13ª REUNIÓN - 8ª SESIÓN ORDINARIA (CONTINUACIÓN) - 23 DE SEPTIEMBRE DE 1996

CONVENCIONALES PRESENTES: ARENAS, Federico A. ARGÜELLO, Jorge M. ARNEDO BARREIRO, Juan Manuel BARBAGELATA, María Elena BRAVO, Héctor A. BILANCIERI, Néstor A. BISUTTI, Delia B. BRAILOVSKY, Antonio E. BRUNO, Ángel A. BULLRICH, Patricia CABICHE, Roberto CANATA, José D. CARELLA, Alfredo J. CARRO, Susana CASTELLS, Jorge J. COLLIN, Silvia R. CORTINA, Roy CREVARI, Esteban L. CHIERNAJOWSKY, Liliana ENRÍQUEZ, Jorge R. ESCOLAR, Marcelo FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela FINVARB, Fernando A. GARRÉ, Nilda C. GARRÉ, Raúl A. GÓMEZ RÍOS, Carlos A. GUARIDO, Julio César HOUREST, Martín IBARRA, Aníbal INCHAUSTI, Miguel Ángel JOZAMI, Eduardo KELLY, Elsa D.

LÓPEZ, María Elena LUBERTINO, María José MACRIS, Antonio J. MAQUES, Alberto MARTÍNEZ, Enrique M. MONTEVERDE, Liliana E. MOSCONA, Rafael R. ORLANDI, Hipólito R. OVIEDO, Carlos G. PÉREZ SUÁREZ, Inés PIERINI, Alicia PIÑEIRO, Mabel PUY, Raúl A. REDRADO, Martín RIOPEDRE, Osvaldo E. RODRÍGUEZ, Enrique O. RUCKAUF, Carlos F. SANTA MARÍA, Víctor SHUBEROFF, Oscar J. VIVO, Gustavo A. YELICIC, Clorinda A. ZAFFARONI, Raúl E. ZANGARO, Silvia C. CONVENCIONALES AUSENTES: ARGÜELLO, Jorge D. GINZBURG, Nora R. MARONESE, Leticia MASCALI, Ubaldo SAGUIER, Miguel

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Primer y último número de

textos aprobados: 38° a 51°

Sr. Presidente (Shuberoff).- Continúa la sesión.

Sr. Presidente (Shuberoff).- La Presidencia informa a las señoras y señores convencionales que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se resolvió incorporar al temario de esta sesión los siguientes temas: acceso a la justicia –Orden del día N° 31–; ex combatientes –Orden del día N° 61–; cláusula transitoria sobre juegos de azar –Orden del día N° 62–; políticas sociales –Orden del día N° 63, con disidencias–; dominio de los recursos naturales –Orden del día N° 65–; propiedad y expropiación –Orden del día N° 67–; desaparición de personas –Orden del día N° 68–; Procuración General de la ciudad –Orden del día N° 69–; denominación de la ciudad –Orden del día N° 70–; capítulo general sobre organismos de control –Orden del día N° 71–; democracia participativa –Orden del día N° 73–; condiciones de vida –Orden del día N° 78–; juventud –Orden del día N° 79–; y consumo de bienes y servicios –Orden del día N° 80–.

Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señor presidente: hago moción de apartamiento del Reglamento a los fines expuestos por la Presidencia.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Se va a votar la moción de apartamiento del Reglamento.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Queda aprobada por unanimidad.

Se va a votar la incorporación de los temas mencionados al plan de labor.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Queda aprobada por unanimidad.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra el señor convencional Inchausti.

Sr. Inchausti.- Señor presidente: cada vez que esta Convención ha fijado un horario para iniciar las reuniones ha comenzado con poca demora. El retraso de hoy se debe a que hubo un intenso trabajo en cada uno de los bloques y reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria en varias oportunidades durante el día. Por eso fue postergándose la iniciación de esta reunión.

En particular, como presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, debo asumir que los últimos minutos de demora se debieron a que junto con la presidenta de este cuerpo, los cuatro presidentes de los bloques que integramos esta Convención Constituyente recibimos al ex presidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Ese ha sido el motivo de nuestro retraso.

Pido que se deje constancia de nuestro reconocimiento al doctor Alfonsín por su tarea en favor de la construcción de la democracia, la libertad y el pluralismo en la República Argentina y por su aporte para que hoy estemos discutiendo la Constitución de la vida autónoma de la ciudad de Buenos Aires y de su vecindario. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra el señor convencional Arnedo Barreiro.

Sr. Arnedo Barreiro.- Señor presidente: apoyo las palabras pronunciadas por el convencional Inchausti en cuanto a que el motivo de la demora que se ha producido para reanudar la sesión ha sido nada más ni nada menos que para recibir al ex presidente Raúl Alfonsín, un hombre de la democracia.

En nombre de mi bloque dejo constancia del beneplácito que nos ha causado la visita de quien desde la Convención de Santa Fe ha llevado adelante banderas que se tradujeron en la redacción de la Constitución y en la posibilidad de que hoy se esté realizando esta Convención.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra la señora convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señor presidente: nuestro bloque también adhiere a la expresión de satisfacción por la visita del ex presidente de la Nación, doctor Alfonsín.

Hoy es un día en que festejamos doblemente la democracia: por un lado, por haber recibido al primer presidente democrático de la Argentina después de tantos días oscuros que vivió nuestro país; y como segundo motivo, por ser hoy el aniversario del día en que la mujer se incorporó a la vida política activa de nuestro país.

Efectivamente, fue un 23 de septiembre de 1951 cuando la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley que otorgó el voto a la mujer, incorporándola definitivamente a la actividad política, tras un famoso discurso y a partir de una iniciativa de nuestra querida Eva Perón. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- En forma muy breve, deseo adherir a los conceptos vertidos por los señores convencionales preopinantes expresando el beneplácito del bloque del Frepaso por la visita del ex señor presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín.

En definitiva, el atraso en dar comienzo a esta sesión será suplido por el compromiso adoptado por la Asamblea de dar tratamiento a todos los proyectos previstos en el orden del día.

Expresado así el beneplácito de los presentes por la visita del citado ex presidente de la Nación, corresponde que nos aboquemos al tratamiento de los proyectos pendientes.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto producido por la Comisión de Políticas Especiales sobre Mujer, contenido en el Orden del día T. N° 50.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra la señora convencional Chiernajowsky.

Sra. Chiernajowsky.- Señor presidente: sin lugar a dudas, uno de los grandes movimientos transformadores de este siglo lo ha constituido la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad política, social, económica y cultural entre los sexos.

En esa defensa de nuestros derechos las mujeres hemos sido creadoras de discursos, de palabras y de conceptos nuevos para dar cuenta de la desigualdad entre los sexos y permitir la visualización de situaciones vinculadas con la discriminación. Me parece importante abordar la fundamentación del dictamen en tratamiento con el análisis de dos de esos nuevos conceptos: el de género y el de perspectiva de género, que tantas polémicas han despertado.

Los estudios actuales distinguen el sexo del género, reservando para el primero sólo la condición biológica por la que se diferencian el macho de la hembra de una especie. En cambio, el concepto de género alude a la dimensión psicológica y social del sexo, es decir, a las características atribuidas a la femineidad y a la masculinidad, y a los roles que mujeres y varones desempeñan en la sociedad.

Las definiciones de femineidad y masculinidad son propias de cada cultura y presentan importantes variaciones según las clases sociales, las etnias y los momentos históricos. En todas las culturas ser varón o mujer implica mucho más que disponer de determinados atributos biológicos. De hecho, alrededor de la capacidad de la mujer de dar a luz y amamantar se ha construido históricamente una enorme variedad de expectativas, comportamientos y valores.

En todos los casos, esta diferenciación está acompañada por la jerarquización de algunas características por encima de otras: justamente, aquellas que definirían la masculinidad.

El género es, entonces, una construcción social de legitimación de marcos valorativos. Al respecto es muy importante señalar –creo que nos importa sobremanera hacerlo a las mujeres– que el género no alude en forma exclusiva a la problemática de las mujeres ni trata de abstraerlas del conjunto de la sociedad. La propuesta no es de exclusión sino de inclusión.

Las problemáticas que se derivan de las relaciones de género sólo pueden encontrar resolución en cuanto incluyan cambios, tanto en los varones como en las mujeres. Cuando las mujeres introducimos el concepto de género lo hacemos reconociendo este carácter social y cultural del concepto que, por lo tanto, es cambiante y susceptible de transformaciones. De hecho, la historia nos demuestra esos cambios. Recordemos el ejemplo de una gran mujer, Olimpia de Gouges, quien se atrevió a presentar un proyecto de declaración de los derechos de la mujer y de las ciudadanas reclamando el voto femenino, por lo cual fue guillotinada, a pedido de Robespierre, el 7 de noviembre de 1793. Fue condenada a muerte, ni más ni menos, que por el delito de haber "olvidado las virtudes de su sexo para mezclarse en los asuntos de la República".

Este oscuro episodio de la Revolución Francesa, prácticamente desconocido, describe mejor que ninguno lo que las mujeres denominamos "expectativas y roles de género".

Sabemos que en la actualidad las mujeres no corremos el riesgo de ser guillotinadas o mandadas a la hoguera por reivindicar otros roles para nuestro género. Pero, sin duda, todavía nos resulta prácticamente imposible aspirar a ser papisa, o muy dificultoso réferi de fútbol de primera división.

Tomar la perspectiva de género en las políticas públicas es encarar esas políticas desde la posibilidad de destruir lo construido por la cultura patriarcal, modificando esos roles y reemplazándolos por otros.

Cuando en el dictamen sobre el tema de la educación, tan discutido en estos días, tomamos este concepto, lo hicimos pensando que se refiere a la necesidad de integrar en la educación nuevos contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones de género basadas en la equidad, la solidaridad y el respeto mutuo; a estimular la participación activa de ambos sexos en la vida ciudadana; a preparar a las mujeres para participar en los niveles de decisión así como a los varones para compartir las responsabilidades del ámbito familiar y la crianza de los hijos; a promover efectivamente el derecho constitucional a la igualdad de oportunidades y trato, sin consagrar roles que limiten y condicionen las posibilidades de desarrollo e inserción laboral de las mujeres.

De eso se trata, y no de interpretaciones capciosas como las que todos hemos leído en los diarios.

Por otra parte, señor presidente, nos parece fundamental en este dictamen la inclusión de las medidas de acción positiva en esta Constitución. Ellas no son la consagración de un privilegio ni tampoco se usan sólo en el caso de las mujeres. Son una herramienta de la legislación moderna para ayudar a corregir situaciones de discriminación arraigadas en la sociedad, que duran el tiempo necesario para modificar o tender a modificar las condiciones políticas, culturales, económicas y de todo orden que propician tales desigualdades.

La defensa de la igualdad de derechos y de trato es un presupuesto indispensable para el progreso de las sociedades y para su efectiva democratización.

En esta Constitución no estamos adoptando estas medidas de acción positiva sólo en el caso de la participación política a través del cupo –tema del cual se ocupará otra constituyente de mi bloque–, sino también respecto de otras situaciones que afectan la vida concreta de las mujeres en la sociedad.

Lo hacemos en el terreno de lo laboral, donde el principio de igual remuneración por igual trabajo es una reivindicación todavía por conquistar.

Las desigualdades salariales que sufren las mujeres no son explicables a partir de los niveles de educación, dado que la fuerza de trabajo femenina en nuestro país presenta niveles de instrucción superiores a la fuerza de trabajo masculina en las tres etapas de la educación formal. Las razones, entonces, deben buscarse en la discriminación de género y en la antigua creencia que considera al trabajo femenino sólo como un complemento del presupuesto familiar y del aporte del jefe de familia.

También propiciamos medidas de acción positiva para las jefas de hogar, cuyo número ha crecido en estos últimos años.

En el área metropolitana la proporción de hogares sostenidos por una mujer pasó del 19 por ciento en 1980 al 25 por ciento en 1989 y finalmente al 27 por ciento en 1992. Actualmente, en la ciudad de Buenos Aires existe un 30 por ciento de hogares con jefatura femenina. Son esos hogares los que están mayormente expuestos a situaciones de pobreza por diferentes situaciones de discriminación que sería largo enumerar.

Muchas de ellas son trabajadoras domésticas, empleadas en negro, sin cobertura social, que viven en casas tomadas o en inquilinatos. Para ellas y para sus familias pedimos se posibilite el acceso a la vivienda, al empleo, al crédito y a los sistemas de cobertura social. El acceso al crédito es uno de los elementos fundamentales para potenciar a las personas y para posibilitar que participen de las oportunidades del mercado.

Otro tema que estamos incluyendo a través de este dictamen es la prevención del embarazo adolescente y la protección de las madres niñas, que se mide por el número de menores de veinte años que tienen hijos cada año. En nuestra ciudad, veintiséis de cada mil mujeres de entre quince y diecinueve años tienen un hijo.

Las frecuentes deficiencias de la nutrición ponen en riesgo la supervivencia de los recién nacidos. Muchas madres adolescentes tienen que enfrentar la maternidad en soledad y sin la madurez psíquica ni los recursos económicos necesarios. Tienen menor nivel educacional que las de su misma edad que no son madres, su escolaridad se interrumpe y se quiebra su capacitación y sus posibilidades futuras de inserción en el mercado laboral. Para estas madres niñas o púberes y adolescentes madres –como dice nuestro dictamen– el Estado debe brindar políticas de prevención, tanto de amparo como de ayuda, para reforzar el vínculo madre-hija e hijo y para garantizar su permanencia en la escuela.

Por último, la violencia ejercida contra las mujeres es otros de los temas que nos ocupa, el que se ha mantenido oculto durante mucho tiempo. Sólo atrajo la atención hace unos veinte años.

Las mujeres son objeto de situaciones de violencia que las privan de sus derechos humanos fundamentales. A esta situación contribuye la existencia de premisas culturales que avalan la subordinación femenina y que justifican la imposición de la autoridad del varón aun mediante el uso de la fuerza. Este es el costado más brutal y oscuro de las relaciones de poder.

Podemos afirmar que las acciones coactivas sobre las mujeres pueden ser observadas en los ámbitos cultural, gremial y político. Pero es especialmente en el ámbito familiar donde se dirimen los problemas interpersonales y se establecen jerarquías de la forma más cruenta.

El secreto, la falta de pruebas y los obstáculos sociales y jurídicos hacen difícil la reunión de datos sobre la violencia contra la mujer, que según los criminólogos es el delito menos denunciado.

Un elemento clave para la erradicación definitiva de esta violencia contra las mujeres y los niños es considerarla no como un problema privado o individual, sino como un asunto que requiere necesariamente de la acción estatal.

En el mismo sentido, nos ocupamos también de las víctimas de la explotación sexual, tomando como marco normativo la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, aprobada por las Naciones Unidas en 1949 y con vigencia en nuestro país.

Para finalizar, señor presidente, estamos convencidos de que el desafío de sentar las bases para la construcción de una sociedad más equitativa, donde tengan cabida la diversidad de intereses y demandas específicas, es la tarea más importante para la profundización de la democracia. Creemos que estos aportes que estamos haciendo en nuestro texto constitucional contribuyen a ello. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señor presidente: "La ley debe ser la expresión de la Voluntad General: todas las ciudadanas y todos los ciudadanos deben contribuir, personalmente o por medio de sus representantes, a su formación; debe ser la misma para todos; siendo todas las ciudadanas y ciudadanos iguales ante sus ojos, deben ser igualmente admisibles en todas las dignidades, lugares y empleos públicos, según sus capacidades y sin otras distinciones que las de sus virtudes y su talento."

Este era un texto que recitaba Olimpia de Gouges; es parte de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791. Por este texto y por otros de este tenor, tal como decía la convencional Chiernajowsky, Olimpia de Gouges y otras mujeres terminaron en la guillotina hace doscientos años. La historia del movimiento de mujeres es larga. En la Argentina en particular, a principios de este siglo mujeres socialistas, radicales, independientes, y desde otras posiciones las anarquistas, comenzaron una lucha de la cual nosotras somos hoy depositarias. En su época esas mujeres fueron objeto de burlas cuando reclamaban la igualdad y el sufragio femenino.

En otras partes del mundo, las sufragistas también padecieron torturas y subestimaciones.

En esta misma ciudad, en 1910, se desarrolló el primer congreso feminista internacional, que fue clausurado por Serafina Dávalos, la primera mujer abogada en el Paraguay. Y formaban parte de la organización de aquel congreso Elvira Rawson, de la Unión Cívica Radical, y Julieta Lanteri, fundadora del primer partido feminista en la Argentina.

En honor a esas mujeres, de las cuales hoy la historia poco cuenta como consecuencia del sexismo y de la falta de la perspectiva de género en la educación, vengo, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, a dar nuestra adhesión y el voto favorable no solamente a este despacho que está bajo tratamiento sino a todo el plexo normativo que va a significar un cambio sustantivo en la Constitución de la ciudad. Esto nos va a permitir incorporarnos como ciudadanas plenas, constructoras de una democracia plural y paritaria, en la que varones y mujeres no solamente tengamos igualdad ante la ley o igualdad de oportunidades, sino una real igualdad de trato, con acciones positivas tendientes a reparar las desigualdades estructurales a las cuales estamos sometidas las mujeres.

Si bien hoy no existe la guillotina, existen muchas veces las veladas amenazas, las recomendaciones o el trato a las mujeres como si estuviéramos en un colegio o en un jardín de infantes. Quienes hoy vamos a votar este texto constitucional queremos asumir nuestro rol pleno como ciudadanas.

Septiembre es un mes importante para las mujeres. El año pasado más de treinta mil mujeres de todo el mundo, representando a muchísimas más mujeres, nos dimos cita en Beijing, China, para hacer un análisis de la situación de las mujeres en el mundo entero. Y en el discurso de cierre, y como colofón de ese encuentro internacional, la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundlandt daba cuenta de que no había país sobre la tierra donde las mujeres no siguieran siendo discriminadas y donde hubiera plena igualdad.

Todos los gobiernos asumieron compromisos en ese ámbito internacional. Pero sabemos de las dificultades y de las marchas y contramarchas que tienen muchos gobiernos, cuando regresan sus representantes para efectivizar los compromisos internacionalmente adquiridos.

Es propicia esta oportunidad de votar e incluir este texto constitucional para que hagamos una evaluación de la situación de las mujeres en la Argentina y en nuestra ciudad.

El gobierno nacional se comprometió a respetar estos compromisos internacionales en lo relativo a la búsqueda de la igualdad en cuanto a la educación, al trabajo, a la pobreza y a la salud de las mujeres. Un año después nos encontramos sin saber cuáles son las efectividades y viendo con preocupación cierto retroceso en la que fue una lenta marcha en la construcción de la igualdad desde 1983 hasta la fecha.

Y como si esto fuera poco, recibimos con sorpresa declaraciones del señor presidente de la Nación, que pretende someter los debates de los ámbitos legislativos y parlamentarios al contralor de determinadas figuras que creíamos que habían renunciado –o se los había hecho renunciar– al gobierno nacional precisamente por ser afectos a distintos tipos de discriminaciones. Estos hechos nos preocupan porque no cooperan en la construcción de una democracia participativa.

Las mujeres y los varones queremos incluir en el texto de esta Constitución de la ciudad de Buenos Aires indicaciones al Estado de la ciudad para que estas políticas no sean sólo de un gobierno sino que sean políticas de Estado hasta tanto la igualdad entre varones y mujeres sea una realidad.

La Organización Internacional del Trabajo –que no es una organización feminista, como se comprenderá– ha manifestado que faltan 475 años para lograr la igualdad entre varones y mujeres en lo que hace a la equiparación en los lugares de poder, en los puestos de trabajo y en el manejo de los recursos económicos en el mundo.

En nuestro país y en esta ciudad asistimos a profundos desfases; las argentinas somos educadas pero pobres. Si bien ha existido una equiparación en materia educativa y hoy egresan igual cantidad de varones y de mujeres en todos los niveles educativos, nos encontramos con una segmentación por el tipo de carreras.

Por eso nos preocupa que el gobierno nacional haya quitado de los contenidos básicos de la educación la perspectiva de género. También nos preocupan algunas declaraciones que han tratado de evitar su inclusión en esta Constitución.

Queremos aventar cualquier tipo de interpretación que no sea otra que la explicitada por la convencional constituyente Chiernajowsky. Esto no tiene otro objetivo que lograr que se realice una revisión de la historia y de los programas de estudio de las escuelas, que se incorpore a las mujeres y que exista un monitoreo de todas las políticas públicas determinando esta brecha de impacto de las diferentes políticas entre varones y mujeres.

Pero si nos preocupa la educación, más nos preocupa lo que sucede con las mujeres de nuestro país en el trabajo. Si bien las mujeres constituyen ya un 36,4 por ciento de la población económicamente activa de esta ciudad, debemos decir que seis de cada diez desocupados y siete de cada diez subocupados en la ciudad de Buenos Aires son mujeres.

Debo señalar también que el plan de convertibilidad –que ha producido un aumento de la desocupación en esta ciudad del orden del 232 por ciento entre octubre de 1990 y mayo de 1995 y que no ha afectado en las mismas condiciones al resto del país, en donde solamente se ha registrado un aumento del 170 por ciento– ha impactado especialmente sobre las mujeres.

En consecuencia, creemos que son imprescindibles las acciones positivas que incorporen a las mujeres y prioricen su acceso al trabajo, tanto en lo que se denomina el empleo público como en la promoción desde el Estado de la incorporación de esta igualdad en las empresas privadas.

Qué podemos decir de la pobreza y de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires cuando los últimos informes de la Comisión de Derechos Humanos, en su evaluación de los indicadores de género ubican a la Argentina en el puesto número treinta en términos generales. Pero en la medición de la mortalidad materna y en los indicadores de pobreza con relación a las mujeres, nuestro país desciende al puesto número treinta y nueve.¿Qué podemos decir de este más de treinta por ciento de mujeres cabezas de familia que cuando se encuentran entre los sectores populares no tienen ni siquiera a qué institución u organismo del Estado recurrir?

Tampoco queremos planes asistencialistas como los que se llevan a cabo en la provincia de Buenos Aires, donde las mujeres terminan siendo la mano de obra barata de los planes nutricionales, prolongación de las tareas familiares sin remuneración.

Aunque haya muchas críticas a esta Constitución de la ciudad de Buenos Aires creemos que estamos en condiciones de construir una referencia distinta para el gobierno de la ciudad y para los que vendrán. En las constituciones del resto de las provincias no se ha avanzado tanto como respecto de la que vamos a sancionar nosotros.

La Constitución Nacional de 1853 nos excluía; en la del 49 las mujeres pudimos ser mencionadas básicamente como esposas y madres, incorporando así un modelo naturalista de género, que fue repetido incesantemente por las distintas constituciones provinciales, incluso en las más modernas. Es la Constitución de La Pampa de 1994 que incluye la dimensión de género y recién algunas constituciones como la de Río Negro pueden dar cuenta de temas actuales como el de la prevención de la violencia, o la de Tucumán, que se anima a señalar algo sobre la discriminación positiva en materia laboral.

Sin perjuicio del análisis constitucional que merezcan los textos que vamos a sancionar tienen que ver con una decisión política y con una correlación de fuerzas que lamentablemente no pudimos apreciar en la reforma constitucional de 1994, no porque no existieran los proyectos ni las ideas sino porque entre quienes en aquel momento ocupaban una banca había algunos opositores a estos criterios que ahora vamos a consagrar.

A fin de no abundar en datos solicito la inserción de los textos vinculados a las constituciones provinciales y al análisis de las constituciones de otros países en esta materia. ^*

Quiero decir que estamos construyendo una ciudadanía plural en la ciudad de Buenos Aires hacia una democracia paritaria y donde hay una batalla ideológica que se está librando. Esta batalla ideológica no es para imponerle a nadie algo que vaya contra su libertad de conciencia. Estos principios son para que mujeres y varones podamos decidir en libertad sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestra sociedad.

Entendemos que es muy importante la voz y la mirada de las mujeres sobre la ciudad. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de incorporar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las políticas públicas. No queremos más políticas "de" las mujeres, no queremos más sólo políticas "para" las mujeres. Queremos ser ciudadanas plenas opinando en el plan estratégico de la ciudad o discutiendo el presupuesto participativo de la ciudad, pero no por un mero cupo o un piso en el Poder Legislativo. Queremos figurar en los tres poderes del Estado, tomar decisiones en los organismos descentralizados de la ciudad, que haya un plan de igualdad entre varones y mujeres que se elabore participativamente, con la intervención y el consenso de los distintos actores sociales; queremos estar sentadas en la mesa de la discusión con los sindicatos, con los partidos políticos y con los empresarios, porque en este momento en que parece que asistiéramos al agotamiento del estado de bienestar, donde hay un retroceso del Estado, donde las políticas neoconservadoras parecen imperar, las mujeres, que hemos trabajado durante estos años desarrollando teorías alternativas hasta en materia económica, creemos que podemos aportar una visión y una perspectiva distinta al debate; por lo menos queremos garantizarlo en el marco de la ciudad.

Sin perjuicio de lo que los señores convencionales integrantes de mi bloque señalen con relación a otros dictámenes, no quiero concluir mi exposición sin hacer una breve referencia a un hecho que también ocurrió en septiembre, donde con muchas dificultades las mujeres de todos los partidos políticos unidas logramos la sanción en el Senado de la Nación de la ley de cupos.

En un 20 de septiembre se inició la consideración de este tema, en una sesión que hoy estamos continuando, en que la senadora Margarita Malharro de Torres dijo en el recinto del Senado con energía y valor que había muchas dudas sobre la probabilidad de que se sancionara aquella ley que para nosotras es histórica.

Hubo muchos dimes y diretes desde el comienzo de esta Convención Constituyente con relación a estos proyectos vinculados con el tema de la mujer. Hubo muchos análisis no sólo en el seno de las comisiones sino en los pasillos, en las reuniones de bloque; hubo marchas y contramarchas. Pocos textos de la Constitución que vamos a sancionar han sido objeto de un análisis tan pormenorizado palabra por palabra, comas, puntos y guiones.

Estas son las permanentes dificultades, marchas y contramarchas, con las cuales en este derrotero a veces difícil pero imparable del movimiento de las mujeres vamos avanzando en este trayecto de los años de la democracia en la Argentina.

Tampoco quiero dejar de mencionar que un 8 de marzo de 1991 la recién constituida Red de Feministas Políticas realizó una sesión precursora en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires donde muchas de las que estamos ocupando una banca en este recinto –incluso hoy entre el público concurrente– impulsamos varios textos constitucionales que esta asamblea sancionará. Allí debatimos durante horas sobre lo que las mujeres podríamos hacer en caso de alcanzar a ocupar una banca en la Convención Constituyente.

Se aprobaron textos sobre ambiente, salud, educación, transporte, derechos humanos, políticas sociales. Esos textos que aquel 8 de marzo de 1991 fueron aprobados, cuando la mayoría de las mujeres estábamos excluidas de los lugares de poder real, hoy esta Convención Constituyente los está haciendo propios y transformándolos en realidad en este texto, que será el de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, que podrá ser cuestionada, pero sobre la que no cabrán dudas de que sentará las bases para una democracia distinta en la ciudad.

Por eso concluyo mi exposición con la misma frase con que finalicé mi discurso aquel 8 de marzo, que fue y es el himno del feminismo; se trata de la canción que cantaban las huelguistas textiles de los Estados Unidos de América en 1922, que internacionalmente ha cobrado esta fuerza que nos une a todas: "La rebelión de las mujeres es la rebelión de la humanidad; no más esclavos y ociosos, no más de diez que trabajen por uno que reposa, sino el reparto entre todos de las alegrías de la vida: el pan y las rosas". (Aplausos prolongados.)

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez.

Sra. Pérez Suárez.- Señor presidente: dice una prosa popular: "Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas: que eres histérica, que estás nerviosa, que cuando callas eres mucho más hermosa."

Esta copla popular resume un pensamiento que fue modelo en una sociedad que imponía a la mujer dos destinos: la cocina o el cabaret, dividiéndolas en buenas o malas.

Sra. Pérez Suárez.- Esa sociedad nos mandaba entonces al espacio de lo privado, donde no había honores, gloria ni aplausos; a ese espacio doméstico al que se refiriera María Elena Walsh en su Oda doméstica, de la que voy a leer unos versos. Allí decía: "Y los que calzan sombra masculina,/ heredado poder, cómodo imperio,/ ordenan nuestra humana servidumbre/ mientras se ponen seriamente/ a fabricar los tajos de la guerra,/ el obstinado pan del sufrimiento."

Cierto es que las mujeres hemos avanzado mucho; pero hay avances y hay retrocesos. Así vemos como a veces los periódicos nos consagran como víctimas o como heroínas.

Hace poco muchos diarios nos hablaban de Carolina Aló, muerta por más de cien puñaladas por quien decía amarla. Otros nos contaban de una heroína, una jueza, que enfrentó la violencia desatada en el motín de Sierra Chica.

Es así. Unas cuantas mujeres tienen reconocimiento público y sus opiniones son respetadas, pero muchas otras sufren la violencia doméstica y son discriminadas en su trabajo. Entre estas últimas se encuentra Florencia Romano, árbitro de fútbol, recibida con el segundo mejor promedio en tres escuelas, que sin embargo no consigue que la Asociación del Fútbol Argentino le permita hacer carrera.

Esta es una realidad que existe y por eso elaboramos este despacho. Es cierto lo que allí expresamos: las responsabilidades familiares no son compartidas. No es lo mismo ir al supermercado que limpiar el baño. Las responsabilidades familiares –insisto– no son compartidas, pero hoy lo estamos incluyendo en este texto.

En la ciudad de Buenos Aires todos los días se insulta a una mujer, se la denigra, se la golpea y se la viola. Como esto sucede todos los días es necesario que consagremos estos principios en este texto, porque en Buenos Aires hay algunos que siguen pensando que las mujeres somos el negro del mundo.

Quiero recordar a Max Weber, quien dijo que la política se hace con la cabeza, pero no sólo con la cabeza. Por eso nosotras, que hemos trabajado unidas en estos despachos, pusimos el corazón y el sentimiento además de la cabeza.

Deseo hablar de las luchas que modificaron la situación de disparidad en que vivimos. A algunas ya se han referido con elocuencia las señoras convencionales preopinantes. Justamente una de ellas fue la que en primer término hizo referencia a un 23 de septiembre como el de hoy, pero de hace 49 años, en que el Congreso aprobó la ley del voto femenino. En ese gobierno peronista, con la consagración de ese derecho, irrumpieron mujeres en todos los cuerpos legislativos. En aquella integración del Congreso hubo 7 senadoras y 24 diputadas. Nunca un país de América pudo compararse con el nuestro con relación a esta presencia de mujeres en un cuerpo legislativo.

Además, fue la voz de una porteña peronista la primera que se hizo oír en el Congreso de la Nación. Fue Delia Parodi la primera mujer que pidió la palabra en el Congreso, y llegó a ocupar la Vicepresidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, una altísima dignidad que indudablemente demostraba el reconocimiento que sus compañeros de militancia tenían hacia la mujer.

Fue también durante un gobierno peronista en que se sancionó con el esfuerzo de todas las mujeres la Ley 24.012, que modificó el Código Electoral estableciendo como requisito obligatorio la presencia del 30 por ciento de mujeres en las listas.

Con posterioridad, y también gracias al esfuerzo del Movimiento de Mujeres, accedieron a una legislación de ese tipo las provincias de Salta, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Mendoza, Santa Cruz, Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Chaco y Córdoba.

Los efectos se vieron reflejados en la Convención Nacional Constituyente de 1994, donde 80 mujeres participaron de esa histórica reforma de la Constitución Nacional. La señora convencional preopinante hizo referencia a que se lamentaba con relación a quienes estaban sentados en esas bancas. Realmente debo decir que no adhiero a esa posición, porque como mujer de la democracia no me lamento de que en las bancas se sienten aquellas personas que el pueblo elige, y en esa Convención Constituyente estaban sentados quienes habían sido elegidos por el pueblo.

He señalado que luego de la Ley 24.012 el Movimiento de Mujeres impulsó sanciones provinciales. Las dos primeras fueron las de Santa Fe y La Rioja, sancionadas el 7 de mayo de 1992, aniversario del nacimiento de Eva Perón.

Hoy nos tocará a las porteñas garantizar el cupo, y esto es algo trascendental para nosotras. En efecto, lo que hoy vamos a sancionar será aplicable en la elección de la integración de la Legislatura. Por eso hoy es un día trascendente para las mujeres de la ciudad de Buenos Aires, y es por eso que nos acompañan tantas mujeres. No ignoramos que los derechos que consagramos o los espacios por los que luchamos no siempre son ocupados por quienes luchan y creen en esos principios, pero ocurre lo mismo con otros espacios. De todas maneras, estamos absolutamente persuadidas de que hay que abrirlos, de que son caminos que hay que abrir.

Debo decir, señora presidenta, que las tres integrantes del bloque justicialista no nos reivindicamos como feministas. Somos sí, mujeres políticas que trabajamos por los derechos de la mujer y que pertenecemos a un partido político que, además de haber sido protagonista en los acontecimientos a que hiciera referencia, creó el Consejo Nacional de la Mujer, desarrolló oportunamente el Programa de Igualdad de Oportunidades en la Educación y, además, creó –inexistente hasta la Intendencia de Carlos Grosso– el Área Mujer en la Municipalidad de Buenos Aires.

Nosotras entendemos que la democracia exige que el Estado sea plural en su conducción y, para que el Estado sea plural, es imprescindible la presencia de la mujer porque, como dicen nuestras amigas centroamericanas, si la mujer no está, la democracia no va. Nada más, señora presidenta. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Monteverde, del bloque del Partido Justicialista.

Sra. Monteverde.- Señora presidenta: los tres despachos que hoy vamos a sancionar referidos al tema de la mujer –y que seguramente esta noche se transformarán en letra del Estatuto– no son producto de estos dos meses de trabajo sino de muchos años de estudio y de investigación realizados por las mujeres políticas de los partidos políticos aquí representados, por el movimiento social de mujeres, por organizaciones no gubernamentales que trabajan e investigan sobre el tema mujer y por todas las mujeres que nos han acompañado en congresos, seminarios, marchas y movilizaciones y donde las más de las veces, con sus propios hijos, han mezclado los volantes, las pancartas y las banderas con las mamaderas y los pañales.

Vamos a tener hoy el privilegio de votar. Digo "privilegio" porque ver las cosas que pensamos y reflexionamos durante tanto tiempo, transformadas en páginas del Estatuto, nos alegra, nos enorgullece y es una forma de reparar tantos años de injusticia.

Seguramente, hoy cada una de nosotras va a pensar en las mujeres que nos precedieron, en las mujeres que antes –y en horas mucho más difíciles– se ocuparon también de este tema. Muchas son esas mujeres y hoy están mucho más cerca de nuestro corazón. En este sentido, quiero recordar especialmente a la compañera Eva Perón. (Aplausos.)

Cuando estemos levantando la mano y votemos quiero que las convencionales compartamos ese momento emotivo –y que esperamos desde hace mucho– con todas las compañeras que hoy están aquí desde muy temprano esperándolo. Gracias por acompañarnos. (Aplausos.)

Decíamos que los temas de los tres despachos son una etapa, son un logro más, pero seguramente no está todo resuelto. La experiencia nos indica que cada vez que normatizamos o reglamentamos nuestro grado de participación, aparecen mecanismos más simples o más complicados que la vulneran, que la burlan y todo queda como está.

Seguramente, serán las jóvenes generaciones de mujeres, a quienes dejaremos este testimonio, las que finalmente lo logren. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tengo que advertir que el bloque del Partido Justicialista pidió que el tiempo que le corresponde para realizar su fundamentación –que son 30 minutos– se comparta entre tres convencionales.

De manera que después seguirán haciendo uso de la palabra representantes de los demás bloques.

Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Gracias, señora presidente, y por su intermedio también al convencional Brailovsky, que ha tenido la gentileza de aceptar que yo tomara su turno para completar la intervención de nuestro bloque.

Voy a ser breve pero quiero decir, ante todo, que los asuntos vinculados a la mujer también son asuntos de hombres.

Siempre lo hemos entendido así y por eso es que me parece importante que en este debate los dos géneros hagamos oír nuestra voz.

Por supuesto, acompañamos todo lo que sea un avance hacia una difícil igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en cuanto a los derechos políticos.

Fíjese, señora presidente, que ya hace más de un par de siglos, afirmaba Montesquieu que "es contra la razón y contra la naturaleza que las mujeres sean amas de casa, como sucede en Egipto, pero no se oponen la razón ni la naturaleza a que rijan un imperio. En el primer caso, el estado de debilidad en que se encuentran no les permite la preeminencia; en el segundo, la misma debilidad les presta dulzura y moderación, cualidades que pueden hacer un buen gobierno, más que lo harían las virtudes varoniles de dureza inexorable".

Luego se refería a los gobiernos de mujeres en India, África, Moscovia e Inglaterra, concluyendo que "las mujeres gobiernan con acierto lo mismo en el gobierno templado que en el gobierno despótico".

Esto, incluso, es anterior a la recordada proclama de Olimpia de Gouges. Hoy parece que hemos coincidido en referirnos a la pobre Olimpia de Gouges, guillotinada en 1793 pero que igual dejó su semilla porque luego, en la Convención, Condorcet sostuvo el derecho de la mujer "aux droits de la cité", a los derechos de la ciudad.

No tuvo eco el amigo Condorcet en la Convención, pero la lucha de la mujer siguió e indudablemente en este siglo, como dijo Perry Anderson hace poco, se ha convertido en el nuevo sujeto de la política contemporánea.

En nuestro país, los peronistas tenemos el orgullo, el profundo orgullo de que haya sido nuestro primer gobierno peronista, el gobierno del General Perón, el que, como aquí se recordó, otorgó los derechos políticos a la mujer. Ya que mis compañeras han recordado con emoción a nuestra jefa espiritual –Eva Perón–, quiero rememorar algunas palabras del general Perón, quien criticando a ciertas feministas de la época –esto lo cita Eva Perón en su libro La razón de mi vida– decía: "¿No ves que han errado el camino? ¿No ves que esa clase de feministas reniega de la mujer? ¿No ves que quieren ser hombres? Si lo que necesita el mundo es un movimiento político y social de mujeres. ¡Qué poco va a ganar el mundo si las mujeres quieren salvarlo imitándonos a los hombres! Nosotros ya hemos hecho solos demasiadas cosas raras...", decía Perón, "...y hemos embrollado todo, de tal manera que no sé si se podrá arreglar de nuevo el mundo. Tal vez la mujer pueda salvarnos a condición de que no nos imite." Esto es lo que pensaba el general Perón, y en este marco se otorgó el voto a la mujer.

Ese voto fue para la mujer de la época un emblema y un escudo; hasta una canción popular, caracterizando a la descamisada –paradigma de la época–, señalaba: (Cantando.) "La que mañana en las urnas/hará valer sus ideales/para que sigan triunfales/las obras del general." (Aplausos.) O sea que el voto en la urna de las descamisadas constituía un emblema de la mujer.

Pasaron los años, y nuevamente fue un gobierno peronista el que tuvo la satisfacción y el orgullo de consagrar una acción positiva. Una de esas acciones es el sistema de cuotas, que se ha definido como el mecanismo por el cual la sociedad podría cumplir su obligación de proveer de los instrumentos adecuados para que las mujeres puedan acceder al proceso político en una real condición de igualdad. La representación de las voces de las mujeres en la toma de decisiones es una condición necesaria para la efectiva garantía de sus derechos e intereses. La presencia de todas las voces en el proceso político no produce una representación más verdadera sino una democracia más verdadera.

Por eso creemos que hemos avanzado mucho y entendemos que los peronistas tenemos mucho que ver en este avance. Tanto es así que en las dos últimas elecciones legislativas que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires –una para elegir el tercer senador y otra para elegir a los representantes encargados de dictar este Estatuto o Constitución– ganó una mujer, que precisamente es usted, señora presidenta.

De manera que hoy vamos a avanzar un poco más al mejorar y perfeccionar las normas de la Ley 24.012. Este avance lo vamos a concretar por medio de una redacción más clara y un texto más abarcativo y amplio, que incluye no sólo las listas de candidatos sino también la integración de los cuerpos colegiados.

Por estas razones el bloque justicialista –no solo las compañeras justicialistas, sino el bloque en su conjunto– acompaña este texto con convicción y entusiasmo, consciente de que está siguiendo el derrotero histórico que nos marcaron el general Perón y la compañera Evita. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor constituyente Brailovsky, del bloque Nueva Dirigencia.

Sr. Brailovsky.- Señora presidenta: durante el oficio de Pascua los judíos rezamos "Gracias, Dios mío, que no me hiciste mujer". (Risas.)

En el Corán, Mahoma refuta un antiguo mito de los árabes paganos, para quienes los ángeles son femeninos y son las hijas de Dios, diciendo: "¡Mentira! Si Dios hubiera querido tener hijos, habría tenido hijos varones."

Baltasar Gracián señalaba: "Vale más la maldad del varón que el bien de la mujer, porque menos mal te hará un hombre que te persiga que una mujer que te siga." Luego agregaba: "La mujer no es un enemigo solo, sino todos en uno, porque todos han hecho plaza en ella. De aquí, sin duda, procedió el llamarse a todos los males hembras: las furias, las parcas, las sirenas y las arpías."

"Le hacen la guerra al hombre diferentes tentaciones en sus edades diferentes, unas en la mocedad y otras en la vejez, pero la mujer, en todas. Nunca está seguro de ellas ni mozo ni varón, ni viejo ni sabio, ni valiente ni santo", decía Baltasar Gracián.

Estamos aprobando un texto que una mirada ingenua podría calificar como obvio. ¿Por qué insistir tanto en la igualdad de la mujer? ¿Por qué decirlo tantas veces, de tantos modos distintos, si acaso bastaría con decirlo una sola vez? Lo hacemos porque la discriminación contra la mujer está en la raíz misma de nuestra civilización; porque está metida en nuestra cultura desde hace siglos... (aplausos) ...y ahora tenemos la oportunidad de dar un paso histórico contra esa discriminación.

Agrego un par de referencias más: "Durante la infancia una hembra debe estar sometida a su padre, en la juventud a su marido y cuando su señor ha muerto a los hijos. Una mujer no debe ser jamás independiente"; esto es lo que expresan las leyes de Manú, en la India.

Según Pitágoras, "Existe un principio del bien que creó el orden, la luz y el hombre. Hay un principio del mal, que creó el caos, las tinieblas y la mujer." Esta misma concepción se ve reflejada en la ópera La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart.

"No está bien, y por muchas razones, que una mujer estudie y sepa tantas cosas", expresaba Molière.

Por su parte, Sigmund Freud señalaba: "Se duda en decirlo, pero no puede sustraerse a la idea de que el nivel de lo que es éticamente normal para la mujer es diferente."

¿Qué significa todo esto? Estas citas son mucho más que una curiosidad. Sabemos que a lo largo de la historia la forma más frecuente de limitación poblacional fue el infanticidio femenino. Sigue siendo así en China, en este preciso momento.

Es un contexto de miles de años en los cuales las mujeres oprimidas han ayudado a transmitir los prejuicios sociales en los que se basaba esa opresión. La opresión necesita del contexto, y también que el oprimido vea con naturalidad su servidumbre. Estamos aprobando artículos que ayudarán a las mujeres a tomar conciencia de su condición y de su rol en la sociedad. Al respecto, en su obra Las mujeres y la culpa, Lilian Mizrahi explica que la represión internalizada llega a gravitar con más peso que la objetiva realidad externa.

Además, toda opresión es una realidad relacional. La opresión y la discriminación contra las mujeres tiene su contracara en la asignación de roles. "¡Las mujeres, a la cocina!" ¿Y los hombres adónde? "¡Los hombres a la guerra!"

Entonces, la expresión "Las mujeres a la cocina y los hombres a la guerra", constituye las dos caras, las dos facetas de un sistema opresivo que afecta por igual a ambos sexos y que necesitamos desterrar. Esta concepción tiene hoy un nombre técnico preciso que es "perspectiva de género". (Aplausos.)

Con una visión globalizadora los constituyentes varones estamos apoyando e impulsando estas medidas que, en apariencia, sólo benefician a las mujeres. Pero tenemos en claro que no somos los opresores de las mujeres sino que todos formamos parte de un sistema que tiene injusticias sobre todos y que requiere de la acción conjunta de varones y mujeres para redefinir los roles de los dos sexos en una sociedad democrática. (Aplausos prolongados. Varios señores convencionales rodean y felicitan al orador.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Maques, del bloque Unión Cívica Radical.

Sr. Maques.- Señora presidenta: solicito la inserción de mi intervención sobre este tema. Quiero aclarar que en líneas generales comparte casi puntualmente la propuesta. La motivación de insertar mi discurso por separado es al solo y puro efecto de realizar una economía de tiempo. Aquellos puntos en los que no coincida quizá se deben pura y exclusivamente a la interpretación que tengo de que la reivindicación justa de los derechos de la mujer tal vez se logre más rápido, en forma más completa, juntamente con el hombre, sin que esto implique ningún tipo de debate o de posición alguna. ^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señora presidenta: tenía pensado decir unas pocas palabras en nombre de la comisión, porque ya las convencionales mujeres que integran la Comisión de Políticas Especiales se habían referido adecuadamente al sentido del despacho.

En el momento en que me anoté pensé que no estaría de más que también algún convencional varón dijera lo que para nosotros significa este histórico despacho, pero después de las palabras del convencional Brailovsky me parece que lo mejor que puedo hacer es rendirles mi homenaje y decir que me identifico plenamente con su discurso. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: con los diferentes bloques se había propuesto la modificación de algunos párrafos.

En el párrafo segundo, luego de donde dice "Estimula la modificación de los patrones socioculturales..." se incorporaría la palabra "estereotipados". El párrafo donde dice "Desarrolla políticas...", a los efectos de que quede mejor redactado, proponemos que diga: "Desarrolla políticas respecto de las niñas y adolescentes embarazadas, las ampara y garantiza su permanencia en el sistema educativo". Y el último párrafo, que comienza con "Fomenta...", quedaría reformulado de esta manera: "Promueve la participación de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a las temáticas de las mujeres en el diseño de las políticas públicas".

Con estas propuestas de modificación, que fueron consensuadas con los otros bloques, solicitamos que se ponga a consideración del plenario.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Canata, del bloque Unión Cívica Radical.

Sr. Canata.- Señora presidenta: adelanto nuestro voto positivo a la propuesta que hiciera el señor convencional Ibarra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con las modificaciones propuestas.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto. (Aplausos.)

Artículo ... .- La Ciudad incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de sus políticas públicas y elabora participativamente un plan de igualdad entre varones y mujeres.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición sobre el proyecto de texto producido por la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías referente a paridad entre varones y mujeres, contenido en el Orden del día T. N° 56.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra en nombre de la comisión el señor convencional Santa María, del bloque Nueva Dirigencia.

Sr. Santa María.- Señora presidenta: creo que después de los argumentos y fundamentos dados por mi compañero de banca, el convencional Brailovsky, está de más lo que podamos informar y decir. Pero no quiero dejar pasar por alto un tema importante que en este dictamen, el N° 56, intentamos aprobar.

Creo que estamos garantizando uno de los derechos más importantes de la Constitución para esta nueva ciudad de Buenos Aires. También, estamos intentando solucionar en esta forma uno de los problemas de discriminación más largo en la historia de la humanidad. Creo que es importante que figure en esta reforma constitucional este derecho y espero que en alguna futura reforma no sea necesario incorporarlo porque así habremos conseguido el objetivo que nos proponemos.

También, señora presidenta, quiero rescatar este trabajo en el que no sólo participaron las mujeres de la comisión, sino hombres y mujeres. Por eso creo que tiene un doble mérito. Porque es un trabajo en equipo en el cual hemos conseguido no solamente el dictamen de mayoría sino un dictamen en el cual los integrantes de esta comisión han trabajado en forma muy particular, sin interesar el sexo.

Quiero expresar en forma particular agradecimiento a mis pares de la comisión, especialmente, a las compañeras que en ella han trabajado y han tenido una tarea fundamental: la compañera Delia Bisutti, la compañera Alicia Pierini, la compañera María José Lubertino y la compañera Silvia Collin, todas ellas integrantes de esta comisión que tuve el honor de presidir.

Creo que se ve reflejado en este trabajo su lucha, su trabajo y su rebeldía. Creo que hemos aprobado un dictamen respecto del cual esta comisión se siente honrada de poder presentarlo hoy en el recinto.

Quiero también en particular, como lo venimos haciendo a lo largo del trabajo de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, compartir este dictamen con la convencional María José Lubertino. Por eso, le quiero ceder la palabra a ella, que en nombre no sólo de las mujeres de la comisión, sino también de todos los que la integramos, va a realizar la otra mitad de la fundamentación de este dictamen de la comisión.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: voy a ser breve, porque ya hicimos una intervención general cuando se trató el dictamen anterior.

Quiero recalcar que éste, junto con el artículo que hemos votado en su oportunidad prohibiendo cualquier tipo de discriminación en la ciudad, es el artículo que considero más importante y piedra basal de esta Constitución, porque es el que nos habla de una democracia paritaria, en el espacio de lo público y en el espacio de lo privado, porque estamos garantizado la igualdad real de oportunidades y trato de varones y mujeres en el acceso y goce de todos los derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Estamos incorporando expresamente las acciones positivas, y agregamos: "en todos los ámbitos, organismos y niveles". Esto quiere decir que de ahora en más en la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de lo público y de lo privado, en los diferentes niveles y organismos de la administración pública, deberán instrumentarse acciones positivas para remediar la desigualdad estructural entre varones y mujeres de la cual, hasta ahora, es responsable este sistema patriarcal.

Estas acciones positivas no podrán ser inferiores a las vigentes al tiempo de sanción de esta Constitución. Pero también queremos destacar que estas acciones positivas no inferiores a las vigentes son un piso y no un techo para el acceso de las mujeres, en el entendimiento de que una democracia paritaria, como su nombre lo indica, debe tender a la igualdad entre hombres y mujeres.

En este sentido, explicitamos en los párrafos siguientes que los partidos políticos y las organizaciones sociales –entendiendo por tales todas las organizaciones, incluidos los sindicatos– deberán adoptar tales acciones para el acceso efectivo a los cargos electivos y de conducción. Quiero señalar especialmente el punto que se refiere al manejo financiero en todos los niveles y áreas.

Como contrapartida de esta paridad en el ámbito de lo público consagramos también, en igualdad de condiciones entre varones y mujeres, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, libres de coerción y de violencia, como derechos humanos básicos, porque esta es la tendencia internacional. En todos los países del mundo lentamente se van reconociendo los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos básicos, porque esta es la contrapartida a que hacía referencia el convencional Brailovsky. Si varones y mujeres no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestras vidas en el ámbito de lo privado, mal podremos estar en igualdad de condiciones en el ámbito de lo público.

La consagración de los derechos sexuales y reproductivos, entendidos como el derecho de varones y mujeres a disfrutar de una sexualidad plena, no necesariamente ligada a la procreación, a decidir libre y responsablemente si tener o no hijos, cuántos y cuándo tenerlos, sin ser objeto de coerción ni violencia, y a la protección integral de su salud, han sido declarados derechos humanos básicos por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Viena en 1993 –que nuestro país suscribió sin ningún tipo de reservas–, y por la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995, la Cumbre sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, la Cumbre sobre Asentamientos Humanos Hábitat II, de Estambul, en 1996, estas últimas suscriptas lamentablemente con reservas por nuestro gobierno nacional.

Sin perjuicio de ello, la reforma constitucional de 1994, al incluir en el Artículo 75, inciso 22) la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación de la Mujer, incorporó parte de estos derechos sexuales y reproductivos.

Es por eso, señora presidenta, que venimos en nombre de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, anticipando el voto favorable de la Unión Cívica Radical a este despacho, a suscribir lo que creemos es una deuda de la Argentina para con las mujeres, y también para con los hombres, a fin de que comencemos a modificar estos estereotipos y pueda haber democracia real en el país, en la casa y en la cama. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez.

Sra. Pérez Suárez.- Señora presidenta: el bloque justicialista coincide con todo lo expresado respecto de la necesidad de garantizar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres.

Es así que quien habla y otras integrantes de este bloque hemos presentado numerosos proyectos en este sentido, y también los han presentado compañeras de nuestro partido, que están hoy presentes a través de sus autoridades en este recinto.

El bloque justicialista va a acompañar la votación de este despacho, pero planteando dos disidencias. Una en el Artículo 1°, y otra en el Artículo 2°, para el cual tengo un texto alternativo, que si la señora presidenta lo permite paso a leer.

Sra. Presidenta (Meijide).-¿Quiere leerlo ahora o esperar hasta el tratamiento en particular?

Sra. Pérez Suárez.- Prefiero leerlo en este momento para que si hay, como creo, integrantes de otros bloques que acompañan esta propuesta se tenga en cuenta al someterse a votación.

La propuesta es reemplazar el segundo párrafo del Artículo 1° por el siguiente: "Los partidos políticos deberán adoptar tales acciones para el acceso efectivo a cargos electivos y de conducción y al manejo financiero, en todos los niveles y áreas."

Quien habla, como otras compañeras de mi bloque, suscribió siendo concejala un proyecto de comunicación adhiriendo al proyecto de ley de cupo femenino gremial presentado oportunamente por el señor diputado Mendoza. No obstante, los integrantes de mi bloque entienden que la redacción correcta es la que acabo de leer, sin ser imperativo, como lo propone el dictamen, respecto de las organizaciones sociales.

Con relación al Artículo 2º, la redacción que propone el bloque justicialista es la siguiente: "Se reconoce el derecho a decidir, libre de coerción y violencia, sobre la procreación, el número de hijos y el intervalo entre sus nacimientos. Se garantiza la igualdad de derechos y responsabilidades de mujeres y varones como progenitores y la protección integral de la familia."

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Maques.

Sr. Maques.- Señora presidenta: vamos a solicitar la incorporación de un agregado en el Artículo 1º ...

Sra. Presidenta (Meijide).- Si les parece bien, podemos votar en general el dictamen, y luego en el tratamiento en particular de los dos artículos los señores convencionales podrán efectuar las propuestas que deseen.

Sr. Maques.- Está bien, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar en general.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado.

En consideración en particular el Artículo 1º.

Tiene la palabra el señor convencional Maques.

Sr. Maques.- Señora presidenta: estamos tratando un proyecto que tiene por objeto garantizar la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer. Y decimos que esa igualdad debe ser efectiva en todos los ámbitos. En razón de lo expresado, hago moción de que se efectúe una modificación en el último párrafo de este artículo, a fin de que quede redactado de la siguiente forma: "Los partidos políticos, los sindicatos y las demás organizaciones sociales deberán adoptar tales acciones para el acceso efectivo a cargos electivos y de conducción y al manejo financiero, en todos los niveles y áreas."

Cuando fuera de este recinto planteé que iba a proponer esa modificación se dijo que la referencia a las organizaciones sociales debía entenderse como una comprensión tácita de los sindicatos. Se trata de un criterio que no comparto y voy a explicar por qué. Cuando se hace referencia a los partidos políticos se los menciona claramente, cosa que no acontece con los sindicatos.

Por lo expuesto, con el único fin de aventar dudas o problemas posteriores de interpretación, insisto en que se incluya en forma expresa a los sindicatos, tal como lo hice en el texto propuesto.

Es un buen momento para sincerar el espíritu, porque quienes hablan de la igualdad de la mujer apuntaron a una igualdad expresa y no tácita. Alguna vez dijo Wilde que un poco de sinceridad es algo peligroso y en extremo es absolutamente fatal. Por eso planteo una interpretación extrema, sólo posible incluyendo expresamente la modificación propuesta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se han formulado, hasta ahora, tres propuestas de modificación de este Artículo 1º.

Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez, del bloque de Nueva Dirigencia.

Sr. Rodríguez.- Señora presidenta: sobre este tema que debatimos quiero relatar alguna experiencia que realmente ha sido importante.

Hace algunos años –invitado por organizaciones sindicales alemanas– tuve oportunidad de conocer Alemania, antes de la unificación. En aquel entonces los sindicatos estaban a la vanguardia en lo referente a la participación de la mujer. Y a eso no los obligaba ninguna carta orgánica ni nada que se le pareciera.

Este es un tema de fundamental importancia que nos obliga a hablar del velo que existe sobre 700 mil trabajadoras domésticas que están en negro, marginadas de lo que es la igualdad ante la ley.

Solamente existe una norma en la Argentina que discrimina lo laboral, que es el nefasto Estatuto del Trabajador Doméstico que posibilita que los trabajadores cuenten solo con el 10 por ciento de los derechos que tienen los demás, con la agravante de que esos trabajadores, en su mayoría, son mujeres.

Si votáramos una norma de este tipo estaríamos interfiriendo en la libertad de las asociaciones de darse su propio estatuto; incluso, el derecho de formularlo de otra manera aun superior.

Existe un principio de la Organización Internacional de Trabajo por el que la libertad se expresa de dos formas: una consiste en tener la posibilidad de darla, y la otra está referida a la posibilidad de las organizaciones sindicales de darse sus propias cartas orgánicas, sin ningún tipo de intervención estatal.

Sra. Presidenta (Meijide).- Señor convencional: la señora convencional Lubertino le solicita una interrupción. ¿La concede?

Sr. Rodríguez.- Sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: simplemente quería aclarar al señor convencional preopinante que este mismo debate, vinculado a la injerencia del Estado en la organización de los partidos políticos, se produjo en su momento cuando sancionamos la ley de cupos. Quedó en claro que existen varios países que cuentan con acciones positivas en el nivel de los sindicatos, y que, por otro lado, esto no afecta la libertad sindical sino que se vincula con un principio que el Estado puede estar en condiciones de establecer con respecto a la igualdad real entre varones y mujeres.

O sea que no vemos cuál es la violación de la libertad sindical que se produce. Son pautas que el Estado –en este caso, la Ciudad de Buenos Aires– fijará para las entidades de carácter local. En el mismo sentido, me parece que las diputadas y diputados nacionales que aprobaron la ley del cupo sindical están propiciando la modificación a nivel nacional.

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Señora presidenta: agradezco la aclaración efectuada, pero simplemente quiero mencionar el ejemplo de Alemania unificada o el de Italia, donde los sindicatos no aceptan que se controlen sus estatutos y ni siquiera los quieren inscribir.

Me da la impresión de que, so pretexto de plantear un tema totalmente correcto, podemos plantear que el Estado penetra en las organizaciones sociales. Esto puede ser contrario al fin previsto. Creo que está muy claro el texto constitucional. Además, debe quedar en claro otra cosa: las reformas no pasan por lo que diga la norma, sino por la cultura que penetra en la gente.

Este debate lo están ganando las mujeres. Penetrando mal en lo normativo no vamos a resolver el tema en profundidad. Estoy totalmente de acuerdo, y es defendible...

Sra. Presidenta (Meijide).- Ruego al público que respete al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero de bancada, el convencional Brailovsky en cuanto al contenido general de su intervención. Desde mi punto de vista –mal que le pese al público– ésta puede llegar a ser la penetración del Estado en lo que es la máxima libertad de una organización: darse su propia carta interna.

Sr. Ibarra.- Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para formular una moción de orden tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: hago moción de que todas las reuniones que de ahora en adelante realicemos no estén sujetas al límite de horario que habíamos aprobado. Esto es, que se siga sesionando hasta concluir con la consideración de todos los temas o hasta que el plenario lo decida.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar la moción formulada de que la Convención no se sujete al límite horario que se había establecido para sesionar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobada la moción.

Se procederá de la forma indicada.

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa la consideración del dictamen sobre paridad entre varones y mujeres.

Tiene la palabra la señora convencional Bisutti.

Sra. Bisutti.- Señora presidenta: debo decir, como integrante de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, que este artículo se discutió ampliamente, con la participación de convencionales de todos los bloques.

Entre los proyectos presentados figuraba el tema de los sindicatos. Inclusive había denominaciones como la de "entidades de bien común" y otras que ahora no recuerdo.

Si bien soy parte integrante de una conducción sindical, y estoy totalmente de acuerdo con que se tenga que determinar la real igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en las conducciones sindicales, el sindicato que represento, como todos saben, está integrado en su mayoría por mujeres, y reservamos y llenamos el cupo de los compañeros varones, desde la práctica y no desde la ley.

Cuando discutimos estos temas en la comisión no nos pareció lo más feliz poner en el texto constitucional que el sindicato es una entidad en la cual el Estado no debe ni puede tener injerencia, aclarando que hay normas nacionales que no solo determinan aspectos de los estatutos sino que también dan indicaciones de cómo deben ser las cartas orgánicas de los sindicatos.

Es viable que a través de esas normas uno pueda ir proponiendo también determinadas modificaciones. Pero éste es un texto constitucional donde el Estado debe realizar un tipo de política y de ninguna manera puede tener intervención en una entidad que es totalmente social, donde solo los afiliados tienen el deber y el derecho de determinar sus cartas orgánicas, pero fundamentalmente porque no es un partido político que está relacionado con una función donde el Estado regula su funcionamiento.

Por lo tanto, creo que el texto debe quedar tal como salió de la comisión.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Barbagelata, del bloque del Frepaso.

Sra. Barbagelata.- Señora presidenta: no comparto estrictamente la posición restrictiva a este respecto, porque dentro de los partidos políticos y de las organizaciones sociales en general existen organizaciones sindicales donde el motivo del precepto constitucional se justifica ampliamente. Fijémonos cómo en el curso de los debates que se vienen desarrollando se ha expuesto ampliamente la diferencia y la segregación que la mujer vive permanentemente en el ámbito laboral.

Decíamos que hay una participación de la mujer que supera ampliamente el 30 por ciento en la población económicamente activa. Sin embargo, cuando analizamos aun aquellos gremios que tienen mano de obra casi exclusivamente femenina, como por ejemplo el textil, vemos que prácticamente no hay mujeres en sus conducciones. Los pocos gremios que debaten esta temática han propuesto secretarías de la mujer y muchas veces quedan aisladas de la conducción del propio gremio.

Hemos asistido a la creación de la Secretaría de la Mujer en el movimiento obrero organizado, en la C.G.T. de los Trabajadores, en la C.G.T. única, y ella estuvo conducida por un hombre. No tengo inconveniente en que una Secretaría de la Mujer sea desempeñada por un hombre, pero tuvo que ser así porque en sus cuerpos orgánicos y directivos no existían las mujeres. Esto no refleja la realidad de la participación de la mujer en el campo laboral ni mucho menos en el sindical, donde en la base sí participa la mujer.

El campo sindical no es una isla. Padece los mismos defectos y discriminación que tienen las organizaciones en general y en las organizaciones políticas que están comprendidas en este artículo. Por eso es acertada la inclusión que se propone y se debe votar favorablemente. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Maques, de la Unión Cívica Radical.

Sr. Maques.- Señora presidenta: quisiera organizar y clarificar un poco las ideas que en este momento tengo en mente.

Hace diez minutos compartía la preocupación mayoritaria sobre la situación de injusticia de que una mujer no pudiera ser árbitro de fútbol. Posteriormente quienes preopinaron manifestaron que el Estado no se podía inmiscuir en la vida de los sindicatos o de las instituciones para modificar sus cartas orgánicas.

Quienes estamos aquí no provenimos de un repollo. Todos tenemos madre, y algunos la suerte de tener esposa, hijas y hermanas. Esta lucha no es exclusivamente de la mujer; me permitiría decir que es una lucha de la familia, que es la única forma en que entiendo el equilibrio.

Entonces pregunto: si aprobamos esta norma, los partidos políticos ¿no tienen necesidad de modificar sus cartas orgánicas? ¿Cuál es uno de los organismos máximos de expresión que tiene la ciudadanía sino los partidos políticos? ¿No somos nosotros, los que estamos acá sentados, los que estamos representando a nuestros partidos políticos, a la ciudadanía? ¿Por qué tiene que haber dos categorías diferentes: una para las instituciones en las cuales no se puede penetrar y otra, para transformar y cambiar todo? ¿Por qué unas deben tener coronita y otras no?

Se trata de una cuestión de voluntad política. No tiene mayor argumentación. No es un asunto formal, sino de fondo. ¿Estamos dispuestos a que la igualdad sea realmente en todos los ámbitos o queremos dejar reservado algún pequeño coto donde no se pueda llevar a cabo? Sobre esta base propongo que se vote la moción que he presentado.

Sra. Presidenta (Meijide).-¿Usted está pidiendo un cierre de debate? En la lista hay inscriptos varios convencionales.

Sr. Maques.- Mi propuesta es que se respete la lista de oradores y luego del último que está anotado, se pase a votación.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: comparto la propuesta del señor convencional Maques, pero quiero dejar aclarado que cuando se discutió este texto en la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías se acordó que se incluyeran las palabras "organizaciones sociales" en el entendimiento de que esta denominación incluía a los sindicatos.

Me parece muy bien que lo pongamos expresamente. Estamos discutiendo una cuestión vinculada con la mejor redacción del texto, pero está fuera de debate que en una o en otra alternativa los sindicatos están incluidos.

Sra. Bullrich.- Pido la palabra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Señora convencional: hay una lista de oradores.

Sra. Bullrich.- Es para una moción de orden, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una moción de orden tiene la palabra la señora convencional Bullrich.

Cuarto intermedio

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: no es mi intención impedir que hablen quienes están anotados en la lista de oradores. A fin de lograr que este texto se vote por unanimidad, ya que todos estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión, pido que al terminar la lista de oradores, pasemos a un cuarto intermedio de unos minutos en las bancas para poder confeccionar un texto entre todos.

Sra. Presidenta (Meijide).- No tiene sentido que expongan todos para después pasar a un cuarto intermedio porque, en ese caso, se diría que estarían hablando de balde.

Sra. Bullrich.- No quería pedir cierre de debate, porque tenemos malas experiencias.

Sra. Presidenta (Meijide).- Si existe esa idea, podemos mantener la lista de oradores y hacer un cuarto intermedio por cinco minutos en las bancas. Después continuaría el debate, si correspondiere.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se pasa a cuarto intermedio.

Reanudación de la sesión

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa la sesión.

Antes de dar la palabra al convencional que la solicite, quiero recordarles que hoy tenemos que tratar varios órdenes del día y que recién hemos considerado uno de ellos.

Tiene la palabra el señor convencional Ibarra, del bloque Frepaso.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: como lo hemos manifestado en otra oportunidad, el hecho de que la propuesta hubiera surgido aquí, en el plenario, impidió que la debatiéramos previamente en los bloques. Por eso demoramos en la decisión. Desde el punto de vista legal e incluso jurídico –admitámoslo– es un tema complejo.

Después de debatir con los otros bloques quiero hacer una modificación al artículo que estamos tratando. En cuanto al párrafo primero, la propuesta es que diga: "La Ciudad garantiza y promueve, en el ámbito público y privado, la igualdad real de oportunidades...", siguiendo el texto originario.

El párrafo segundo diría: "Los partidos políticos deberán adoptar tales acciones para el acceso efectivo a cargos de conducción y al manejo financiero, en todos los niveles y áreas", con lo cual se eliminan algunas cosas, por ejemplo lo de "electivos", que está considerado expresamente en el Orden del día que vamos a tratar a continuación, por lo que se entendió que sería una redundancia.

Es más, en el Orden del día 57 se hace referencia, incluso, al "orden consecutivo". De allí el fundamento de la remisión de cargos electivos a dicho Orden.

Según el primer párrafo entendemos que la ciudad debe garantizar en todos los organismos públicos que de ella dependen la igualdad para el acceso de varones y mujeres a los derechos que en él se mencionan. Debe promover esta acción incluso estableciendo puntualmente requisitos respecto de cada una de las asociaciones, ya que los que se deberán pedir en su momento a una organización sindical no son los mismos que se soliciten a una liga de amas de casa, una universidad o una asociación de empresarios. Entonces, lo que sí está claro es que todos quedan abarcados por esta obligación de garantizar la igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres, que la ciudad garantiza en su ámbito público y la promueve generando acciones positivas. Al respecto, la legislación determinará para cada área cómo se garantizará, con medidas positivas, el acceso igualitario en el ámbito privado a todos los organismos y niveles y la promoción de la igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres.

Entendemos que este tema ha sido complejo. Quisimos evitar el hecho de consagrar en la Constitución alguna disposición que tal vez pudiera ser atacada por inconstitucional.

Quiero dejar en claro que en todos los bloques, más allá de las diferencias en cuanto a la redacción, estamos absolutamente convencidos de la necesidad de que tanto en el ámbito que dependa del gobierno y de los poderes de la ciudad como en el privado se garantice, a través de medidas positivas, la promoción de dicha igualdad o trato igualitario entre varones y mujeres.

Entonces, reiterando las disculpas que expuse al principio, quiero señalar que la convicción de todos los bloques es la que he señalado recientemente. Creemos que este texto sintetiza de alguna manera ese espíritu, sin ingresar en medidas o disposiciones que puedan afectar derechos constitucionales o garantías que están incluso en la legislación nacional y que no estamos en condiciones de regular.

Sra. Presidenta (Meijide).- Hay una lista de oradores previa, en la que están anotados los convencionales Santa María, Bullrich, Martínez, y otra, que se abrió ahora, en la que figuran los convencionales Lubertino, Rodríguez y Pérez Suárez.

Si hay asentimiento, se tomará en cuenta la última lista.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: en cuanto a la primera modificación que propone el convencional Ibarra me parece razonable la incorporación que propicia, pero haría la siguiente corrección. "La ciudad garantiza...

Sra. Presidenta (Meijide).- Otra vez pasó lo mismo: como no había acuerdo entre los bloques, se pasó a cuarto intermedio para consensuar el texto definitivo.

Ahora se está hablando desde la comisión en nombre de los bloques y no puede ser ni me parece práctico que algún convencional replantee la discusión en el recinto. ¿Dónde la vamos a resolver? ¿Acá? No.

Sra. Lubertino.- Voy a hacer una aclaración de redacción con relación al primer párrafo.

El señor convencional Ibarra acaba de leer: "...garantiza y promueve en el ámbito de lo público y en el ámbito de lo privado...". Creo que la frase correcta es: "...garantiza en el ámbito de lo público y promueve en el ámbito de lo privado...".

Sra. Presidenta (Meijide).-¿Qué contesta la comisión?

Sr. Ibarra.- Se trata de un error de lectura de mi parte, señora presidenta. Aceptamos la procedencia de la corrección indicada por la convencional preopinante y reiteramos que la redacción definitiva es, como ella señaló, "...garantiza en el ámbito público y promueve en el ámbito privado...".

Sra. Lubertino.- En segundo lugar, no creo que esta inserción reemplace la mención que se hacía a las organizaciones sociales. Hace momentos nos retiramos del recinto para discutir si se incluía o no a los sindicatos; al regresar, encuentro que hemos suprimido del texto a las organizaciones sociales.

No estoy de acuerdo con esa modificación. Creo que explícitamente están incluidos los colegios profesionales, la universidad, los sindicatos y todas las organizaciones sociales a las que el espíritu de nuestra propuesta hacía referencia.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez, de Nueva Dirigencia.

Sr. Rodríguez.- Solamente deseo informar que estamos totalmente de acuerdo con esta interpretación, que es mucho más amplia, porque abarca en el ámbito privado a organizaciones sociales, profesionales, sindicales, de la cultura, científicas, técnicas, educativas, etcétera, para no seguir haciendo una enunciación genérica.

Creo que de esta manera establecemos una garantía que expresa el objetivo constitucional, que es el cambio cultural, y que al respecto hemos logrado un consenso realmente importante sin tratar de convertirnos en legisladores, lo que podría haber llevado a que la norma positiva de promoción se convierta en una norma cuestionable.

Por estas razones, reitero nuestro apoyo total a la propuesta del señor convencional Ibarra y nuestra coincidencia con los fundamentos por él vertidos.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez.

Sra. Pérez Suárez.- En nombre del bloque justicialista manifiesto nuestro apoyo a la propuesta hecha por el señor convencional Ibarra, tal como fue fundamentada por el señor convencional Rodríguez.

En consecuencia, retiramos la propuesta de modificación que habíamos enunciado en nuestra primera intervención en este debate.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Canata, de la Unión Cívica Radical.

Sr. Canata.- Deseo anticipar el apoyo de mi bloque a la propuesta efectuada por el señor convencional Ibarra, con la modificación señalada por la señora convencional Lubertino para el primer párrafo.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tenemos dos modificaciones propuestas. Una se refiere al primer párrafo del Artículo 1º, donde dice: "La Ciudad garantiza en el ámbito público y promueve en el ámbito privado la facultad...", etcétera; otra, al segundo párrafo, del que se suprimen la expresión "las organizaciones sociales" y el término "electivo".

Para mayor claridad, por Secretaría se dará lectura al segundo párrafo con la redacción que ahora se propone.

Sr. Secretario (Flamarique).- Dice así: "Los partidos políticos deberán adoptar tales acciones para el acceso efectivo a cargos de conducción y al manejo financiero en todos los niveles y áreas."

Sra. Presidenta (Meijide).- Con las modificaciones aceptadas por la comisión, se va a votar el Artículo 1º .

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración el Artículo 2°.

Tiene la palabra el señor convencional Maques.

Sr. Maques.- Deseo proponer una modificación que consiste en agregar un último párrafo que iría a continuación del término "progenitores" y que dice: "...mediante medidas que tiendan a la protección integral de la familia."

Fundamento esta propuesta en el hecho de estar íntima y profundamente convencido de que la única o, por lo menos, la más efectiva forma de asegurar el reconocimiento de los derechos expresados en este artículo es a través de la familia.

Como bien dijo el Papa Pío XI, "La familia es más sagrada que el Estado".

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Pierini, del bloque del Partido Justicialista.

Sra. Pierini.- Deseo dejar constancia de que en este artículo se califica a los derechos reproductivos y sexuales como derechos humanos básicos. Cuando discutimos esto en la comisión, nuestro bloque planteó que aceptábamos totalmente los derechos reproductivos y sexuales pero no como derechos humanos básicos, por cuanto el único derecho humano básico es el derecho a la vida.

En aquel momento se nos contestó que nuestro país había sostenido la doctrina de la interrelación y la igualdad de los derechos. No obstante, la doctrina de la interrelación o de la interdependencia de las distintas categorías de derechos no significa que todos ellos sean idénticos en su valor ni que sean iguales; no se trata de una doctrina de ecualización de los derechos.

Esto es así porque cada derecho subjetivo defiende o protege algún valor en particular; en función de lo que un consenso social entienda como valor primordial o valores secundarios, serán los derechos humanos básicos o derivados.

Nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido valoraciones sobre el tema en ocasiones en que se han presentado conflictos sobre derechos humanos. Durante mucho tiempo esa Corte sostuvo la tesis de la igualdad de jerarquía, por ejemplo en el fallo Carrizo, donde expresó: "La jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los derechos fundados en cualquiera de las cláusulas de la Constitución tienen igual jerarquía".

Más tarde, sin embargo, la Corte cambió su jurisprudencia sobre la materia, particularmente en un fallo que recordamos ayer al evocar el famoso caso Ponsetti de Balbín, donde estimó con razón que había diferentes jerarquías de derechos y que el derecho a la intimidad tenía prioridad sobre el derecho a la libertad de prensa.

Esto quiere decir que la jerarquización de los distintos derechos forma parte de la doctrina de los derechos humanos. Tan así es que un autor nacional, en una obra publicada en 1985 en la revista "El Derecho" –me refiero a Edmedjián–, habla de un orden jerárquico de los derechos y los jerarquiza de la siguiente manera: primero, los derechos a la dignidad humana –a la libertad de conciencia, a la intimidad, a la resistencia a la opresión–; segundo, el derecho a la vida y sus derivados; tercero, el derecho a la libertad; cuarto, los restantes derechos personalísimos –a la identidad, al nombre, a la imagen, al domicilio–; quinto, el derecho a la información; sexto, el derecho a la asociación; séptimo, los restantes derechos personales –aquí tendríamos que incorporar, como derechos personales o personalísimos, a los derechos reproductivos–; y octavo y último, los derechos patrimoniales.

Dejo constancia de que no podemos considerar, desde el punto de vista de los derechos humanos, que todos son iguales y que se puede incluir tan ligeramente como derechos humanos básicos a aquellos que no necesariamente el conjunto de nuestra población o de nuestra sociedad, y mucho menos la doctrina jurídica, acepta como tales en su totalidad. No hay doctrina unívoca en ese sentido, aunque sí la hay con respecto a que la dignidad y la vida humana son derechos humanos básicos.

Por tal razón planteamos en la comisión respectiva que se suprimiera de este artículo la referencia a los derechos reproductivos y sexuales como derechos humanos básicos y que el resto del texto se dejara como está.

Por otra parte, aceptamos la modificación que propuso recientemente el convencional Maques para que se agregue después de la palabra "progenitores", la expresión: "mediante medidas que protejan integralmente a la familia".

De tal forma que proponemos dos modificaciones: suprimir la expresión "derechos humanos básicos" y agregar la siguiente: "protección integral de la familia".

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez, del bloque justicialista.

Sra. Pérez Suárez.- Señora presidenta: voy a recordar lo que ya enunciara el justicialismo en oportunidad de fundamentar este proyecto en general, propuesta que entendemos deberá someterse a votación.

En ese sentido, proponemos la siguiente redacción: "Se reconoce el derecho a decidir responsablemente sobre la creación, el número de hijos y el intervalo entre sus nacimientos. Se garantiza la igualdad de derechos y responsabilidades de mujeres y varones como progenitores mediante medidas que tiendan a la protección integral de la familia."

Las razones que nos llevan a apoyar esta redacción son las mismas que acaba de exponer mi compañera Alicia Pierini.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Ibarra, del bloque del Frepaso.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: en primer término apoyo, con la modificación que se propuso –aunque va a existir una variante–, la redacción originaria.

Entendemos que considerar los derechos reproductivos y sexuales como derechos humanos básicos forma parte de un concepto moderno, pero no por eso menos justo y necesario. Si este criterio hubiera estado presente en la concepción de nuestra sociedad desde hace mucho tiempo atrás, habríamos evitado situaciones que tanto el varón como la mujer han sufrido y padecen hoy en día.

Con referencia al agregado sugerido por el señor convencional Maques, vamos a proponer en conjunto el siguiente texto: "... Se garantiza la igualdad de derechos y responsabilidades de mujeres y varones como progenitores y se promueve la protección integral de la familia ..." El convencional Maques hará luego, en todo caso, su propuesta definitiva, pero nosotros entendemos que va a ser así.

Sin embargo, quiero dejar expresado, en nombre del bloque del Frepaso, con respecto a este concepto de familia, que consideramos que nadie es dueño de definirlo.

En todo caso, queda claro que nosotros, al aceptar esa incorporación, no estamos aceptando que el concepto de familia incluye solamente a la familia tradicional ni que sólo esta deba ser protegida. No es ése el único concepto que debe llevarnos a interpretar la necesidad de la protección. Los tiempos cambian, las sociedades se desarrollan, crecen, y el concepto de familia se vuelve dinámico. Por eso, el concepto que proponemos servirá para interpretarlo de acuerdo con ese dinamismo de la sociedad.

Pero que quede claro que si bien hay quienes entienden que hay una sola familia, es decir, la del matrimonio legalmente constituido, o incluso sacramental, para nosotros ésa no es la única que debe ser protegida conforme el texto constitucional, sino que debemos contemplar un concepto de familia amplio al que seguramente no tenemos que poner ningún límite. La sociedad o la ciudad van a garantizar la protección integral de la familia de acuerdo con este concepto dinámico, amplio...

Sra. Presidenta (Meijide).- Por favor, ruego al público que guarde silencio.

Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- ... y moderno.

Con la aclaración formulada y con la propuesta que seguramente va a precisar el convencional Maques, apoyamos el agregado que se mencionó recientemente.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Lubertino, del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: en primer lugar reitero que la necesidad de incluir los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos básicos se vincula con el entendimiento de que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí.

Esta afirmación forma parte de un texto de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos suscripto en Viena en 1993 por nuestro gobierno nacional actual, sin reservas.

La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándole a todos el mismo peso –como sigue diciendo dicha conferencia–, y debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos. Pero los estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En ese sentido, señora presidenta, sin entender que exista ningún tipo de jerarquía rígida con respecto a los derechos humanos sino que en cada caso concreto ellos deberán ser interpretados y garantizados por la jurisprudencia, estamos incluyendo a esos derechos humanos básicos de las mujeres y los varones, al igual que lo hemos hecho en el dictamen anterior con relación a la prevención de la violencia, considerada también como un derecho humano básico.

En cuanto al segundo párrafo del texto en consideración, estamos de acuerdo con la incorporación que se sugiere, con las correcciones señaladas por el señor convencional Ibarra, pero también queremos proponer que ese párrafo quede incorporado entre dos puntos y aparte. Y con el agregado propuesto por el convencional Maques, con las correcciones del convencional Ibarra.

Concretamente propongo lo siguiente: Luego de: "entre sus nacimientos", con punto y aparte, continuaría: "Se garantiza la igualdad de derechos y responsabilidades de mujeres y varones como progenitores, y se promueve la protección integral de la familia." Este sería el texto del segundo párrafo.

Sra. Presidenta (Meijide).-¿Es una propuesta nueva?

Sra. Lubertino.- Es la misma propuesta formulada por el convencional Ibarra, con la aclaración de que hay un punto y aparte. En el mismo sentido que el convencional Ibarra, entendemos por familia a la organización social cuya dignidad e intimidad es inviolable, en cualquiera de las formas en que esté constituida, con la presencia de ambos cónyuges, en ausencia de alguno de ellos, tengan o no hijos, incluyan o no a otros parientes o cuando estén compuestas o no por parientes consanguíneos. En todos los casos entendemos que les deben ser reconocidos iguales derechos y responsabilidades, y que el Estado debe promover no solamente la protección integral de la familia sino que debe contribuir a la concreción de todas las condiciones que permitan la realización personal de sus miembros. Así lo expresan constituciones provinciales como la de Jujuy o la de Río Negro, que nos interesa particularmente porque determina que la familia debe establecerse, organizarse y proyectarse a través del afecto.

Con estos antecedentes a la vista –especialmente con las constituciones de Río Negro y de Jujuy– vamos a votar favorablemente esta inclusión relativa a la protección de la familia.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Maques.

Sr. Maques.- Señora presidenta: he solicitado la palabra para manifestar que estoy de acuerdo con la modificación propuesta, con el sentido expresado por los convencionales Ibarra y Lubertino.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Enríquez.

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: voy a apoyar la moción del convencional Maques y de la convencional Lubertino, y expresar también que esta inserción relativa a la protección integral de la familia se inscribe en lo prescripto por el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que en su segundo párrafo, al referirse a las obligaciones del Estado, determina que por ley deberá protegerse a la familia. Esta modificación se relaciona, también, con el reconocimiento de la autonomía familiar, que es aquella potestad exclusiva e infranqueable de la cual goza la institución familiar, y que recoge acertadamente la Ley Orgánica 1 de 1982, sancionada por el Estado español que, entre sus contenidos, contempla la intimidad familiar como un valor a tener en cuenta por el Estado como limitación a su accionar.

De todas maneras solicito la inserción del texto completo de mi intervención, que he acotado al mínimo posible para permitir el desarrollo normal de la sesión y acortar los tiempos, a cuyo efecto lo haré llegar a la Secretaría. ^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Cabiche, del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Cabiche.- Señora presidenta: en atención a las reformas que se han propuesto para este artículo con la incorporación del tema de la familia, quiero solicitar la inserción del discurso que debía pronunciar sobre esta cuestión. ^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: he solicitado la palabra para una aclaración, porque algunas veces pareciera que las palabras tuvieran detrás algunos fantasmas. Voy a leer a la convencional Pierini una propuesta normativa perinatal del Ministerio de Salud y Acción Social, contenida en la resolución 220/94, que en su página 9, en donde describe los propósitos de este plan, dice lo siguiente: "Promover en la población el ejercicio pleno del derecho humano básico de decidir responsablemente respecto de su reproducción." (Aplausos.)

Esta es, reitero, una resolución del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, que lleva el número 220/94, y que tengo sobre mi banca para que todos los convencionales la puedan ver. Digo esto porque muchas veces se pretende dar a las palabras un sentido que busca aparentemente dividir en lugar de unir hacia un objetivo que intentamos alcanzar para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Pero esto no lo dice la convencional Bullrich sino el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Pierini.

Sra. Pierini.- Quiero que quede constancia, señora presidenta, de que esta teoría sobre la ecualización de los derechos no es buena; no es buena en este tema y tampoco en otros.

La teoría de que todos los derechos son más o menos iguales y de que todo vale lo mismo nos puede llevar, en otros aspectos, a peligrosas ecualizaciones que nos lleven a sostener que es tan valioso el derecho a la vida como el derecho de propiedad. Y esto ya lo hemos visto en casos como el del ingeniero Santos, en donde no se han jerarquizado suficientemente los derechos humanos en juego en una determinada situación de conflicto.

Por estas razones quiero dejar constancia de que no estoy en contra de los derechos reproductivos, pero debe quedar claro que interdependencia o interrelación no significan ecualización. No todos los derechos humanos tienen el mismo valor porque cada uno de ellos está protegiendo valores sustantivamente diferentes. Diría que es más una constancia de tipo técnico que algo que pueda tener incidencia en este caso en particular.

Sra. Presidenta (Meijide).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Artículo 2º con las modificaciones propuestas.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto producido por la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, Partidos Políticos y Mecanismos de Democracia Directa sobre partidos políticos y cupos, contenido en el Orden del día T. N° 57.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Martínez, del bloque del Frepaso.

Sr. Martínez.- Señora presidenta: este dictamen completa un trípode de temas que tienen que ver con la promoción de los derechos de la mujer, pero de una manera particular, porque los dos anteriores han hecho referencia al "qué" y han establecido derechos y deberes de la sociedad. En este texto nos introducimos –aunque muy tímidamente porque se trata de sólo un aspecto– en el "cómo".

Quiero aclarar que voy a informar como presidente de la comisión respectiva a pesar de haberle sugerido al resto de la comisión que fuera una integrante femenina quien hiciera este informe. Con un criterio inteligente el conjunto de la comisión decidió forzarme a informar este dictamen, y debo aclarar que ello ha sido con amplia generosidad dado que, como prácticamente no he emitido opinión explícita –aunque la tengo y muy clara–, supongo que ni siquiera los miembros de la comisión saben qué voy a decir a continuación. Pero me parece que es particularmente útil esta oportunidad para dedicarle unos minutos
–no mucho más en atención a la hora– a la metodología que estamos adoptando.

¿Por qué un cupo si en realidad estamos hablando de equidad, si tratamos de recorrer un camino en ese sentido y si, desde el punto de vista formal, el acceso de las mujeres a los cargos electivos es absolutamente equivalente al de los hombres, al menos desde que tienen derecho a votar?

¿Por qué no entender que el libre acceso a cargos electivos conduce a la equidad y que solamente es un problema de tiempo? La idea es seductora por dos razones. Primero, porque sugiere la posibilidad de la pequeña acumulación de hechos positivos: hoy una mujer, mañana dos, luego cinco, después más, hasta llegar –digamos así– a la igualación. El libre acceso debería establecer una carrera meritocrática tal que las mujeres se fueran preparando para ingresar a los cargos y accedieran en igualdad de condiciones.

Sr. Martínez.- Voy a brindar un fundamento en favor de las mujeres. Si me dejaran jugar con la semántica, a lo mejor nos divertiríamos un poco.

Quiero decir que la idea es seductora porque a todo ser humano lo seduce como visión frente a un problema de cualquier naturaleza la posibilidad de que se pueda resolver por pequeñas acumulaciones.

Hay otro aspecto que también es seductor: la posibilidad de que se pueda resolver automáticamente, porque si el éxito femenino se va acumulando de a poco, en un momento dado se establece la equidad y no hay más nada que discutir.

La pregunta es por qué establecer un cupo. Es tan seductora la idea como la que se establece, haciendo un paralelo –al que me integro inmediatamente– en términos económicos, para describir la economía en un país.

¿Por qué no creer que el funcionamiento del mercado establece una confrontación entre la oferta y la demanda que termina encontrando un equilibrio razonable donde los que quedan son los que se adaptan con inteligencia, los que salen son los que no saben hacerlo, y la acumulación de ese tipo de situaciones conduce inexorablemente al desarrollo?

Es igualmente seductora la idea. La pequeña acumulación de experiencias en cada campo económico conduce a que los exitosos sobrevivan, perfeccionen su técnica, aumenten su capacidad de generar riqueza y en la punta esté el desarrollo; por pequeños hechos y automáticamente.

Sin embargo, esa idea está instalada en la sociedad argentina no espontáneamente sino en todo caso forzada sistemáticamente a partir del poder económico desde hace muchos años. Quienes estudiamos la economía –me permito hacer la extrapolación entre los dos campos– descubrimos hace cuarenta años a Gunnar Myrdal, uno de los fundadores de la escuela sueca de economía, en un libro –el único importante traducido al castellano, siendo que es la persona que más a fondo ha estudiado los problemas de la pobreza americana y que aun hoy es citado como referencia inexorable cuando se discuten los problemas de marginalidad y segregación en los Estados Unidos de Norteamérica– denominado Teoría económica y regiones subdesarrolladas, donde explica –diría que hasta el aburrimiento– que el tema del equilibrio en los mercados imperfectos del mundo subdesarrollado funciona exactamente al contrario de lo que dice la teoría clásica: que si funciona automáticamente, el sistema tiende a agravar los desequilibrios; el sistema automáticamente produce concentración y no equilibrio y bienestar. En consecuencia, Myrdal deduce que hay una sola fuerza social capaz de equilibrar esa situación, el Estado, que debe actuar equilibrando esa tendencia natural del sistema a los desequilibrios.

Con mucha más capacidad didáctica, cuarenta años después Patricio Bianchi, profesor de la Universidad de Bolonia, quien ha paseado por la Argentina y ha dado conferencias frente a los empresarios –que no lo han escuchado– y frente a los ámbitos del poder económico argentino –que tampoco lo han escuchado–, dijo muy simplemente que no es el mercado el que crea el desarrollo sino el desarrollo el que crea el mercado, queriendo decir que es sumamente importante la asignación de factores que está implícita en el funcionamiento del mercado, pero que el mercado sólo puede funcionar cuando hay desarrollo y no al revés. Hasta que haya desarrollo hay que ayudar a funcionar al mercado, hay que tener una política activa de intervención.

La analogía entre lo que estamos discutiendo y la economía, que nos preocupa, es absolutamente categórica. No es el libre acceso el que garantiza la equidad sino la equidad la que ha de garantizar el libre acceso, de la misma manera que no es el mercado el que garantiza el desarrollo sino el desarrollo el que ha de garantizar el funcionamiento de los mercados.

Por eso se necesita un cupo. No por una presión de sectores o por lobby, sino porque el camino para asegurar la equidad en el plano de los derechos de la mujer, como en tantos otros planos de la realidad argentina, pasa por una intervención ordenadora del Estado.

Esta es una idea del cómo que me parece importante asumir, porque de lo contrario yo, ser racional tal vez a ultranza, no terminaría de entender el porqué de un cupo. Planteado de la manera que lo acabo de señalar me parece absolutamente inexcusable que la sociedad argentina deba estar preparada para que, en el camino de buscar la equidad en el plano de los derechos de la mujer, en el plano de la democracia económica, y en tantos otros planos, el Estado tenga una intervención activa y enérgica. En este caso se llama fijación de un cupo y en otros casos se denominará de otra manera.

Por esa razón en la comisión que presido me limité a analizar cuidadosamente el debate que se generó y a entender que cualquier explicitación que se hiciera de la forma en que el cupo debiera actuar no era inútil; que si se avanzaba en términos aparentemente reglamentaristas o propios de una ley, aun incorporados en la Constitución no estaban de más, porque la cultura contra la que hay que luchar es demasiado fuerte, de la misma manera que la cultura de lo automático, de la ausencia del Estado intervencionista en otros planos, es absolutamente desnaturalizadora de la forma en que tratamos los problemas.

Hay una razón adicional por la que creo que el tema es particularmente importante. Entiendo que los partidos políticos, como cualquier otra organización social, pero especialmente los partidos políticos en tanto buena parte de su naturaleza se asocia a la búsqueda del poder, tienen cierta tendencia a consolidar situaciones de manejo y esquemas de poder que se terminan vistiendo de formalidad adecuada, pero que en definitiva esconden profundas arbitrariedades.

Creo que el tema del cupo es un fuerte revulsivo interno para los partidos políticos, y por tanto ayuda esencialmente a la generación de su democracia interna. En definitiva, y para no abundar en detalles que pueden llegar a ser innecesarios, señalo que me interesó profundizar en el cómo porque de lo que aquí se trata no es de imponer una norma sino –si se quiere imponer algo– una metodología. De lo que se trata es de entender que no hay instrumentos que de a poco generan la situación deseada, no hay instrumentos que automáticamente lleven a la situación deseada. Existe una tutela sistemática y permanente del poder público sobre las situaciones que se pretenden alcanzar.

La fijación del cupo en los términos que se han planteado, que son claramente más explícitos que en la Constitución Nacional –e incluso que la ley vigente al respecto– contribuye primero a acercarse a la equidad, segundo a la democracia interna de los partidos políticos y tercero, como corolario no despreciable, si la metodología con la cual llegué al tema –desde la economía hacia la política– se pudiera invertir, a lo mejor podría haber algunos que defienden el cupo que aprendan qué hay que hacer con la economía. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Barbagelata.

Sra. Barbagelata.- Señora presidenta: ante todo quisiera remarcar que con la consideración de este dictamen nos introducimos en el campo de las decisiones políticas. Por eso creo que no es fácil su discusión ya que, como señaló otra señora convencional en oportunidad de su tratamiento en comisión, estamos llegando a la médula del poder.

No quiero que las palabras que voy a pronunciar se interpreten en un contexto partidario sino en un contexto realmente amplio. Durante la reunión de hoy he escuchado distintas interpretaciones provenientes de la experiencia partidaria, pero los derechos políticos que hoy ejerce la mujer –que no son tan amplios como parecen sino, por el contrario, bastante limitados, como luego voy a analizar– no son fruto de ningún partido en particular sino de la lucha de cientos de mujeres y varones, muchas veces anónimos, compartida entre todos los partidos políticos e incluso entre los movimientos sociales.

Pertenezco a un partido que ha incorporado el derecho a la igualdad y a la no discriminación entre varones y mujeres desde sus raíces. Fundado en 1896, el Partido Socialista fue la primera organización política que incorporó a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre. No lo hizo por casualidad ni por una cuestión numérica, sino por la convicción de que, sin la incorporación activa de la mujer en la organización política y en los propios cuerpos de decisión, nuestra sociedad carece de todo horizonte de progreso social.

Hoy el señor convencional Brailovsky hacía referencia a las leyes de Manu. Yo quiero hacer referencia a nuestro Código Civil, porque no era muy diferente de las citadas leyes. Tanto es así que el profesor Alfredo Colmo, con motivo del cincuentenario del Código Civil, sostenía: "Pero cabe protestar contra la casi esclavitud de la mujer casada, tan fuertemente incapacitada por la ley y tan poco protegida respecto de los bienes conyugales contra la inconducta del marido. Lo mismo digo de las prohibiciones en cuya virtud la mujer no puede ser tutora, ni siquiera servir de testigo en testamento". No hace muchos años de esto, señora presidenta.

Pero esta discusión reconoce muchos siglos de antecedentes. Platón, analizado por Enrique Del Valle Iberlucea en su obra El divorcio y la emancipación civil de la mujer, de 1919, fue el primero en sustentar la igualdad de los sexos, sosteniendo que los cargos públicos debían ser comunes a uno y otro sexo. En la obra citada se puede leer: "Ya ves que en un Estado, dice uno de los personajes de La República, no hay propiamente profesión que esté afecta al hombre o a la mujer por razón de su sexo. ¿Dejaremos los oficios todos a los hombres y no reservaremos ninguno para las mujeres? ¿Qué razón habría para ello? La naturaleza de la mujer es tan propia para la guarda de un Estado como la del hombre y no hay más diferencia que la de más o menos; sólo que, dice Sócrates en el mismo diálogo, 'si nosotros destinamos las mujeres a los mismos empleos que los hombres, debemos darles la misma educación'."

Pero la teoría de la inferioridad de la mujer no está exenta de ilustres sostenedores, como también refirieron los señores convencionales que me precedieron en el uso de la palabra. Decía Erasmo, uno de los humanistas más importantes, que "la mujer es, hay que confesarlo, un animal inepto y loco, pero por lo demás agradable y gracioso".

Montesquieu, también citado por el señor convencional Castells, decía en sus cartas: "El imperio que ejercemos sobre ellas es una verdadera tiranía: ellas nos lo han dejado tomar porque tienen más dulzura que nosotros y, por consiguiente, más razón y humanidad. Estas ventajas, que debían sin duda darles la superioridad si hubiéramos sido razonables, se las hicimos perder porque no lo somos nada."

Pero no imaginó Montesquieu que la tiranía, si bien se redujo, continúa ejerciéndose aun cuando la mujer accede a una educación superior, donde numéricamente supera a los hombres. Los métodos pueden ser más sutiles pero no menos efectivos, como lo demuestra la ausencia prácticamente total de mujeres en los niveles de decisión.

La igualdad civil y política de la mujer fue una de las banderas de lucha del nuevo derecho en este siglo. Ya en 1907 Palacios había presentado un proyecto sobre los derechos civiles de la mujer, temas que luego serían profundizados por los senadores Enrique Del Valle Iberlucea y Mario Bravo.

Capítulo aparte merecen aquellas mujeres socialistas y feministas que, desafiando los prejuicios, reclamaban plena igualdad civil y política. Ya en 1904, una mujer, Gabriela Laperriere, ocupaba un cargo en el Comité Ejecutivo del Partido Socialista. Otra mujer, Victoria Gucovsky, dirigió el suplemento cultural del diario partidario "La Vanguardia", cargo que décadas más tarde desempeñó Alicia Moreau como directora general desde 1956 a 1962. Alicia Moreau fue además miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista mucho antes de que se reconocieran en nuestro país los derechos políticos, y cuando por fin pudo elegir y ser elegida, el Partido Socialista en 1951 la propuso como candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires.

Pensemos que hace menos de un siglo la mujer estaba hasta excluida del derecho a cursar estudios universitarios. Cecilia Grierson tuvo que interponer un recurso jerárquico para poder ingresar en la Facultad de Medicina. Pensemos que en 1920 las mujeres hacían simulacros de voto para reclamar por los derechos políticos acordados a los varones en 1912, en la llamada ley de voto universal, aunque tal universo evidentemente estaba sólo compuesto por hombres. Pasaron treinta y cinco años hasta conseguir nuestra inclusión con la sanción de la Ley 13.010, fruto de décadas de lucha y del empuje transformador de Eva Perón.

Pensemos que hace sólo poco más de una década, desde que recuperamos la democracia, se inició un proceso de reforma de nuestra legislación civil encaminado a suprimir desigualdades. Con el impulso de legisladoras de la talla de Florentina Gómez Miranda se consagraron reformas como la de divorcio y el ejercicio compartido de la patria potestad.

En el campo de los derechos políticos los cambios producidos en la última década en nuestro país no son menos trascendentes. La Ley 24.012 marca un hito en la historia de nuestro derecho público y es pionera en el mundo. Se incorpora una medida de acción positiva tendiente a incrementar la participación de la mujer en las listas a cargos públicos electivos y a lograr su incorporación efectiva en el Congreso de la Nación. Esta vez la ley no fue detrás de los hechos; está delante, no sin pocas resistencias.

En el curso de este siglo estamos superando las desigualdades jurídicas, pero el gran desafío que hoy tenemos, y que debemos asumir como constituyentes, consiste en reconocer que no basta con proclamar la igualdad y la no discriminación; hoy resulta necesario reconocer que no es posible conseguir la igualdad entre el status social del hombre y de la mujer prohibiendo solamente los tratos discriminatorios. Si se quiere corregir la diferencia que hoy existe, es necesario que a corto o largo plazo se proporcionen ventajas en determinados campos a uno solo de los sexos. Los instrumentos para la igualdad entre hombres y mujeres que no contemplaran estas medidas de acción positiva destinadas a mejorar la condición de la mujer acabarían negando su propia finalidad. Superar la discriminación requiere, además del reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad, la prescripción de medidas de acción positiva entendidas como estrategias destinadas a corregir aquellas discriminaciones que son resultado de prácticas culturales sustentadas en la dominación patriarcal de siglos. La cuota, como medida de acción positiva, es uno de los instrumentos más importantes en el marco de la promoción de los derechos de la mujer.

Desde 1947, y específicamente desde la primera elección en que las mujeres pudimos ser elegidas –que tuvo lugar en 1951–, muy poca representación hemos tenido en los cuerpos legislativos. Luego del primer gran impulso participativo de 1951, donde fueron electas veintitrés diputadas y seis senadoras, la presencia de la mujer fue extinguida paulatinamente hasta llegar a niveles muy poco significativos. Nuestra desaparición forzada se operó sigilosamente de las listas de candidatos en los lugares con posibilidades de resultar electas y, por ende, de la escena política. Por el contrario, no desaparecimos de los padrones de afiliados, que prácticamente integramos en forma igualitaria.

El doctor Enrique Rocca, miembro de la Cámara Nacional Electoral, en su voto en minoría en un fallo de 1993, donde profundiza el análisis de los presupuestos de hecho sobre los cuales se aplica la ley de cupo, se pronuncia por el carácter de orden público de la Ley 24.012, y por ende defiende su aplicación de oficio, así como la exigencia del respeto a la proporcionalidad requerida por la ley para que efectivamente se cumpla su finalidad, determinando que ante la renovación de cinco cargos la mujer debe, como mínimo, ocupar dos lugares entre los cinco primeros. Este criterio, al que adherimos, es el único que posibilita el real cumplimiento del cupo. Por ello, nuestra Constitución no sólo hace referencia a que la lista debe confeccionarse de manera tal de no ubicar a tres personas del mismo sexo consecutivamente sino que dicho orden debe respetar la posibilidad de resultar electas. Es decir, si se renuevan cinco cargos, no podría la mujer ocupar el tercero y el sexto puesto, sino dos de los cinco primeros. Si se renovaran dos cargos, no podría ubicarse a la mujer tercera sino entre los dos primeros. De lo contrario, no se cumpliría la exigencia de ubicar a la mujer en los lugares con posibilidad de resultar electa.

La redacción propuesta en nuestra Constitución pone término, asimismo, a una interpretación restrictiva efectuada por la Cámara Nacional Electoral, según la cual el primer lugar es indistinto y el cupo comienza a computarse desde el segundo término. De conformidad a ello, se ha sostenido que una lista cumple con el cupo cuando ubica a la mujer recién en cuarto término.

La vigencia de la ley de cupo posibilitó una lenta recuperación de la participación de la mujer en el Parlamento Nacional. En realidad, en una sola de sus cámaras: la de Diputados, pues la de Senadores permanece como un reducto masculino por excelencia. En la Cámara de Diputados, si analizamos el porcentaje de mujeres desde 1983, donde fue de un escaso 4,3 por ciento, advertimos el total estancamiento hasta 1993, donde comienza a modificarse por la vigencia de la ley citada, pasando del 5,8 por ciento en mayo de 1993 al 13,2 en diciembre del mismo año.

En igual período, el Senado no ha prácticamente variado: en 1985, los hombres representaban el 93,5 por ciento y las mujeres el 6,5 por ciento; en 1993, los hombres aumentaron al 95,8 por ciento y las mujeres disminuyeron al 4,2.

Nuestro avance no es más que muy acotado, pues lo que podamos aprobar en una cámara debe pasar por el riguroso tamiz de la restante, donde no estamos.

Fácil es advertir cuántos obstáculos aún resta sortear pese a los cambios vertiginosos apreciados desde una óptica histórica y realmente trascendentes desde un punto de vista estrictamente jurídico.

En todas las elecciones, el Juzgado con competencia electoral advierte sobre la obligatoriedad del acatamiento al cupo, colocando en la propia Mesa de Entradas de la Prosecretaría Electoral una indicación con el evidente propósito de disuadir a aquellos que distraídamente pretendan obviar la Ley 24.012. Y me animaría a sostener que prácticamente en todas las elecciones, el Juzgado debe intimar a corregir las listas bajo apercibimiento de hacerlo de oficio, extremo que también ha ocurrido.

El incumplimiento del cupo debería preocuparnos mucho más porque no es sólo un problema de hombres aferrados a sus aspiraciones de ocupar cargos públicos y lugares de decisión sino de discriminación y de incomprensión de un sistema que se pretende democrático que no tiene realmente tal carácter cuando un sexo está de hecho excluido de sus órganos de decisión.

Eso es lo que debería realmente preocupar. Algo pasa en un sistema de gobierno cuando se excluye a la mitad de la población, en un partido cuando en sus órganos de decisión o cuando en sus listas de candidatos, la primera mujer aparece relegada al último lugar.

Eso es lo que debe realmente preocupar mucho antes de ver cómo sorteo el cupo y "si voy en alianza mejor", porque se especula con que tal nefasta obligación es posible que recaiga sobre otra fuerza. Y esto está ocurriendo en casi todos los partidos y distritos.

Nos debemos un profundo debate cultural. La participación de la mujer no es un problema de ellas sino de la sociedad. Así lo entendieron un Palacios, un Bravo y un Iberlucea. Así lo entendieron una Alicia Moreau, una Eva Duarte y una Florentina Gómez Miranda.

Fíjense lo que ocurrió con la Convención Nacional Constituyente: sólo seis distritos superaron el 30 por ciento de mujeres. Nuestro distrito no llegó al 26 por ciento. Santa Fe no llegó ni al 10 por ciento y en Tucumán la representación fue del 0 por ciento.

Pero los lugares de decisión no se limitan al Poder Legislativo o Constituyente. Involucra a los demás poderes donde se deciden y se aplican las políticas públicas. La ausencia es total, señores y señoras convencionales.

En el último período democrático no hay mujeres en los niveles superiores de la Administración. Llevamos hasta este año el 0 por ciento de ministros, aunque hoy contamos con una ministra de educación. En materia de secretarios y subsecretarios no superamos el 10 por ciento. En el Poder Judicial se registra una participación casi nula en los niveles superiores. En la historia sólo una mujer ocupó un lugar en la Corte Suprema; no obstante, la matrícula de estudiantes de Derecho registra una participación de la mujer incluso superior a la de los hombres; y no hablemos de las calificaciones.

Una ciudad, un país y un mundo con estas desigualdades exige profundos cambios. Queremos sancionar una Constitución que esté a la altura de esos cambios.

En el mundo la participación de la mujer en los parlamentos no supera el 10 por ciento y en los órganos de adopción de decisiones apenas supera el 5 por ciento.

Reconocen las Naciones Unidas que a pesar de que en la mayoría de los países existe un movimiento generalizado de democratización, la mujer suele estar insuficientemente representada en casi todos los niveles de gobierno, sobre todo a nivel de los ministerios y otros órganos ejecutivos, y ha avanzado poco en el logro del poder político en los cuerpos legislativos o en lo que respecta al cumplimiento del objetivo aprobado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, de que para 1995 haya un 30 por ciento de mujeres en puestos directivos.

El hecho de que haya una proporción tan baja de mujeres entre los encargados de adoptar decisiones económicas y políticas obedece a la existencia de barreras tanto estructurales como ideológicas que deben superarse mediante la adopción de medidas positivas.

La desigualdad en el terreno público tiene muchas veces su raíz en actitudes y prácticas discriminatorias y en el desequilibrio en las relaciones de poder entre la mujer y el hombre que existen en el seno de la familia.

En la modificación de esta concepción cultural, la educación formal y no formal juega un papel preponderante. Si descuidamos la educación, las medidas de acción positiva que adoptemos carecerán de raíces y no serán defendidas ni por las propias mujeres. Los roles que mujeres y hombres asumen en los textos escolares, en los cuentos infantiles y en los medios de comunicación contribuyen a consolidar o modificar las conductas discriminatorias. Y en esto, las autoridades a cargo del área educativa, deben asumir su plena responsabilidad. Basta analizar el texto del Boletín que se usa hoy en nuestras escuelas para darse cuenta de la discriminación que sufrimos.

Fíjense y pido que esto se inserte en el Diario de Sesiones: tengo aquí el boletín que se usa en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires que dice: "maestro, director, padre tutor o encargado". Como madre, tengo que firmar donde dice "padre". (Aplausos.)

Esto no se atribuye a un olvido o a que se reproducen conductas; hay una resolución votada por unanimidad en el Concejo Deliberante pidiendo la reforma del boletín de calificaciones. No se cumple, señora presidenta.

Para terminar, quiero señalar que los artículos que consideramos no han hecho más que receptar las recomendaciones de las Naciones Unidas: "comprometerse a establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos y comités gubernamentales".

No obstante, la directiva de las Naciones Unidas es mucho más precisa que nuestro mismo articulado. Pero cabe recordar que este es un piso, un piso que inicia un camino efectivo de equiparación paritaria. Hoy y aquí, en esta Asamblea, este solo enunciado escandaliza a varios que ven peligrar su espacio político y su interés individual. El interés social debe prevalecer exige el pleno reconocimiento a la desigualdad de hecho y por ende a la necesidad de realizar cambios que culminen en el real y efectivo equilibrio de la participación de la mujer, no sólo en la afiliación, en el reparto de los volantes y en la limpieza de los locales partidarios sino en los lugares donde se discuten, deciden y adoptan las decisiones que serán mejores, sin duda, cuando sean fruto de un órgano realmente democrático, y no habrá democracia real mientras se excluya a la mitad del género humano.

Los locales partidarios hay que limpiarlos, pero las escobas son iguales para todos y todos tenemos manos. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Collin.

Sra. Collin.- Señora presidenta: la última vez que hice uso de la palabra en este recinto hablé justamente sobre el ejercicio de los derechos políticos y del sufragio. Hoy nuevamente vuelve al debate el tema de los derechos políticos en función de lo que significa su ejercicio por nosotras las mujeres.

Como recién decía la señora convencional preopinante es imposible abordar esta cuestión sin decirlo con todas las letras: estamos hablando acerca del poder y de su distribución en la sociedad y en las instituciones, porque el poder democrático está íntimamente ligado al ejercicio de la ciudadanía.

Cuando hablé en este recinto hace aproximadamente una semana me faltó decir algo, porque si bien en 1912 –como se expresó hace unos instantes– contamos con la llamada ley Sáenz Peña, lo cierto es que esa norma construyó la ciudadanía plena para una parte de esta sociedad. No estábamos incluidas en esa ciudadanía. La construcción de nuestra propia ciudadanía tardó treinta y cinco años y fue posible gracias a la lucha permanente de todas las sufragistas de principio de siglo, como lo fueron –recién se las nombró– Cecilia Grierson, Alicia Moreau de Justo, Alfonsina Storni y Julieta Lantieri. También fue una mujer –la primera con poder político en esta sociedad– la que pudo cristalizar esa demanda; me refiero a Eva Perón.

En el ejercicio de este poder fuimos incorporadas en lo que es el derecho a elegir y a ser elegidas. Pero en definitiva entramos muy tarde a la construcción del poder político y a lo que era la vida pública. Los sucesivos golpes militares y la inestabilidad política, de alguna manera también nos relegó. Pasaron las décadas y las mujeres seguimos participando en la medida de nuestras posibilidades. Los 60 y los 70 no discriminaron en términos de la militancia política y de lo que fue la movilización y el compromiso juvenil. Tampoco lo hizo la represión, y acá hay muchas mujeres que lo pueden corroborar.

Así llegamos a 1983, cuando se produjo la apertura democrática que mostró una participación masiva de las mujeres incorporadas a todos los partidos: radicales, peronistas, intransigentes e incluso a las que formaban parte de las distintas organizaciones sociales. Así se pudo apreciar el rol fundamental que desempeñaron las mujeres en las organizaciones de derechos humanos, porque cuando nadie salía ni hacía pública la protesta, ellas estuvieron para defender públicamente lo que era parte de su producción y de su ciclo vital.

A partir de la apertura democrática se inició en la sociedad una transformación muy fuerte, ya que comenzaron a cambiar las leyes civiles en búsqueda de la equiparación. Pero, ¿qué pasaba en los partidos políticos? ¿Qué nos pasaba a quienes teníamos ese compromiso militante en forma constante? Nosotras estábamos allí y desarrollábamos distintas tareas, sobre todo las jóvenes, que no teníamos diferencias en el compromiso ni en el esfuerzo; poníamos todo. No teníamos diferencias cuando íbamos a pintar, cuando se hacían las pegatinas o cuando se ensobraba; siempre estábamos presente. Sin embargo, había algunas cosas que empezábamos a percibir; no nos gustaba cuando nos hablaban de los estereotipos sexuales. Incluso en ese momento el movimiento de mujeres, los partidos políticos y las mujeres políticas no teníamos tanta relación. Nos parecía como algo ajeno que nos hablaran de la cuestión del género y de la discriminación. Nosotras seguíamos poniendo toda la polenta, pero –repito– había cosas que empezábamos a percibir. Pocas veces vi –como recién lo expresó la constituyente preopinante– que se quedaran muchos varones ensobrando o limpiando dentro de un comité, de una unidad básica o de cualquier agrupamiento político. Si había que servir café o cebar mate siempre éramos nosotras las que estábamos por ahí dando vueltas. Al mismo tiempo, cuando había que tomar una decisión o participar en algún ámbito a nosotras invariablemente nos faltaba cinco para el peso. Había algo que no se completaba. Era como si tuviéramos una caña de pescar y a pesar de seguir caminando la meta siguiera estando más adelante. No podíamos llegar, pero sin embargo seguíamos en el esfuerzo.

También había prácticas políticas y logísticas diferenciadas. Esto lo discutimos el otro día cuando conversábamos sobre el momento en que había que salir a pintar; siempre nos decían: "Quédense. Ustedes no salgan a pintar. Hay cosas que ustedes no van a hacer". De la misma manera nos quedábamos afuera cuando se discutían y decidían determinadas cosas.

Eso nos mostró que en la práctica teníamos un límite y un cuello de botella. Habíamos llegado al techo de cristal. Ese techo no se veía, porque cuando uno le preguntaba a algún amigo o amiga, "¿Qué es esto que no alcanzamos?", nos decían: "Ahí no hay nada". Pero nosotras sabíamos que algo había. Ya no importaba el esfuerzo, porque estaba más allá de él. Había una cuestión absolutamente distinta.

Cabe aclarar que esto no era privativo de los partidos políticos, porque en los cargos de conducción, donde se toman las decisiones y se diseñan y planifican las tareas, donde se las desarrolla con poder y prestigio porque hacen a la representación y donde las actividades se hacen visibles públicamente, las mujeres estábamos subrepresentadas.

Eso nos llevó a formularnos una pregunta, porque si no tenía que ver con el esfuerzo ni con el compromiso, ¿con qué tenía que ver? De ese modo muchas mujeres políticas pasamos a una segunda etapa de reflexión, en la que tratamos de discernir cómo intervienen las condiciones de género en la concepción de las prácticas políticas cotidianas. Este fue un cimbronazo muy fuerte para nosotras, porque ahí aprendimos que nuestros logros y nuestras posibilidades de acceso, por ejemplo a la integración de las listas o a la toma de las decisiones partidarias, no se daba en función del esfuerzo.

Digo esto porque, por una parte, estábamos en una sociedad en la que privaba el sexismo; pertenecíamos a un género devaluado. Las acciones asociadas a lo femenino estaban restringidas primordialmente a lo privado. Se establecía entre lo femenino y lo masculino una relación jerárquica, y nosotras éramos parte del género devaluado.

Por otro lado, estábamos en la actividad androcéntrica por excelencia. Habíamos irrumpido en lo que es el mundo público; un mundo desarrollado en sus prácticas en su estilo y en su discurso fundamentalmente por los varones. De alguna forma sentíamos lo que intuitivamente era una sensación de "ajenidad".

Como militantes incursionábamos en un terreno que a veces nos resultaba hostil, porque las condiciones y las reglas ya estaban pactadas y establecidas, y no se hacían desde nuestro discurso ni desde nuestras prácticas. Éstas habían sido establecidas, durante muchos años, por los varones.

Eso nos lleva al principio de mi intervención, para ver cómo construimos la ciudadanía.

Una filósofa alemana –Hanna Arendt–, que no habló específicamente del tema del género, señala que el fundamento de la política es la acción y el discurso; es el campo de lo visible. Pero esta acción y discurso se basan en la pluralidad, que significa "existencia de muchos", que incluye la igualdad y la distinción.

En una sociedad todos los individuos llegan a acuerdos desde la condición de pares en la igualdad, pero necesitan del discurso, porque son diferentes. Para nosotras esto implica en definitiva lo que hoy es el replanteo del contenido de la ciudadanía desde la diversidad. Todos somos iguales en algún sentido, pero mantenemos nuestras diferencias, sin que ellas impliquen cargas valorativas de bueno, malo, aceptado o rechazado. Este es el centro de la cuestión. No queremos incorporarnos en el mundo de las decisiones únicamente acatando sus reglas. Queremos también dar nuestra mirada sobre este mundo. Pero queremos también superar lo que es una relación jerárquica entre los géneros. Queremos superar la sensación de pensar que todas las prácticas tienen que ser uniformes. Las prácticas pueden ser diversas, y en esa diversidad hay enriquecimiento.

Celia Amorrós, una socióloga española, dice que la aceptación de la diversidad hace que nos reconozcamos pares, condición indispensable para la participación en igualdad; y ésa es nuestra demanda efectiva. El cupo es una cuestión instrumental.

Sabemos que la voluntad política que demostramos hoy aquí y que venimos demostrando hace muchos años genera resistencias. Nuestra apelación a obtener y poder llegar a los cargos y puestos de decisión genera ciertos rasgos de rechazo. No es fácil meterse en las instituciones cuando se está jugando el poder. Quienes participan o administran el poder en una institución son muy generosos para repartirlo en otras, pero no aceptan que se metan en sus propias reglas de juego. Ahí ponen límites y eso lo vemos cotidianamente. Sabemos que esto también responde a una construcción cultural ancestral. No es fácil para nadie y menos en el mundo de lo político.

Recién se hablaba sobre lo que fueron las estadísticas de representación, por ejemplo, en los cuerpos legislativos nacionales en nuestro país. El promedio durante diez años no superó el cinco por ciento de participación femenina en la Cámara de Diputados.

En 1990 Margarita Malharro de Torres, senadora de mi partido, presentó, y pudo aprobarse, en el Senado de la Nación el proyecto de ley de cuotas. Quiero decir que una de las primeras legisladoras en presentarlo, hoy presente aquí, es Norma Allegrone de Fonte, ex diputada de mi partido por el distrito de la Capital Federal.

Un año después, la Cámara de Diputados, en una situación bastante insólita –y muchas de nosotras podemos dar constancia, tanto las de un lado como del otro, porque varias de las que estamos sentadas en estas bancas estuvimos en la barra esa noche tan larga– aprobó la ley de cuotas. Había estupor en alguna caras de los legisladores. No entendían muy bien como era eso de que las galerías estuvieran llenas de mujeres que demandaban y presionaban. Nos turnábamos en el recinto. Hacíamos el punteo de los miembros de los bloques que podían estar dudosos con respecto a este tema o con los que había algunas complicaciones y nos íbamos al anexo para hablar y presionar, dividiéndonos entre los partidos y dividiéndonos inclusive entre las líneas internas de los partidos.

Ésta fue una estrategia deliberada porque sabíamos que era el mecanismo para obtener la aprobación de este proyecto.

Y en esto quiero aclarar algo. No por eso pasamos a ser un partido de mujeres; pasamos a ser mujeres en igualdad de condiciones que estábamos de acuerdo en función de una estrategia, y esa estrategia era abrir el campo del poder y abrir la representación política.

Sabemos que finalmente, una vez aprobada la ley de cupo en el Congreso, hubo formas de evadirla. Todavía nos queda aproximadamente un cincuenta por ciento de provincias que no tienen el cupo. En la de San Luis este año, por ejemplo, el cupo se aprobó por unanimidad de ambas cámaras, y el señor gobernador la vetó, con lo cual, en esto estamos convencidos, no basta únicamente con el consenso de los partidos.

Sabemos que no es suficiente con la legislación para transformar las relaciones sociales y las prácticas cotidianas; pero también es cierto que no hay ejemplo en el mundo donde las mujeres hayamos logrado el acceso a cargos de conducción sin respaldarnos en alguna medida formal. No alcanza con el voluntarismo para revertir siglos de exclusión, y esto sucede absolutamente en todas las instituciones.

Veamos que pasó inclusive en esta asamblea con la incorporación de las mujeres y qué ha pasado en su desarrollo. Por una parte este distrito ha mostrado una voluntad política diferente en todos sus partidos. Hoy lo vemos: sobre cuatro autoridades de esta asamblea tres son mujeres. Pero, sin embargo, también sabemos que no hay ninguna presidenta de bloque, y las decisiones políticas se toman en los bloques. Esto es una deuda del micropoder de los partidos; no lo podemos negar.

Por otra parte, también durante mucho tiempo nos acusaban de que nos íbamos a ocupar, en función de los estereotipos domésticos, de ciertos y determinados temas y que no teníamos interés en abocarnos a otros asuntos. Esta asamblea ha demostrado lo contrario. En todas las comisiones las mujeres hemos participado en paridad y tenido opinión y fundamento absolutamente respecto de todos los temas.

También esta Constituyente muestra un cambio de agenda. Se están incorporando temas que no se han incorporado en ninguna otra constitución, aún en las más recientemente modificadas. Aquí se hablaba de la reforma de la Constitución Nacional, y quiero decir que aquí hay muchos temas que no se trataron en la Constitución Nacional.

Creo que esto tiene que ver con una voluntad política y con una lectura distinta que también incorpora la lectura del género y la lectura que muchas veces hacemos las mujeres acompañadas por varones, que entendemos que hay muchos temas que han dejado de pasar en la órbita de lo privado para incorporarse a lo que es la órbita del interés general, más allá de que esto nos lleve a discusiones con fuertes factores de poder de nuestra sociedad.

Sabemos que estamos expuestas a muchos cuestionamientos. Durante bastante tiempo se cuestionó, por ejemplo, la capacidad de una mujer para representar intereses políticos. Una mujer no podía ser representativa y usted sabe que en ese sentido este distrito ya no tiene nada más que decir.

También se cuestionan, y por ejemplo en esta asamblea se ha hecho –lo hemos visto en los medios de comunicación– nuestro estilo, el discurso, los conceptos que utilizamos. No importa, sabemos que es parte del camino. También hay cuestionamientos que se hacen a la práctica política de las mujeres con relación a nuestra experiencia vital y en función de lo que son los estereotipos domésticos. Eso también lo hemos visto en esta asamblea.

Estamos hoy aprobando una nueva constitución para la ciudad de Buenos Aires. Estamos buscando como objetivo político una sociedad más transparente y participativa con garantías en el ejercicio de los derechos fundamentales, con altos elementos de equidad y donde hay derecho a ser diferente.

En este replanteo de la ciudadanía que hacemos desde el género, transformar los elementos de subordinación en las relaciones jerárquicas entre los géneros para construir una identidad colectiva articulada por principios de igualdad sin que esto elimine las diferencias, tiene que ver con la posibilidad de generar una sociedad para todos, de generar una ciudad en la cual participemos en igualdad de condiciones, reconociendo nuestras diferencias y sin que haya nadie que tenga que estar devaluado. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Canata, del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Canata.- Señora presidenta: en primer lugar, solicito una inserción dado lo avanzado de la hora. Realmente me hubiera gustado hablar sobre este tema respecto del cual estoy totalmente convencido.

Solicito la modificación del único artículo que contiene este proyecto. En el segundo párrafo debiera decir: "En la integración de los órganos colegiados compuestos por tres o más miembros la legislatura concederá acuerdo respetando el cupo previsto en el párrafo anterior."

Sr. Ibarra.- Es un texto acordado.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Redrado.

Sr. Redrado.- Señora presidenta: quiero adherirme y aplaudir el avance de las acciones afirmativas que estamos haciendo en esta Convención para darle mayor participación a las mujeres, que como se ha visto enriquecen este proceso de discusión y las distintas instituciones.

Pero lamento que cuando discutimos derechos de avanzada y de mayor participación estemos volviendo hacia atrás en la discusión económica. Seré breve porque esto no hace al centro de la cuestión.

Creo que se ha confundido el concepto. Lamento que se hayan equiparado los derechos de la mujer con lo que es el avance de la teoría económica.

Sra. Lubertino.- ¿Me permite una interrupción, señor convencional, con la venia de la Presidencia?

Sr. Redrado.- Sí, señora convencional.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: deseo aclarar que estos no son derechos que se nos otorgan a las mujeres, sino que cuando estamos hablando de acciones afirmativas estamos describiendo, en todo caso, la paridad entre varones y mujeres. Estas acciones afirmativas que en algunos ámbitos serán hoy de aplicación para las mujeres, puede que en el futuro también deban serlo para los varones. De modo que es una aplicación paritaria para varones y mujeres. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Redrado.

Sr. Redrado.- Señora presidenta: apoyo totalmente lo que acaba de decir la señora convencional. Pero el centro de la cuestión es haber equiparado estos derechos con la economía y en particular con una discusión que en teoría económica ya no existe entre los economistas profesionales.

Se ha afirmado aquí que el desarrollo genera mercado. El mercado es una de las organizaciones humanas que preceden prácticamente a toda la historia del hombre. En el mercado se juntan oferentes y demandantes en un proceso de formación de precios que es iterativo. León Walras, uno de los economistas más brillantes que tuvo la historia económica, hace aproximadamente ochenta años escribió La teoría del equilibrio general, donde sostenía que el proceso de formación de precios es iterativo.

Sr. Canata.- Está fuera del tema en discusión.

Sra. Presidenta (Meijide).- Precisamente estaba esperando un término prudencial para pedir por favor al convencional Redrado que no salga de tema.

Sr. Redrado.- No salgo del tema. Simplemente creo que se ha equiparado una discusión tan rica como la que hemos tenido, con temas que en economía ya han sido superados. El mercado es una organización que existe. La teoría de formación de precios se refiere a cómo oferentes y demandantes se juntan en un mercado. Haber equiparado al modelo sueco con el proceso de intervención del Estado es volver atrás en la discusión económica.

El modelo sueco es el que ha creado la mayor marginación de jóvenes, porque éstos no tienen expectativa de crecimiento. No se trata de que el Estado genere mejores condiciones de vida, porque él no produce riquezas de por sí. Se trata de poder liberar la iniciativa privada y la creatividad del hombre, y que el Estado se ocupe de los temas fundamentales, como la movilidad social a través de los derechos a la educación, a la salud, y de dar una mayor democratización a la información. Lamento que al haberse debatido sobre derechos tan de vanguardia se haya estado yendo hacia atrás en la discusión económica.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez, del bloque del Partido Justicialista.

Sra. Pérez Suárez.- Señora presidenta: seguramente cuando mañana se sepa que hemos consagrado el cupo, que hemos garantizado el acceso a los cargos electivos y a todo aquello a que debe dar acuerdo la Legislatura, no va a faltar quien diga que esto es de interés de las mujeres que hacemos política y que no le cambia la vida a las demás mujeres.

Convendría entonces recordar que hace pocos días fueron las mujeres de todos los bloques, sin distinción de pertenencia a signo partidario alguno, quienes en el Congreso de la Nación se opusieron a que se extendiera la etapa de trabajo para las mujeres y no tuviéramos que trabajar más años para acceder a los beneficios de la jubilación. Esto lo hicieron legisladoras de todos los partidos, con unidad de criterio, más allá de las divergencias partidarias.

Quienes ya han hecho uso de la palabra han dado suficientes fundamentos. Por ello, adelanto el voto favorable de mi bloque, en respeto y consideración a las mujeres que desde las 10 de la mañana nos acompañan y también –por qué no decirlo– porque no puedo con la ansiedad por lograr que finalmente votemos el famoso cupo. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Santa María, del bloque Nueva Dirigencia.

Sr. Santa María.- Señora presidenta: solicité a la señora convencional Bullrich que me permitiera exponer por el bloque de Nueva Dirigencia, atento a que me encuentro sentado en esta banca porque una convencional de nuestro partido renunció, y la ley establece esta forma de determinar al suplente. Por eso pedí a mi bloque que me dejara exponer sobre este tema, acerca del cual desde ya adelanto nuestro voto favorable.

Somos conscientes de la crítica a la cual nos hemos expuesto por culpa de una mala ley, que no queremos que se vuelva a repetir. Por esta razón solicito que el texto que estamos considerando obtenga el voto afirmativo de toda la Convención, en honor de la compañera Colombo, quien tendría que estar aquí sentada.

Sra. Lubertino.- ¿Me permite una interrupción, señor convencional, con la venia de la Presidencia?

Sr. Santa María.- Sí, señora convencional.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: agradecemos el honor que se nos rinde en esta disertación, pero los distintos bloques y las mujeres de esta Asamblea hemos reiterado en varias oportunidades el repudio a la inclusión en esta Convención, utilizando mecanismos que no tienen que ver con una ley que esté mal, sino con perversos procedimientos de interpretación, que cada vez que se quieren violar las leyes se van sofisticando.

Por eso en este texto hablamos de la integración efectiva de las listas. Las leyes no son malas sino cuando algunos violan su espíritu y a veces su propia letra. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Santa María.

Sr. Santa María.- Señora presidenta: siguiendo el razonamiento de la convencional María José Lubertino –con el cual coincido– digo que esta ley no la sancionamos ni aplicamos nosotros, sino que somos víctimas de ella. En mi caso, soy beneficiario de una ley, pero no quien tiene la autoridad ni decide cómo se aplica.

Para que esta situación no se repita y quede consagrado el texto constitucional propuesto, adelanto el voto afirmativo de mi bloque al dictamen en consideración.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Bravo, del bloque del Frepaso.

Sr. Bravo.- Señora presidenta: con gusto entraría en el debate introducido por el convencional Redrado, que hace cuestión del modelo de la socialdemocracia sueca, que a partir de 1932 logró superar la peor crisis económica que produjo el capitalismo en el mundo moderno. Para eso fue preciso –contrariamente a lo que decía el señor convencional Redrado– que existiera la intervención activa del Estado sobre la economía, sobre el mercado...

Sra. Presidenta (Meijide).- La Presidencia quiere entender que el señor convencional no desea entrar en esa discusión, porque está fuera de tema.

Sr. Bravo.- Pero así como el señor convencional Redrado se refirió...

Sra. Presidenta (Meijide).- La Presidencia informa a los señores convencionales que no va a aceptar un debate sobre economía. Una cosa es utilizar un ejemplo –feliz o infeliz; eso quedará a criterio de cada uno– y otra efectuar un debate.

Los invito a que mañana a las 8 –si tienen fuerzas– vengan a participar de un debate fuera de este recinto sobre economía, con la intervención de todos. (Aplausos.)

Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Bravo, a quien le pido que redondee.

Sr. Bravo.- Señora presidenta: la intervención activa del Estado sobre la economía en el caso sueco logró resultados muy precisos, que demuestran la diferencia entre la realidad socioeconómica de ese país y la que el modelo económico argentino impuso en el nuestro.

Finalmente me resta decir que mi intervención también tenía el propósito de solicitar la inserción en el Diario de Sesiones de los fundamentos de mi apoyo al dictamen en consideración. ^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: antes de que se vote quería dejar constancia de que la ausencia de la señora convencional Ginzburg se debe a la celebración del Día del Perdón. Igualmente ella ha estado presente junto con los firmantes los dos dictámenes que hemos votado, como en el que inmediatamente aprobaremos.

Sra. Presidenta (Meijide).- Como se ha agotado la lista de oradores, se va a votar en general con la modificación propuesta por el señor convencional Canata, aceptada por la comisión.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto. (Aplausos en las bancas y en la barra.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición recaído en el proyecto de texto producido por la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, sobre acceso a la Justicia, contenido en el Orden del día T. Nº 31.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Santa María.

Sr. Santa María.- Señora presidenta: voy a solicitar la inserción de mi exposición en el Diario de Sesiones, compartiendo el despacho que estamos considerando con la señora convencional Pierini, del bloque justicialista. ^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora covencional Pierini.

Sra. Pierini.- Señora presidenta: voy a ser muy breve.

"La ley es tela de araña–/en mi ignorancia lo explico,/ no la tema el hombre rico/nunca la tema el que mande/pues la ruempe el bicho grande/y sólo enrieda a los chicos./Es la ley como la lluvia/nunca puede ser pareja/el que la aguanta se queja,/pero el asunto es sencillo/la ley es como el cuchillo,/no ofiende a quien lo maneja."

Si eso decía Martín Fierro no por pasado ni por gauchesco está muy lejos de lo que diría hoy y aquí cualquier ciudadano que no sea –claro está– parte de los bichos grandes que la "ruempen" y cómo.

El acceso a la Justicia no debería ser acceder a una tela de araña. Bien saben los más pobres que su acceso a la Justicia lo logran habitualmente desde su posición de víctimas. No es ese acceso el que buscamos facilitar. Para ello habría que distinguir tres perfiles: acceder al conocimiento del derecho, acceder al sistema de administración de Justicia y acceder a la Justicia. Estos perfiles, conjugados armónicamente, significarán el acceso a la Justicia.

Por un lado, es fundamental conocer las normas que rigen la convivencia social en un Estado de derecho. Nadie va a poder utilizar instrumentos que no conoce; nadie va a defender lo que no le pertenece. Las formas de avance de la organización popular –las de los propios ciudadanos– no van a poder superar los niveles de queja o de protesta si no alcanzan expresiones jurídicamente superiores. Acceder a la información del derecho es una de las formas de acceder a la Justicia.

Existe una segunda manera de acceder a la Justicia, que se basa en la posibilidad de llegar a su sistema de administración. La verdadera igualdad ante la ley sólo podrá estar garantizada cuando tengamos garantizada la igualdad de oportunidades para el acceso al sistema de administración de Justicia, sin entrar a discutir si el sistema de administración de Justicia es bueno o malo.

Lo cierto es que hay quienes no ingresan a él más que como víctimas en el sistema penal, como deudores morosos en el sistema civil o comercial, o como despedidos o accidentados en el sistema laboral. Ellos son la mayoría, cuyo acceso a la Justicia deberemos garantizar mediante un sistema de asesoramientos, de mediaciones o patrocinios que sostengan en la práctica lo que tan fácilmente podemos decir con las palabras. Es fácil decir "acceso a la Justicia", pero realmente es muy difícil para mucha gente saber cuál es realmente el camino hacia la Justicia.

Por último, tenemos el acceso mayor a la Justicia con mayúsculas. Se trata de esa Justicia cuya fuente está en la trascendencia de su esencia, aunque fenoménicamente se nos presente en los distintos fueros, como el contravencional, el vecinal o los que oportunamente tenga esta ciudad. No por nada la tradicional invocación a Dios es como "fuente de razón y justicia". Y lo es por su trascendencia y no por otra cosa. Esa justicia con mayúscula es la que deseamos que sea accesible para nuestra gente en la ciudad. Pero para que eso ocurra deberán acceder a ella los propios magistrados, abrevando en principios de equidad y de sensibilidad social.

¡Ojalá podamos con este trípode garantizar el acceso a esa Justicia-valor, indicativa de una sociedad que aprende de sus propias fallas, en lugar de garantizar el acceso a nuevas telas de araña que sean más de lo mismo, pero con otros nombres! (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Dado que se ha agotado la lista de oradores, se va a votar en general.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto producido por la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías sobre garantías a ex combatientes, contenido en el Orden del día T. Nº 61.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Santa María.

Sr. Santa María.- Señora presidenta: solicito la inserción de mi exposición sobre este tema en el Diario de Sesiones, compartiendo este dictamen que consideramos con la señora convencional Pierini, ya que ambos presentamos sendos proyectos que sirvieron de base al que ahora tratamos. Recurro a la cláusula de inserción de textos debido a lo avanzado de la hora. ^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Pierini.

Sra. Pierini.- Señora presidenta: también en este caso voy a hablar muy brevemente. En su momento hemos presentado un proyecto, que contó con dictamen favorable de la comisión y que ahora está siendo considerado por esta Convención. Se trata de dar una suerte de trato preferente a los ex combatientes de la guerra del Atlántico Sur.

Esto tiene varias fundamentaciones, que muy brevemente quiero compartir con ustedes.

Creemos que en un mundo que tiende a la globalización aparece como un componente cada vez más necesario el fortalecimiento de las identidades nacionales de cada uno de los estados que integran este mundo globalizado. Esta es una tendencia que alcanza a buena parte de la humanidad.

Aparentemente, esta globalización y defensa de las identidades nacionales parecen contradictorias, pero no lo son. Se trata de la necesidad de cada nación de ser alguien en este mundo de todos, que vamos construyendo con todas sus contradicciones. Así se va forjando el concepto de patria: hogar común con valores compartidos, identificados en un sentimiento colectivo que se ha construido a lo largo de generaciones y que también forma parte de esa identidad nacional.

Cuando analizamos lo que fue la guerra de Malvinas, obviamente no podemos olvidar el carácter del gobierno de facto que condujo o mal condujo esa guerra; no podemos olvidar que fue un gobierno que usurpó el poder y que sojuzgó a nuestro pueblo. Por otro lado, tampoco podemos desconocer el carácter profundamente nacional y patriótico que encierra la reivindicación de nuestra identidad territorial en el hecho de Malvinas.

En estos últimos días de septiembre de 1996 también estamos rememorando que hace treinta años, en septiembre de 1966, un grupo de jóvenes argentinos capitaneados por Dardo Cabo había desembarcado en Malvinas, en un histórico viaje que se llamó "Operativo Cóndor". (Aplausos.)

La causa de Malvinas forma parte de esos sentimientos colectivos que constituyen nuestra nacionalidad. Pero una reivindicación no puede ser sólo una cuestión de palabras y de sentimientos.

Sabemos que, en ese pasado reciente, miles de jóvenes argentinos, a los que consideramos ex combatientes, los civiles bajo bandera, fueron convocados a la guerra por esa reivindicación; independientemente de la responsabilidad de sus jefes, esos jóvenes conscriptos son acreedores de todo nuestro respeto y consideración.

Por eso no podemos olvidar que en la práctica muchas veces carecen de la protección y garantía asistencial y laboral, que sí es probable tengan quienes formaban parte de las Fuerzas Armadas de modo permanente. Por ello se ha dejado claro en este artículo que el trato preferente es para aquellos que no gocen de otra forma de seguridad social a partir de su pertenencia a las fuerzas regulares.

El pueblo argentino, y el de la ciudad de Buenos Aires en particular, reiteran con este texto su solidaridad con estos compatriotas. Es un homenaje y una reivindicación histórica; es una forma de ratificar esos lazos que nos mantienen como Nación. Quizás es también una forma de reparar los daños y de asegurar el debido respeto y dignidad a los ex combatientes argentinos en Malvinas. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Crevari, del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Crevari.- Señora presidenta: quiero anticipar el voto favorable del bloque de la Unión Cívica Radical, y al mismo tiempo, como autor de un proyecto vinculado a este tema, decir algunas palabras.

El presente proyecto de texto constitucional tiene por objeto llevar a cabo un verdadero acto de reparación histórica, como decía la señora convencional Pierini.

En 1982, tras una decisión irresponsable y autoritaria de la cual no existen antecedentes en nuestra historia nacional, la dictadura militar, con una concepción plagada de soberbia, y con el objeto de ocultar el tremendo desastre genocida, se lanzó a la loca aventura de reconquistar las islas Malvinas por medio de la vía armada.

Largos años de negociación diplomática en los foros internacionales fueron arrojados por la borda, precipitando la indiferencia inmediata del conjunto de las naciones.

El entonces presidente de facto, general Leopoldo Fortunato Galtieri, con una lógica absolutamente demencial, consideró que como consecuencia de su viaje a Estados Unidos en diciembre de 1981, los conflictos diplomáticos que la República Argentina mantenía con esa nación habían desaparecido; conflictos vinculados a las permanentes acusaciones en materia de violación a los derechos humanos, o por la contradictoria oposición argentina frente al embargo decretado por Estados Unidos a la entonces Unión Soviética. Creyó profundamente ser un militar amigo y privilegiado por esa nación, obviando irresponsablemente la histórica alianza estratégica entre Estados Unidos e Inglaterra, potenciada aún más con la conformación de la OTAN.

Del mismo modo se autoerigió como el vértice para la plena vigencia y profundización de la tristemente célebre Doctrina de Seguridad Nacional, verdadero recurso ideológico que como consecuencia del conflicto este-oeste se aplicó en los países del Tercer Mundo para detener el supuesto avance del comunismo soviético.

Aquella soleada mañana del 2 de abril de 1982, los argentinos –al igual que el entonces ministro de Defensa– nos enteramos de que las Fuerzas Armadas habían desembarcado en las islas Malvinas para recuperar definitivamente ese arrebatado territorio insular.

Atrás habían quedado las movilizaciones opositoras que tan solo unos días atrás se habían desarrollado, con la consecuente feroz represión del aparato militar. Multitudes de argentinos colmaron de un modo inmediato la histórica Plaza de Mayo, festejando ingenuamente esa cara y breve conquista, y consecuentemente avalando directa o indirectamente al régimen criminal instaurado a partir de 1976.

Luego de la euforia inicial resultante de algunas operaciones militares favorables, y con el hundimiento del Crucero General Belgrano como punto de inflexión que enmarcó el desastre, el posicionamiento internacional del gobierno militar también tuvo su vuelco. Del obsecuente alineamiento con los Estados Unidos surgió una rápida e interesada identificación con la causa latinoamericana, a fin de poner en vigencia el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Pese a que esta herramienta internacional nunca pudo ser puesta en marcha por la tenaz e intransigente posición de Estados Unidos, no fueron pocas las muestras de solidaridad de muchos países del continente latinoamericano, como las de Perú, que una vez finalizado el conflicto no solo fueron rápidamente olvidadas y escasamente reconocidas, sino que por el contrario resultaron profundamente bastardeadas con la reciente y vergonzosa venta de armamento en la confrontación limítrofe entre dos naciones hermanas como Ecuador y Perú.

No es mi objetivo, señora presidenta, continuar describiendo las aberrantes actitudes políticas del tristemente célebre Proceso de Reorganización Nacional, las cuales han sido debidamente repudiadas y en forma mayoritaria desde distintos sectores, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la cual usted forma parte como uno de los miembro fundadores.

Se trata de intentar ejercer desde este legítimo ámbito de representación popular, y como formulaba anteriormente, un acto de reparación histórica.

Una infinidad de jóvenes fueron conducidos a la muerte y al horror de una guerra absurda, condenada desde su inicio a la derrota. Sin recursos profesionales ni una estrategia militar adecuada, varias clases fueron convocadas, para finalizar muchos conscriptos muertos en combate o con heridas físicas y psíquicas que nunca podrán revertir; muchos fueron estaqueados hasta el congelamiento por parte de algunos cuadros militares que probablemente aplicaron los métodos de tormento utilizados en los diferentes centros clandestinos de detención y desaparición, y se produjo asimismo una cantidad desgarradora de suicidios posteriores.

Señora presidenta: luego de la heroica participación de estos jóvenes inexpertos en materia bélica que defendieron como pudieron el orgullo argentino y la bandera nacional, nos queda aún hoy, a catorce años de ese conflicto, una deuda moral, en materia de reconocimiento de las instituciones democráticas.

Lejos estoy de identificarme con los movimientos políticos posteriores que muchos de esos ex combatientes conformaron. En todo caso, me une el hecho de ser uno de los tantos jóvenes convocados de entonces, a pesar de haber tenido la fortuna de no llegar a participar en esa confrontación militar criminal.

Reconozco la heterodoxia de este proyecto, ya que no existe antecedente constitucional que siente precedente en este tipo de cuestiones. El constituyente de 1994 sólo tuvo en la mira el justo reclamo de nuestro país por los territorios litigiosos y así quedó expresado en la Disposición Transitoria Primera, donde se afirma: "La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.

"La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino."

Pero hubiera sido deseable que al tiempo de incluir tan importante definición se hubiera incorporado a nuestra Carta Magna el derecho que sin duda asiste a los compatriotas que combatieron en Malvinas.

Es cierto que el Congreso Nacional ha sancionado una ley que establece un sistema de pensiones para los ex combatientes, pero tan cierto como eso es que el Estado nacional incumple con lo que la ley prescribe.

Considero que si se tiene en cuenta que este conflicto ha sido el más importante que la República Argentina tuvo desde el punto de vista bélico en este siglo, y frente al olvido y a la indiferencia colectiva hacia estos veteranos que nos honraron en la guerra y que coadyuvaron a la instauración de la democracia en nuestro país, creo absolutamente legítimo expresar dicho reconocimiento en nuestra herramienta constitucional, deseando que dicha argumentación nunca más deba ser esgrimida.

Frente a este momento histórico, donde los ciudadanos logramos, con no poco esfuerzo, reconquistar la democracia y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, creo oportuno incorporar al futuro Estatuto Organizativo de la ciudad de Buenos Aires el presente artículo, a fin de homenajear a aquellos jóvenes ciudadanos que nos honraron con su valiente y heroica actuación en los sucesos bélicos de las islas Malvinas.

Estamos hablando de gente que dio muchísimo de sí, y hasta su vida, para defender nuestra insignia nacional y nuestro territorio. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señora presidenta: dado que había salido unos minutos del recinto, quiero dejar constancia de mi voto afirmativo al despacho relativo a los combatientes de Malvinas.

Sra. Presidenta (Meijide).- Quedará constancia.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto producido por la Comisión de Políticas Especiales de cláusula transitoria sobre juegos de azar, contenido en el Orden del día T. N° 62.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señora presidenta: la cláusula transitoria que vamos a votar se compatibiliza con otras disposiciones referentes a los juegos de azar que han sido incluidas en los capítulos correspondientes al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y con la que votaremos luego, relacionada con las políticas sociales, donde se hace referencia a que el producido de los juegos de azar en la ciudad debe destinarse a la asistencia y al desarrollo social.

Dicha cláusula faculta al gobierno de la ciudad a celebrar convenios con el gobierno nacional sobre la explotación y el producido de los juegos de azar que se comercialicen en su territorio. En ese marco también se lo autoriza a revisar las concesiones que existan a la fecha de la firma de esta Constitución.

Nos parece que no es necesario abundar en fundamentos sobre las razones que llevan a proponer esta cláusula transitoria.

Ya hemos incorporado en el texto de la Constitución, y lo vamos a volver a hacer dentro de unos minutos, la idea de que los juegos de azar dentro del territorio de la ciudad deben ser de carácter público. Estamos en contra de su privatización por cualquier concepto que quiera plantearse. Por lo tanto, consideramos que hay que facultar al jefe de Gobierno de la ciudad a revisar los convenios, concesiones o contrataciones que se hayan hecho.

En ese sentido, en nombre del bloque del Frepaso pido el apoyo a la cláusula transitoria, entendiendo que todo lo relativo a la materia de los juegos de azar tendrá que ser finalmente compatibilizado en la Comisión de Redacción porque –insisto– hemos aprobado y vamos a votar diversas cláusulas referidas al tema.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Garré, del bloque del Partido Justicialista.

Sr. Garré.- Señora presidenta: confieso que en realidad no era mi especialidad el conocimiento de los juegos de azar, pero a fuerza de agregar insistentemente esta cláusula, primero entre los recursos de la ciudad, después en lo atinente a las facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo, y seguramente lo haremos cuando se traten las facultades del Poder Legislativo, comenzará a serlo.

Por si esas inclusiones fueran poco, vamos a aprobar otra cláusula especial, por la cual, adicionalmente, por si no lo hubiéramos previsto, se va a determinar la alternativa de que se celebre un convenio con el gobierno nacional.

Para ser sintético, en atención a la hora, sólo quiero recordar que la explotación, manejo y administración de los juegos de azar dependientes de la Lotería Nacional sobre lotería, casinos y salas de juegos de azar está específicamente regulado por una ley nacional –la 18.226–, que prevé el funcionamiento de todos los juegos que corresponden al ámbito de la Lotería. A su vez, la Ley 14.188, prevé el funcionamiento de los hipódromos, agencias de sport y apuestas mutuas en todo el territorio de la República. También quiero destacar que para ejercer cualquier tipo de actividad en este sentido hay que pedir previa autorización al Poder Ejecutivo nacional.

Por otra parte, está la Resolución 624/92, que implantó el juego del Loto Bingo, y el decreto del Poder Ejecutivo 1.772, que se refiere a cómo se distribuye el producido de la recaudación del Bingo, del que es beneficiaria específicamente la ciudad de Buenos Aires, en consonancia con lo que aquí se ha resuelto.

Entonces, de alguna forma nos parece inadecuado plantear como una cláusula transitoria expresa la facultad de celebrar "convenios con el gobierno nacional sobre la explotación y el producido de los juegos de azar", que son propia facultad del gobierno nacional a través de la Lotería Nacional y que es criterio general en todo el país. Sí podría tener lugar la celebración de un convenio sobre cómo distribuir el producido, siempre y cuando obviamente haya acuerdo con el gobierno nacional.

En lo que se refiere a la revisión de las concesiones existentes a la firma de la Constitución, las concesiones que existen se han efectuado en el marco de la legislación vigente y salvo que se verificara que en ellas existe algún hecho lesivo a la ley, en cuyo caso siempre existe el canal de la Justicia para resolverlo, no pueden ser revisadas, en función de la continuidad jurídica que existe entre el gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires y lo que era la Municipalidad de la ciudad. Por eso, en términos generales, tampoco estamos de acuerdo con incluir dentro de una norma constitucional la facultad de revisar contratos que se han hecho de buena fe y en función de la legislación vigente al momento en que se celebraron. Además, eso generaría un marco de inseguridad jurídica muy importante, que adicionalmente me parece muy peligroso.

Con estas palabras dejo expresado el voto negativo de mi bloque con respecto a la cláusula transitoria.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: quiero transmitirle al señor convencional Garré que el miércoles pasado en el Senado de la Nación –como todos sabemos– se aprobó el pacto fiscal, que va a considerar este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación. Por dicha norma la ciudad de Buenos Aires no puede participar, en contradicción con la Constitución Nacional, en la redacción de la ley de coparticipación federal, lo cual va a poner a la ciudad en una situación bastante complicada en los próximos años, porque bien se sabe que por este pacto se puede hasta pedir la derogación del impuesto a los ingresos brutos, dejando a la ciudad sin ningún tipo de defensa respecto de cómo coparticipará y qué se instrumentará en reemplazo de dicho gravamen.

A partir de la situación derivada de la prórroga del pacto fiscal hasta 1998, se va a poner a las finanzas de la ciudad en una situación difícil.

No quiero entrar en una polémica con el señor convencional Garré sino decirle –ya que lo veo tan preocupado por la violación de las leyes nacionales– que en este caso no se va a afectar la situación de legislación propia de la ciudad que nos otorga el Artículo 129, sino que se va a violar la Constitución Nacional, que dice expresamente que antes del 30 de diciembre de 1996 se deberá discutir una nueva ley de coparticipación federal con la inclusión expresa de la Ciudad de Buenos Aires.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: deseo proponer algunas modificaciones parciales al texto en análisis, tal como fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.

La redacción que propongo, es la siguiente: "La ciudad celebrará convenios con la Nación y las provincias sobre la explotación y el producido de los juegos de azar, de destreza y de apuestas mutuas, de jurisdicciones nacional y provinciales, que se comercializan en su territorio. En el marco de lo establecido en el artículo revisará los concesiones y los convenios existentes a la fecha de la firma de esta Constitución".

Sra. Presidenta (Meijide).- Por haber sido aludido, tiene la palabra el señor convencional Garré, del bloque del Partido Justicialista.

Sr. Garre.- Sólo deseo brindar una aclaración sobre el tema, señora presidenta.

Ignoro qué tiene que ver específicamente el pacto fiscal con el tema en análisis, pero en todo caso, si existiera el riesgo –producto de haberlo querido así la Convención Constituyente de Santa Fe– de que la ciudad de Buenos Aires sufra este trato discriminatorio que le impide estar sentada a la mesa de la discusión pero sí ser partícipe de la coparticipación, creo que evidentemente, lo único que puede modificar específicamente este tema del pacto fiscal sería la eliminación del impuesto a los ingresos brutos. Ello crearía una situación conflictiva, no sólo para la ciudad de Buenos Aires sino para todas las provincias del país, cuyas finanzas se nutren fundamentalmente del producido de ese impuesto.

Respecto de la posibilidad de que esto suceda, en primer lugar creo que no está contemplado en los avances previstos del pacto fiscal que tal situación se conforme, porque además son varias las provincias que no han expresado todavía su adhesión definitiva a este mecanismo. En segundo término, aún no se ha definido cuál será el impuesto a los consumos que eventualmente lo reemplazaría.

En cuanto al tema concreto de los juegos de azar, de los que trata la cláusula que estamos analizando, vuelvo a insistir en que ella es inadecuada porque, en primer lugar, no hay convenio con la Nación ni surgiría ninguno como consecuencia de la actividad de los juegos de azar que la Nación desarrolla en la capital.

Las concesiones otorgadas por la Nación para la distribución y venta de la Lotería Nacional o casas de Loto Bingo lo han sido en ejercicio del Artículo 3° de la Ley 18.226, razón por la cual la ciudad no puede revisar específicamente estas concesiones. En todo caso, lo que sí podría revisar es la ordenanza que regula la habilitación de estas casas de Loto Bingo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Inchausti, del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Inchausti.- Señora presidenta: adelanto el voto favorable de mi bloque a esta iniciativa. A riesgo de abundar en argumentos ya expresados, reitero que esto significa reafirmar el principio de autonomía de la ciudad de Buenos Aires, desarrollar otras iniciativas ya votadas y mejorar las perspectivas y condiciones financieras y económicas de la ciudad, teniendo en cuenta el destino que se le dará al producido de este tipo de actividades.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar la Cláusula Transitoria con las modificaciones propuestas.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobada.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen producido por la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto producido por la Comisión de Políticas Especiales sobre políticas sociales, contenido en el Orden del día T. N° 63.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración.

Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señora presidenta: el despacho que vamos a votar nos introduce en una realidad que acá no siempre se quiere ver.

Buenos Aires, la que más de una vez imaginamos como una ciudad privilegiada con relación al resto del país, como una ciudad de gente medianamente satisfecha, hoy presenta varios sectores donde encontramos fenómenos de marginación y de exclusión social, con niveles de pauperización comparables con los de las zonas más atrasadas del país.

Un reciente estudio que fue ampliamente difundido por los medios, El Mapa de la Pobreza Porteña, una investigación del Instituto de Estudios de Estado y Participación, mostró que en una zona de la Capital Federal, el Distrito Escolar 4°, que abarca las zonas de La Boca, Barracas, parte de San Telmo, Constitución y Monserrat, un porcentaje superior al 26 por ciento de su población se encuentra en niveles de necesidades básicas insatisfechas, solamente superado por tres partidos del conurbano bonaerense.

Con algunas diferencias, podemos decir que en todo el cordón sur de la ciudad se aprecian no sólo niveles generales de NBI sino también niveles de mortalidad infantil y de deserción escolar que son comparables con los que se registran, como decía, en las zonas más desprotegidas del país.

Esto nos hace pensar que el fenómeno de la marginación, de la pobreza, de la vivienda precaria y de la exclusión social está presente en la Capital Federal en una magnitud para nada desdeñable. Y esto quiere decir que las políticas públicas deben incluir entre sus prioridades –tal como lo señala este artículo– la de combatir la pobreza y la exclusión social.

Cabría preguntarse hasta qué punto estos niveles de exclusión social que hoy presenta la Argentina son compatibles con la vigencia de la democracia. Cabría preguntarse, también, si incluso la misma noción de exclusión social no debería ser revisada, como lo están señalando algunos autores. Porque lejos de tener un sector social desfavorecido, un sector social –el de los excluidos– al que habría que atender mediante políticas sociales específicas, la realidad de la sociedad argentina de hoy –que es la de la mayoría de los países de nuestro continente– es que las fronteras de la exclusión social se amplían permanentemente.

No basta, entonces, con pensar solamente en los excluidos; hay que pensar en una sociedad que es cada vez más excluyente. Y hay que plantearse que, en la medida en que la distribución del ingreso sea cada vez más inequitativa, en la medida en que las relaciones de trabajo sean cada vez más precarias, en la medida en que el desempleo y el subempleo tiendan a aumentar, los niveles de exclusión social van a seguir creciendo.

Por lo tanto, la respuesta a esta situación no pasa solamente –insisto– por mantener políticas sociales específicamente referidas a la educación, a la salud, a la atención de la niñez o de la tercera edad; pasa por replantearse otras formas del contrato social; por volver a discutir cómo es posible conciliar el desarrollo económico con la equidad social; por redefinir un nuevo rol del Estado.

Algunas afirmaciones que escuchamos hace pocos minutos en este mismo recinto nos demuestran que hay que discutir mucho en la Argentina todavía para tomar conciencia de esta problemática, porque si se sigue exaltando al mercado como el gran regulador; si se sigue pensando en función del Estado mínimo; si se sigue creyendo que no es necesario desarrollar políticas sociales más que con un carácter complementario, para atender simplemente a los niveles más alarmantes de exclusión social, creo que nos estaremos cerrando toda posibilidad de revertir el ciclo que comienza en la Argentina con la dictadura militar de 1976.

Somos conscientes de que es un planteo difícil dada la crisis financiera que vive el país y la situación de desestructuración social que se ha producido, porque las bases sobre las que reposaba en todo el mundo el Estado social, el Estado de bienestar, el Estado providencia, han sido profundamente afectadas con la reducción del empleo, con la prolongación de la vida, con la desfavorable relación actual entre los aportantes y los beneficiarios del sistema de seguridad social.

Sabemos que es necesario replantear muy a fondo la cuestión social en la Argentina y en el mundo; sabemos que es necesario volver a discutir las formas de financiación que van a permitir que el Estado pueda llevar adelante la responsabilidad que le estamos planteando en el terreno social; y sabemos que eso supone volver a discutir un sistema tributario que en nuestro país es cada vez más regresivo. En tal sentido, en los últimos días se ha dado una nueva vuelta de tuerca en ese proceso de regresión.

Por todo ello, señora presidenta, creemos que es necesario afirmar en el texto de la Constitución que las políticas sociales para combatir la exclusión y la pobreza, es decir, la asistencia a los sectores más necesitados de nuestra sociedad, es una responsabilidad indelegable del Estado. Porque pensamos que si esa responsabilidad no se lleva adelante, si en la Argentina siguen avanzando la marginación social y la distribución cada vez más injusta del ingreso, y se sigue dando prioridad a otras políticas y a otros intereses que poco tienen que ver con los sectores más necesitados de la sociedad, estará en peligro –insisto una vez más– la democracia.

La democracia es un sistema de convivencia que tiene que permitir la resolución de los problemas vitales de la gente y la armonización del crecimiento con la justicia social; es el sistema de convivencia al que no vamos a renunciar nunca y que vamos a seguir defendiendo con todas nuestras fuerzas. Pero sabemos que a largo plazo su vigencia en la Argentina tiene que ver con la decisión que tengan los gobiernos y la dirigencia política para enfrentar estos fenómenos de exclusión y de marginación social cada vez más alarmantes.

En función de la hora, creo que no hace falta explicar más un artículo que se explica por sí solo. En otras circunstancias me hubiera gustado desarrollar una larga intervención señalando algunas orientaciones de las políticas sociales en cada una de las áreas. Pero en mérito a la brevedad, simplemente reitero que este texto que introducimos en la Constitución de la ciudad es también un compromiso de las fuerzas políticas que hoy suscribimos para que se transforme en medidas concretas de legislación y en políticas públicas que tiendan a resolver los problemas de los sectores más necesitados de nuestra sociedad. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Castells, del bloque del Partido Justicialista.

Sr. Castells.- Señora presidente: también seré breve, aunque me gustaría, por cierto, un debate más largo. Simplemente voy a exponer algunas cifras que no son mías sino del INDEC y están al alcance de cualquiera.

En junio de 1989 la proporción de población que vivía por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con los parámetros del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, superaba el 40 por ciento.

Hoy, el último dato del INDEC –si no recuerdo mal, ya que no tengo aquí las cifras pues no venía preparado para este tipo de debate, pero están al alcance de todos, así que mañana las voy a traer– muestra que dicho índice está en el orden del 14 por ciento. Me parece, entonces, que ha habido un avance. Por supuesto, sigue habiendo pobreza y exclusión. Y nos parece muy bien –como siempre nos ha parecido– que se lleven adelante políticas para combatirlas.

Hace unos momentos decía la convencional Lubertino –si no me equivoco lo mencionó al pasar–, refiriéndose a otro tema, que hoy la Argentina ocupa el lugar treinta en esa especie de ordenamiento que hace la Organización de las Naciones Unidas en términos de índice de desarrollo humano. Quiere decir que, prácticamente, excluyendo a las naciones de Europa occidental, a América del Norte, a Oceanía y a las economías más prósperas del Lejano Oriente, estamos casi a la cabeza de los países en vías de desarrollo...

Sr. Castells.- Sé que me van a contestar; sé que están todos saliéndose de la vaina por refutarme, pero estas son las cifras, esta es la verdad. Mañana las traeré...

Sra. Presidenta (Meijide).- Por favor, ruego a los convencionales que dejen exponer al orador.

Continúa en el uso de la palabra el convencional Castells.

Sr. Castells.- De modo tal que me parece que se podrán hacer muchos comentarios, pero la objetividad de las cifras no se puede desmentir.

Entonces, nosotros queremos y vamos a seguir...

Sra. Lubertino.- ¿Me permite una interrupción...?

Sra. Presidenta (Meijide).- Señor convencional: le están pidiendo una interrupción. ¿La concede?

Sr. Castells.- No; voy a ser muy breve.

Vamos a seguir combatiendo la pobreza, porque además eso no es algo nuevo para nosotros. Lo hemos hecho desde que el general Perón fundó nuestro movimiento. Lo hicimos cuando terminamos con el oprobioso albergue Warnes y trasladamos a quienes lo habitaban a viviendas dignas; lo hicimos con el plan "Recup-Boca" –que quienes son de La Boca lo conocen–; y lo hacemos constantemente, siempre que hay algún compañero justicialista a cargo de un área social.

De manera que vamos a seguir apoyando que haya políticas para combatir y superar las condiciones de pobreza y de exclusión.

Sr. Castells.- Gracias por el aplauso.

Finalmente, señalo que en cuanto al segundo artículo, al que luego en particular se va a referir nuestro experto en juegos de azar, el doctor Garré... (Risas.)

Simplemente quiero señalar lo siguiente. Fíjese, señora presidente, cómo cambian en poco tiempo las posiciones y cómo cambian... (Aplausos.)

Sr. Castells.- ¡Cómo cambian los puntos de vista! Todo cambia, como bien dice aquí el doctor Orlandi: ¡Cambia, todo cambia! (Risas.)