Unidos avanza hacia una ley que por primera vez reconoce al inglés como lengua oficial, ante 40 millones de habitantes que son hispanoparlantes; España ha luchado en el mundo de la informática; y Francia, gran defensora de la permanencia de su idioma en los planes de estudio –tal vez el país más defensor en este sentido–, ve cómo va perdiendo terreno, incluso ante el castellano, que es el lenguaje de 300 millones de personas en todo el mundo.

Las comunidades indígenas también han avanzado en el planteo del problema, como las minorías étnicas en cada país, en un momento de crecimiento en el respeto a las diversidades culturales, tanto en los planteos de los tratados internacionales como en la acción de las Naciones Unidas o en su visualización en los medios de comunicación social.

El idioma nacional es la máxima expresión de la identidad cultural de un pueblo. A través del lenguaje materno se conforma el subconsciente de cada ser humano en los primeros años de su existencia. La psicología y las reformas modernas y progresistas en el campo de la educación han recogido el desafío que contempla la defensa del idioma y al mismo tiempo el respeto por la pluralidad cultural de cada país, que obliga a una enseñanza bilingüe en algunas de sus regiones y en las comunidades indígenas de Latinoamérica.

La semana pasada me llamó la atención un reportaje que se le hizo a una periodista que nació en la Argentina, pero que desde los seis años vive en Israel y conduce el programa más visto de la televisión de ese país. Si bien ella no conocía el barrio en el que había vivido hasta los seis años, cuando se le preguntó qué era lo que más extrañaba contestó que eran el idioma y las comidas.

La defensa del idioma se transforma así en el interés cultural fundamental de una nación. Para ello deben existir políticas activas por parte del Estado, como dice el dictamen que vamos a votar. De todas maneras, lo que expreso no significa desconocer que la lengua sufre continuamente procesos de cambio e incorporación de términos de origen popular o local o expresiones derivadas del avance tecnológico que no tienen representación en nuestro idioma. Así como se incorporan argentinismos, también se agregan expresiones extranjeras no traducibles, porque una lengua que no cambia es una lengua muerta. Pero también sucede que en los medios de comunicación, en los artículos de consumo y en los comercios se utilizan deliberadamente términos y frases en inglés sin ninguna justificación, ignorando incluso la legislación municipal existente.

No quiero abundar mucho más en el tema sino que deseo señalar qué se reconoce como cultura popular o culta, lo que ha motivado realmente muchas discusiones. Si bien no voy a entrar en ellas, deseo señalar que en general lo popular nos permite interpretar como cultura lo que se produce en el presente y hace a la identidad como nación, pueblo o ciudad. En este sentido, no se contrapone lo artístico a la cultura popular.

En el despacho final de la comisión redactora se ha puesto bastante énfasis en difundir la cultura y los bienes de la ciudad de Buenos Aires. Por eso quiero agregar que Buenos Aires es un polo de referencia cultural; desde su indiscutible hegemonía económica, cultural y política genera pautas culturales hacia el interior del país.

Todo nace en Buenos Aires, hasta el folclore provincial, que es distinto al generado por cada comunidad, que nace y transcurre en el silencio. Es nuestra ciudad la que descubre y difunde desde sus pautas al folclore de la década del 60, la que crea la necesidad de Cosquín y a la cual vienen los provincianos para que sus conciudadanos los escuchen.

Por eso Mercedes Sosa, considerada patrimonio viviente de la humanidad por algunos países europeos, declara que cada tanto necesita volver al país para nutrir las fuentes de su identidad; pero no va a Tucumán sino a Buenos Aires.

Dentro de lo que se consideran bienes culturales existentes en la ciudad deben contemplarse no sólo aquellos que son producto de su historia e identidad sino también los elaborados en el interior del país o en el exterior, al igual que los producidos por las culturas precolombinas, que en su mayoría están constituidos por bienes muebles existentes en nuestros museos.

En cuanto a lo que señaló la convencional Pérez Suárez sobre el tango, quiero expresar que nuestra responsabilidad es muy grande, porque la expresión de Buenos Aires no es sólo el tango. En efecto, Buenos Aires es La Telesita, que se bailaba hasta el final; Angélica; la Lunita Tucumana; el rock nacional; nuestra área histórica, la de San Telmo, pero también las culturas del Condor huasi y de La Aguada, existentes en nuestros museos; el circo criollo de los Podestá; Ceferino Namuncurá y San Cayetano; Borges y Gardel; los grafittis; Boca o River; Mirta Legrand; María Soledad; el Teatro Colón; Juan Manuel de Rosas y su casona dinamitada y hoy tapada con tierra; los estilos afrancesados de muchos de nuestros palacios; la casa chorizo; Puerto Madero; el juicio a Sacco y Vanzetti; los genoveses de La Boca; los judíos de Once; los emigrantes provincianos; los coreanos de Flores; los paraguayos; los habitantes del Gran Buenos Aires, que viven muchas de sus horas en nuestra ciudad; el asado, la carbonada, los vareneken, la paella y la pizza; los esloganes de las campañas políticas; el fútbol; el bombo; los pañuelos blancos de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo; el tango y también, como patrimonio viviente, los mismos porteños.

Quiero decir, señora presidenta, que Buenos Aires o los porteños son, por ejemplo, como mis hijos, que tienen cuatro abuelos: uno es ruso, otro es alemán de origen judío, otro es italiano y el otro español de origen católico. Esto solamente puede darse en la ciudad de Buenos Aires. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Meijide).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la comisión.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el despacho parcial de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto producido por la Comisión de Políticas Especiales sobre economía, que figura en el Orden del día T. Nº 19.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- Se dará lectura al texto consensuado con las modificaciones introducidas al dictamen originario: (Lee):

Artículo ... .- Es política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de la persona y se sustente en la justicia social.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señora presidenta: en pocos temas uno se siente como en éste, particularmente tensionado entre la responsabilidad de dictar una constitución de la ciudad y el compromiso que como hombres políticos tenemos, considerando la dramática realidad que está viviendo la sociedad argentina.

Este día en que nos reunimos para sancionar las disposiciones que sobre el tema económico van a figurar en la constitución de la ciudad, los hombres políticos de la mayoría de los bloques que integramos esta Convención Constituyente también nos hemos reunido para expresar, junto con amplios sectores de la sociedad argentina, nuestra protesta por el actual rumbo de la política económica, nuestro reclamo por un urgente cambio de esa política y nuestra decisión de seguir convocando a todos para encontrar los caminos que permitan que en la Argentina se vuelva a conciliar el crecimiento de la economía con la justicia social y el respeto de los derechos laborales, con el fin de cerrar en última instancia este capítulo en el que parece que la economía ha dejado de estar al servicio de la gente para pasar al servicio de los intereses de muy pocos.

Si lo pensamos desde esta perspectiva, como estamos obligados a hacerlo toda vez que nuestras convicciones en esta materia son muy firmes –seguramente lo son las de la mayoría de los señores convencionales–, el texto que vamos a aprobar puede parecernos demasiado general. Sin embargo, sabemos que tenemos que buscar un consenso muy amplio para sancionar esta constitución y sabemos también que ella no puede contener o recoger un programa económico sino simplemente aquellos grandes objetivos a cuyo servicio debe estar la actividad económica y la política del Estado en esta materia.

Si después de esta reflexión hacemos una segunda lectura del texto que vamos a aprobar, coincidiremos en que con toda la amplitud del caso estamos señalando algunos conceptos que tienen que ser fundamentales y que no son los que orientan desde hace años el funcionamiento de la economía y el discurso dominante, tanto en los ámbitos oficiales como en algunos círculos académicos.

El despacho que vamos a votar dice que la economía se sustenta en el desarrollo de la persona y en la justicia social. No está mal que esta Convención Constituyente hable de la justicia social en un momento en el que en la Argentina estamos viendo cómo se promueve la pérdida de las pocas reivindicaciones laborales que van quedando; en un momento en el que vemos cómo se promueve desde las esferas oficiales la profundización de una política que ya no tiene, ni siquiera en el discurso, puntos de contacto con la justicia social.

Tampoco está de más que señalemos en este despacho que junto con la iniciativa privada, a la que se reconoce con toda amplitud en el marco de un sistema que asegure el bienestar social, también hay una iniciativa pública, es decir, una iniciativa del Estado en materia económica. En ningún país del mundo se ha salido del desempleo, se ha asegurado el crecimiento, se ha garantizado la equidad social por el simple funcionamiento de los mercados. Estas cosas se han resuelto allí donde ha habido políticas industriales, tecnológicas, sociales y de empleo. Esto es justamente lo que con la sobriedad y síntesis a que nos obliga el texto constitucional queremos señalar cuando decimos que junto a la iniciativa privada también existe una pública en materia económica.

En este despacho también hablamos del desarrollo sostenible. Se trata de un concepto que se ha incorporado cada vez más en los últimos años y es fundamental que figure en la parte económica de esta constitución, porque en ella habrá de ser incorporado, con toda amplitud, un capítulo ambiental.

En el mundo nadie cree que el desarrollo económico pueda garantizarse entrando a saquear a la naturaleza a mansalva. Tampoco nadie cree, como se podía pensar en una época, que estas preocupaciones ambientales o ecológicas eran propias de países desarrollados que ya habían alcanzado un importante nivel de satisfacción de las necesidades de sus poblaciones. Hemos aprendido que en la Argentina, en los barrios humildes de esta misma ciudad, junto con las carencias de vivienda, los problemas motivados por el desempleo y la marginación, tenemos que denunciar cotidianamente condiciones ambientales que son incompatibles con la dignidad con que debe vivir un ser humano.

Pensamos, en consecuencia, que el desarrollo económico tiene que ser sostenible y tiene que preservar el ambiente como condición para poder sostenerse en el largo plazo y garantizar el bienestar de las poblaciones.

También incluimos en el despacho –me limito a enunciar los títulos, ya que no es momento para largas intervenciones– una especial mención a la asistencia de la pequeña y mediana empresa, iniciativa que fue tomada del interesante proyecto que presentó el convencional Enrique Martínez. Es importante entender que en este país de la concentración económica, donde cada vez es más difícil la subsistencia de las pequeñas y medianas empresas, haya un capítulo en la constitución que establezca especialmente nuestra preocupación por brindar a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas y a todos los emprendimientos económicos y sociales la asistencia necesaria por parte del Estado.

Esta debe ser la política de Estado. No habrá de ser en el marco de la exaltación de la libertad de los mercados como nosotros vamos a conseguir un desarrollo económico que garantice la situación de las pequeñas y medianas empresas.

Por último, este capítulo debió incluir una cláusula sobre política de empleo que vamos a tratar en días siguientes, cuando consideremos el capítulo sobre trabajo. Pero quiero señalar –porque si no puede verse como una carencia en este dictamen– que nosotros entendemos que la política económica debe tener, como preocupación fundamental en esta situación del país, la promoción del empleo.

En esa misma cláusula que hemos propuesto y que ha sido incluida dentro de las políticas referidas al trabajo, decimos que la promoción del pleno empleo no se logra a través de la supresión de las conquistas laborales. Este es un párrafo que dentro de lo escueto, de lo sobrio y de la síntesis a que nos obliga el texto constitucional tiene un profundo sentido. Estamos diciendo que en ningún país del mundo se aumentó el empleo por el camino de la flexibilización laboral, de la desregulación del mercado de trabajo y de la supresión de las conquistas sindicales. Se ha conseguido dar respuesta a los graves problemas que hoy plantea el cambio tecnológico en todas las sociedades del mundo en materia de empleo allí donde ha habido políticas activas de parte de un Estado que entiende cuál es su responsabilidad en la regulación de los mercados y en la conciliación de los intereses de la iniciativa privada con los intereses del conjunto de la sociedad.

Estos principios generales, que son los que orientan el despacho que aprobó la Comisión de Políticas Especiales, deben complementarse con las consideraciones que hiciéramos y que aprobáramos en materia de ciencia y tecnología, con las que se aprobaron también en el capítulo de usuarios y consumidores y las que vamos a aprobar en materia de trabajo.

Creemos que este conjunto de disposiciones va a terminar mostrando que esta Convención Constituyente de la ciudad de Buenos Aires, consciente del momento que vive el país y de la profunda crisis que vivimos los argentinos, sabe anteponer el interés de la sociedad por encima de cualquier otro interés privado y confía –cuando hace una Constitución no para hoy sino para que rija durante muchas décadas– en que finalmente este rumbo va a ser corregido y en que alguna vez vamos a poder vivir en un país en el que, como dice este despacho, la economía esté al servicio del desarrollo de la persona y de la justicia social. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional López.

Sra. López.- Señora presidenta: en realidad, lo que pretenden estas líneas directrices y estos principios económicos que se proponen para incluir en el texto de la Constitución es dar un marco jurídico para la estructura, el sustento y el funcionamiento de la actividad económica.

Ya el constitucionalismo provincial, en la Constitución de Córdoba –además del constitucionalismo internacional–, ha sistematizado e incorporado en sus textos los principios económicos. También lo ha hecho la Constitución Nacional, reformada en 1994, al mencionar con jerarquía máxima el orden socioeconómico.

El principio rector del texto que se pone a consideración parte de la concepción antropocéntrica de la sociedad, con la actividad económica al servicio de su progreso y realización, en una comunidad donde la equidad y la justicia social sean los ejes dominantes.

El concepto de integración en la promoción de iniciativas pública y privada genera las condiciones para que los objetivos señalados por este principio rector tiendan a alcanzarse. Si a eso le vamos a agregar la competencia del Estado en el control de la actividad económica y la eficiencia de los servicios públicos, nos vamos a encontrar con un marco jurídico amplio, democrático y plural, sin claudicaciones en las indelegables facultades del Estado para que sus ciudadanos habiten en una sociedad que permita su plena realización personal.

La expresa mención del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, el mutualismo y el cooperativismo como medios idóneos para lograr los objetivos precitados, se justifican en la base solidaria que tradicionalmente han construido esas actividades en la Nación y particularmente en nuestra ciudad.

El apoyo y consecuente desarrollo de emprendimientos en esos niveles contribuirá sin duda al objetivo deseable del pleno empleo, tendiendo a alejar el castigo social encarnado en la desocupación galopante que actualmente padece nuestra sociedad.

Las modernas tendencias económicas vinculadas con el desarrollo colocan al hombre capacitado adecuadamente como centro del desarrollo integral de la sociedad. Sólo van a progresar fuertemente las sociedades que contemplen sistemáticamente a sus habitantes como sustento del progreso económico y social. Entendemos que estos principios propuestos en el artículo en consideración proporcionarán el punto de partida adecuado para el logro de estos ineludibles propósitos.

Dejamos plasmado el deseo de articular las bases de una sociedad más justa, que en un ámbito de amplia libertad individual proporcione adecuados elementos a sus integrantes para que verdaderamente logren su realización personal, sin abandonar esenciales principios de solidaridad social, que han resultado bases firmes en la construcción de nuestra Nación.

Por estas razones adelanto el voto favorable del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Seré breve, señora presidenta.

No podía dejar de señalar algunos temas que son de fundamental importancia y que plantean no sólo el debate de nuestra Constitución sino el debate del mundo.

No es verdad que la economía de mercado sea una panacea. No es verdad que la economía pueda y deba mandar al Estado ni que pueda y deba mandar a la política. Hoy tenemos una circunstancia en el mundo: las 350 personas más ricas ganan igual que los 2.500 millones más pobres. En nuestro país, en la Argentina, el 35 por ciento del ingreso lo percibe el 10 por ciento de la población y el 8 por ciento del ingreso lo percibe el 25 por ciento de la población. Probablemente en esta ciudad –cuyos datos no tengo– esas diferencias sean más importantes.

En consecuencia, aunque el texto es parcial y todavía no profundo, me parece una directiva fundamental para la ciudad decir que es política de Estado que ella mande a la economía y que ésta esté al servicio del hombre.

Quería simplemente hacer estas afirmaciones para adherir a los buenos discursos de los constituyentes que me precedieron en el uso de la palabra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Martínez.

Sr. Martínez.- Señora presidente: quiero complementar la intervención de mi compañero de bloque haciendo algunas reflexiones que creo imprescindibles para señalar básicamente cuál es la tarea pendiente después de que aprobemos este dictamen.

Como metodología elemental, esta Convención se ve obligada en cada tema a tomar como referencia la Constitución Nacional, y a partir de allí obviamente sin contradecir sus preceptos, enriquecer algunas ideas campo a campo. Es evidente que los compañeros que han trabajado en este tema se han enfrentado a una dificultad casi obvia: la Constitución Nacional prácticamente no hace mención a los temas económicos, salvo en el Artículo 14 bis y en el 42, en que se enumeran derechos del trabajador y derechos de los consumidores.

La Constitución Nacional se concentra esencialmente en los aspectos políticos de la vida argentina, tratando de reglar la distribución del poder y los derechos y garantías individuales. Y eso no es casualidad. Eso tiene seguramente vinculación muy fuerte con nuestra historia de luchas contra el despotismo y con la intención de consolidar reglas de juego elementales de carácter político para la relación entre los individuos.

Sin embargo, hoy la Argentina vive en este mundo globalizado en el que se ha insertado una crisis económica de gran profundidad y que ha llegado para quedarse. Por lo tanto, es necesario asumir que así como hemos podido enriquecer la Constitución Nacional con algunos conceptos involucrados en artículos como el que hoy vamos a aprobar, queda pendiente una serie de temas que no se han podido ni siquiera plantear ordenadamente, con vistas a un consenso necesario, imprescindible en una Convención de esta naturaleza. Son cuestiones que no se discuten siquiera en los ámbitos extrapolíticos.

No se le ocurre al analista económico habitual en la Argentina, hablar del derecho a producir, por ejemplo.

En Estados Unidos de América se crean trescientas mil empresas por año, de las cuales el 70 por ciento no llega a los cinco años de vida. Pero esas trescientas mil empresas constituyen parte de la salud económica y vital de una comunidad dinámica.

En la Argentina, la evolución económica tiende a que el derecho a producir ni siquiera nominalmente pueda ser expuesto, porque casi no hay ciudadano que se anime a pensar en una nueva actividad sino como sucedánea de una ya en marcha.

No está en discusión usarlos monopolios naturales como palanca del desarrollo, además de controlarlos. Justamente su condición de monopolio les da un beneficio económico que debe tener una contrapartida de estímulo a la actividad económica general.

Tampoco está en discusión cuáles son las obligaciones del gobierno de una ciudad o de una nación para garantizar el pleno empleo y la dinámica económica correcta en un país. Eso no se discute, no sólo en los ámbitos políticos sino tampoco en los académicos o periodísticos de difusión, de cualquier naturaleza que sea.

Ello tiene su origen en que estamos sumergidos en una crisis económica profunda que tiene dos correlatos muy importantes: una crisis de las ideas económicas y una de representatividad, de la que me veo en la obligación de dar testimonio en un ámbito de esta importancia, para que asumamos entre todos la responsabilidad de superarla en el futuro.

Considero que la crisis de ideas es tan profunda que no hay símbolo más importante de la dependencia cultural en la Argentina de hoy que la necesidad de hablar en términos del lenguaje de Chicago o de Harvard para ser escuchado en economía en la Argentina. No hay ideas menos debatidas en el país, sin embargo, que las de los principales exponentes de las escuelas de Chicago o de Harvard.

Invito a cualquiera de los aquí presentes, de cultura media, sin ninguna formación económica, a intentar leer un libro del profesor de Crecimiento, de Chicago, Robert Barro, o uno de Jeffrey Sachs, y que con cuidadoso sentido común, evite la risa cuando Barro o Sachs hacen referencia a la situación de la economía en la Argentina; y lo digo con absoluto fundamento.

Sin embargo, esas escuelas se han convertido, a través de un mundo dominado por el mercado financiero, en escuelas dominantes porque se dedican esencialmente al análisis de la actitud y el comportamiento de los operadores financieros de los grandes mercados del mundo, que por supuesto tienen un efecto enorme sobre estos países. Pero seguramente es distinto el análisis si se hace en un extremo u otro del mundo. Son pensamientos adaptados a nuestra realidad.

El pensamiento de la CEPAL hace tiempo ha pasado a ser una ideología de segunda en la Argentina, con poca difusión, con poco debate y con nula convocatoria a una discusión abierta de ideas.

Hemos tenido un ministro de Economía de la Nación que montado sobre esa dependencia cultural pudo ser ministro del último gobierno dictatorial –antes de la llegada de la democracia–, y seis años después pudo darse el lujo de ofrecer su programa al presidente que ganó y que perdió las elecciones.

Esa dependencia cultural y esa crisis de ideas están pendientes de superación, pero simultáneamente –y con esto completo lo que quiero exponer en el recinto– está pendiente una crisis de representatividad que los políticos debemos asumir en profundidad.

Hace sesenta años, cuando se dio el debate sobre la política de las carnes en el Senado de la Nación, no sólo se produjo el terrible y muy lamentable asesinato de Enzo Bordabehere sino que además se dio otro hecho muy importante. Lisandro de la Torre representaba concretamente a los criadores del sur de Santa Fe y sus adversarios en la Cámara representaban a los invernadores. El ministro de Agricultura, que asistió a los debates, no sólo era él mismo invernador sino que era socio de los frigoríficos ingleses y norteamericanos que estaban en cuestión. Allí estaban en debate las ideas y los protagonistas.

En este recinto o en la Cámara de Diputados de la Nación o en el Senado de la Nación, en este momento podemos encontrar gente que ha sufrido la discriminación y la persecución, como protagonistas de la educación, de la cultura, de la ciencia o de diversas ramas de la política. Cada una de las cosas que aquí se han dicho hasta el momento, y las que seguramente se seguirán diciendo, tendrán el fundamento de la capacidad de abstracción de serios analistas, y además de las vivencias de los protagonistas en cada campo. En el terreno económico no podemos decir eso. Se ha mediatizado hasta tal punto la representación económica que hoy no podemos identificar dentro de la política –salvo que esporádicamente– a algún gran consumidor, pero no a un gran protagonista de la economía.

¿Quién representa a las empresas de los servicios privatizados en el campo público? ¿Quién representa a las corporaciones multinacionales que están desarrollando actividades productivas de la más diversa naturaleza? ¿Quién a las grandes corporaciones agropecuarias? ¿Quién a las grandes corporaciones extranjeras que están entrando en la producción agropecuaria?

Por supuesto, alguien las representa, pero no a nivel lo suficientemente público y político como para poder discutir transparentemente esa temática. Y eso genera un problema adicional en el debate de las ideas económicas.

Simplemente quería dejar la reflexión de que por suerte hemos avanzado por sobre la Constitución Nacional incorporando ideas ricas que el Artículo 33 permite sumar a las que ya están expuestas en el propio texto constitucional.

Pero la tarea que queda pendiente para superar una crisis económica de gran envergadura –que afecta la educación, la cultura, que hemos discutido hoy, y también a la salud, que discutiremos en otro momento, y a cada uno de los ámbitos de la realidad cotidiana– es tan profunda que es una misión esencial de quienes representamos a la gente llevar el debate de ideas a la superficie, impidiendo el macartismo y la autocensura, que ha sido norma en los últimos años en este plano y asumiendo cabal y honestamente nuestras propias limitaciones. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Meijide).- Como está agotada la lista de oradores, se va a votar en general.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

Director del Cuerpo de Taquígrafos