16ª REUNIÓN - 10ª SESIÓN ORDINARIA - 27 DE SEPTIEMBRE DE 1996

CONVENCIONALES PRESENTES: ARENAS, Federico A. ARGÜELLO, Jorge D. ARGÜELLO, Jorge M. ARNEDO BARREIRO, Juan Manuel BARBAGELATA, María Elena BRAVO, Héctor A. BILANCIERI, Néstor A. BISUTTI, Delia B. BRAILOVSKY, Antonio E. BRUNO, Ángel A. BULLRICH, Patricia CABICHE, Roberto CANATA, José D. CARELLA, Alfredo J. CARRO, Susana CASTELLS, Jorge J. COLLIN, Silvia R. CORTINA, Roy CREVARI, Esteban L. CHIERNAJOWSKY, Liliana ENRÍQUEZ, Jorge R. ESCOLAR, Marcelo FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela FINVARB, Fernando A. GARRÉ, Nilda C. GARRÉ, Raúl A. GINZBURG, Nora R. GÓMEZ RÍOS, Carlos A. GUARIDO, Julio César HOUREST, Martín IBARRA, Aníbal

INCHAUSTI, Miguel Ángel JOZAMI, Eduardo KELLY, Elsa D. LÓPEZ, María Elena LUBERTINO, María José MACRIS, Antonio J. MAQUES, Alberto MARONESE, Leticia MARTÍNEZ, Enrique M. MONTEVERDE, Liliana E. MOSCONA, Rafael R. ORLANDI, Hipólito R. OVIEDO, Carlos G. PÉREZ SUÁREZ, Inés PIERINI, Alicia PIÑEIRO, Mabel PUY, Raúl A. REDRADO, Martín RIOPEDRE, Osvaldo E. RODRÍGUEZ, Enrique O. RUCKAUF, Carlos F. SANTA MARÍA, Víctor SHUBEROFF, Oscar J. VIVO, Gustavo A. YELICIC, Clorinda A. ZAFFARONI, Raúl E. ZANGARO, Silvia C. CONVENCIONALES AUSENTES: MASCALI, Ubaldo SAGUIER, Miguel

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

ASUNTOS ENTRADOS *

cuarto intermedio *

Primer y último número de

resoluciones: 22 a 25

textos aprobados: 72° a 73°

Sra. Presidenta (Meijide).- Con quórum reglamentario, queda abierta la sesión.

Sra. Presidenta (Meijide).- Invito al señor convencional Ángel Bruno a izar la bandera nacional.

Sra. Presidenta (Meijide).- Conforme a lo dispuesto por el Artículo 97 del reglamento, corresponde que los señores convencionales indiquen los errores que pudieran contener los diarios de sesiones correspondientes a las reuniones celebradas.

Por Secretaría se enunciarán las fechas en que se realizaron dichas sesiones.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- Las sesiones se llevaron a cabo los días 23 de agosto de 1996, quinta reunión; 30 de agosto, sexta reunión; 3 de septiembre, séptima reunión; 6 de septiembre, octava reunión; 13 de septiembre, novena reunión; 17 de septiembre, décima reunión; 19 de septiembre, undécima reunión, y 20 de septiembre, duodécima reunión.

Sra. Presidenta (Meijide).- Si no se formulan observaciones se van a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Quedan aprobadas las versiones taquigráficas en consideración, se autenticarán y archivarán.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde dar cuenta de los asuntos incluidos en el Boletín Informativo de Asuntos Entrados número 14.

Sra. Presidenta (Meijide).- Si hay asentimiento se prescindirá de la enunciación de dichos asuntos en razón de que ya fueron publicados y distribuidos.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se procederá en la forma indicada.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el plan de labor.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Inchausti).- Dice así: Orden del Día R. N° 15, por la que se recomienda a la futura Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que al momento de considerar las leyes referidas a descentralización se tengan en cuenta distintos proyectos que se detallan. Orden del Día R. N° 18, sobre rúbrica del texto final de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y destino provisional para su conservación. Orden del Día R. N° 19, sobre reconocimiento a la labor desarrollada por el personal y otorgamiento de un certificado. Orden del Día R. N° 21, sobre estudios de la Constitución en programas de educación. Orden del Día T. N° 34, sobre juicio político. Orden del Día T. N° 64, sobre protección del ambiente urbano. Orden del Día T. N° 66, sobre crédito y banco. Orden del Día T. N° 72, sobre responsabilidades de funcionarios públicos. Orden del Día T. N° 75, sobre niños, niñas y adolescentes. Orden del Día T. N° 81, sobre hábitat y vivienda, cláusula transitoria. Orden del Día T. N° 82, sobre transparencia en actos de gobierno. Orden del Día T. N° 85, sobre relaciones interjurisdiccionales. Orden del Día T. N° 86, sobre puertos. Orden del Día T. N° 87, sobre límites de la ciudad. Orden del Día T. N° 90, sobre Consejo de Planeamiento Estratégico.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración.

Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: propongo que los órdenes del día de texto números 34, sobre juicio político, y 64, sobre protección del medio ambiente, sean considerados con posterioridad porque estamos trabajando en pequeñas modificaciones de sus textos para facilitar el trabajo de este plenario.

Sra. Presidenta (Meijide).- Con la modificación propuesta por el señor convencional Ibarra, se va a votar el plan de labor.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el plan de labor.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar en forma conjunta los dictámenes de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de resolución sobre recomendación a la futura Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que al momento de considerar las leyes referidas a descentralización se tengan en cuenta distintos proyectos que se detallan (Orden del Día R. N° 15), y en el proyecto de resolución sobre rúbrica del texto definitivo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y destino provisional para su conservación (Orden del Día R. N° 18); el dictamen de la Comisión de Descentralización y Participación Vecinal en el proyecto de resolución sobre reconocimiento a la labor desarrollada por el personal y otorgamiento de un certificado (Orden del Día R. N° 19); y el dictamen de la Comisión de Políticas Especiales en el proyecto de resolución sobre estudios de la Constitución en programas de educación (Orden del Día R. N° 21).

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- Atento que los mencionados órdenes del día de resolución no tienen disidencias ni observaciones, el Cuerpo se pronunciará en una sola votación en el entendimiento de que ello importará la aprobación de cada una de las resoluciones mencionadas.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los cuatro órdenes del día mencionados.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Se van a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Quedan aprobadas las respectivas resoluciones.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto producido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre crédito y banco. (Orden del Día T. N° 66)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Raúl Garré, del bloque del Partido Justicialista.

Sr. Garré.- Señora presidenta: en nombre de la Comisión de Presupuesto y Hacienda proponemos la aprobación del Orden del Día en consideración, referido a crédito y bancos.

Con la sanción de esta norma entendemos que cerraremos el capítulo relacionado con las normas de competencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, las que deben integrar un todo siguiendo el criterio de establecer los recursos para la ciudad y respetando los principios de imposición presupuestaria, de presupuesto y de ejecución del presupuesto.

Asimismo, hemos avanzado en cuanto al crédito, tanto interno como externo, fijando como idea que se trata de un recurso con el que habrá de contar la ciudad de Buenos Aires, a la vez que consideramos que resulta de suma importancia prever en el estatuto de la ciudad que se puedan contraer créditos.

En ese sentido, podemos recordar lo dicho por Joaquín V. González: "El fundamento del poder de contraer créditos o empréstitos se basa en la 'perpetuidad de la Nación', en la repartición del impuesto entre las generaciones presentes y venideras; no debe olvidarse que el uso del crédito público resulta menester para salvar al país de peligros graves, o para empresas que importen su engrandecimiento real; porque así las obras públicas, las instituciones, la prosperidad nacional, obtenidas al favor de la deuda, pasan con ella a las generaciones venideras."

Con respecto al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, también hemos avanzado con la idea innovadora de prever la posibilidad de que la futura Legislatura conciba y prevea su integración de un sistema, para no limitarnos estrictamente a contar con el banco que hoy tenemos sino que podamos avanzar mucho más y tener un sistema financiero que esté integrado por diversas instituciones que conformen un todo en la estructura financiera de la ciudad.

Por ello, nos ha parecido de suma importancia recrear y dar entidad al Banco de la Ciudad de Buenos Aires a través de la cláusula transitoria que establece que seguirá estando regido por su actual Carta Orgánica, aunque la nueva Legislatura tendrá facultades para consagrar y crear un sistema financiero que contemple todas las alternativas y variables que la estructura moderna prevé para la integración de un sistema financiero.

En tal sentido, se puede adoptar un diseño que prevea que el sistema financiero de la ciudad permita consagrar y crear su propia administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, su propia estructura de crédito de promoción, su propia estructura financiera de fomento del crédito hipotecario, y que todos ellos funcionen como un todo integrado a través de un sistema financiero multifacético que permita manejar, con la dinámica de los tiempos modernos, la futura administración del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

En definitiva, se trata de un texto concebido para permitir una amplitud de criterio que facilite el funcionamiento y la integración del sistema financiero.

En cuanto a los aspectos sociales que el sistema financiero tiende a cubrir mediante el llamado crédito social, es dable señalar que el creador de esta doctrina es Vilfredo Pareto, quien introdujo en sus estudios el principio social.

Según su interpretación, la forma general de la sociedad se determina por los diversos elementos que actúan en ella, pudiendo distinguirse las siguientes categorías: los elementos de la naturaleza; la acción ejercida sobre una sociedad por otras anteriores en el tiempo o exteriores en el espacio; los elementos internos, tales como la raza y lo que llama "residuos", que son la calidad de los sentimientos, de las inclinaciones, de los conocimientos, de la inteligencia y de los intereses predominantes en toda sociedad.

Dicho autor considera que la autoridad debe comprender y apreciar adecuadamente esos elementos para actuar conforme a ellos, y que de esa manera se producirá una armonía y una recíproca comprensión entre la clase gobernante y la gobernada, pudiendo así satisfacer a todos la acción estatal.

La introducción del principio social ideado por Pareto tuvo notables adhesiones, entre las que merecen citarse las de autores de mérito tales como Borgatta, Fasiani, Sensini, Fasolis y Tivaroni en Italia, en tanto que en Francia dicha teoría fue acogida con beneplácito por Gastón Jèze.

De la misma forma, este sistema financiero debe privilegiar –y así se ha establecido– la asistencia a la pequeña y mediana empresa a fin de dar mayor desarrollo a los emprendimientos productivos y de servicios y a mejorar la creación de empleo y la calidad de vida.

El sistema financiero como productor de servicios es una teoría que tuvo su origen en Alemania, a través de Lorenz von Stein, quien sin desconocer los pensamientos económicos clásicos, particularmente el inglés y el francés, concibe el fenómeno financiero como de producción de servicios públicos.

En lo que atañe al mejoramiento del nivel de vida que intenta conseguir el sistema financiero creado, es dable recordar las enseñanzas de Angelopoulos, quien al comentar el sistema financiero se ocupa con claridad y amplitud del tema, y en tal sentido dice lo siguiente: "El Estado debe satisfacer en la mejor forma posible las necesidades sociales mediante servicios públicos, con las siguientes finalidades principales: orden y seguridad interior y exterior; higiene; seguro y asistencia social; instrucción general y profesional para todos; atención de ciertas necesidades colectivas de carácter esencial. Asimismo debe adoptar medidas que propendan al desarrollo económico del país, utilizando los recursos nacionales para asegurar la plena ocupación y el aumento de la renta nacional; y para ello: redactar un plan económico general, elaborar y ejecutar un plan de inversiones, crear nuevas empresas públicas de interés general, favorecer y controlar la actividad económica privada".

En lo que respecta específicamente al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, es el banco oficial de la ciudad, su agente financiero y también su instrumento de política crediticia, para lo cual se ha estimado conveniente dotarlo de plena autonomía en cuanto a la gestión que habrá de llevar a cabo.

Al respecto, resulta menester recordar que el Banco de la Ciudad nace a la vida institucional el 23 de mayo de 1878 con el nombre "Monte de Piedad". Por aquel entonces, Buenos Aires se encontraba poblada de inmigrantes provenientes de todas partes del mundo, quienes, carentes de recursos asistían, a la sede del Monte de Piedad con los más diversos objetos para su empeño. Muchas de esas personas requerían un préstamo pignoraticio para salvar sus emergencias.

Posteriormente, en 1944, a través del Decreto 31.101, del 21 de noviembre del citado año, se creó el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, en cuyo Artículo 1° se establecía: "Créase sobre la base del Banco Municipal de Préstamos el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, sujeto al régimen de la Ley 12.156".

Asimismo, el banco creado habría de actuar como persona jurídica y tendría su domicilio en la Capital Federal, donde podría habilitar sucursales y agencias.

Entre otras cuestiones, también se establecía que el banco era el agente financiero de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires e intervenía por su cuenta en las operaciones de crédito y demás gestiones a realizar, pudiendo formar parte de consorcios o agrupaciones de bancos que intervengan en la colocación de empréstitos nacionales o municipales.

Luego de ello, por Decreto Ley N° 9.372/63, que fuera publicado en el Boletín Oficial del 23 de marzo de 1964 y ratificado por la Ley 19.642, se creó el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Al momento de creación de dicho banco se lo concibió como una persona jurídica pública y autárquica.

Asimismo, se estableció que el banco es el agente financiero de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

A fin de no avanzar más en el desarrollo de los antecedentes de este despacho, en función de los enunciados expresados solicito la inserción del texto de mi informe y la aprobación del texto de la cláusula de crédito y banco tal como ha sido presentada por la comisión originaria, con las modificaciones introducidas por la Comisión de Redacción. ^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: si bien se está en el tratamiento en general, adelanto que vamos a apoyar el proyecto, pero proponemos la supresión de la cláusula transitoria.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Argüello, del bloque Nueva Dirigencia.

Sr. Argüello (J.M.A).- Señora presidenta: vamos a acompañar con nuestro voto el presente dictamen y a sostener también la necesidad de suprimir la cláusula transitoria.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Carro, del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sra. Carro.- Señora presidenta: en igual sentido, anticipo el voto afirmativo de mi bloque con la excepción de la cláusula transitoria.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Arnedo Barreiro, del bloque justicialista.

Sr. Arnedo Barreiro.- Señora presidenta: estamos de acuerdo con que se elimine la cláusula transitoria del proyecto de texto en consideración.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar en general.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular el Artículo 1°.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular el Artículo 2°.

Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Señora presidenta: en el segundo párrafo del segundo artículo hay un error material. Donde dice: "El Banco de la Ciudad de Buenos...", debe decir: "El Banco de la Ciudad de Buenos Aires..."

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar el Artículo 2° con la corrección señalada por el señor convencional Rodríguez.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar la eliminación de la cláusula transitoria.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

CRÉDITO

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Inchausti.

Sr. Inchausti.- Señora presidenta: antes de entrar al tratamiento del próximo tema, quiero destacar la presencia en esta sala del señor Vicepresidente Primero de la Cámara de Senadores de la Nación, senador Leopoldo Moreau... (aplausos)..., quien comparte la conducción del Senado con nuestro colega, el convencional y vicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf; y de la diputada María Carmen Banzas, quien también nos honra con su visita. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto de la Comisión de Sistemas de Control, sobre responsabilidad de los funcionarios públicos. (Orden del Día T. N° 72)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Redrado, del bloque justicialista.

Sr. Redrado.- Señora presidenta: como lo hemos señalado en este recinto, la tarea de nuestra comisión se ha focalizado en generar instituciones que brinden transparencia y confianza a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires acerca del manejo de la cosa pública.

En efecto, estamos llegando a la consideración de los últimos dictámenes de nuestra comisión, donde se han generado organismos verdaderamente innovadores en lo que se refiere a la participación y a brindar claridad a los actos de gobierno.

El texto que ha despachado nuestra comisión no por ser uno de los últimos es menos importante, ya que se trata de la responsabilidad que deben tener los funcionarios públicos al acceder a cualquier cargo de esa naturaleza. Tal como ha sido característica de la comisión, hemos tratado de colectar la experiencia en la materia, sobre todo aquellos que hemos ejercido o ejercemos alguna función ejecutiva en el gobierno.

A las tradicionales responsabilidades de los funcionarios públicos en lo que se refiere a la presentación de declaraciones juradas de bienes antes de ejercer el gobierno o funciones ejecutivas, no sólo hemos agregado la imposibilidad de que alguien que esté procesado pueda acceder a la función pública sino también la de generar informes de gestión de quienes dejan esa función. Si bien es cierto que en muchas oportunidades se cumplen las formalidades de dejar la gestión, no se establece la necesidad de explicitar las metas y objetivos cumplidos y no cumplidos. Muchas veces quienes acceden por primera vez a la función pública se encuentran con una suerte de tierra arrasada, administraciones que no han cumplido con las mínimas condiciones, no existen sistemas de medición acerca de cómo alcanzarlos y no hay informes de gestión que hagan conocer a la ciudadanía el ejercicio profesional de la gestión pública y el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos.

Por eso hemos agregado dos párrafos, que se refieren a la necesidad de que todo funcionario público presente informes de gestión al comenzar y al finalizar su mandato. Esto ha sido muy debatido en la Comisión de Sistemas de Control. Sé que algunos convencionales de otros partidos podrán hablar de reglamentarismo. Pero es muy importante –sobre todo para quienes hemos tenido funciones ejecutivas– que quienes pasen por una función de gobierno realicen esos informes para dejar la tierra allanada a quienes los suceden y ser evaluados por la ciudadanía.

Por estas razones, propongo la aprobación del texto que hemos sometido a la consideración del cuerpo.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Escolar, del bloque del Frepaso.

Sr. Escolar.- Señora presidenta: tal como ha informado recién el presidente de la Comisión de Organismos de Control, es cierto que en su seno se desarrolló un importante debate respecto del segundo y tercer párrafo del segundo artículo, referidos a la necesidad de que los funcionarios públicos presenten un informe inicial en el cual destaquen la situación en la que se encuentre el organismo correspondiente, y un informe final sobre la situación en la que lo dejarían.

No voy a repetir en detalle los argumentos con que el bloque del Frepaso defendió una postura, a través de la cual se argumentaba que ambos párrafos, en realidad, estaban contenidos de hecho en la reglamentación correspondiente a la Sindicatura –otro organismo creado por la comisión– y a la Auditoría, posición que también fue defendido por el bloque de la UCR y compartida por el bloque de Nueva Dirigencia.

En el dictamen en mayoría ambos párrafos no estaban contemplados. Queremos entonces volver a la redacción originaria. Entonces, proponemos que se eliminen los dos párrafos del dictamen que dicen lo siguiente: "De acuerdo a la jerarquía que indique la ley, deberán presentar un informe sobre el estado de situación y de ejecución presupuestaria del organismo a su cargo, así como la propuesta de gestión..."

Sra. Presidenta (Meijide).- Le solicita una interrupción la señora convencional Ginzburg. ¿Se la concede?

Sr. Escolar.- Sí, cómo no.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción tiene la palabra la señora convencional Ginzburg.

Sra. Ginzburg.- Señora presidenta: como voy a fundamentar el tema y a pedir la modificación de un artículo y el señor convencional propone una modificación en particular, quiero saber si el dictamen ya se ha votado en general.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se está fundamentando. No puedo impedir que se haga una observación.

Sra. Ginzburg.- Sólo pedía que se me aclarase...

Sra. Presidenta (Meijide).- Se está en el tratamiento en general.

Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Escolar.

Sr. Escolar.- Señora presidenta: estoy adelantando una propuesta de modificación en nombre del bloque del Frepaso.

En todo caso la haré llegar a Secretaría.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Ginzburg, del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sra. Ginzburg.- Señora presidenta: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical adelanto el voto afirmativo al despacho en tratamiento porque coincidiendo con lo expuesto por ese gran jurista que fue Segovia, sostenemos que el principio general de la responsabilidad de los funcionarios es un dogma de los gobiernos libres.

Igualmente, parafraseando a Estrada en su "Tratado de Derecho Constitucional", afirmamos que para que una nación pueda decirse organizada bajo el régimen representativo es necesario que exista responsabilidad real y efectiva de quienes desempeñan una función pública, cualquiera sea la escala de la jerarquía en que estén colocados y cualquiera sea la importancia y naturaleza del papel que desempeñan.

Para que la responsabilidad de los funcionarios pueda llamarse tal es menester que sea lo más amplia posible y que comprenda todos los órdenes de relaciones que pueda tener ese funcionario desempeñando su cargo. Así habrá una responsabilidad política, que no es extensiva a todos los funcionarios y sólo puede tener por efecto principal la remoción por mal desempeño o por delito cometido en el ejercicio de la función pública y como accesoria la inhabilitación para ocupar nuevamente el cargo del cual ha sido privado el funcionario u otro cualquiera, como es el caso del juicio político.

La responsabilidad administrativa se refiere tan solo a las consecuencias a que está sujeto un funcionario con relación a sus superiores, o a la administración a la que pertenece, y en virtud de la cual puede ser objeto de un sumario administrativo, disponiéndose distintas sanciones que pueden llegar hasta su exoneración.

Por su parte, la responsabilidad penal, como su nombre lo indica, procura el castigo del funcionario autor de un delito de derecho criminal, con lo cual se satisfará el interés público.

Por último, la responsabilidad civil implica una reparación pecuniaria, ya sea hacia el simple particular cuyos derechos e intereses han sido lesionados, o hacia el Estado, cuyos dineros han sido dilapidados o sustraídos.

Como ha dicho Colmeiro en su obra "Derecho Administrativo", citada por Jaime de Nevares para acceder a su tesis doctoral, "la ley señala los límites a la autoridad administrativa como a todos los poderes del Estado; pero estos límites serían ilusorios y las transgresiones frecuentes si no tuviese la administración un freno en la responsabilidad de sus agentes. Tanto cuanto más severa habrá de ser la responsabilidad, cuanto más independiente la acción administrativa, a fin de que ni el gobierno ni sus mandatarios abusen de las facultades coercitivas que la ley les confiere como necesario complemento de la autoridad".

Es indiscutible el acuerdo general con el principio de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Entendemos que debe extenderse a todos aquellos que bajo una denominación cualquiera, sea por elección popular, por delegación del Poder Ejecutivo o cualquier otra forma de designación, están investidos de un mandato cuya ejecución se vincula a un interés de orden público.

Progresivamente, la ciudadanía se enfrenta a un fenómeno que antes era excepcional o al menos inusual: la corrupción. La gravedad que implica el hecho de que la sociedad sospeche de aquellos a quienes se les ha encomendado dirigir sus destinos hace que deban imponerse medidas efectivas y conducentes para intentar desterrarlo.

Ya en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su Artículo 15, estableció el derecho de toda sociedad a exigir cuentas a todo agente público sobre su administración.

Un importante antecedente nacional en este sentido lo constituye la iniciativa del entonces diputado nacional, doctor Ricardo Balbín, en 1948, de generar un sistema de investigación patrimonial a los políticos para evitar sospechas de enriquecimiento. El método no es complejo: verificar el patrimonio antes y después del mandato.

Resulta importante, aun ahora, por su vigencia, tener en cuenta los fundamentos de Balbín, cuando decía: "Ahora tenemos una gran oportunidad los propios diputados, y es la que pedimos y reclamamos, que cada uno exhiba ante el país lo que es tal cual es, para que ejerza con plenitud y tranquilidad su mandato. Si nos investigamos todos –y no es una investigación de tipo delictuoso, sino una honrada expresión de lo que éramos y de lo que somos tres años después– el Parlamento habrá ganado mucho y el país estará satisfecho de sus representantes".

Luego, durante la Presidencia de ese honestísimo y eficiente gobernante que fue el doctor Arturo Umberto Illia, se sancionó la Ley 16.648, por la que se incorporó al Código Penal, y dentro del título referido a los "Delitos contra la administración pública", el capítulo de "Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados", que en los artículos 268 (1) y 268 (2) reprime con pena privativa de libertad y la accesoria de inhabilitación absoluta al funcionario público que con fines de lucro utilizare una información reservada, de la que haya tomado conocimiento en razón de su cargo, o al que al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable, suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público. Respecto de esta última norma se la ha acusado de conspirar contra el principio de igualdad consagrado constitucionalmente, al invertir la carga de la prueba.

En efecto, en cualquier otro supuesto habrá que probar primeramente al acusado que incurrió en un enriquecimiento delictual. Por el contrario, cuando se trata específicamente de este tipo legal, como dijimos, se invierte la carga de la prueba, lo que importaría una verdadera presunción de enriquecimiento, que debe ser desvirtuada por el imputado, más si se tiene en cuenta que el delito se consuma para la mayoría de la doctrina por el solo hecho de no justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable.

Es ilustrativo al respecto el mensaje que el doctor Illia remitió al Congreso al someter este proyecto de ley a su tratamiento, cuando expresó: "Propone, además, amplias y detalladas normas que contemplan el castigo del enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos y la revelación de hechos, actuaciones y documentos que deben quedar secretos, así como un aumento de las penalidades fijadas para los delitos de cohecho, de negociaciones incompatibles con las funciones públicas y de exacciones ilegales. Su criterio fundamental es que la seguridad del Estado no asienta tanto en la irrazonable represión de los gobernados, como en la severa custodia de los titulares del ejercicio de la función pública".

Sostenemos que cuando se pone en duda la honestidad de los gobernantes el perjuicio que ello acarrea, al producir un descrédito generalizado, autoriza a adoptar remedios que aunque parecieran drásticos resultan imperiosos para conjurar tal situación.

El presente despacho, que será incluido en la constitución de nuestra ciudad, contiene disposiciones muy claras y categóricas tendientes a asegurar la responsabilidad de los funcionarios públicos, a fin de que su gestión se encauce por el sendero de la ética y la idoneidad. Entre otras son tales la declaración jurada al inicio y finalización de su gestión, la rendición de cuentas, que se ha establecido en los principios generales de los sistemas de control y el impedimento para su designación cuando la persona se encuentre procesada por un delito doloso.

Porque, como sostuviera Bielsa, al funcionario público debe rodearlo el criterio científico, la idoneidad técnica, y todo ello bajo un control de moralidad que impida la corrupción, que mantenga la disciplina y defienda a los habitantes. Sólo así se puede asegurar que un orden jurídico es digno de existir.

El valor de una constitución se juzga con relación a la administración. Cuando un pueblo empieza a dudar seriamente de la administración esa duda se transforma con el tiempo en una duda sobre la bondad de la Constitución.

Por ello, apoyamos en toda su amplitud la atribución de responsabilidad a los funcionarios públicos que aquí se consagra. (Aplausos.)

El bloque de la Unión Cívica Radical propone que en el Artículo 3° se suprima "en perjuicio de la administración pública", tal como fue aceptado por la Comisión de Sistemas de Control, del párrafo que dice "Nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentre procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública". En el tratamiento en particular lo voy a fundar. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Bullrich, del bloque de Nueva Dirigencia.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: voy a pedir la inserción del discurso y después hablaré en la discusión en particular en cada uno de los artículos. (Aplausos.) ^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Garré, del bloque del Partido Justicialista.

Sr. Garré.- Señora presidenta: este proyecto de texto tiene un valor importante porque, entre otras cosas, es la conjunción de un proyecto casi familiar, porque es la conjunción de dos proyectos presentados por mi y por mi hermana, la convencional Nilda Garré, y desde las distintas posiciones político partidarias que sustentamos lo hemos amalgamado con la posición de los representantes del bloque de la Unión Cívica Radical y Nueva Dirigencia, que han trabajado en el seno de la Comisión de Organismos de Control, aportado e intentado enriquecerlo. Me parece central, porque es la primera vez que realmente se está por consagrar en una estructura de estatuto o constitucional –depende de las distintas posiciones que hay sobre el tema– un texto que consagre la necesidad de la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Es significativo y trascendente porque una de las mayores crisis que hoy tiene nuestra sociedad es a veces la falta de credibilidad del público en su conjunto, con respecto a la profesión de trabajo que hacen los funcionarios públicos.

A veces me preocupa que hay en todos los roles de la función pública funcionarios más honestos, menos honestos, más capaces, menos capaces, independientemente de la coyuntura o signo político que gobierne. Pero lo que sí deberíamos preservar, más allá de las distintas posiciones, es garantizar que exista una estructura suficientemente sólida que garantice que el conjunto del pueblo esté convencido de que el funcionario que desempeña una función pública debe rendir cuentas claras y precisas del desarrollo de sus actos de gestión.

En lo personal, todas las veces que tuve el honor y la responsabilidad de ejercer alguna función pública siempre tomé como iniciativa personal la de cumplir con todas las pautas que está diciendo esta norma.

Además de cumplir con la cuestión de presentar la declaración de bienes el día que inicié la gestión y la declaración jurada de mis bienes el día que me fui, en todos los casos, me pareció de sensatez e importancia hacer primero un análisis del legado que recibía dentro de la misma instancia o período de gobierno o entre instancias y períodos de gobierno distintos.

Una de las cosas que suele pasar en la moraleja de la función pública es que nadie se hace responsable de su cuota parte de responsabilidad en el ejercicio de la función. Todo se diluye en un gran desierto de transferencia de responsabilidades.

Siempre me pareció central y fundamental que cada funcionario hiciera un inventario de lo que recibe el día que asume la función y formulara todas las reservas de las irregularidades que le han legado; por ejemplo, si recibe atrasos, si hay irregularidades en su organismo, si da fe del traslado del inventario patrimonial que recibe, si se hace responsable de los atrasos en materia de tramitación de expedientes que funcionan en el marco del organismo que tiene a su cargo.

Después tiene que cumplir con la responsabilidad de trasladar lo que él o el partido al cual representa formuló como propuesta concreta en la campaña electoral. Y tendrá que hacer una propuesta de gestión en el lugar específico de la función a la cual está asignado, por lo menos para los próximos doce meses. (Aplausos.)

Y el día que se va y deja la función, esté triste o contento, deberá rendir cuentas de lo que realizó, de lo que recibió, de las irregularidades que encontró y qué hizo para resolverlas, así como también de la importancia que tiene la gestión específica. A su vez, deberá informar si estuvo dispuesto a cumplir los objetivos que formuló durante la campaña electoral, que a veces se realizan con el pico caliente, y en tal sentido deberá señalar cuáles fueron las acciones concretas que desarrolló durante su gestión para llevarlos a cabo.

Además, esta tarea relativa a la rendición de cuentas que le estamos exigiendo el día que se va, deberá pasar por el tamiz de una de las instituciones que estamos creando en este Estatuto, cual es la Sindicatura de la ciudad. Es decir que esta rendición de cuentas no será una manifestación unilateral y comprometida sino que deberá ajustarse a las pautas y mecanismos que en su momento fijará la Sindicatura para rendir cuenta de todos sus actos.

Con esta medida lograremos que esta rendición de cuentas sea pública no sólo para todos los ciudadanos de Buenos Aires sino también para cualquier funcionario de la Legislatura que quiera saber qué hizo este funcionario durante su gestión.

Quiero señalar que en la práctica existen dos clases de funcionarios. Están los responsables y también lamentablemente los negligentes, es decir, aquellos que se dedican poco y de manera part time a la gestión, porque se ocupan de otras actividades particulares en lugar de a las específicas para las que fueron designados o que utilizan la gestión sólo como trampolín de su carrera política. Por lo tanto, hay una cantidad y variedad de funcionarios que deben ser tamizados a través del informe de gestión que estamos proponiendo.

Esta no es una propuesta reglamentarista. Si sólo dijéramos así y a secas que los funcionarios deben rendir cuentas y no explicitáramos ni cómo ni cuándo deben hacerlo, aunque sea de manera tentativa, ya que luego esto se reglamentará en detalle, seguramente que esta formulación sería más propia del Capítulo sobre Declaraciones y Garantías que una propuesta efectiva y concreta, que a partir de su inserción en el texto obligara a que todos los funcionarios la pongan en práctica.

Todo esto apunta a proteger al público y al pueblo, que de esta manera podrán exigir la rendición de cuentas de funcionarios; será también la tranquilidad del propio funcionario, porque así sentirá que ha cumplido con su deber y han rendido cuenta de sus actos.

El grave problema que existe por la falta de credibilidad en la sociedad seguramente pasa porque ella se queja de que no hay condenados, pero cabe señalar que también se debe a la preocupación realmente significativa e importante de que tampoco haya ningún absuelto. Y creo que es tan grave una cosa como la otra.

Entonces, debemos dar al funcionario la posibilidad de rendir cuenta de sus actos. Y esto lo digo por experiencia personal, porque el día que asumí, por ejemplo, en la Dirección General de Rentas de la Municipalidad publiqué un libro que se llamaba Análisis de la situación recibida y balance de los 120 días de gestión, que no tenía a quién dárselo; entonces, lo repartí a quien pude, ya que en el régimen de la función pública no había ningún organismo que me lo recibiera.

Asimismo, el día que me fui de la función, como no tenía a quién rendirle cuentas de mi gestión, y tenía esa consabida sensación de haber hecho todo lo posible por realizarla bien y de manera transparente –acá está la convencional Carro, del bloque de la Unión Cívica Radical, que colaboró conmigo muy eficientemente durante esa etapa y puede decir que trabajó en esa tarea–, presenté un librito que se llamó Balance de los mil días de gestión, que también se encuentran a disposición de todos los convencionales.

En efecto, como decía, no pude rendir cuenta a nadie, salvo a mi conciencia, ya que no existía ninguna estructura en los organismos del Estado que pudiera dictaminar o auditar mi información, es decir, verificar si había hecho las cosas bien o por lo menos como yo decía que se habían hecho.

Por lo tanto, si no explicitamos de qué manera se debe hacer este esfuerzo, que debería formularse de manera natural, espontánea y auténtica por cada funcionario, la rendición de cuentas se convertirá en letra muerta y en una cláusula declamativa del Estatuto.

Supongo que desde la tecnocracia algunos me podrán decir que estas rendiciones de cuentas generarán muchos formularios y papelerío, porque en definitiva, entre las funciones teóricas de la Sindicatura podría estar esta tarea. Pero sucede que este organismo trabaja por mecanismos de muestreo y preselección, no necesariamente debe medir esta situación en el ingreso y el egreso.

De todas maneras, la responsabilidad fundamental quiero ponerla en cabeza del funcionario, que es quien debe tomar la iniciativa para contar con un canal donde rendir cuenta de su gestión. Y luego sí que el pueblo, la gente y los responsables de la Sindicatura dictaminen si su gestión ha sido económica, eficaz y eficiente.

A su vez, en esa base de datos, que concebimos cuando analizamos los mecanismos de transparencia –y que no fue considerada reglamentarista–, entiendo que puede estar incluido lo que hizo el funcionario durante su gestión, es decir, no sólo si actuó de manera transparente y no fue corrupto sino también, y sería realmente significativo que así sucediera, si cumplió su actuación con conciencia, idoneidad y capacidad de gerenciamiento.

Los males de nuestro país no pasan solamente por la corrupción sino también por el excesivo amateurismo y la falta de capacidad e idoneidad en el cumplimiento de muchas funciones y la vocación y dedicación que ellas exigen.

Por eso, algunos me decían que si poníamos tantas restricciones en el capítulo referido a la responsabilidad de los funcionarios, en una de esas no íbamos a tener tantos candidatos. Entonces, digo que sería bueno que tuviéramos menos, pero mejores postulantes para ejercer la función pública y la responsabilidad que ella acarrea.

Estoy seguro de que de esta manera sólo llegarán aquellos que tengan una verdadera vocación y dedicación por una de las cosas más significativas que pueden ocurrir al hombre que abraza la función pública, que es ejercer con responsabilidad la representación de los ciudadanos de su pueblo.

Por todo ello, solicito que se apruebe el proyecto. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la convencional Zangaro, por el bloque del Frepaso.

Sra. Zangaro.- Señora presidenta: por razones de tiempo, y en atención a la cantidad de despachos que están pendientes de consideración en el plan de labor, solicito la inserción de mi discurso, sin perjuicio de la fundamentación que haré sobre cada artículo en el tratamiento en particular. (Aplausos.) ^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular el Artículo 1°.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular el Artículo 2°.

Tiene la palabra la convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: en este artículo del despacho planteamos un tema fundamental, como es la presentación de la declaración jurada de bienes, tanto al momento de asumir como de dejar el cargo.

El problema que en muchísimas oportunidades surgió con estas declaraciones juradas es que como no son públicas y van en sobres, se hacen de una determinada manera y no están relacionadas con las que estos mismos funcionarios tenían que presentar antes de asumir la función, es decir, durante su vida "civil", normal, como cualquier ciudadano que debe presentar su informe ante la Dirección General Impositiva.

Entonces, esto genera varios problemas. Primero, se debe ver si ese funcionario está pagando y cumpliendo con sus obligaciones tal como lo debe hacer. Segundo, observar si la declaración jurada de ese funcionario es la misma que la que presentó como aportante al sistema tributario. Y tercero, analizar si realmente está tributando, es decir, pagando impuestos, porque de lo contrario habría que estudiar cómo presenta una declaración jurada de bienes, que no es compatible con la realizada en su vida de ciudadano común. Teniendo en cuenta que en los últimos años en la Argentina se ha intentado organizar el pago de impuestos por parte de las personas, nos parece que sería correcto fijar que la declaración jurada de bienes del funcionario debe estar correlacionada con la presentación que hace ante los organismos fiscales pertinentes. De esta manera, estaríamos haciendo que ese funcionario no pase bienes a patrimonios ajenos y realmente veríamos si efectúa un pago de impuestos absolutamente lógico con el tipo de declaración que hace. Porque si no, ocurriría lo de siempre: es decir que en función de lo que se pueda tener en los próximos años se hace una declaración jurada que es secreta.

Por supuesto que esto después se puede cambiar, ya que una de las características de nuestra propuesta consiste en la publicidad de estas declaraciones juradas de bienes. Por ello nos parece adecuado que el texto quede redactado de esta manera: "Los funcionarios de la administración pública deben presentar una declaración jurada de bienes al momento de asumir el cargo y al tiempo de cesar [y acá agregaríamos] las que serán correlacionadas con las presentadas ante el organismo fiscal competente".

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Escolar.

El señor convencional Garré le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Escolar.- Sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: las declaraciones juradas correspondientes a los impuestos a los bienes personales y a las ganancias –que son aquellas a las que creo se refiere la señora convencional Bullrich– se presentan declarando el patrimonio al 31 de diciembre de cada año. Y no necesariamente el 31 diciembre cambian los funcionarios en las reparticiones públicas. Además, normalmente hay plazo hasta junio o julio del año siguiente para presentarla y redondearla adecuadamente.

Entiendo que si se pide que las declaraciones sean públicas, los funcionarios deberán intentar que coincidan con lo que declaren en la Dirección General Impositiva, ya que de lo contrario la DGI se los va a llevar de las pestañas.

Los patrimonios no necesariamente tienen que ser iguales si no coinciden los tiempos. Entonces, la declaración jurada que debe presentar al momento de ingreso –según la propuesta que hace la señora convencional– seguramente no vaya a coincidir con la presentada ante la DGI, como consecuencia de la diferencia de período, ya que entre el 31 de diciembre y el momento en que asume pueden haberse producido modificaciones sustantivas en su patrimonio.

Si bien en algunas cosas decimos que el texto es reglamentarista, en otras creo que estamos avanzando en un reglamentarismo complicado, pretenden que en el texto indiquemos que el funcionario no debe mentir en su declaración jurada es casi una obviedad.

Sra. Presidenta (Meijide).- Señor convencional Escolar: la señora convencional Bullrich le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Escolar.- Sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción tiene la palabra la señora convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero aclarar que no estamos diciendo que tengan que ser iguales; sólo decimos que tienen que estar correlacionadas.

En segundo lugar, debo destacar que es un buen dato el que da el señor convencional Garré, porque si en la declaración jurada de bienes presentada ante la DGI el 31 de diciembre se consignó, por ejemplo, un patrimonio de 150 mil pesos y seis meses después, es decir, en el momento en que esa persona comienza a ser funcionario, su patrimonio asciende a 300 mil pesos, habría que preguntarse qué pasó o qué blanqueó antes de ser funcionario.

Justamente se está buscando un mecanismo de transparencia. No sé si es reglamentarista. Quizá sea menos reglamentarista que el modelo que explicó el convencional cuando justificó que debe presentarse un informe detallado de la gestión realizada en el organismo de acuerdo con los programas partidarios.

Si bien nuestra propuesta puede ser reglamentarista, no tiende a otro objetivo que apuntar a que los funcionarios tengan en su vida privada una conducta similar a la que deben exhibir cuando son funcionarios públicos, y no tengan mecanismos para "dibujar" declaraciones juradas al momento en que asumen como funcionarios públicos.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Escolar.

Sr. Escolar.- Señora presidenta: quiero insistir en lo que había adelantado en oportunidad del tratamiento en general con relación a los párrafos segundo y tercero del artículo que estamos tratando.

Simplemente quiero hacer una pequeña ampliación de lo que dije antes aportando para ello algunos argumentos con los cuales fundamentamos nuestra posición en la comisión respectiva y que dieron lugar a un dictamen mayoritario en el que estos dos párrafos no estaban, ya que correspondían al dictamen en minoría.

Como dije, nos parece que esto instala un reglamentarismo innecesario dado que, como bien expresó un convencional preopinante, es indudable que si bien éste no es el único mecanismo que emplea la Sindicatura –por lo pronto no está explícitamente contemplado–, bien lo podría utilizar, ya que estaría contenido en la reglamentación futura referente a ella. Si bien es importante, este no es el punto principal alrededor del cual giró el desacuerdo en la comisión.

El desacuerdo tenía que ver con varias cuestiones incluidas en este artículo. En primer lugar, con estos dos párrafos relacionados con la idea de responsabilidad de los funcionarios públicos –tan bien planteada en el Artículo 1°, en el primer párrafo del Artículo 2° y en el 3°– se está confundiendo la responsabilidad política con la responsabilidad administrativa.

En varias ocasiones, en el seno de la comisión el señor convencional Garré hizo referencia de manera creo que metafórica a "candidatos". Habló de "representación". Y esto no es exactamente así, ya que los funcionarios públicos no son representantes. Representantes son aquellos que han sido elegidos por el sufragio popular. Los funcionarios públicos son designados por las autoridades competentes para cumplir con ciertas funciones.

Por lo tanto, no es como dijo el convencional Garré, que los funcionarios públicos deban rendir cuentas de las promesas o de los compromisos de campaña estipulados en los programas de gobierno que eventualmente presenten los partidos. Esta es básicamente una responsabilidad de aquellos que han sido electos. Los funcionarios públicos no tienen una responsabilidad directa al respecto.

Por otro lado, la responsabilidad es muy diferenciada y en tal sentido acepto que con este dictamen de alguna forma se pretenda hacer luego a través de la ley una discriminación con respecto a la jerarquía de los funcionarios. No es igual la responsabilidad de un ministro que la de un subdirector o la de un funcionario que ocupe un cargo inferior aun.

De todas maneras, no podemos aceptar que se confunda la responsabilidad política con la responsabilidad administrativa y, lo que sería peor, que la responsabilidad política terminara transformándose en administrativa. Esto no está en nuestro espíritu y justamente por ello no estábamos de acuerdo. Asimismo, nos parece que tampoco esto es algo casual.

Es importante que quede bien claro cuál es la diferencia entre la representación y la responsabilidad del funcionario público, por las consecuencias que puede traer. El funcionario público podrá hacer un inventario de la situación en que se encuentra el organismo que le corresponda, del mismo modo que podrá hacer un plan de la gestión que va a llevar adelante. En el caso de que este organismo simplemente tuviera que regirse por reglas, haciendo una exageración el funcionario podría decir: "Voy a sacar adelante un conjunto de expedientes", lo cual estaría bien y el informe pertinente diría justamente eso. También podría darse el caso de que haga una estimación y señale que va a sacar muchos expedientes, lo máximo posible, y en el informe final se haría referencia a que sacó los expedientes.

En nuestra opinión no tiene sentido generalizar esto que pasaría en muchas reparticiones públicas. Además, no tiene nada que ver con muchas de las cuestiones que en general planteó el señor convencional Garré y con las que podríamos estar de acuerdo, pero que –reitero– no se relacionan con lo que se está planteando.

Por estas razones, y para no abundar dado el escaso tiempo de que disponemos, sugiero que se considere la propuesta del bloque del Frepaso de que se discuta la posibilidad de suprimir los párrafos segundo y tercero del segundo artículo del dictamen, tal como lo adelanté durante el debate en general.

Sra. Presidenta (Meijide).- Debo decirles que me voy a poner reglamentarista, en el lugar que me corresponde, que no es en la Constitución. Hay señores convencionales que han informado por su bloque y que quieren seguir haciendo uso de la palabra. Algunos ya han hablado tres veces. Sugiero que si se repiten los argumentos pasemos a votar o que exponga otro señor convencional. Corresponde el uso de la palabra a la señora convencional Ginzburg, supongo que para una aclaración.

Sra. Ginzburg.- No es para una aclaración, señora presidenta, sino para expresar la opinión de mi bloque acerca del asunto en consideración y los fundamentos de nuestra posición.

La Unión Cívica Radical apoyará la postura del Frepaso expresada por medio del señor convencional Escolar, no sólo en cuanto sintetiza el concepto, ya que consideramos que es un exceso de reglamentarismo, sino porque en definitiva creemos que esto, más que ayudar a determinar la mayor responsabilidad del funcionario público, ayuda a eximirlo, porque con esto podría decir: tengo una norma constitucional que me marca tal requisito y con esto estoy cumplido. Pero creo que es insuficiente.

La ley que dicte la Legislatura tendrá que establecer claramente cuáles son los trámites que deberá cumplir el funcionario público. Por estos motivos y porque consideramos que son insuficientes e innecesarios estos dos párrafos apoyamos la propuesta del señor convencional Escolar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Redrado, del bloque del Partido Justicialista.

Sr. Redrado.- Señora presidenta: se está acabando en la Argentina el tiempo del verso y de la guitarra. Esto lo advertimos en todos los aspectos de la vida de nuestro país. Existe una tendencia muy marcada hacia la profesionalización en todos los ámbitos: empresariales, sindicales y, por supuesto, políticos.

Si tendemos a la profesionalización de la cosa pública, si queremos dar mayor transparencia y confianza a la gente indudablemente la política en el futuro necesitará transitar por los carriles de la gestión. Los funcionarios públicos serán medidos no sólo por su honestidad y sus valores éticos, sino fundamentalmente por su capacidad de gestión y gerenciamiento.

No se trata de sacar más o menos expedientes, sino de exhibir una nueva forma de manejar la cosa pública, una nueva manera de administrar que tiene que ver con la generación de metas, de objetivos y de programas para cumplir esos objetivos. No se trata de hacer mecánicamente los expedientes, como ocurre con algunos que llegan a la función pública por primera vez y pasan inadvertidos o por una mala gestión. No hay premios y castigos en la función pública para aquellos que gestionen bien y aquellos que gestionen mal. Da lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Los funcionarios se van, y nadie se hace cargo de nada.

Por eso si el espíritu de la Convención Estatuyente está en generar, como lo hicimos desde la Comisión de Sistemas de Control, modernas instituciones para lograr más transparencia y mayor participación de la ciudadanía, estoy convencido, y lo estamos en el bloque justicialista, de que la nueva política pasa por la gestión, y por una gestión que esté de cara a la gente y que pueda ser exhibida ante ella.

Lamento que la discusión se haya quedado en el tema de si es reglamentarista o no. ¿Es un valor la gestión que vamos a privilegiar en la política argentina de aquí al futuro? Sí lo es, como estoy y estamos convencidos en el bloque justicialista, la necesidad de que los funcionarios públicos den cuenta de lo que encuentran al llegar al cargo, de su plan, de los objetivos, de los programas que van a generar y cómo, y que después al final puedan hacer una evaluación de esa gestión, esto nos parece fundamental. Entendemos que es un valor que hace a la esencia de lo que al menos el bloque justicialista vino a buscar a esta Convención Constituyente y por eso creemos que debe ser incluido.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: voy a formular una propuesta con relación al segundo artículo. Como hay distintas propuestas de modificación, le pido que se vote párrafo por párrafo, atento que respecto de la propuesta del presidente de la comisión habría uno con el que estaríamos de acuerdo, otro con el que no coincidimos y así sucesivamente. De allí la petición que formulo.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Arnedo Barreiro.

Sr. Arnedo Barreiro.- Señora presidenta: cuando en la Comisión de Redacción advertí las objeciones que había con relación a este artículo no pensé que llegaríamos a la situación de defenderlo desde una posición casi de principios, mucho menos cuando el alegato pasa porque es muy reglamentarista.

Creo que hemos venido acordando, y de buena fe, y que en conjunto teníamos que revisar muchas normas porque pecaban en algunos casos de un exceso de reglamentarismo, fundamentalmente en temas donde se repetía la normativa, donde en ocasiones se exageraba para lograr determinados objetivos. Pero en un tema como el que nos ocupa, donde lo que se busca, por la cultura política generada en estos años, es lograr situaciones que eviten actitudes que riñan con la moral y que se vinculan mucho con la corrupción, y llevar adelante una normativa que se vincule con elementos que hacen a la eficacia y a la transparencia, creo que es positivo y es un tema que tendría que ser reconsiderado.

Creo que no debería haber tanta discusión. En todo caso podríamos abreviar la disposición, pero me parece que en las intenciones es recomendable que haya elementos que permitan una evaluación en la gestión de los funcionarios. Es bueno en una Constitución que se marquen determinadas pautas que hagan hacia una tendencia. Creo que esto es lo que se quiere fijar. Si uno analiza los artículos –con los cuales estoy de acuerdo– veremos que determinan que los funcionarios son responsables por los daños que ocasionen con relación a facultades excedidas. Es muy claro cuál es la intención. Luego alude a los bienes patrimoniales y la cuestión se vincula directamente con la posibilidad de corrupción a partir de poder comparar su estado patrimonial cuando ingresa y cuando sale de la función pública. Después se refiere a la designación de funcionarios considerando aquellos que son procesados por delitos dolosos, en que estoy absolutamente de acuerdo con la señora convencional Ginzburg...

Sra. Presidenta (Meijide).- La señora convencional Ginzburg le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Arnedo Barreiro.- A mí solamente Canata me pide interrupciones, pero aun no siendo él se la concedo.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción tiene la palabra la señora convencional Ginzburg.

Sra. Ginzburg.- Señora presidenta: simplemente quiero aclarar al señor convencional Arnedo Barreiro que cuando se trate este artículo voy a pedir la modificación incluso del segundo párrafo del tercer artículo porque se cambió el dictamen en la Comisión de Redacción.

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Arnedo Barreiro.

Sr. Arnedo Barreiro.- Señora presidenta: quisiera estar de acuerdo alguna vez y por eso decía que estábamos de acuerdo con sacar "en perjuicio de la administración pública".

Pero son incisos que hacen a situaciones diferentes. Y me parece bien que haya elementos para juzgar la idoneidad, para juzgar la eficacia y la eficiencia de los funcionarios y, fundamentalmente, creo que es bueno que estén en esta Constitución porque lo que se está marcando son rumbos orientativos y pautas que, desde la política, queremos fijar. Se trata del camino hacia donde creemos deben ir los funcionarios públicos cuando se hacen cargo de la responsabilidad de gestionar.

Realmente, yo preguntaría si se puede reconsiderar. No me parece que debiera haber una actitud tan cerrada ante una propuesta como esta porque no creo que no coincidamos en que es bueno tener los elementos para evaluar la idoneidad de los funcionarios. Creo que en eso estamos todos de acuerdo.

Decir que hay que sacarlo porque es demasiado detallado, muy casuístico o muy reglamentarista, cuando aprobamos infinidad de artículos con las mismas características, me hace pensar por qué justamente en este hay objeciones. No lo digo de mala fe porque estoy convencido de que todos coincidimos en una cosa como esta, pero me parece realmente desequilibrado con relación a la cantidad de normas reglamentarias que hemos sancionado y, justo uno que hace a una cuestión central, lo dejamos afuera.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Bullrich; le ruego que sea breve porque es la cuarta vez que se la concedo sobre este tema.

Sra. Bullrich.- Es la segunda vez, señora presidenta. Antes había pedido una interrupción y que se hiciera una inserción. No hice uso de la palabra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra, convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: quería decir que también vamos a adherir a que no estén estos párrafos en el articulado, pero no por una cuestión de reglamentarismos, sino de convicción.

¿Por qué? Porque estamos proponiendo un sistema de control sobre los funcionarios, un sistema interno y un sistema externo de control; justamente, el mecanismo tiene que controlar a la persona y no la persona intentar exponer los informes de su gestión.

Voy a contar una anécdota que ya narré en la comisión y que me pasó durante este año. El ex intendente de la ciudad de Buenos Aires, licenciado Domínguez, inmediatamente después de las elecciones del 30 de junio, se presentó un día a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara, sin duda porque no había otros organismos de control de la ciudad.

Vino a la comisión y dijo que quería dejar el informe de su gestión. Y dejó un informe de gestión sobre el que los diputados le preguntamos cómo había sido. "Aquí lo tienen", y trajo una pila de cosas. Explicó una serie de cuestiones sobre las que le hicimos preguntas. Una de las preguntas que le hice fue si había contratado, durante los meses de junio y julio, policías extras en la ciudad de Buenos Aires. Me dijo que de ninguna manera.

Un mes después, el jefe de policía Adrián Pelacchi dijo que, efectivamente, el intendente había contratado a los policías y les había pagado dos horas extras por día.

Después de eso, el jefe de Gobierno de la Rúa, cuando asumió, contrastó el informe que había dado en la Comisión de Asuntos Municipales el intendente Domínguez, donde decía que la deuda municipal era de tanto dinero, con la deuda municipal que según decía el jefe de Gobierno tenía la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó entonces? Pasó que el intendente Domínguez, a partir de su propio informe, generó un mecanismo de análisis de su gestión que después no fue corroborado.

¿Qué creemos que tiene que suceder? En este caso, como va a haber organismos de control, tanto la Sindicatura como la Auditoría serán los entes que tendrán que ver los informes de gestión de esos funcionarios para que ellos no puedan exponer cosas que después no son comprobadas. En el caso de la Municipalidad me podrían decir que esto sí fue comprobado, pero como las cuentas han sido muy poco claras hay una cantidad de cosas que ni siquiera están registradas y son incomprobables.

En ese caso, el informe de gestión se puede convertir –y se convirtió– en un escudo para proteger la gestión de ese intendente que, incluso, en un lugar como la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara, dijo cosas que no eran correctas y que después fueron desmentidas. Entonces, señora presidenta, creemos que estamos generando un mecanismo de control integral, sin versos, como dijo el presidente de la comisión, porque estamos en tiempos modernos en los que se habla poco y por eso queremos ir a un viejo concepto del justicialismo que dice que mejor que decir es hacer.

Sr. Redrado.- Pido la palabra para una interrupción.

Sra. Presidenta (Meijide).- Está anotado para hacer uso de la palabra el señor convencional Garré. Si el señor convencional Garré le concede la interrupción, ambos harán uso de la palabra, pero luego pasaremos a votar porque me parece que esto se está prolongando y nadie ha convencido a nadie. Si yo creyera que hay alguna posibilidad de modificar alguna posición, sería otra cosa.

El último en hacer uso de la palabra será el convencional Garré y está en él conceder la interrupción.

Tiene la palabra señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: me preocupa la última intervención de la diputada y convencional Bullrich. Pregunto si el informe del intendente al que se hace referencia fue por escrito, presentado en comisión y falseó la información, me extrañaría que la diputada no hubiera cumplido con su deber de funcionaria pública y denunciado este falso testimonio del intendente.

Si el informe fue verbal, evidentemente, es otra cuestión. Lo que estamos proponiendo en el artículo no es un informe verbal sino escrito, con toda la responsabilidad que conlleva.

Por supuesto, ésta es la cuestión central.

En lo que respecta a la rendición de cuentas a que hace referencia la diputada, en su momento el intendente Domínguez formuló una rendición de cuentas frente al Senado de la Nación y después otra respecto al estado de deuda de Buenos Aires ante la Auditoría General. Seguramente el convencional Hourest debe de estar moviéndose en la banca. Estamos esperando que la Auditoría General de la Nación, que es el organismo competente correspondiente, formule sus opiniones para terminar la discusión sobre el debate de la deuda de la ciudad a través de un dictamen emitido por el único organismo competente para saldar y definir la cuestión.

Si se verifican anomalías o irregularidades, creo que todos conocemos la legislación y –más allá de lo que puede decir esta Constitución– está prevista y vigente la responsabilidad del funcionario público y habrá que recurrir a la Justicia frente a cualquier anomalía o falsedad en la declaración de un funcionario público.

Por lo cual estamos planteando, vuelvo a insistir, que si no hay consenso, en la democracia votos son amores así como en el fútbol goles son amores. Voy a respetar la decisión de la mayoría...

Sra. Presidenta (Meijide).- Señor convencional Garré: el convencional Redrado le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Garré.- Cómo no, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción tiene la palabra el señor convencional Redrado.

Sr. Redrado.- Señora presidenta: creo que aquí hay una confusión en lo que se está expresando por auditoría y por gestión.

Cuando se ejerce una auditoría sobre un organismo público, se revisa la rectitud en la asignación de fondos públicos. Esto es muy distinto a elevar la eficiencia de los programas de gestión propuestos y cumplidos. El auditor, cuando culmine su trabajo, no informa: "este señor cumplió con los programas propuestos". Lo que dice el informe del auditor es "este señor trabajó de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados". Por lo tanto, quiero explicitar la confusión respecto de lo que se está planteando. Lo que estamos proponiendo no es en términos de duplicar funciones de la sindicatura, no es duplicar funciones de auditoría, sino explicitar los términos de control de gestión, de gerenciamiento, qué programas han cumplido, por qué y qué métodos se han empleado y cuáles de ellos se han cumplido.

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: completando lo que acaba de señalar mi compañero Martín Redrado debo decir que esta es la cuestión central. En el dictamen sobre principios generales hemos consagrado los principios de economía, eficiencia y eficacia en materia de auditoría y control. Casualmente, ¿sabe cuáles son estos principios? Los que consagran el mecanismo de desarrollo de una auditoría operativa.

Entonces, para el ente que tenga a su cargo el control y auditoría de estos organismos no hay nada mejor que contar con un informe que lleve implícitos esas metas y objetivos para poder ser analizados y ponderados a la luz de la operatividad de los objetivos trazados y de la economía, la eficiencia y la eficacia alcanzada durante la búsqueda de esos objetivos. Esto es lo que terminaría de cerrar este diseño que hemos planteado, en el que como principios generales en materia de auditoría establecimos a los organismos de control los criterios y las pautas para desarrollar la auditoría operativa.

Por otro lado, damos la herramienta del informe, en el que se fijan objetivos, metas y programas a cumplir, que solamente pueden ser verificados a la luz del análisis de una auditoría operativa que rinda y cubra los principios de las tres "e". Esta norma "reglamentarista" permitiría cerrar ese abanico, pero si no hay consenso seguiré publicando mis libritos, si alguna vez me toca asumir otras responsabilidades en la función pública. Volveremos a intentar la revancha en la futura Legislatura con una norma de estas características.

Sr. Ibarra.- Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una moción de orden tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: formulo moción de que se cierre el debate con lista de oradores, para luego pasar a votar el proyecto en tratamiento.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar la moción formulada por el señor convencional Ibarra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobada.

Tiene la palabra el señor convencional Hourest.

Sr. Hourest.- Señora presidenta: no está en mi ánimo entablar un debate que de por sí es muy difícil, entre otras cosas porque las informaciones provenientes del ex intendente de la ciudad de Buenos Aires –hoy ministro de Defensa– acerca del endeudamiento de la ciudad son materia de otra discusión. Pero si él sostiene sus dichos, seguramente en muy poco tiempo se encontrará con una querella criminal, por lo que corresponderá a los jueces determinar si los juicios denigratorios utilizados en el informe realizado por el ex intendente Domínguez en el Senado de la Nación son o no materia de sanción.

Más allá de esa cuestión y de la seriedad con que se debe abordar este tema, quisiera circunscribirme al análisis de los tres artículos en consideración, pero fundamentalmente al segundo de ellos, haciendo inevitable mención de los otros dos. En este sentido, si uno hace abstracción del segundo y tercer párrafo del Artículo 2°, se podrá advertir que los tres artículos establecen un régimen de responsabilidad de los funcionarios públicos, que tiene que ver con las variaciones patrimoniales que ellos registren y con los mecanismos de ingreso o salida de la función pública, y no con los mecanismos de evaluación de la gestión, que no se relacionan con esto, salvo que erróneamente se asocie –de acuerdo con los principios del control moderno– el análisis de gestión con la responsabilidad individual de los funcionarios. Porque la buena práctica en materia de análisis de gestión dice que se evalúan procedimientos y políticas y no actitudes individuales.

En consecuencia, se incurre en un grave error de concepto al incorporar al Artículo 2° el segundo y tercer párrafo. Pero hay un error adicional, que me interesa rescatar, porque tiene que ver con esta admonición que el señor convencional Redrado hizo sobre el comportamiento del sistema político argentino, la cual se relaciona con el alejamiento de la guitarra o de la improvisación y con la certera incorporación en la vida política de criterios de profesionalidad.

Para los sistemas republicanos modernos de control el primer principio es el de la selectividad, que indica que se debe seleccionar externamente a quien se controla, para controlarlo bien, y no precisamente que todo agente o acto producido por la administración tenga que ser objeto de control, porque la ausencia de selectividad inhabilita la eficiencia del control. Cuando uno se encuentra con que se remite a una ley una disposición que dice que de acuerdo con la jerarquía deberán presentar un informe sobre el estado de situación y de ejecución presupuestaria del organismo a su cargo, así como la propuesta de gestión, es evidente que se está invirtiendo la lógica de los sistemas de administración pública modernos, ya que se pone al funcionario en el centro del proceso decisor y no como punto de una red de decisiones de la que sólo es parte y sobre la cual se hace responsable únicamente en sus modificaciones patrimoniales personales, salvo que estemos discutiendo la responsabilidad de los ministros o de los presidentes de los organismos descentralizados. En esos casos sí cabe la evaluación general de las políticas.

En ese marco quiero señalar también una grave inconsistencia teórica que escuché recién, como que el proceso de auditoría no puede ser realizado en el marco de la gestión; por el contrario, los mejores principios de control modernos establecen la auditoría de gestión, que tiene que ver con la medición por criterios de productividad y con la correlación entre mecanismos de formulación de programas y de satisfacción de los mismos.

En consecuencia, si hablamos en serio del problema del control, si no estamos haciendo enunciaciones simpáticas en materia de responsabilizar o no a los funcionarios y diciendo que si nosotros no damos nuestro consenso y nuestro apoyo a estos dos párrafos del Artículo 2° estaríamos abandonando la práctica del control de gestión, creo que además de una ignorancia supina respecto de la cuestión que se está debatiendo hay también una clara intencionalidad política que el bloque de la Unión Cívica Radical no está dispuesto a soportar.

Finalmente, y por los ejemplos dados, deseo señalar lo siguiente: como la selectividad en el control es lo mejor, ya que es lo que permite determinar si las políticas se cumplen o se incumplen y si son eficientes, eficaces y económicas o antieconómicas, en su oportunidad, cuando se revisó la gestión del ex intendente Domínguez, se revisó la deuda y no su patrimonio personal. Porque decíamos que el intendente Domínguez iba a dejar la Municipalidad endeudada y no que se llevaba la plata a la casa. Por eso también dijimos que el intendente Domínguez pagaba sobreprecios en todos los servicios públicos y no que cambiaba su auto o su departamento con dineros públicos. El error del bloque justicialista es suponer que somos tan necios para mirar una parte y no mirar el deterioro global de las instituciones políticas que permiten la inexistencia de sistemas eficaces de control de gestión.

Sr. Redrado.- Pido la palabra por haber sido aludido.

Sra. Presidenta (Meijide).- Antes de cederle el uso de la palabra, esta Presidencia desea señalar, y no es jactancia, que aquí está ocurriendo exactamente lo que manifestó el señor convencional Hourest: en este momento, y desde que comenzamos nuestra labor, en este edificio está trabajando la Auditoría.

Tiene la palabra el señor convencional Redrado.

Sr. Redrado.- Señora presidenta: nuevamente se ha hablado en términos políticos sobre esta cuestión. Creo que lo que se está ignorando son las prácticas de auditoría que se ejercen en la actualidad. En tal sentido, pido al señor convencional Hourest que me dé una prueba de dónde se hacen exámenes de productividad en la auditoría argentina en cuanto al control de gestión.

Sra. Presidenta (Meijide).- Justamente acá se están haciendo.

La Presidencia informa al señor convencional Redrado que le solicitan una interrupción. ¿La concede?

Sr. Redrado.- No, señora presidenta.

La práctica de la auditoría es controlar si se han cumplido los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero no se mide la productividad, ni los programas ni su cumplimiento, porque ni siquiera los funcionarios esbozan los programas que tienen que hacer, por lo que lejos están de poder medirlos.

Sra. Presidenta (Meijide).- De acuerdo con la moción que en su momento se aprobó, corresponde votar el Artículo 2° por párrafos.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: quiero saber si la Comisión aceptó mi agregado. Porque pedí agregar que las declaraciones juradas sean correlacionadas con las presentadas ante los organismos fiscales, es decir que sean correlacionadas con las de la DGI. No me digan que esto no es importante. Y no es una obviedad.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿El presidente de la comisión tomó nota de la observación de la convencional Bullrich?

Sr. Redrado.- Sí, tomé nota, señora presidenta. Pero no hay consenso para incluir lo que sugiere la convencional Bullrich.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar el primer párrafo del Artículo 2°.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado.

En consideración el segundo párrafo del Artículo 2°.

Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Con respecto a la muy enjundiosa exposición del convencional Hourest, él planteó, más allá de la caracterización...

Sra. Presidenta (Meijide).- Señor convencional: ya se está votando. Después, cuando termine la sesión, toman un café y hablan todo lo que quieran, y el convencional Hourest le explica lo que sea.

Continuamos con la votación. Se va a votar el segundo párrafo del Artículo 2°.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda rechazado.

Se va a votar el tercer párrafo del Artículo 2°.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda rechazado.

En consideración el Artículo 3°.

Tiene la palabra la señora convencional Ginzburg.

Sra. Ginzburg.- Señora presidenta: esta Convención durante dos meses aprobó temas no menores por los cuales se reconocieron nuevos derechos y se hicieron nuevos reconocimientos de viejos derechos pero que no estaban reconocidos, todos los cuales voté afirmativamente.

Tampoco me parece un tema menor la responsabilidad de los funcionarios públicos cuando es una de las exigencias de la comunidad que diariamente más puestas en evidencia.

No sé exactamente qué fue lo que pasó con este despacho. Recuerdo que habíamos hecho una redacción, y apareció otra.

Quiero decir también que no desconozco el principio de inocencia que surge del Artículo 18 de la Constitución Nacional. Sé lo que se sufre siendo procesado, sé lo que se sufre siendo condenado y sé lo que se sufre estando preso, porque, aunque no lo pasé personalmente, he ejercido los quince primeros años de mi profesión ininterrumpidamente como defensora en derecho penal en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.

Pero creo que aquí lo que está en juego es otra cuestión. Hay dos valores que están en pugna: el principio de inocencia de una persona sometida a proceso –muchas veces injustamente–, el cual inclusive se puede demorar, y el derecho que tiene la comunidad a que no designen personas, ya no solo sospechadas sino además procesadas.

Cuando hicimos este debate en la comisión, estábamos la convencional Bullrich, el convencional Garré, el convencional Escolar y la convencional Zangaro. Tuvimos allí una discusión acalorada entre los que sostenían que se estaba violando el principio de inocencia, que decían por qué no se podía designar a un funcionario procesado, porque esto era algo que se podía utilizar para evitar su designación y los que decíamos que era muy difícil que se supiera que se lo iba a designar, que se hiciera rápidamente la denuncia y que, encima, se pudieran tener los medios como para que el juez, en ese breve tiempo, lo procesara.

Por mayoría resolvimos en la comisión que era más conveniente, aun vulnerando tal vez en algún caso el principio de inocencia, sostener el derecho de la comunidad de que sus representantes, sus funcionarios, no estuvieran sospechados. Este es un reclamo diario que vemos y escuchamos tanto como el de las garantías individuales, tanto como el de las libertades procesales. Esto no es nuevo.

Nada más lejos de mi intención, y ésa ha sido mi conducta en esta Convención, que provocar algún tipo de conflicto con cualquier bloque. Es más, mis intervenciones han sido muy esporádicas. Pero quiero recordar, más allá de discutir si esto es justo o no, cual fue la consecuencia del caso Green. Cuando el doctor Menem lo designó como secretario en el área relativa a estupefacientes, contra la drogadicción, ¿cuál fue el reclamo popular? No podemos desconocer este tipo de cosas.

La Convención ha tomado muchas decisiones que se ha dicho eran políticas, que eran un reclamo de la comunidad. Ayer mismo se tomó una decisión sobre el presupuesto de la Legislatura. Entonces, no podemos manejarnos a lo mejor con los mismos parámetros con los que se puede manejar un proceso penal.

No desconozco tampoco el asedio que muchas veces –y no me quiero sumar– sufren los funcionarios y algunas personas surgidas de cargos electivos. Esto de la denuncia, de la corrupción, en muchos casos se ha hecho hasta una industria: la industria de la anticorrupción. Incluso existen hasta institutos o entidades que parece que se toman el trabajo, como un derecho divino, de indagar a ciudadanos, a funcionarios, y hasta ejercen una posición coercitiva, porque indagan y nadie quiere dejar de cumplir, porque si no,
–perdóneseme el término– después salen "escrachados" como que se negaron a dar información.

Esto nadie lo ignora. Pero, repito, hay otro reclamo popular que es el de la transparencia de los funcionarios públicos, sobre lo cual mañana se va a aprobar un dictamen.

Por este motivo, y porque creemos que la comunidad, la sociedad, tiene que estar lo más protegida posible y, en todo caso, si esto vulnera el derecho de alguien habrá que buscar la defensa de esa persona con otros remedios y por otros caminos, el bloque de la Unión Cívica Radical va a solicitar, conforme se había votado en la comisión, la siguiente redacción: "Nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentre procesado por un delito doloso. El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito doloso será separado sin más trámite".

Quiero hacer otra aclaración, señora presidenta. En la comisión discutimos, porque incluso se puede pensar que dejamos una laguna: qué pasa con el funcionario que es sometido a proceso y que, por ejemplo, puede ser objeto de una prisión preventiva. Ahí, como pensamos que el caso podría llegar a ser más grave, porque podría llegar a ser objeto de persecución, como ya el funcionario está en ejercicio de su cargo, excepto si va a prisión, y teniendo en cuenta también el principio de inocencia, hemos decidido no establecerlo expresamente. Lo digo para que no se piense que esto fue una laguna. Lo hemos discutido en la comisión; en el resto estuvimos contestes en que ningún funcionario tenía que ser designado si estaba procesado por un delito doloso y que el funcionario que fuese condenado con sentencia firme por delito doloso tenía que ser separado sin más trámite. Ese es el cambio que propugnamos.

Sra. Presidenta (Meijide).- Concretamente lo que se está pidiendo es una modificación, pero en este momento ha salido del recinto el presidente de la comisión. Luego veremos qué opina al respecto.

Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Señora presidenta: pareciera que resulta difícil plantear un tema de este tipo cuando en última instancia la presunción de inocencia sólo se rompe con la sentencia condenatoria. Si alguien fuera procesado por algún delito contra la administración pública su separación parecería lógica, pero si una persona, por ejemplo, tiene un incidente callejero menor y resulta procesada por agresión o por lesión leve, automáticamente deja de poder participar de la administración pública. No hay prueba alguna de que esa situación perjudique a la administración pública, e incluso aquella persona podría quedar en libertad.

Una cosa es evitar la corrupción y otra cosa es la caza de brujas mediante un planteo de interferir la vida con algo que nada tiene que ver con los procesos que se dan en la administración.

Creo que en esto debemos ser rigurosos. Aquí hay distinguidos abogados que saben mucho más que yo de cuestiones penales de este tipo. Pero no creo que haya que confundir las cosas ni que podamos romper con el principio de inocencia. No quiero votar a favor una cláusula que esté en contra de la misma Constitución. Ello implicaría redactar una Constitución incoherente, porque por un lado aparecen las declaraciones, derechos y garantías, y por el otro los negamos con algo que no corresponde. Parecería una cuestión que realmente no es consistente.

Por supuesto estoy convencido de que la propuesta es de buena fe, pues el objetivo consiste en aislar elementos que puedan perjudicar a la administración pública. Pero creo que en estos temas tenemos que ser muy cuidadosos. Concretamente, alguien que injuria a otra persona y resulta procesado, aunque luego no sea condenado, tendría que ser excluido de la administración pública. Sabemos que en este país los procesos son larguísimos, de modo que estaríamos generando una inhabilidad que muchas veces carecería de sentido.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Zaffaroni.

Sr. Zaffaroni.- Señora presidenta: no dudo de la buena fe de la modificación que se propone. Tampoco dudo de que estamos sensiblemente asqueados de ver fotos de famosos con una frecuencia inusitada en algunas revistas y publicaciones, y sentimos que sufrimos una especie de capitis diminutio porque para ser famosos nos falta el auto de procesamiento. Eso es cierto y nos produce una sensación de asco muy profunda.

Pero debemos tener cuidado con las soluciones que queremos arbitrar, sobre todo con aquellas que en definitiva sean inútiles, que creen falsas ilusiones y que incluso sean contraproducentes, al punto que nos lleven a pisarnos la cola, es decir, a entrar en contradicción con nosotros mismos, a establecer algo que se puede convertir en un bumerán, o peor aun, a pegarle al que no se lo merece. Eso es lo grave.

En primer lugar, esta propuesta –y creo que la señora convencional que la fundaba lo reconocía– viola el principio de inocencia. No se me escapa que en esta República han intentado violar el principio de inocencia dibujándole filigranas rarísimas e incluso diciendo que hay un estado de inocencia, no una presunción de inocencia. Han tratado de legalizar estas cosas como para aplicar la pena antes, por las dudas, pero sin afectar el principio de inocencia. Le dicen al preso: "quédese tranquilo, le vamos a descontar de la pena que en el futuro le vamos a aplicar, pero es inocente". Ahora resulta que le vamos a decir que es inocente, pero por las dudas no lo vamos a nombrar en la administración. Y lo vamos a hacer en caso de delito doloso, que es aquel en el cual el resultado no se ha querido. Puede ser un homicidio calificado o una violación, pero en estos casos no habrá problema ya que el autor estará en prisión preventiva y no vamos a poder nombrarlo. Se supone entonces que debe tratarse de un delito doloso relativamente leve –pues de lo contrario el sujeto estará preso–, es decir, que pueda alcanzar la condena de ejecución condicional, con una pena que prima facie no puede superar los tres años.

Cada vez que se habla de estas cosas naturalmente pensamos en los famosos que salen en las revistas, en esos que nos dan asco. Pero tengamos cuidado, porque ellos no son los más alcanzados por este tipo de pena. Estamos pensando en cargos de enorme responsabilidad, olvidándonos de que la mayor parte de la gente que se designa no ocupa ese tipo de puestos; también son designados empleados para la limpieza de las calles.

Es decir que vamos a generar una inhabilitación al margen del Código Penal, incluso no para penados sino para procesados, es decir, por las dudas, cuando todavía está vigente el principio de inocencia. Vamos a establecer cosas tan absurdas en cuanto a la separación de la función pública como que si el marido omite cumplir con los deberes de asistencia familiar –que es un delito doloso– lo vamos a separar de la administración pública, con lo cual no va a cumplir nunca más con los deberes de asistencia familiar porque le vamos a quitar el sueldo. Así se van a morir de hambre él, la mujer y los hijos.

Insisto en que debemos tener cuidado con estas cosas. No es una cuestión de principios abstractos sino una cuestión muy concreta: a quién golpeamos.

En primer lugar, vamos a caer en algo que viola el Artículo 18 de la Constitución Nacional. En segundo lugar, vamos a borrar con el codo normas que hemos escrito nosotros mismos en los artículos vinculados con las garantías procesales. En tercer lugar –y cuidado con esto–, el sistema penal es muy selectivo: rara vez agarra a los poderosos, y si lo hace es porque perdieron con otro poderoso. El sistema penal siempre agarra a los infelices, y sobre ellos vamos a caer si aprobamos la modificación propuesta.

Por último, lo grave va a ser que crearemos la falsa ilusión de que con esto hemos resuelto un problema, pero no lo habremos resuelto, porque no se puede resolver con una cláusula constitucional lo que debe ser resuelto a través de una elevación de los niveles de ética en la política. Si alguien hace esos nombramientos, si alguien sigue nombrando a famosos –que lo son también merced al auto de procesamiento y que nos hacen sentir la capitis diminutio de que hablaba–, no vamos a resolver el problema golpeando a otros que nada tienen que ver; tenemos que resolverlo del único modo democrático en que parece que ya se está resolviendo, que es con el voto. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: voy a ser breve porque gran parte de lo que quería manifestar lo ha dicho el señor convencional Zaffaroni.

Con relación a la propuesta efectuada por la señora convencional Ginzburg quería señalar que en realidad este tema fue debatido en la comisión. En mi proyecto trataba con mucha fuerza el tema de los delitos dolosos, pero durante la discusión en comisión llegamos a la conclusión de que los funcionarios públicos no solamente son los que estamos suponiendo, sino que existe una amplia gama debajo de ellos, y además los delitos dolosos que son excarcelables justamente son los de menor entidad. Por eso es que no aconsejaba esta inclusión.

Quería aclarar, con relación a lo manifestado por el señor convencional Zaffaroni, que cuando hablamos de casos de procesamiento –según dice el proyecto de texto– nos referimos a los funcionarios que van a asumir un cargo. Con respecto a los que están en ejercicio, no estamos pidiendo su separación del cargo aunque tengan un auto de procesamiento, en función de la presunción de inocencia. Para este caso jugará la conciencia del funcionario y la opinión del público en el caso concreto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Ginzburg.

Sra. Ginzburg.- Señora presidenta: nadie ignora que muchas de las razones dadas por el doctor Zaffaroni son ciertas y se conocen. Pero también es muy común que se nombren para altos cargos a funcionarios que se encuentran procesados por estafa, libramiento de cheques sin provisión de fondos u otros delitos similares.

Podría modificarse la cláusula diciendo "dolosos de acción pública", en cuyo caso la señora que denunció al marido por falta de alimentos no queda alcanzado. Tampoco estarían incluidos los delitos de injurias y calumnias, como dijo el convencional Rodríguez. Puede ser que tengan razón; en estos momentos bastante ajetreados que vivimos es común que a veces uno se exaspere. Pero nadie que esté procesado por un delito doloso de acción pública puede ser designado funcionario público.

Sra. Presidenta (Meijide).- Con la modificación propuesta por la convencional Ginzburg, el tercer artículo quedaría redactado de la siguiente forma: "Nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentre procesado por un delito doloso de acción pública." Se reemplazaría "en perjuicio de la administración pública" por "de acción pública". ¿La comisión está de acuerdo?

Sr. Redrado.- La propuesta de la convencional Ginzburg no tiene consenso en la comisión.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar el Artículo 3° tal cual ha sido redactado por la comisión.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.