REPÚBLICA ARGENTINA

Art. ....- Se otorga prioridad dentro de las políticas públicas, a las destinadas a las niñas, niños y adolescentes, las que deben promover la contención en el núcleo familiar y asegurar:

1. La responsabilidad de la Ciudad respecto de los privados de su medio familiar, con cuidados alternativos a la institucionalizaci6n.
2. El amparo a las víctimas de violencia y explotación sexual.
3. Las medidas para prevenir y eliminar su tráfico.

Art. ....- Una ley preverá la creación de un organismo especializado que promueva y articule las políticas para el sector, que contará con unidades descentralizadas que ejecutarán acciones con criterios interdisciplinarios y participación de los involucrados. Intervendrá necesariamente en las causas asistenciales.

DICTAMEN DE COMISIÓN

DESPACHO PARCIAL

Convención Constituyente:

Vuestra Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición ha considerado los proyectos de texto producidos por las comisiones de Políticas Especiales y de Declaraciones, Derechos y Garantías sobre hábitat y vivienda, cláusula transitoria sobre hábitat y vivienda y vivienda, contenidos en los despachos de comisión números 51, 94 y 71; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente:

La Convención Constituyente

SANCIONA:

Artículo ... .- La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello:

1°- Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales.

2°- Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración de los pobladores socialmente marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.

3°- Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones.

Sala de la comisión, 21 de septiembre de 1996.

Eugenio R. ZAFFARONI; María J. LUBERTINO; Alfredo CARELLA; Enrique RODRÍGUEZ; María E. BARBAGELATA; Ángel BRUNO; Susana CARRO; Jorge CASTELLS; Jorge ENRÍQUEZ; Nilda GARRÉ; Raúl GARRÉ; Eduardo JOZAMI; Elsa KELLY y Raúl PUY.

INFORME

Convención Constituyente:

Vuestra Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición ha considerado los despachos 51, 94 y 71 producidos por las comisiones de Políticas Especiales y de Declaraciones, Derechos y Garantías, sobre hábitat y vivienda, cláusula transitoria: hábitat y vivienda y vivienda y en virtud de las facultades que le otorga el Artículo 40 del Reglamento del Cuerpo; y, por las razones que expondrá el miembro informante en su oportunidad, aconseja la aprobación del presente despacho.

Eugenio R. Zaffaroni.

ANTECEDENTES

I

DICTAMEN DE COMISIÓN N° 51

Despacho general de la Comisión de Políticas Especiales. A la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición (según lo dispuesto en el Artículo 40 del Reglamento).

II

DICTAMEN DE COMISIÓN N° 94

Despacho general de la Comisión de Políticas Especiales. A la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición (según lo dispuesto en el Artículo 40 del Reglamento).

III

DICTAMEN DE COMISIÓN N° 71

Despacho general de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. A la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición (según lo dispuesto en el Artículo 40 del Reglamento).

1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos.
2. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de indicación definitiva.
3. Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones.

DICTAMEN DE COMISIÓN

DESPACHO PARCIAL

Convención Constituyente:

Vuestra Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición ha considerado el proyecto de texto producidos por la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías sobre transparencias en actos de gobierno, contenido en los despachos de comisión número 68; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente:

La Convención Constituyente

SANCIONA:

Artículo ... .- Todos los actos de gobierno son públicos. Se desarrollan políticas tendientes a la prevención de los actos de corrupción.

Todo acto de contenido patrimonial de monto relevante será registrado en una base de datos, bajo pena de nulidad. Se asegura el acceso libre y gratuito a la misma.

* Compatibilizar con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 21 de septiembre de 1996.

Eugenio R. ZAFFARONI; María J. LUBERTINO; Alfredo CARELLA; Enrique RODRÍGUEZ; María E. BARBAGELATA; Ángel BRUNO; Patricia BULLRICH; Susana CARRO; Jorge CASTELLS; Jorge ENRÍQUEZ; Nilda GARRÉ; Raúl GARRÉ; Martín HOUREST; Aníbal IBARRA; Eduardo JOZAMI; Elsa KELLY; Alberto MAQUES; Raúl PUY y Osvaldo RIOPEDRE.

INFORME

Convención Constituyente:

Vuestra Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición ha considerado el despacho número 68 producido por la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, sobre transparencia en actos de gobierno y en virtud de las facultades que le otorga el Artículo 40 del Reglamento del Cuerpo; y, por las razones que expondrá el miembro informante en su oportunidad, aconseja la aprobación del presente despacho.

Eugenio R. ZAFFARONI.

ANTECEDENTE

DICTAMEN DE COMISIÓN N° 68

Despacho general de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías a la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición (según lo dispuesto en el Artículo 40 del Reglamento).

Todo acto de contenido patrimonial de monto relevante será registrado en una base de datos, bajo pena de nulidad. Se asegura el acceso libre y gratuito a la misma.

DICTAMEN DE COMISIÓN

DESPACHO PARCIAL

Convención Constituyente:

Vuestra Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición ha considerado el proyecto de texto producido por la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, Partidos Políticos y Mecanismos de Democracia Directa sobre Relaciones Interjurisdiccionales contenido en el despacho de Comisión N° 50; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente:

La Convención Constituyente

SANCIONA:

Artículo ... .- En reemplazo del Artículo 1° se propone reformular el inciso 3 de Atribuciones del Poder Ejecutivo, en la siguiente forma:

3. Concluye y firma los tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales. También pueden celebrar convenios con entes públicos nacionales, provinciales, municipales o extranjeros y con organismos internacionales, y acuerdos para formar regiones con las provincias y municipios, en especial con la provincia de Buenos Aires y sus municipios respecto del Área Metropolitana, en todos los casos con aprobación de la Legislatura. Fomenta la instalación de sedes y delegaciones de organismos del Mercosur e internacionales en la Ciudad.

Art. ... .- Proponer la redacción del inciso 9 de facultades del Poder Ejecutivo de la siguiente manera:

19. Designa a los representantes de la Ciudad ante los organismos federales, ante todos los entes interjurisdiccionales y de regulación y control de los servicios cuya prestación se lleva a cabo de manera interjurisdiccional y ante los internacionales en que participa la Ciudad.

Designa al representante de la Ciudad ante el organismo federal a que se refiere el Artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Art. ... .- Los proveedores de bienes o servicios de producción nacional tendrán prioridad en la atención de las necesidades de los organismos oficiales de la Ciudad y de los concesionarios u operadores de bienes de propiedad estatal, a igualdad de calidad y precio con las ofertas alternativas de bienes o servicios importados. Una ley establecerá los recaudos normativos que garanticen la efectiva aplicación de este principio, sin contrariar los acuerdos internacionales en los que la Nación Argentina es parte.

Art. ... .- La Ciudad propicia mecanismos de acuerdo con la provincia de Buenos Aires con el objeto de utilizar o crear plantas de tratamiento y disposición final de los residuos industriales, peligrosos, patológicos y radiactivos que se generen en su territorio.

Sala de la comisión, 25 de septiembre de 1996.

Eugenio R. ZAFFARONI; María J. LUBERTINO; Enrique RODRÍGUEZ; María E. BARBAGETATA; Ángel BRUNO; Susana CARRO; Jorge ENRÍQUEZ; Martín HOUREST; Eduardo JOZAMI; Alberto MAQUES y Osvaldo RIOPEDRE.

En disidencia parcial:

Jorge J. CASTELLS y Alfredo CARELLA.

INFORME

Convención Constituyente:

Vuestra Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición ha considerado el Despacho N° 50 producido por la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, Partidos Políticos y Mecanismos de Democracia Directa sobre Relaciones Interjurisdiccionales, y, en virtud de las facultades que le otorga el Artículo 40 del reglamento del cuerpo; y, por las razones que expondrá el miembro informante en su oportunidad, aconseja la aprobación del presente despacho.

Eugenio R. ZAFFARONI.

ANTECEDENTE

DICTAMEN DE COMISIÓN N° 50

De la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, Partidos Políticos y Mecanismos de Democracia Directa. A la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición (según lo dispuesto en el Artículo 40 del Reglamento).

"3. Concluye y firma los tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales. También puede celebrar convenios con entes públicos nacionales, provinciales, municipales o extranjeros y con organismos internacionales, y acuerdos para formar regiones con las provincias y municipios, en especial con la provincia de Buenos Aires y sus municipios respecto del Área Metropolitana, en todos los casos con aprobación de la Legislatura. Fomenta la instalación de sedes y delegaciones de organismos del Mercosur e internacionales en la Ciudad".

2°) Proponer la redacción del inciso 19 de facultades del Poder Ejecutivo de la siguiente manera:

"19. Designa a los representantes de la Ciudad ante los organismos federales, ante todos los entes interjurisdiccionales y de regulación y control de los servicios cuya prestación se lleva a cabo de manera interjurisdiccional e interconectada y ante los internacionales en que participa la Ciudad. Designa al representante de la Ciudad ante el organismo federal a que se refiere el Artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional."

Artículo ... .- El gobierno de la Ciudad diseña sus políticas de forma tal que la alta concentración de actividades económicas, financieras y de servicios conexos producidos en la Ciudad concurra a la mejor calidad de vida del conjunto de la Nación.

Los proveedores de bienes o servicios de producción nacional tendrán prioridad en la atención de las necesidades de los organismos oficiales de la Ciudad y de los concesionarios u operadores de bienes de propiedad estatal, a igualdad de calidad y precio con las ofertas alternativas de bienes o servicios importados. Una ley establecerá los recaudos normativos que garanticen la efectiva aplicación de este principio, sin contrariar los acuerdos internacionales en los que la Nación Argentina es parte.

Art. ... .- La Ciudad propicia mecanismos de acuerdo con la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones con el objeto de utilizar o crear plantas de tratamiento y disposición final de los residuos industriales, peligrosos, patológicos y radiactivos que se generen en su territorio.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición sobre el proyecto de texto producido por la Comisión de Políticas Especiales referido al puerto de Buenos Aires, contenido en el Orden del Día T. N° 86.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sr. Presidente (Shuberoff).- En consideración.

Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señor presidente: la Comisión de Políticas Especiales ha considerado necesaria la inclusión de este artículo en el texto constitucional para dejar establecido con absoluta claridad que el puerto de la ciudad pertenece al dominio de la ciudad de Buenos Aires.

Entendemos que con la autonomía de la ciudad ya no existe razón alguna para que ella tenga un tratamiento distinto del que reciben las provincias, dado que la Ley de Puertos contemplaba en un principio la posibilidad de transferir los puertos a las provincias o a la ciudad de Buenos Aires. Esta disposición que hacía referencia en particular a esta ciudad fue vetada. Pero esto ocurrió cuando la ciudad aún no había alcanzado la autonomía que le ha otorgado la reforma de la Constitución Nacional.

En función de todo eso nos parece que este artículo no es controvertido desde la perspectiva que estamos planteando en esta Constitución: la reivindicación de todos los derechos que corresponden a la ciudad.

Por otro lado, éste ya no es un tema polémico, señor presidente. En el siglo pasado los argentinos se mataban y discutían mucho para saber a quién pertenecía el puerto. Ahora, cuando hablamos del puerto no hablamos de las aduanas –ésa es una vieja historia–. Entonces hoy, cuando Buenos Aires reivindica su puerto, no está enfrentándose con ningún otro interés respetable en el ámbito nacional sino que simplemente está queriendo ejercer en plenitud su autonomía.

Nos parece que no existen razones para que el pleno control del puerto y de las actividades que allí se realizan no corresponda al Gobierno de la Ciudad. Por todas estas razones, vamos a pedir la aprobación de este texto.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra el señor convencional Canata.

Sr. Canata.- Señor presidente: habiéndose debatido el tema del puerto en otras comisiones, voy a solicitar una inserción.^*

A su vez voy a sugerir, como es una sola cláusula, que el texto del artículo diga: "El Puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, que ejerce el control de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas". Es decir, propongo que se agregue la palabra "público".

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra el señor convencional Maques.

Sr. Maques.- Señor presidente: solicito que oportunamente se apruebe mi inserción correspondiente a este punto.^*

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señor presidente: desde luego, nuestra bancada no ha suscripto este dictamen ni ha proyectado dictamen alguno en minoría. En más de una ocasión hemos expresado disidencias, hemos hecho dictámenes en minoría y hemos discutido en este recinto. Pero me da la impresión de que ésta es la menos feliz de todas las cláusulas de este Estatuto.

Decir que algo es del dominio de la ciudad sin consentimiento, sin otorgamiento, sin transferencia por parte de quien realmente es el titular de ese dominio, o sea el Estado Nacional, no tiene efecto alguno, excepto el de buscar una situación de conflicto.

Me gustaría que, más allá de las inserciones y de lo que se ha dicho en el recinto, que no es mucho, se diera una explicación del sentido que tiene poner en el texto constitucional algo que no es cierto, algo que eventualmente dependerá de una ley del Congreso, algo por lo que estamos dispuestos a luchar y a acompañar todas las acciones que se hagan para que sea cierto.

La Ley de Puertos previó la transferencia, a solicitud de las provincias, de los puertos nacionales instalados en sus territorios. El Artículo 11 incluía a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, pero fue vetado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 1.029/92.

Entonces, ¿qué explicación podemos encontrar a un artículo que dice que el puerto es de la ciudad de Buenos Aires? Así podría decir que pertenecen a la ciudad la Casa Rosada, el Palacio del Congreso o el Palacio de Tribunales, e incluso podría decir que la Universidad de Buenos Aires –que el señor presidente conduce– no es más nacional sino de la ciudad. ¿Por qué no hemos puesto esto también?

Considero que ni siquiera puede invocarse una cláusula transitoria que diga que las disposiciones de la Constitución tendrán vigencia una vez que se transfieran las competencias respectivas. Más allá del alcance de esa cláusula –que oportunamente discutiremos–, creo que en el caso en análisis tampoco tendría aplicación, porque de la misma forma podríamos expresar que corresponde al dominio de la ciudad –que diga público o privado para el caso es indistinto– cualquier instalación nacional. ¿Pero nos vamos a apropiar de las instalaciones nacionales por medio de la palabra escrita?

Lamento tener que plantear esta franca oposición a la norma en consideración y exhorto a que se dé alguna respuesta a mis interrogantes. También exhorto a que se reflexione en torno de esta cuestión y a que se elimine la norma propuesta que nada agrega al texto de la Constitución que estamos sancionando. Adviértase incluso que ya hasta empleamos la palabra "Constitución" –más allá de que sostenemos que para nosotros es un Estatuto–, porque nuestra actitud es de permanente colaboración. Pero a veces sentimos que se nos conduce a una suerte de callejón sin salida y que se pretende ponernos contra la pared, haciéndonos enfrentar con normas que por su contenido y por su falta total de eficacia no parecen más que la búsqueda innecesaria de un conflicto, que además tampoco puede resolverse en favor de la ciudad.

Por eso es que con toda humildad, pero también con toda convicción, exhorto a la reflexión y a que, en todo caso, nos pongamos a trabajar juntos para que, con su nuevo status, en la Ley de Puertos la ciudad sea asimilada a las provincias, o para que mediante una nueva ley se confirme aquel Artículo 11 que en su momento fue vetado. Pero no podemos decir "esto es mío" cuando todos sabemos que no lo es.

Si bien por estas razones vamos a votar negativamente el dictamen, sinceramente nos gustaría escuchar alguna explicación para una norma tan insólita y audaz como la que estamos considerando.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Solicito al señor presidente de la comisión que se expida con relación a la propuesta de modificación formulada por el señor convencional Canata.

Sr. Jozami.- Señor presidente: la comisión acepta la inclusión propuesta por el señor convencional Canata y, teniendo en cuenta la falta de tiempo y que los argumentos ya fueron formulados en un debate llevado a cabo en la Comisión de Redacción en la que participaron muchos de los señores convencionales presentes, lamenta no poder continuar el debate al que nos invita el señor convencional Castells.

De cualquier manera, quiero agradecer el calificativo de "audaz" que el señor convencional Castells ha utilizado con relación a esta iniciativa que, de acuerdo con el espíritu de autonomía que hemos sancionado, nos parece casi de rutina.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Con la modificación propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar en general.

Sr. Presidente (Shuberoff).- En consideración en particular.

Se va a votar.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Queda aprobado el texto por evidente mayoría. (Aplausos.)

Artículo ... .- El Puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, que ejerce el control de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto producido por la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, Partidos Políticos y Mecanismos de Democracia Directa, sobre límites de la ciudad, contenido en el Orden del Día T. N° 87.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sr. Presidente (Shuberoff).- En consideración en general.

Tiene la palabra la señora convencional Kelly.

Sra. Kelly.- Señor presidente: ante todo quisiera señalar en el inicio de mi intervención, que este dictamen fue propuesto por la comisión debido a que se estimaba indispensable determinar en la Constitución los límites de la ciudad, a efectos de dar fijeza al territorio dentro del cual ella habrá de aplicarse

Si bien el dictamen consta de tres artículos, el primero de ellos es el que se refiere específicamente a los límites de la ciudad. Este artículo consta de dos partes fundamentales, la primera de las cuales está referida a los límites que históricamente y por derecho corresponden a la ciudad de Buenos Aires. A tal efecto se tienen en cuenta la Ley Avellaneda, que lleva el número 1.029, y las demás leyes y decretos que hacen referencia al territorio de la ciudad de Buenos Aires. En definitiva, este artículo recepta en la Constitución todas estas normas a los fines de determinar con fijeza el territorio.

La segunda parte del artículo mencionado se vincula con el carácter de corribereño que la ciudad de Buenos Aires tiene con relación al Río de la Plata, lo que constituye una declaración muy importante, pues se relaciona con la jurisdicción que debe ejercer la ciudad sobre las aguas del Río de la Plata. Además, se vincula con intereses muy precisos de los habitantes de esta ciudad.

Por lo tanto, en esta parte del primer artículo se declara, en primer lugar, como he dicho, que la ciudad de Buenos Aires es corribereña del Río de la Plata. En segundo lugar, se establece que esto se declara sin perjuicio de las normas del derecho internacional que son aplicables al Río de la Plata, lo que desde luego incluye el Tratado del Río de la Plata firmado entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. En tercer lugar, se expresa que esta declaración tiene los alcances establecidos en el Artículo 129 de la Constitución Nacional, lo que deja muy a salvo los derechos e intereses de la Nación sobre este mismo río.

Con relación al Río de la Plata –y al Riachuelo, que había omitido pero que es muy importante– el artículo declara que se trata de un bien del dominio público, de acuerdo con el criterio seguido por el Artículo 2.340 del Código Civil, que es ley de la Nación. En segundo término, la norma intenta definir con precisión qué se quiere decir cuando se declara que la ciudad de Buenos Aires es corribereña del Río de la Plata, porque es aquí en donde entran a jugar los intereses de los vecinos, de los conciudadanos o de los simples transeúntes.

En este sentido, se declara el derecho a la utilización equitativa y razonable de sus aguas y de los demás recursos naturales del río, su lecho y subsuelo. En segundo término, se expresa que la obligación de la ciudad consiste en no causar perjuicio sensible a otros corribereños, con lo que de alguna manera estamos garantizándoles que esa es la intención política de la ciudad.

En tercer lugar, al mismo tiempo que la ciudad hace esta declaración se establece que sus derechos sobre el río no deben ser turbados por los demás corribereños, ya que los derechos vinculados a la ribera de la ciudad son muy importantes para la vida de las personas, porque por ejemplo se refieren a tener agua potable, agua fresca, segura, no contaminada. Estos son derechos que la ciudad declara por esta disposición.

Explico esto porque no quisiera que el señor convencional Castells diga –como lo acaba de hacer cuando se trataba el tema del puerto– que estamos siendo audaces. Yo diría que somos muy justos y equitativos porque estamos preservando derechos fundamentales para la ciudad de Buenos Aires. Por eso es que salgo al cruce –dado que no hay mucho tiempo para este debate– y señalo que la intención de este artículo ha sido preservar estos derechos de la ciudad y de sus habitantes.

También quisiera decir que todo esto es coherente con la doctrina nacional, que la República Argentina ha defendido en todos los foros internacionales cada vez que se trató el tema de los recursos compartidos. De manera que no nos estamos apartando ni un ápice de lo que ha sido la doctrina nacional en esta materia, como tampoco de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se expidió en cuestiones entre provincias estableciendo estos mismos principios, que son los aplicables a los cursos de agua.

Por el segundo artículo del dictamen se establece que la ciudad tiene plena jurisdicción sobre todas las formaciones insulares aledañas a sus costas, que se forman porque el Río de la Plata tiene características aluvionales. Había que prever la situación de estas formaciones insulares aledañas a las costas y sujetarlas a la jurisdicción de la ciudad, pero siempre respetando los alcances del Tratado del Río de la Plata. Es decir que en todo momento estamos preservando la justeza de nuestros derechos.

En la última parte del mencionado artículo se considera como reservas naturales a dichas formaciones insulares.

El tercer artículo declara espacios públicos y de libre acceso y circulación al contorno ribereño de la ciudad –es decir, la costa de Buenos Aires– para que no haya apropiaciones indebidas que impidan a la ciudadanía el recreo y el esparcimiento que esta costa debe permitir. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra la señora convencional Maronese.

Sra. Maronese.- Señor presidente: solicito autorización para insertar el texto de mi discurso en el Diario de Sesiones.^* De todas formas, haré algunas consideraciones.

No quiero abundar en los detalles que ya han sido expuestos por la señora convencional Kelly. Tan sólo deseo afirmar explícitamente que debe sostenerse que la ciudad de Buenos Aires, no sólo por su historia sino también por la particular injerencia sobre el río, no puede convertirse en un Estado seco. De hecho, nunca lo ha sido, y nadie nunca ha dudado de que esta ciudad ha sido fundamentalmente una ciudad puerto, una ciudad ribereña.

Sin embargo, debo reconocer que para la gente hubo un momento en que el río se perdió. Por experiencia propia recuerdo que hace unos veinticinco años me metí en el río y salí toda empetrolada. En ese entonces el tema no era noticia en los diarios, como ahora se publica que salen pingüinos empetrolados; solamente recuerdo fotos de carteles que prohibían bañarse en la playa Saint Tropez, de moda en esos momentos.

Después vinieron las construcciones, las concesiones, las modernas instalaciones privadas, las denuncias y quejas que no pudieron impedir la privatización del río. Hoy estamos mirando cómo brotan de la galera proyectos faraónicos que llevan implícitas fabulosas inversiones.

Pero pienso que ahora ya hemos tomado conciencia del problema y dijimos basta. Dijimos basta cuando nos opusimos a esos proyectos, cuando votamos el 30 de junio, y hoy que vamos a votar estos artículos que se refieren a los límites de la ciudad.

Lo que vamos a votar tiene una enorme importancia. Por fuera de todo debate formal o jurídico sobre el tema de la autonomía, llegamos aquí con la intención de dejar sellada en esta Constitución la necesidad de que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuente con la normativa y jurisdicción sobre aquellos problemas respecto de los cuales los vecinos van a reclamar una respuesta, tanto sobre el Riachuelo –que hace largos años tiene mala fama y ya se miraba con horror en 1871, cuando se produjo la epidemia de fiebre amarilla– como sobre el Río de la Plata.

No sé cuánto se podrá recuperar de todo lo que perdimos, pero es momento de empezar a hacerlo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez.

Sra. Pérez Suárez.- Señor presidente: en primer lugar, debemos destacar que no es competencia de una Convención Estatuyente expedirse en materia de límites, de acuerdo con lo que dice la Constitución Nacional.

Nuestra Ley Suprema, en su Artículo 75, inciso 15) dispone que corresponde al Congreso "arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias". Si bien no se menciona a la ciudad de Buenos Aires, creemos que por interpretación analógica corresponde que se le aplique esta norma.

Es evidente, a la luz del texto constitucional, que ni la ciudad ni provincia alguna pueden por sí solas fijar límites que son siempre de materia interjurisdiccional. Por otra parte, los límites de la ciudad de Buenos Aires son tan obvios que parece innecesario mencionarlos en este Estatuto.

Está muy claro, además, que la jurisdicción del Río de la Plata es de materia federal, y que, como todos saben, es un límite internacional. De tal manera que la jurisdicción ambiental nunca podría corresponder a la ciudad porque si siguiéramos ese criterio deberíamos tener jurisdicción ambiental sobre el conurbano, puesto que también la ciudad podría verse afectada por él.

Hemos planteado estas disidencias en la comisión que preside el señor convencional Enrique Martínez y, por supuesto, hemos suscripto el último artículo, referente a los espacios públicos de libre acceso.

Respecto de la Reserva Ecológica nos hemos comprometido, junto con el doctor Ruckauf y los demás integrantes de la lista de estatuyentes del Partido Justicialista, a respetar esta propuesta a través de lo que se llamó, creo, un "pacto verde", acordado con distintas organizaciones.

Entonces, con las disidencias que hemos planteado, que tienen indudable coherencia con las manifestaciones del convencional Castells cuando se expidió sobre el dictamen en el tema de puertos, dejamos sentada nuestra posición con respecto al dictamen en consideración.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra el señor convencional Brailovsky.

Sr. Brailovsky.- Señor presidente: adhiero al proyecto en consideración.

Entiendo que no fija los límites de la ciudad sino que solamente los explicita, de la misma manera en que lo hacen las constituciones de la provincia de Buenos Aires y de las provincias patagónicas con frente marítimo.

Quiero llamar la atención sobre el segundo artículo, con respecto a la jurisdicción sobre las islas. Esto no se refiere solamente al caso de que algún irresponsable quiera hacer una isla artificial sino que, además, prevé la situación que se puede generar por el proceso de formación de las islas del delta, que es muy acelerado. En efecto, hace un siglo el delta llegaba hasta lo que hoy es la ciudad de Tigre; en un siglo llegó hasta San Isidro y, de acuerdo con la velocidad con que avanza, es muy probable que en las próximas décadas tengamos las islas del delta delante de la ciudad de Buenos Aires.

De manera que me parece una excelente previsión constitucional que se explicite desde este momento la jurisdicción de la ciudad sobre esas islas que, insisto, están a punto de formarse.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra la señora convencional Elsa Kelly, para una aclaración. Le pido que sea breve.

Sra. Kelly.- Seré muy breve, señor presidente.

Parte de lo que iba a decir ya lo ha expresado el señor convencional Brailovsky.

Aclaro a la señora convencional Pérez Suárez que a través de este texto no estamos fijando unilateralmente nuestros límites. Es más, el artículo hace referencia a las leyes nacionales que han determinado y conformado sucesivamente, en varias etapas, el territorio de la ciudad.

En lo que respecta al Río de la Plata, discrepo también con ella, porque la primera y única vez que escuché que un territorio costero no tenía algún tipo de competencia o jurisdicción sobre el agua que lo bordea fue cuando se sostuvo la "tesis Fagalde", ocasión en que los chilenos decían que no teníamos agua en el canal del Beagle.

Es decir, por más intereses y derechos que pueda tener la Nación, nadie puede disputar a la ciudad de Buenos Aires su jurisdicción y competencia sobre el Río de la Plata, independientemente de los derechos que aquélla tenga.

Por eso he sido muy explícita: hemos preservado esos intereses y derechos al establecer muy claramente en el artículo propuesto que lo que estamos fijando respeta los alcances contenidos en el Artículo 129 de la Constitución Nacional.

Por supuesto, hay una cuestión que...

Sr. Presidente (Shuberoff).- Señora convencional: le concedí el uso de la palabra porque solicitó una interrupción.

Existe un acuerdo en virtud del cual sólo un miembro de cada bloque puede hablar, una vez y por cinco minutos. Usted ya lleva exponiendo tres minutos en su segunda intervención.

Sra. Kelly.- De acuerdo, señor presidente. Ya he dicho lo que tenía que decir.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Presidente (Shuberoff).- En consideración en particular el Artículo 1º.

Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez.

Sra. Pérez Suárez.- Señor presidente: independientemente de que por razones que no voy a explicitar aún los acuerdos a los que se había arribado en la reunión de labor parlamentaria han quedado en suspenso, y esperaré la orden del presidente de mi bloque para cumplirlos, voy a responder a la señora convencional Kelly porque he sido aludida por ella.

El 19 de noviembre de 1973 se suscribió entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay el Tratado de Montevideo, aprobado y luego publicado en el Boletín Oficial el 18 de febrero de 1974.

Dicho tratado fija los límites sobre el río de la Plata entre ambos países, estableciendo las áreas de jurisdicción argentina y uruguaya, respectivamente.

Es facultad del Congreso de la Nación determinar la calidad de bien público; así lo expresa Bidart Campos en su Tratado de Derecho Constitucional Argentino, Tomo I, página 163. Dice que incumbe a la ley del Congreso determinar cuáles son los bienes del dominio público y del dominio privado de las provincias, distinguiendo posteriormente que el dominio de las provincias sobre sus bienes no coincide con la jurisdicción; puede haber dominio sin jurisdicción y, así, en materia de los ríos, las provincias tienen el domino de los que corren por su territorio, sin perjuicio de la jurisdicción federal del Congreso con respecto a la navegación y al comercio interprovincial.

Indudablemente, estos debates que hemos tenido en la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, Partidos Políticos y Mecanismos de Democracia Directa, quedaron reflejados en sendos dictámenes, en mayoría y en minoría, que han sido publicados.

Como el acuerdo a que se arribó en la reunión de labor parlamentaria ahora está en suspenso, reitero, me he permitido hacer esta explicación.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Lo único que le ha permitido hacer esta explicación es terminar con la paciencia del presidente. En rigor, no hay ningún acuerdo en suspenso sino que está vigente, solo que sujeto a la habilidad y capacidad de los señores presidentes de bloque para hacerlo cumplir.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Presidente (Shuberoff).- En consideración en particular el Artículo 2º.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Queda aprobado el texto.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto de la Comisión de Políticas Especiales sobre Consejo de Planeamiento Estratégico, contenido en el Orden del Día T. N° 90.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sr. Presidente (Shuberoff).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señor presidente: la Comisión de Políticas Especiales consideró este proyecto de su autoría y emitió dictamen favorable en virtud de que entendió que es conveniente la creación de un órgano destinado al planeamiento estratégico en el que participen y estén representados los distintos sectores del trabajo, la producción, la cultura y las distintas actividades relevantes de la ciudad.

Me parece que dada la premura con que estamos trabajando no es necesario hacer consideraciones más extensas. El texto brinda una orientación general y señala la necesidad de la creación de un organismo de estas características, estableciendo cuáles son las finalidades que debe cumplir en materia de planeamiento estratégico y señalando su carácter participativo. Abundar en más detalles seguramente no sería propio del texto constitucional.

Por eso, finalmente, en la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición se aprobó el texto que hoy sometemos a la consideración del cuerpo.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Se va a votar en general.

Sr. Presidente (Shuberoff).- En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señor presidente: en el mismo sentido el bloque justicialista acompaña este proyecto porque además es tradición de nuestro partido tomar la iniciativa en asuntos de estas características integrando a los sectores de la producción y el trabajo para buscar mecanismos de consenso y de planeamiento estratégico de las propuestas, en este caso para la ciudad.

Sr. Garré.- En aras de apoyar el espíritu del proyecto, he conversado con varios integrantes de los distintos bloques, y propongo en la mitad de esta fórmula tan genérica y amplia cuya poca especificidad puede generar algún marco de riesgo por su excesiva extensión y generalidad, el reemplazo de la parte que dice: "...sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y educativas de la ciudad..." por "...organizaciones representativas del trabajo, la producción, religiosas, culturales, educativas y los partidos políticos...", con lo cual quedaría una enunciación más taxativa, menos genérica y que reflejaría el espíritu del proyecto formulado por el señor convencional Shuberoff. De modo que propongo reemplazar la parte del texto del proyecto que he citado por la que acabo de enunciar.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el señor convencional Shuberoff.

Sr. Shuberoff.- Señora presidenta: brevemente trataré de fundar o mencionar las características más relevantes de la propuesta que se halla en tratamiento.

Si hubiera que resumir en pocas palabras de qué se trata, diría que consiste en inaugurar una forma directa de participación de los actores sociales relevantes en la tarea de búsqueda de consuno con el resto de los actores, de los denominadores comunes que permitan ir fijando de tiempo en tiempo las políticas de Estado, es decir, aquellos elementos que por corresponder a la voluntad del conjunto del pueblo no estarán sujetos a los cambios que la propia voluntad popular vaya determinando en el color de los gobiernos que se vayan sucediendo en la ciudad.

En otros términos, se trata de la necesidad de generar un espacio público y plural para que el propio Estado dialogue con los actores sociales relevantes en torno a las respuestas a dar a algunas cuestiones fundamentales, por ejemplo el perfil que hacia afuera ofrecerá la ciudad, el rol que ocupará en la región y en el país, de qué va a vivir la gente en el futuro mediato, esto es, cuál será el perfil económico de la ciudad a grandes trazos. En definitiva, las respuestas a las preguntas que el conjunto de la sociedad se está formulando a sí misma.

Lo que estamos propiciando, insisto, es que el Estado se haga responsable de tender la mesa en torno de la cual los actores relevantes de la sociedad civil y el propio Estado puedan formular las preguntas pertinentes y encontrar las respuestas que sirvan como consenso, como acuerdo de todos ellos, como denominadores comunes de un conjunto de políticas que serán las de Estado, de la ciudad, para un tiempo determinado. Por este motivo adelanto el voto favorable de la Unión Cívica Radical al dictamen en consideración.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Teniendo en cuenta que el señor convencional Garré ha efectuado una propuesta de modificación del texto del dictamen en análisis la comisión debe manifestar si la acepta o no.

Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señora presidenta: en principio la Comisión acepta, pero considerando que el autor de la iniciativa es el señor convencional Shuberoff, le pido que manifieste su opinión.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el señor convencional Shuberoff.

Sr. Shuberoff.- Señora presidenta: en principio también estoy de acuerdo, porque la propuesta es bastante parecida al texto originario. Si no recuerdo mal, se propicia reemplazar "organizaciones económicas" por "organizaciones del trabajo y la producción".

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Por Secretaría se dará lectura al artículo tal como quedaría redactado con la propuesta del señor convencional Garré.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- Dice así: "El Consejo de Planeamiento Estratégico, de carácter consultivo, con iniciativa legislativa, presidido por el jefe de Gobierno e integrado por las instituciones y organizaciones representativas del trabajo, la producción, religiosas, culturales y educativas y los partidos políticos de la Ciudad articula su interacción con la sociedad civil, a fin de proponer periódicamente planes estratégicos consensuados que ofrezcan fundamentos para las políticas de Estado, expresando los denominadores comunes del conjunto de la sociedad. Sus integrantes se desempeñan honorariamente".

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- ¿La comisión acepta la modificación?

Sr. Jozami.- Señora presidenta: advierto que falta incluir en la enunciación a las organizaciones sociales. Si se incluyeran no habría inconveniente en reemplazar "organizaciones económicas" por "organizaciones representativas del trabajo y la producción". Entiendo que es imprescindible la mención a las organizaciones sociales.

Sr. Garré.- No tengo inconveniente, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- En consecuencia, se va a votar el dictamen con la modificación propuesta por el señor convencional Garré y aceptada por la comisión.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Queda aprobado el texto por unanimidad.

CAPÍTULO GENERAL

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto producido por la Comisión de Poder Legislativo y Poder Constituyente sobre juicio político, contenido en el Orden del Día T. N° 34.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- En consideración en general.

Tiene la palabra la señora convencional Yelicic.

Sra. Yelicic.- Señora presidenta: el señor convencional Orlandi, que no se halla presente en el recinto, iba a formular una propuesta de modificación con relación a uno de los artículos.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- De todas formas, teniendo en cuenta que el texto del dictamen contiene cuatro artículos puede fundar la iniciativa y luego el señor convencional Orlandi proponer la modificación.

Sra. Yelicic.- Señora presidenta: acaba de llegar el señor convencional Orlandi, de modo que solicito le conceda el uso de la palabra para que fundamente la modificación.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el señor convencional Orlandi.

Sr. Orlandi.- Señora presidenta: en primer lugar, pido disculpas al cuerpo por la demora.

En segundo término, solicito tres modificaciones con relación a los tres primeros artículos, tendientes a clarificar un aspecto que nos ha parecido que no ha quedado suficientemente explícito en el texto contenido en el dictamen en consideración.

La modificación al primer artículo tiene que ver con la ubicación del procedimiento del juicio político en estas dos salas en las que dividimos la Legislatura unicameral: la acusadora y la juzgadora, de modo directo, sin un paso previo por el plenario del cuerpo, a efectos de evitar cualquier imputación eventual de prejuzgamiento que pudiera surgir de parte de los miembros de la Legislatura.

La segunda modificación establece un 75 por ciento de los miembros de la Legislatura para la sala acusadora y el 25 por ciento restante para la juzgadora.

Si la Presidencia lo dispone, se puede dar lectura al texto que estamos proponiendo.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Señor convencional Orlandi: el texto no se encuentra en la mesa de la Presidencia. Solicito que lo lea usted.

Sr. Orlandi.- El primer artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "Autoridades enjuiciables y causales. La Legislatura puede destituir por juicio político fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes al gobernador, al vicegobernador o a quienes los reemplacen; a los ministros del Poder Ejecutivo; a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Magistratura; al fiscal general, al defensor general; al asesor general de incapaces; al defensor del pueblo y a los demás funcionarios que esta Constitución establece".

El segundo artículo quedaría redactado de la siguiente forma: "Conformación de salas. Cada dos años y en su primera sesión la Legislatura se divide por sorteo en una sala acusadora integrada por el setenta y cinco por ciento (75 %) de sus miembros y en una sala de juzgamiento compuesta por el veinticinco por ciento (25%) restante, respetando la proporcionalidad de los partidos o alianzas. Cada sala es presidida por un diputado elegido por mayoría simple entre sus miembros. Cuando el juicio político sea contra el gobernador o el vicegobernador, la sala de juzgamiento es presidida por el presidente del tribunal superior".

El tercer artículo quedaría como está redactado en el dictamen, pero al final se le agregaría una frase que diga que quedan excluidos de esta votación los miembros de la sala de juzgamiento. Se refiere a la votación por dos tercios, en la cual se establece la acusación ante la otra sala por parte de la sala acusadora.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señora presidenta: estoy convencido de que el dictamen de la Comisión de Redacción era mucho más preciso, desde todo punto de vista, que el propuesto por el señor convencional Orlandi, con quien, por otra parte, hemos conversado ya dos o tres veces sobre este asunto. Pero no logro terminar de persuadirlo de que está faltando un elemento esencial, que es determinar cuándo comienza el juicio.

Por ello, en la Comisión de Redacción se elaboró el dictamen tal como está redactado, cuyo primer artículo supone un paso previo y fundamental, que el plenario de la Legislatura decida por el voto de dos tercios de sus miembros la promoción del juicio político. Luego viene la acusación y después, la sentencia. A tal efecto existe la división en salas.

Adelanto que en este punto no tenemos inconvenientes en aceptar el cambio de proporción entre sala acusadora y juzgadora. Nos parece muy peligroso que en el sistema que propone el convencional Orlandi no sea el cuerpo en su totalidad el que con los dos tercios de sus miembros resuelva iniciar el juicio.

Es poco feliz el argumento de prejuzgamiento. No hay tal prejuzgamiento. Es decir, someter a juicio a alguien de modo alguno implica prejuzgar sobre su inocencia o culpabilidad. Tan así es que en un procedimiento normal en la justicia federal el mismo juez que procesa es quien dicta la sentencia. Y a nadie se le va a ocurrir que por dictar el procesamiento, queda inhibido, por prejuzgamiento, de dictar la sentencia.

Para ser más claro y preciso –en un tema que reconozco es árido, pero que puede ser muy grave–, el procedimiento normal que debe seguir el juicio político es que una vez promovida la denuncia o el pedido de juicio político, será la Legislatura en plenario la que –tal vez con el previo dictamen, si así lo establece su Reglamento, y es materia en la que no debemos incursionar, de alguna comisión ad hoc– resuelva si corresponde promover el juicio o no. Recién con esta resolución la sala acusadora puede comenzar a actuar. De lo contrario, ella sería algo así como un órgano casi independiente, que por sí solo podría ejercer tan importantes facultades como las que aquí le damos. Se trata de facultades instructorias y garantiza al imputado el derecho de defensa.

Me pregunto si con esta redacción que se propone el gobernador está obligado a concurrir a una convocatoria que se le haga, sin que haya una decisión de la Legislatura, por la sola citación de una comisión.

Por eso nos parece indispensable que el primer acto del proceso sea una decisión del cuerpo en su totalidad. Luego intervendrá la sala, que ejercerá sus facultades instructorias, ya con el mandato y con la decisión del cuerpo.

Esto lo tuvimos todos muy claro en la Comisión de Redacción y me parece que alguna mala lectura del texto o un error de interpretación ha llevado a pensar que esta decisión de la legislatura podría importar un abuso o que se corriera el riesgo de promover acciones que perjudiquen a funcionarios que, muchas veces, hacen que en los medios se los tenga por culpables, antes de que se investigue y se decida.

El orden razonable del procedimiento es el que surge del dictamen de comisión. He escuchado con atención la propuesta que se ha leído y no queda claro cómo se decide la iniciación del juicio; cuándo comienza y cuál es el órgano que la resuelve.

Por eso insisto en la redacción del dictamen de comisión. Lo hemos conversado más de una vez, porque me parece que estamos incurriendo en un error que seguramente puede afectar a los funcionarios que ejercen o que en el futuro ejerzan el Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el señor convencional Orlandi.

Sr. Orlandi.- Señora presidenta: efectivamente, hay dos posiciones bien distintas. Una, muy respetable, que sostiene el señor convencional Castells, indicaría que hay tres pasos en el procedimiento o tres momentos durante el juicio político. En primer lugar, una resolución en el plenario de la Legislatura, antes de la división en salas acerca de si procede el juicio político o no.

Un segundo momento sería la acusación y un tercero, el juzgamiento. Nosotros hemos querido explícitamente eliminar ese primer momento, y ésta es la otra posición.

Cuando decimos que la sala de enjuiciamiento –es decir, la parte de la Legislatura que generamos como segunda cámara a los efectos de dictar sentencia en el juicio político– no debe ser tachada de prejuzgamiento, lo hacemos teniendo en cuenta una de las dos posiciones en debate que también se da en el juicio político a nivel nacional.

Generalmente, el juicio político tiende a ser asimilado a un procedimiento judicial. No se toma en cuenta que a veces cuando se habla de imputados y de ciertas etapas del procedimiento, se lo hace como si se tratara de un juicio penal.

El razonamiento del señor convencional Castells sería correcto si pusiéramos como ejemplo que muchos jueces penales instruyen el sumario, dictan la prisión preventiva e independientemente de eso después dictan la sentencia en el plenario, absolviendo o condenando.

Lo que ocurre es que el Poder Legislativo es un órgano político y, como el término lo indica, el juicio es político. Sobre todo atendiendo a una de sus causales, que es la comisión de delitos en el ejercicio de la función pública, causal esencialmente política que no tiene la valoración objetiva de la otra –comisión de delitos comunes–, enmarcada en la aplicación del derecho penal.

Esta situación hace que existan dos enfoques distintos. La causal política de mal desempeño es la que diferencia nuestro juicio político de su antecedente anglosajón –el impeachment–, y tiñe precisamente al procedimiento del juicio político de una politicidad
–permítaseme la redundancia, pero de eso se trata– que justamente llevaría a que ciertas impugnaciones que a nadie se le ocurriría hacer a un juez, en este caso puedan ser perfectamente aplicables y seguramente utilizadas como recurso de defensa no sólo de fondo sino también de procedimiento, frente a ese primer paso que propone el convencional.

Respetamos su iniciativa, aceptamos que es una forma de concebir el juicio político, pero no la compartimos.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el señor convencional Riopedre.

Sr. Riopedre.- Señora presidenta: simplemente quiero agregar que en última instancia el procedimiento que propiciamos permite habilitar la vía judicial, sin excluir la posibilidad de que posteriormente el funcionario, en caso de ser destituido, sea juzgado por la justicia ordinaria.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Señora convencional Yelicic: como presidenta de la comisión, ¿acepta las modificaciones propuestas por el señor convencional Orlandi?

Sra. Yelicic.- Sí, señora presidenta, la Comisión acepta las modificaciones propuestas.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Se va a votar en general.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Se va a votar en particular el Artículo 1º, con la modificación propuesta.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Queda aprobado por mayoría.

Se va a votar en particular el Artículo 2º, con la modificación propuesta.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Queda aprobado por unanimidad.

Se va a votar en particular el Artículo 3º.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Queda aprobado por unanimidad.

Se va a votar en particular el Artículo 4º.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Queda aprobado por unanimidad el Artículo 4º. En consecuencia, queda aprobado el texto.

Juicio Político

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señora presidenta: dejo constancia del voto negativo del bloque justicialista en los órdenes del día Nos. 86 y 87 y en el primer artículo del Orden del Día N° 34.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Quedará constancia.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en los proyectos de texto producidos por las comisiones de Declaraciones, Derechos y Garantías y de Políticas Especiales sobre protección del ambiente y ambiente humano, contenido en el Orden del Día T. N° 64.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Santa María.

Sr. Santa María.- Señora presidenta: solicito la inserción de mi discurso y adelanto que en particular se plantearán las modificaciones correspondientes al texto.^*

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra la señora convencional Fernández Meijide.

Sra. Fernández Meijide.- Señora presidenta: voy a tratar de ser muy esquemática y desde ya pido que se autorice a insertar la totalidad de mi discurso.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Discúlpeme, señora convencional. Le solicita una interrupción el señor convencional Santa María. ¿Se la concede?

Sra. Fernández Meijide.- Sí, cómo no.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Para una interrupción tiene la palabra el señor convencional Santa María.

Sr. Santa María.- Señora presidenta: por su intermedio agradezco la interrupción a la señora convencional Fernández Meijide.

Como es habitual, en la comisión hemos decidido compartir el informe. Entonces, simplemente pido que se dé la palabra al señor convencional Arenas, quien junto conmigo dará los fundamentos del dictamen en consideración.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Para eso habría que haber votado un apartamiento del Reglamento.

Para una aclaración, tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señora presidenta: en realidad, el grueso del texto que vamos a votar fue discutido en la Comisión de Políticas Especiales.

Además, dado que estamos muy apurados, la convencional Fernández Meijide va a hablar en nombre de nuestro bloque y la convencional Mabel Piñeiro va a hacer una brevísima intervención, no he pedido la palabra.

Entonces, pido que se respete la lista de oradores y que siga en el uso de la palabra la señora convencional Fernández Meijide.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Continúa en el uso de la palabra la señora convencional Fernández Meijide.

Sra. Fernández Meijide.- Señora presidenta: en el ambiente urbano o en la ciudad hay dos grandes temas. Uno, tiene que ver con la organización de los poderes públicos; el otro, con el ordenamiento de la ciudad, que incluye el planeamiento, la vivienda y el ambiente.

¿Cuál es nuestra responsabilidad en esta Convención? Dar, por vía de la Constitución, un modelo de ciudad para garantizar, por un lado, la calidad de vida; y por el otro, el disfrute de todos del espacio urbano.

Considero que el dictamen expresa cabalmente la creciente conciencia pública sobre la importancia del ambiente urbano.

Buenos Aires, que es un territorio totalmente urbanizado, nos permite hablar de la concepción de ambiente urbano. Hasta hoy la falta de planificación ha determinado un manejo irracional del espacio público –contradicciones en el transporte, el estímulo agresivo al transporte privado, etcétera–. El señor convencional Brailovsky ha dicho una frase tan característica como demostrativa refiriéndose a la situación, al expresar que la autopista es la manera más rápida de llegar a un embotellamiento.

En esta ciudad hay un estímulo muy tímido al transporte público, fuera de que en algunas avenidas se han asignado carriles especiales para el recorrido de colectivos y de taxis ocupados. Pero en realidad ha habido una ausencia de grandes marcos para formular propuestas importantes. Así, por ejemplo, se han creado espacios como Puerto Madero y Retiro y proyectos como la aeroísla y la ciudad judicial, que en general, más allá de que puedan ser mejores o peores que lo que había, no responden a una propuesta de planeamiento.

También ha habido excepciones injustificadas al Código de Planeamiento, tema sobre el que es innecesario insistir.

Está claro que hay que frenar estas arbitrariedades y restituir a la ciudad su condición de bien público.

En este texto estamos sumando un pensamiento urbanístico e integrador al enunciar, en el primer artículo, el derecho a un ambiente sano para hoy y –solidarios con las próximas generaciones– para el futuro. En los cuatro artículos siguientes se establecen premisas para el ordenamiento territorial y ambiental, que van desde la preservación de los recursos hasta la regulación de la habitabilidad de los espacios privados; desde el incremento de los espacios verdes hasta el saneamiento de las áreas costeras con acceso libre y gratuito, y desde el derecho a la información hasta el control de la temática nuclear. Tal vez este último fue uno de los temas sobre el que más nos costó acordar. En el tratamiento en particular haremos una propuesta que fue aceptada por todos los bloques.

En el sexto artículo planteamos el Plan Urbano Ambiental. En 1962 se hizo el último plan director, que fue un importante ejercicio de trabajo transdisciplinario y en el que participaron importantes personalidades, como los arquitectos Odilia Suárez, Paco García Vázquez, Leopoldo Portnoy, Joaquín Fisherman y Eduardo Sarray, entre otros. Posteriormente este planeamiento perdió continuidad debido a la falta de apoyo político y Buenos Aires siguió creciendo en forma caótica, como si la ciudad no fuera un bien querido por todos nosotros.

Los instrumentos que existen actualmente no son suficientes. En efecto, el Código de Planeamiento actual no sirve a sus fines porque no responde a ningún proyecto de ciudad consensuado y no podemos esperar de él un sentido integrador de la idea de ciudad.

El resultado de estos procesos es la degradación del ambiente urbano, con la consecuencia de que el que puede se refugia en su propia isla de la fantasía: se va a un country en donde obtiene seguridad y un cierto planeamiento urbano con un medio ambiente propicio, o bien se refugia en barrios y conjuntos privados, o en una isla artificial para veinte mil personas, pero siempre hacia el río, siempre quitándonos más río.

Pero esto es imposible para la gente del sur, de la que se habló aquí en distintas oportunidades. Es más, ustedes saben que Buenos Aires no crece demográficamente, porque entra gente y, a la vez, se va gente. Por lo tanto, si no la hacemos más atractiva vamos a terminar corriendo de avenida en avenida el eje que separa la pobreza de la riqueza, como ya se señaló aquí.

Quienes hemos tenido la suerte de visitar París sentimos mucha envidia cuando nos paramos en el Gran Arco y comprobamos que allí sí hubo franceses que querían a su ciudad. Y la querían para los parisinos, para los franceses y para los que llegan desde todos los rincones del mundo. Allí sí hay amor a la ciudad. Y esto no es "guitarra". No se trata sólo de erigir monumentos y de querer a Gardel, cosa que no está mal. Se trata de querer a la ciudad y hacerla habitable.

París tiene encanto, calidad funcional y paisajista, porque esas características fueron preservadas por todos, desde los que construyeron las famosas mansardas hasta el propio Mitterrand que dijo que París iba a ser vivible para todos: para los parisinos y para los que pasaran por ella.

Buenos Aires tiene el derecho y la capacidad de hacer lo mismo. Es nuestra obligación dar una ley marco a la cual se sujeten los códigos correspondientes en cada caso –la Legislatura tiene la potestad para sancionarlos– a fin de que exista una planificación que refleje, realmente, el amor que auténticamente tenemos por ella quienes la queremos.

Un rasgo de esa ley es la articulación con las políticas públicas del gobierno. Es ley marco de todas las normativas urbanísticas y obras públicas y se elabora con un carácter participativo y concertado. Estas son las características de lo que estamos proponiendo.

Desde luego que estoy haciendo un rapidísimo resumen, dado que voy a solicitar la inserción de la totalidad de mi exposición.^*

En el séptimo artículo exigimos la obligación de evaluación previa de impacto, complementando al anterior. Podemos citar aquí los ejemplos de Canadá y de Bélgica, donde nadie puede remover un árbol sin autorización y sin consultar con sus vecinos, aunque esté en su propio jardín; donde se debe establecer la altura imaginaria de un edificio y dar tiempo a que la gente diga si está o no de acuerdo con su construcción. No se trata de soñar con utopías; esto es posible.

En síntesis, la ciudad establecerá un proceso de gestión planificada y estratégica que significará un contrato social entre todos nosotros. Esto nos recuerda a Rousseau; deberíamos establecer un contrato social, y este capítulo de la Constitución y este capítulo sobre políticas de ambiente y ambiente urbano tiende hacia ese objetivo.

Se establecen derechos y deberes de sectores públicos y privados para la construcción de la ciudad. Se establece también la restitución a la ciudad de aquello que se le quitó: la equidad socio urbana que permita vivir y desarrollar actividades en un ambiente sano.

Para concluir, debemos reflejar en la Constitución –y creo que este texto ayuda a ello– el derecho, el deber y el orgullo no sólo de ser habitantes de esta ciudad sino de ser ciudadanos en la más plena y democrática acepción que este término involucra. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el señor convencional Vivo.

Sr. Vivo.- Señora presidenta: espero contar con algo más de cinco minutos, como la señora convencional preopinante.

Anticipo que solicito insertar mi exposición.^* No obstante, haré algunas consideraciones que intentaré desarrollar brevemente para compartir mi tiempo con el convencional Crevari.

No es por cierto ninguna originalidad afirmar que esta ciudad se encuentra en crisis, que da malos servicios, que produce desechos que contaminan su ambiente y el circundante, que la mayoría de sus habitantes carece de espacios de recreación y de espacios verdes y que existen niveles exagerados de contaminación atmosférica, visual y sonora. Todo esto nos habla de graves desequilibrios que repercuten negativamente en la calidad de vida de millones de argentinos que habitan esta parte del país.

Es necesario, entonces, salir de esta ciudad. Pero como se habrá de imaginar, no estoy haciendo una invitación a una mudanza colectiva sino que, por el contrario, estoy haciendo una convocatoria, un llamado a construir sobre las ruinas, como si fuera Troya a reparar.

Venimos aquí, señora presidenta, a sentar las bases de un modelo de ciudad apto para que la vivamos todos y a establecer los principios y normas fundamentales, los cimientos para luego encarar la lucha contra la contaminación atmosférica, recuperar la costanera y el río, construir espacios verdes, jerarquizar el transporte público moderno y seguro y desalentar el ingreso a la ciudad de vehículos particulares, fijar zonas comerciales, industriales y residenciales; en definitiva, regular el uso del suelo, para todo lo cual es necesario el compromiso social y la decisión política. Y así como la comunidad debe reorientar sus comportamientos, sus conductas, en función de una nueva concepción que tienda hacia un desarrollo sustentable, los poderes públicos deben comenzar por sancionar normas claras, precisas y operativas que recojan principios y normas internacionales, y que transiten por el rumbo ya señalado por las constituciones de varias provincias y por la Constitución Nacional.

La acción de los poderes constituidos de la ciudad debe encontrar en las normas constitucionales que vamos a sancionar una verdadera caja de herramientas, un auténtico marco. En ese sentido hemos fijado algunas pautas. Por ejemplo, hemos proclamado el derecho al ambiente sano, pero como contracara mencionamos el deber de cada habitante de preservarlo. En efecto, el compromiso para cambiar el modelo alcanza a todos los habitantes de la ciudad y no sólo a los poderes públicos. Hemos consagrado el deber de preservar y defender el medio. Hemos señalado también la obligatoriedad de realizar evaluaciones previas de impacto ambiental, que de ninguna manera persiguen ahuyentar inversiones; por el contrario, alientan las inversiones que necesitamos para el desarrollo.

Es cierto que esta cláusula nos pone a la altura del primer mundo que muchos proclaman admirar y hasta envidiar, pero que parecen remisos a imitar. No sucederá en la ciudad lo que ocurrió en el ámbito nacional, donde una ley sancionada por unanimidad por el Congreso de la Nación fue vetada.

Señora presidenta: para que se produzca un cambio de mentalidad consideramos que la educación ambiental y la información son herramientas fundamentales, ya que la ignorancia es muy peligrosa en este tema. Pongamos bien alto la bandera de la educación y de la información ambientales. Ésta será la mejor manera de abrir cauce a la participación popular para la mejor defensa de sus derechos.

En esta Convención hemos tratado importantísimos temas y vamos a seguir tratándolos. Cada uno de ellos tiene un hilo conductor: el varón y la mujer que habitan en la ciudad, pero también los millones de argentinos que a diario concurren a encontrar empleo, salud y educación.

Con este tema que presenta al pueblo de la ciudad de Buenos Aires penetran en el recinto la realidad argentina y de la ciudad.

El doctor Roberto Cabiche, convencional de nuestro partido, en su obra Política Social – Consideraciones sobre la pobreza urbana nos recuerda un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que dice que los problemas ambientales urbanos en la Argentina son de una magnitud que supera la percepción que se tiene de ellos, señalando claramente la vinculación que hay entre la pobreza y el ambiente. Digo esto porque al ambiente lo deterioran fundamentalmente la marginación, los desequilibrios y los desarrollos injustos que ponen el lucro por encima de la dignidad humana.

En nuestra futura Constitución queremos plasmar un concepto distinto del desarrollo, que no puede limitarse al económico, sino que también debe estar referido a la salud, a la educación, a la seguridad, a la justicia, al agua, a los alimentos, al aire no contaminado.

La Unión Cívica Radical va a acompañar en general este dictamen porque para nosotros la democracia no consiste solamente en la garantía de la libertad política, sino que debe entrañar para todos la posibilidad, siquiera, de un mínimo de felicidad. Queremos medir el progreso de esta ciudad y de su pueblo por otros índices que nos hablen de su desarrollo material, pero también, y fundamentalmente, de su desarrollo moral. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Se encuentran anotados para hacer uso de la palabra los señores convencionales Arenas, Brailovsky, Moscona, Crevari, Piñeiro y Maques.

Debo informarles que el presidente de mi bloque me ha comentado que el acuerdo al que se había llegado en labor parlamentaria está vigente, razón por la cual el suspenso que me había ordenado ya no tiene vigencia.

Señor convencional Arenas: la señora convencional Pierini le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Arenas.- Sí, señora presidenta. No me puedo negar, ya que me hace señas de que será muy breve.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Para una interrupción tiene la palabra la señora convencional Pierini.

Sra. Pierini.- Quiero preguntar al señor convencional Vivo qué quiso decir cuando afirmó que la marginación deteriora el medio ambiente.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- La convencional Pierini formula por intermedio de la Presidencia una pregunta al señor convencional Vivo. Señor convencional Arenas: ¿usted autoriza al señor convencional Vivo el uso de la palabra para responder la pregunta?

Sr. Arenas.- Sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el señor convencional Vivo.

Sr. Vivo.- Señora presidenta: hemos hecho referencia a las condiciones de vida de la gente. No es casualidad que las zonas más comprometidas desde el punto de vista ambiental coincidan en nuestra ciudad con las áreas más deterioradas desde el punto de vista social, con las zonas más pobres. A eso me referí cuando hablé de marginación. No sé si queda claro a la señora convencional.

Sra. Pierini.- Me queda claro que los pobres deterioran el medio ambiente.

Sr. Vivo.- No es así...

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Solicito que no dialoguen.

Tiene la palabra el señor convencional Arenas.

Sr. Arenas.- Señora presidenta: originariamente habíamos decidido compartir el informe de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, pero como hemos trabajado en la Comisión de Políticas Especiales con relación al tema en consideración, además de solicitar la inserción en el Diario de Sesiones de trabajos preparados al respecto, deseo hacer las siguientes consideraciones. ^*

Uno de los antecedentes más importantes en lo que respecta a la protección ambiental, tal cual hoy es concebida, tiene sus orígenes en la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, que se llevó a cabo en Estocolmo en 1972. Quiero dejar en claro que la principal inquietud de los allí reunidos estaba orientada a la necesidad de establecer criterios y principios comunes que ofrecieran a todos los pueblos del mundo una inspiración y una guía para preservar y mejorar el medio humano.

En esa oportunidad se expresó lo siguiente: "El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar del bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para la generaciones presentes y futuras".

No obstante que ya han pasado más de veinte años desde esa Declaración, es el más importante antecedente tomado en cuenta por las legislaciones del mundo, las cuales han constitucionalizado la protección del ambiente, tendencia seguida también por nosotros en la reforma de 1994.

Los principios establecidos en Estocolmo deben ser considerados rectores en materia de derecho ambiental y hasta hoy se han ido desarrollando profundamente con un único objetivo: "el pleno goce del derecho a un ambiente sano y equilibrado".

Para terminar, debo decir que el derecho fundamental a la vida sonaría hueco e irónico si no se garantizara el derecho a la calidad de la naturaleza en beneficio de la vida.

El concepto calidad de vida se relaciona con el ser; el concepto de nivel de vida se vincula con el tener.

Al respecto, el Concilio Ecuménico Vaticano II nos dijo lo siguiente: "...no es malo el deseo de vivir mejor, pero es equivocado el estilo de vida que se presume como mejor, cuando está orientado a tener y no a ser..."

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el señor convencional Brailovsky.

Sr. Brailovsky.- Señora presidenta: voy a hacer una síntesis de la exposición que tenía preparada, la cual pido que se inserte en el diario de sesiones.^*

El mandato de proteger la tierra tiene una raíz antigua en nuestra cultura. Un texto muy sugestivo del Antiguo Testamento con una afirmación atribuida a Dios después del Diluvio. Dice Dios en el Génesis, 1; 15: "No volveré a destruir todo lo viviente, como lo he hecho". Esta es una afirmación definitiva. No está condicionada a ninguna conducta humana. Simplemente Dios se compromete unilateralmente a no repetir el diluvio. Se prohíbe a sí mismo destruir la naturaleza. Pero si el propio Dios se prohíbe a sí mismo la destrucción de la naturaleza, ¿qué otra cosa puede ordenarle al hombre sino una relación armoniosa y amorosa con la creación?

Este mandato de protección ambiental que viene del origen de nuestra cultura se refuerza con la relación del hombre hacia los árboles. El texto bíblico dice que ni siquiera en un caso extremo como lo es una guerra se puede destruir el árbol. Las leyes otorgadas a Moisés dicen: "Cuando pusieres cerco a una ciudad para tomarla no destruyas su arboleda. El árbol no es tu enemigo". (Deuteronomio, 20;19).

La protección ambiental está en la base de nuestra cultura. La hemos abandonado un largo tiempo y ahora es momento de retomarla.

Al estar consagrando derechos ambientales, estamos planteando que la legislación debe explicitar esos derechos.

¿En qué derechos pensamos? El derecho a respirar aire puro, a beber agua limpia, a una alimentación química y bacteriológicamente pura; el derecho a circular y habitar en áreas libres de residuos, a un ambiente laboral sano, al uso y goce de espacios verdes y abiertos, a la preservación del silencio, a habitar en una ciudad no contaminada visualmente.

Después de mucha discusión hemos unificado en este proyecto las áreas de planeamiento urbano y de medio ambiente. Hasta ahora las grandes decisiones que afectaban al ambiente se tomaban en otro lado. Y en otros lados se decidían los códigos de edificación y planeamiento, las excepciones, la construcción de shoppings y de esas horribles autopistas. O sea, todo pasaba por afuera de la política ambiental.

Por eso es necesario considerar que el manejo del ambiente y la política urbana son una sola cosa. Y cuando hablamos de unificación de los códigos de medio ambiente y planeamiento urbano lo hacemos...

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- El señor convencional Redrado le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Brailovsky.- Voy a terminar en breve. ¿Podría el convencional Redrado hacer uso de la palabra después? Pido disculpas al convencional Redrado.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Brailovsky.

Sr. Brailovsky.- Como decía, no se me escapa el riesgo de que lo ambiental caiga en manos de una corporación a partir de la unificación de estos códigos. Pero sobre esto mi fantasía es la de un código de planeamiento y ambiente que tenga tres cuerpos diferenciados: un cuerpo ambiental, un cuerpo de planeamiento urbano y un cuerpo de zonas grises. Si tuviéramos dos códigos muy separados no podríamos tratar adecuadamente las zonas grises.

Hace ocho siglos un viajero veneciano llamado Marco Polo regresó de China después de estar al servicio del emperador Kublai Khan. "El Gran Khan... –dice Marco Polo en Viajes– ha ordenado que a ambos lados de las carreteras públicas se plante una especie de árboles que crecen muy altos y gruesos, separados entre sí sólo dos pasos. Y estos árboles sirven –además de la ventaja de su sombra en el verano– para señalar el camino e impedir que alguien se aparte de él cuando la tierra está cubierta por la nieve". Se trata de un impulso vital profundo que nuestra cultura está negando a los que gobiernan pero que sí tenía el emperador de la China. Después Marco Polo explicaba el motivo por el cual el emperador de la China plantaba árboles: "Algo más os contaré: Los astrólogos del reino han dicho al Gran Khan que quien planta árboles tiene asegurada larga vida. Y por eso el Gran Señor gusta de plantar árboles".

En cambio, nuestros gobernantes no han gustado de plantar árboles. Sabemos que han entendido los espacios verdes como espacios vacíos; y sabemos que han privatizado y cerrado una cantidad importante de espacios verdes de la ciudad.

Para dar una idea de lo retrógrada que ha sido la política de espacios verdes, tenemos que recordar que cuando el rey Luis XIV hizo el Palacio de Versalles decidió que su parque fuera público. Luis XIV abrió al público ese palacio mientras que nosotros privatizamos los espacios verdes de la ciudad. (Aplausos.)

En este texto damos a la ciudad competencia para el control de la contaminación del agua. Es una competencia que hasta ahora la ciudad no tenía. Además, por suerte no representa un conflicto con el Poder Ejecutivo nacional sino un área de concurrencia y colaboración mutua. Lo hacemos porque el agua de nuestro río está en el umbral de potabilización; y nos importa el agua porque nuestro propio cuerpo está constituido por agua en un 85 por ciento. Los que estamos aquí somos Río de la Plata en un 85 por ciento. Por lo tanto, lo que pase al Río de la Plata quizá nos pase a nosotros.

La alta peligrosidad de muchas de las aplicaciones de la actividad nuclear ha generado una enorme preocupación en la opinión pública y a menudo un justificado horror. Este sentimiento se potencia por políticas de privatización nuclear que pueden hacer que alguien ahorre en los sistemas de seguridad de las instalaciones.

¿Cómo vamos a convivir con la energía nuclear? ¿Cómo encontrar el punto justo entre utilizar sus beneficios y minimizar los riesgos? Están los recientes avances en el derecho ambiental, en particular la existencia de numerosos municipios del país y del mundo que se han declarado no nucleares.

Estos antecedentes tienen que ser complementados porque ponen más el acento en lo que prohíben que en lo que regulan. En este texto planteamos un principio rector: la declaración de la ciudad como territorio no nuclear; la prohibición en el ámbito urbano de las actividades nucleares de mayor envergadura y la regulación de las demás. Algunos ejemplos de los temas a regular son la gestión de residuos radiactivos de los institutos médicos y de investigación y el transporte de sustancias con radiactividad. Al respecto, la autoridad de la ciudad deberá establecer el rotulado de vehículos que realicen ese tipo de transporte, controlar su seguridad, definir rutas y horarios de circulación, etcétera.

Proponemos también la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental. Y aquí se presenta una paradoja del planeamiento. Hace poco más de un siglo, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires tomó la decisión de construir una ciudad que sirviera de capital provincial. Para ello designó una comisión de científicos a efectos de que buscaran el lugar más adecuado para tal iniciativa. Geógrafos y urbanistas se fueron a caballo a recorrer la provincia de Buenos Aires para ver si la nueva ciudad estaría sobre un puerto natural o en medio de la pampa húmeda. Verificaron que el lugar no fuese inundable ni rodeado de pantanos insalubres, que no tuviera escasez de agua potable, que estuviera en una zona con caminos de acceso. Y sobre la base de ese informe ambiental Dardo Rocha fundó la ciudad de La Plata, y la Legislatura aprobó el plano antes de que se hubiera puesto un sólo ladrillo, en vez de convalidar inversiones realizadas previamente por algún capitalista privado.

Podemos contrastar esa decisión con algunas que se tomaron en nuestra ciudad. Cuando se adoptó la decisión de construir autopistas urbanas, ningún organismo de planeamiento realizó un estudio que permitiera evaluar si convenía construir autopistas o subterráneos.

Agregamos la protección de los animales domésticos, que están mencionados como la fauna urbana, en un texto que llamó la atención a buena parte de la opinión pública. Proteger los perritos es una actitud loable, ¿pero acaso tiene rango constitucional? Si el objetivo de este inciso que se propone fueran los perros y los gatos, no debería estar aquí, pero su objetivo es proteger a los seres humanos. Prevenir la crueldad con los animales es prevenir la violencia doméstica en sus fases iniciales, antes de que se descargue sobre los seres humanos más débiles.

Sobre esto, vale la pena recordar que un ex teniente coronel que participó en los alzamientos carapintadas, contó al periodismo algunos detalles de su entrenamiento como aprendiz de Rambo. Tenía que asistir al nacimiento de un perrito, alimentarlo con mamadera, no separarse de él en ningún momento, llevarlo a la cama y dormir con él y, pasados tres meses, degollarlo. Esto forma parte de la difícil tarea de aprender a degollar a un ser humano.

Tenemos que advertir que, en caso de no avanzar en una política ambiental muy estricta y minuciosa, la ciudad corre el riesgo de ser muy poco habitable. La negligencia en temas ambientales puede llevarnos a convivir con paisajes tan desolados como los que Dante describe después de su visita al infierno, en el verano del año 1300.

En un camino del infierno, Virgilio advierte a Dante: "Conviene que nos detengamos un poco antes de bajar, a fin de acostumbrarnos al espantoso olor". Y agrega: "Del fondo subía un olor como de miembros gangrenados".

¿Y qué pasa –siguiendo con el viaje de Dante– con los ecosistemas del purgatorio, esa especie de infierno por tiempo limitado? Dante habla de "aquel humo que nos cubrió en seguida, molestando con agudo picor nuestras pupilas, de tal manera que era insufrible mantener los ojos abiertos". La descripción no ofrece dudas: es dióxido de azufre, uno de los componentes del smog de las ciudades modernas. Por otra parte, ¿qué materia más infernal que el azufre?

En Buenos Aires ya tenemos smog, aunque todavía podemos verlo con los ojos abiertos. ¿Premonición? En el infierno, el viejo Caronte es barquero en una laguna "de pardas aguas". En el círculo cuarto, "el agua era oscura, casi negra". ¿Describe Dante la costa del Riachuelo? En el círculo séptimo hay un río de sangre. ¿Tenemos que recordar que el Cildáñez fue llamado "el arroyo de la sangre", por el aspecto que tenía al pasar por Mataderos?

Aguas pardas, aguas negras y aguas rojas. ¿Quién las corrompió con líquidos que no deberían haberlas tocado? ¿Qué clase de materias se descomponían en ese infierno en el que, por no haber ya nada vivo, nada puede morir?

¿Y nosotros mismos? ¿Estamos trabajando para construir los ecosistemas del infierno o los del jardín del Paraíso? ¿Nos contentaremos con una mención de compromiso o estamos dispuestos a jugarnos en un texto constitucional con una política ambiental lo más fuerte posible? (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el señor convencional Moscona.

Sr. Moscona.- Señora presidenta: simplemente, pido la inserción del texto de mi exposición.^*

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el señor convencional Crevari, pero el convencional Redrado le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Crevari.- Si es breve sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor convencional Redrado.

Sr. Redrado.- Señora presidenta: no era mi intención interrumpir una prosa tan rica y tan llena de contenido como la del convencional Brailovsky pero, dado lo avanzado de la hora, voy a formular una moción de orden.

Sin duda, todos los argumentos que se han presentado son de amplio valor, y es evidente que muchos convencionales quieren hablar sobre esta cuestión.

Por lo tanto, propongo que se cierre la lista de oradores, que hagan uso de la palabra los convencionales ya anotados y que luego pasemos a votar este importante texto constitucional.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Están anotados los señores convencionales Crevari, Piñeiro, Maques, Bravo, Cortina, Castells y Guarido.

Se va a votar la moción de orden formulada por el señor convencional Redrado.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Queda cerrado el debate con lista de oradores.

Tiene la palabra el señor convencional Crevari.

Sr. Crevari.- Señora presidenta: el proyecto de texto que estamos considerando es muy importante porque es el fruto de muchas jornadas de intenso trabajo en las que no sólo han participado los convencionales sino también gran cantidad de asesores, que tuvieron mucho trabajo para compatibilizar y homogeneizar el texto que tenemos hoy sobre nuestras bancas.

Particularmente voy a hacer referencia al Artículo 2º, vinculado con el tema de la ciudad como territorio no nuclear.

Se trata de un asunto de suma trascendencia porque en el texto constitucional estamos proscribiendo nada más ni nada menos que la construcción de instalaciones nucleares relevantes, y estamos prohibiendo instalaciones de reactores nucleares de potencia, y de plantas industriales de producción de materiales radiactivos o basureros nucleares. Es decir, todo aquello que signifique un peligro actual o eventual grave para los tres millones de vecinos de la ciudad.

Pero también, en la parte final del artículo salvamos expresamente la posibilidad del uso de energía nuclear con fines positivos y de baja peligrosidad para la sociedad, como son las aplicaciones biomedicinales, industriales o de investigación civil.

La filosofía de esta norma apunta ni más ni menos, que a no dejar sin definición el tema de las instalaciones nucleares peligrosas, pero sin encadenarnos a concepciones que, intentando desguazar una de las actividades en las cuales el país ha invertido mucho esfuerzo en material y recursos humanos durante décadas, lo que al final logran es detener la investigación y el desarrollo independientes. Simplemente intentamos armonizar dos esferas, utilizando lo positivo que existe en materia nuclear y desechando aquello negativo.

Por otra parte, en el Artículo 4º, inciso 6, se habla de la protección, saneamiento, control de la contaminación y mantenimiento de las áreas costeras del Río de la Plata y de la cuenca Matanza Riachuelo, de las cuencas hídricas y de los acuíferos.

Este es un tema trascendente porque estamos colocando sobre el tapete el futuro del agua potable de la ciudad, cuestión que, como dijeran los convencionales preopinantes, es esencial.

Sr. Crevari.- Es probable que algunos consideren de naturaleza esencialmente técnica el debate sobre calidad de vida y ambiente.

No es mi caso, señora presidenta. Por el contrario, considero que trae aparejado un neto corte político porque refleja de un modo directo el mapa de pobreza y de desigualdad social.

Es en las zonas donde el avance de la polución resulta más evidente donde simultáneamente yacen los más alarmantes índices de pobreza.

Tomar conciencia de los problemas ambientales significa también asumir directamente la realidad que surge como consecuencia de esa ecuación de pobreza. Allí donde la marginación social se hace más evidente surge un correlato inmediato de ésta con los problemas más agudos de contaminación ambiental donde. Por dar un ejemplo, se puede citar a los numerosos barrios y miles de ciudadanos que viven de un modo dramático a la vera del Riachuelo, con los riesgos que ello conlleva.

A lo largo de las costas del Río de la Plata se pueden distinguir los bolsones de miseria más humillantes de la ciudad de Buenos Aires.

En estos tiempos, donde los esquemas económicos y sociales resultan cada vez más excluyentes, donde se ha establecido como universo simbólico predominante a la economía de mercado y al ajuste eterno, donde como consecuencia del desencadenamiento de una creciente sucesión de injusticias sociales elementales, se sigue profundizando la enorme brecha social que separa a una minoría opulenta, portadora de los mayores niveles de modernización y confort, de una mayoría cada vez más empobrecida, despojada de cualquier criterio de protección y asistencia por parte del Estado.

Señora presidenta: en la ciudad de Buenos Aires, si se compara la situación de muchos barrios con otros asentados a lo largo de las costas del Riachuelo, conviven la opulencia y la marginación, la educación y el analfabetismo, los mejores servicios de salud con enfermedades típicas del medioevo, barrios residenciales exclusivos con viviendas destruidas y barrios carenciados absolutamente abandonados, centros comerciales exclusivos con dramáticos índices de desnutrición infantil.

El cuidado del ambiente no resulta ajeno a esta dramática dualidad: un norte donde el desarrollo de lo urbanístico y lo estético tiene prioridad, frente a un sur azotado por la creciente miseria. La relación de metros cuadrados de espacios verdes por habitante marca, del mismo modo, esa desigualdad. En la ciudad de Buenos Aires la enorme mayoría de las villas de emergencia se erigen en el sur; las pocas que se encuentran en el norte seguramente serán desmanteladas, sus habitantes probablemente terminen viviendo del mismo modo paupérrimo en el sur de la ciudad, sin contar los contingentes sociales que se suman a esta región marginal del espacio porteño o del conurbano bonaerense.

La cuenca Matanza–Riachuelo, el Río de la Plata, así como otros cursos de agua, se han venido utilizando como sumideros de los efluentes producidos por el desborde irresponsable de un crecimiento tecnológico que desde ningún punto de vista considera a la población, generándose un terrible desdoblamiento entre el lucro y la solidaridad social.

Los estudios de impacto ambiental que garantizamos en esta Constitución deberán tener en cuenta no sólo la relación costo–beneficio sino también la planificación urbana e industrial en forma integral, que respete un efectivo desarrollo sustentable para las futuras generaciones y que evite proyectos irresponsables como la aeroísla.

Es necesario que el Estado efectúe a través de sus diferentes organismos los estudios correspondientes a la evaluación previa del impacto ambiental, los cuales, simultáneamente con la herramienta de audiencia pública, constituyen una garantía básica para respetar los principios ambientales y, en consecuencia, para asegurar el bienestar de las personas.

Hoy por hoy existen veintiún organismos oficiales que se distribuyen el contralor de las aguas y costas, en un claro desorden instrumental que, a su vez, manifiesta evidentes conflictos interjurisdiccionales, que complican y postergan toda política de saneamiento, preservación y control de un recurso esencial como el agua potable.

La ciudad de Buenos Aires, pese a contar con una verdadera bendición de la naturaleza, como lo es el Río de la Plata, ha mantenido a lo lago de su historia una total irresponsabilidad e indiferencia frente a uno de los recursos de agua dulce más extraordinario del planeta. La claudicación del respeto a la naturaleza en función del desarrollo ha sido constante.

En el caso específico del Riachuelo, probablemente la posición se vincule con la irresponsabilidad de un presidente que había decidido resolver el problema de esta cuenca en mil días. Íbamos a poder pescar, bañarnos y navegar en sus aguas. Los que vivimos en la ribera sabíamos fehacientemente que sólo resultaron propuestas vagas, que debíamos esperar una vez más para comprobar que sólo podríamos pescar, con suerte, algún desperdicio.

Sr. Castells.- ¡Solicito que el señor convencional Crevari se circunscriba al tema en consideración!

Sra. Presidenta (Meijide).- La Presidencia solicita a los señores convencionales que guarden silencio. Si lo creen necesario, luego podrán plantear una cuestión de privilegio.

Señor convencional Crevari: no se deje intimidar y continúe hablando. (Aplausos.)

Sr. Crevari.- Señora presidenta: decía que frente a tal incumplimiento, y según esta lógica, lo mejor es intentar minimizar este grave problema. Desde esta perspectiva, ¿cómo es posible permitir que la Constitución de la ciudad autónoma de Buenos Aires exprese taxativamente la conservación, preservación y saneamiento de la cuenca Matanza–Riachuelo? Pareciera que lo mejor es que la ciudad de Buenos Aires continúe viviendo de espaldas al Río de la Plata. Cuanto más se lo rellene, mejor; cuanto más lejos se encuentre el ejido urbano, tanto mejor. Así como todo hogar posee un rincón donde guardar los trastos viejos, el sur de Buenos Aires pareciera conformar el sótano de la ciudad.

Es hora de encarar el problema con la mayor responsabilidad. Deberíamos asumir de una vez y para siempre al Río de la Plata como una parte inalienable de nuestra ciudad. Aprender de otras metrópolis, como Montevideo, que de cara al mismo río estructuraron lo urbano con lo natural.

Sra. Presidenta (Meijide).- La Presidencia le solicita que redondee su exposición.

Sr. Crevari.- Señora presidenta: quería agregar algunas cosas más, razón por la cual solicito que se me autorice a insertar en el Diario de Sesiones el resto de mi exposición, junto con otro proyecto. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Piñeiro.

Sra. Piñeiro.- Señora presidenta: en primer lugar, solicito que se me autorice a insertar el texto de mi intervención.^* Además, quiero expresar que en la ciudad de Buenos Aires la falta de una política de planeamiento coherente desniveló los diversos sectores geográficos de la ciudad, haciendo más ostensible las diferencias respecto de las posibilidades de progreso y calidad de vida de sus habitantes. Por ello, la aprobación del presente dictamen constituye un hito para la planificación urbano-ambiental.

Como arquitecta, creo que es estrictamente indispensable desarrollar estrategias y lineamientos de desarrollo urbano consensuados en el marco de una visión global de la ciudad, que permita evaluar la pertinencia y conveniencia de grandes intervenciones urbanas que comprometen el futuro de la ciudad y de su gente.

Como ciudadana creo en la necesidad de aprender a desarrollar nuevos roles de participación, a fin de influir en las decisiones sobre la planificación de la ciudad, preocupándonos por la calidad ambiental, la salud y la calidad de vida de las generaciones futuras.

Como socialista, reivindico los lineamientos que sustentan el desarrollo armónico de todos los sectores sociales de nuestra querida Buenos Aires, respetando su diversidad cultural y política. Este compromiso implica dejar en las huellas del pasado una ciudad de exclusión, marginación y privilegio, y a partir de hoy reencontrarnos en el devenir de una nueva ciudad. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Maques.

Sr. Maques.- Señora presidenta: he pedido la palabra para solicitar una inserción sobre este tema, pero quiero que conste en el Diario de Sesiones, fundamentalmente después de haber escuchado la exposición y las respuestas ampliatorias de mi correligionario Gustavo Vivo, de quien hago mía la totalidad de su discurso, poniendo en práctica el dicho: siempre tenemos tiempo suficiente si lo usamos acertadamente.^* (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Bravo.

Sr. Bravo.- Señora presidenta: quería referirme a la necesidad de introducir una modificación en el primer artículo, pero entiendo que la comisión ya ha aceptado en su redacción el cambio propuesto.

Además, solicito una inserción en la que figuran los fundamentos por los que apoyo el presente dictamen.^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Cortina.

Sr. Cortina.- Señora presidenta: simplemente pido la inserción de mi discurso.^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señora presidenta: estoy orgulloso de que podamos votar este capítulo sobre medio ambiente, porque me parece que contiene los lineamientos que deben orientar la política ambiental de la ciudad. Pero quiero señalar –ya que los oradores que me precedieron en el uso de la palabra se refirieron con amplitud al tema en consideración– que estoy muy contento por la existencia del inciso 5) del Artículo 4º, que dice que la ciudad promueve, entre otras cosas, la protección de la fauna urbana, controla su salubridad, evita la crueldad y controla su reproducción con métodos éticos.

En ese sentido, los convencionales Oviedo, Zaffaroni, Elsa Kelly y quien habla fuimos autores de este proyecto, que tiene un objetivo muy concreto, al cual ya se refirió el señor convencional Brailovsky, que es proteger a los seres vivos más indefensos que hay en la ciudad, porque como bien dijo, es proteger también a los seres humanos. Por eso muchas veces me he preguntado por qué es tan obvio que debemos proteger al árbol y no es tan obvio que debamos proteger al perro y al gato.

Este artículo –aquí quiero hacer una interpretación auténtica– debe ser operativo a partir de la sanción de este Estatuto, y consecuentemente por este artículo, debe cesar la matanza indiscriminada de animales en el Instituto Pasteur. (Aplausos.) Porque esto no sólo apunta a orientar una política, apunta también a terminar con una cruel realidad.

Lamento que algunos se hayan burlado de este artículo, que lo hayan utilizado incluso para sacar provecho en favor de alguna práctica periodística tendenciosa que, debo decir como representante del bloque justicialista, ningún favor nos hace.

Por eso, reafirmo mi convicción. Agradezco a la comisión. Sé que no ha sido fácil, en medio de los dardos que recibió, mantener esta norma. Agradezco también a la señora presidenta que sé que ha tenido que ver con que esta norma finalmente quedara instalada aquí, en este régimen general de protección a la vida.

Estoy seguro de que hoy muchos de los animalitos que andan por las calles de Buenos Aires, de los que uno encuentra en la puerta de la casa acurrucados al llegar, nos están agradeciendo esta sanción. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez.

Sra. Pérez Suárez. – Señora presidenta: solicito la inserción de un texto de la autoría del senador nacional Antonio Cafiero titulado "Justicialismo y medio ambiente". Es parte de la obra "El peronismo que viene", publicada en Buenos Aires por el Grupo Editor Latinoamericano en 1995. Asimismo solicito la inserción de otro texto relacionado con el medio ambiente. ^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Guarido.

Sr. Guarido.- Señora presidenta: solicito la inserción de lo que iba a exponer hoy.^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar en general.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular el Artículo 1º.

Tiene la palabra el señor convencional Moscona.

Sr. Moscona.- Señora presidenta: propongo un cambio en el texto de este artículo, el que quedaría redactado de la siguiente manera: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano en su provecho, así como el deber de preservarlo y defenderlo para las generaciones futuras". El resto del artículo sigue como estaba redactado.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Usted propone una alteración del orden en este artículo?

Sr. Moscona.- Exacto, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar el Artículo 1° con la modificación sugerida.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular el Artículo 2º.

Tiene la palabra el señor convencional Moscona.

Sr. Moscona.- Señora presidenta: también propongo un cambio en la redacción de este artículo. Ya le hice llegar el texto sugerido a la Secretaría.

Sra. Presidenta (Meijide).- Por Secretaría se dará lectura al texto propuesto por el convencional Moscona.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee): "La Ciudad es territorio no nuclear libre de producción de energía nucleoeléctrica y de instalaciones nucleares relevantes. Se prohíbe el ingreso, elaboración, almacenamiento, transporte, comercialización y posesión de sustancias y residuos radioactivos. La gestión de aquéllas requeridas para usos biomedicinales, industriales o de investigación, se determinará según reglamentación especial con control y regulación de autoridad competente. Se prohíbe la fabricación de armas químicas, biológicas y nucleares".

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Martínez.

Sr. Martínez.- Señora presidenta: con conocimiento de mi bloque, quiero muy brevemente fundamentar mi voto negativo en esta instancia, porque aquí se plantea la clara necesidad de arbitrar entre dos cuestiones positivas, cosa que siempre es difícil de resolver y que a mi juicio este artículo resuelve de manera no adecuada.

De más está decir que entiendo que esta aclaración es pertinente dentro de un texto que me parece absolutamente magnífico como texto global para incorporar a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Pero me remito a este artículo.

Hay dos cuestiones positivas. Por un lado, la necesidad de maximizar las normas de seguridad en el uso de material radiactivo y por otro lado la necesidad de potenciar tecnologías de uso de este material y las colaterales al uso de este material. Justamente por ser material riesgoso ha generado aquí y en el resto del mundo tecnologías complementarias de alta especificidad que han motivado que se agrupara conocimiento de primerísimo nivel.

Esa necesidad de arbitrar la resuelve este artículo de muy curiosa manera: prohibiendo todo y luego autorizando por excepción una serie de cosas que se consideran positivas. Ante mi requerimiento acerca de por qué eso era así, cuando en realidad uno podría afirmar que se debe regular la actividad y luego prohibir expresamente las cosas que se considera ineluctablemente que no se pueden desarrollar en la ciudad, que es la alternativa lógica del texto, se me dijo que en definitiva ésta es la manera más absolutamente segura de garantizar la seguridad de lo nuclear y además que en el largo plazo esto tiende a desalentar el uso nuclear promoviendo su reemplazo por metodologías o tecnologías alternativas.

Me parece que en un país que ha decidido hace algunos años castigar expresamente o por medio de la indiferencia el conocimiento y la investigación de manera sistemática, esta redacción es peligrosa porque me pregunto: qué funcionario, luego de una redacción que prohíbe todo y luego autoriza por excepción, estimulará alguna de las actividades positivas derivadas del uso del material radioactivo y cómo se hará para avanzar en ellas sin tener que superar numerosas barreras derivadas de que esto se consideró inicialmente como prohibido y a las cuales se las autoriza por excepción.

Entiendo los argumentos de mis colegas; los respeto. Es más, tengo un texto alternativo cuya inserción voy a proponer, pero no sugiero que se ponga a consideración porque entiendo que mayoritariamente esta opinión no es compartida. Pero me parece que al menos debe quedar expresado que debemos tener sumo cuidado al equilibrar dos cuestiones positivas y no condenar a una lenta agonía a una actividad que en definitiva, en forma directa o indirecta, ha generado y puede seguir generando un importante caudal de conocimientos en la Argentina.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señora presidenta: quiero brevemente mencionar tres conceptos.

En primer lugar, en nombre del bloque justicialista, apoyamos la declaración de Buenos Aires como ciudad no nuclear.

En segundo término, con respecto a lo manifestado por el señor convencional Martínez, simplemente quiero señalar que en las normas jurídicas es tan válido el principio de la prohibición con la excepción de la permisión como lo contrario. De modo tal que sobre esto hay ejemplos sobrados. Por ejemplo, existe la obligación de prestar declaración testimonial y sin embargo están eximidos de ella los familiares, el cónyuge. Esto es muy frecuente. De manera que no veo por qué esto no puede estar hecho así.

En cuanto al último agregado que ha propuesto el convencional Moscona, del cual honestamente no teníamos conocimiento, relativo a la prohibición de fabricar armas nucleares y otros elementos que no he alcanzado exactamente a registrar, quiero recordar que nuestro país ha suscripto y ratificado el Tratado de Tlatelolco, de manera que esta mención me parece superflua e innecesaria. Por eso propongo que se elimine, habida cuenta –insisto– de que ya está contemplada en el mencionado tratado internacional.

Con ese sentido, apoyamos la redacción del segundo artículo, con la modificación de la primera parte y con la exclusión de la última oración vinculada con la fabricación de productos bélicos.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Zaffaroni.

Sr. Zaffaroni.- Señora presidenta: quiero observar que en mi criterio en este texto del segundo artículo hay un vicio de redacción desde el punto de vista de técnica legislativa. Creo que se está utilizando una técnica legislativa que no es la común entre nosotros. Es demasiado evidente que se trata de una técnica legislativa norteamericana, que tiene la característica de reproducir verbos. En este caso está reproduciendo la acción y el efecto verbales, al decir ingreso, elaboración, almacenamiento, transporte, comercialización y posesión de sustancias y residuos radiactivos.

Creo que esto se puede corregir fácilmente, sustituyendo el término "posesión", por las dudas, por un concepto más amplio y bastante usual en nuestras leyes, que es "tenencia". Por otro lado, podemos suprimir los términos "almacenamiento" y "comercialización", ya que no se puede almacenar ni comercializar si no existe esa "tenencia". Además, la necesidad de incluir el término "transporte" es dudosa.

En definitiva, tendríamos que expresar "ingreso, elaboración, transporte y tenencia de sustancias y residuos peligrosos".

Sr. Canata.- Pido la palabra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Canata.

Cuarto intermedio

Sr. Canata.- Señora presidenta: luego de mucho discutir habíamos acordado un texto, pero veo que se está desnaturalizando totalmente el mensaje oficial –que era el de la Comisión de Redacción– con proposiciones que aparecen a cada momento.

En función de estas consideraciones solicito un breve cuarto intermedio en las bancas, ya que se trata de un tema muy importante y antes de votar queremos estar convencidos de lo que vamos a hacer.

Estamos hablando no solamente de nuestra seguridad sino también de la seguridad de las futuras generaciones.

Sra. Presidenta (Meijide).- Invito al Cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas, pero pido a cada bloque que unifique el criterio para no presentar luego distintas posiciones.

Reanudación de la sesión

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señora presidenta: a fin de posibilitar un consenso más amplio en torno del artículo en consideración, apoyamos la postura de que se vuelva al texto originario de la comisión, sin ninguna modificación.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: quiero alertar a la Convención en cuanto a que si aprobamos el artículo tal como ha sido propuesto por la Comisión de Redacción entraremos en una contradicción con una norma que en su momento votamos con relación a políticas interjurisdiccionales, en cuyo caso tendríamos que ver si la reconsideramos.

Sra. Presidenta (Meijide).- Señora convencional: esa sugerencia debió realizarla a los demás bloques durante el cuarto intermedio que acaba de finalizar.

Sra. Bullrich.- No lo hice, señora presidenta. Si me da un minuto podré fundamentar mi posición para conocimiento del cuerpo.

Quiero manifestar que en la norma en consideración estamos prohibiendo el ingreso y el transporte de residuos peligrosos, mientras que en otro dictamen hemos aprobado la posibilidad de realizar convenios con la provincia de Buenos Aires para el transporte y disposición final de residuos radiactivos. Esto implica que en la Constitución tendremos dos conceptos contrapuestos.

Quería hacer esta aclaración porque me parece que entonces habría que proceder a la reconsideración de la norma ya aprobada.

Sra. Presidenta (Meijide).- Están anotados los señores convencionales Lubertino, Moscona y Brailovsky. Pero ocurre que se pidió un cuarto intermedio en las bancas para decidir una nueva redacción, y se optó –imagino que por el consenso de los bloques, o al menos de la mayoría– por mantener el texto originario.

Por lo tanto, esta Presidencia va a someter a votación esa propuesta, sin otras consideraciones.

Se va a votar el Artículo 2º.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el artículo. (Aplausos.)

En consideración en particular el Artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular el Artículo 4°.

Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: en el inciso 3 del artículo en consideración, que dice "La protección e incremento de los espacios públicos, en particular la recuperación de las áreas costeras, garantiza su uso y posibilita su acceso libre y gratuito", tengo una inquietud que me parece no menor.

Muchos espacios públicos a los que estamos haciendo referencia en este inciso se encuentran concesionados, en algunos casos para su conservación y mejor aprovechamiento, y en otros por distintas razones. Pero si estamos garantizando el acceso libre y gratuito a los espacios públicos, me parece que hay que tener conciencia de que mucha gente va a venir con una fotocopia certificada de este texto de la Constitución y va a pedir pasar gratuitamente por las autopistas o ingresar en las piletas concesionadas de la Costanera Norte con cargo a la Municipalidad.

Si la intención no es consagrar este tipo de situaciones, que puede generar conflictos jurídicos y costos para la ciudad, propongo que el inciso en cuestión quede redactado de la siguiente manera: "La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común". De la forma como está redactado este inciso, el acceso libre y gratuito pareciera estar referido aun a los que están concesionados, lo cual llevará implícito un costo importante porque todo el mundo va a tener derecho a acceder a esos espacios públicos aunque estén concesionados.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional López.

Sra. López.- Señora presidenta: cedo el uso de la palabra al señor convencional Jozami, presidente de la Comisión de Políticas Especiales.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señora presidenta: voy a señalar algunas modificaciones que la comisión propone al artículo en consideración.

En el primer párrafo del artículo, referido al principio rector, deberá decir: "La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural y de inserción en el área metropolitana". De manera que se reemplaza la expresión "de acuerdo con" por "integrada a", y los términos "que tenga en cuenta su inserción", por "y de inserción".

En el punto 2 reemplazaríamos la palabra "auditiva", por "sonora".

En el punto 3, por una rápida consulta, medio semblanteada, que he hecho a otros integrantes de la comisión, habría disposición para aceptar la propuesta formulada por el señor convencional Garré. No ha sido muy común que aceptemos sus propuestas, pero no viene mal hacerlo alguna vez. (Risas.)

En el punto 4, donde dice "La conservación e incremento de los espacios verdes" se reemplaza la palabra "conservación" por "preservación".

En el punto 6, se reemplaza la palabra "cuencas" por "subcuencas".

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Canata.

Sr. Canata.- Señora presidenta: en el punto 5 sugiero que a continuación de "la protección de la fauna urbana" se agregue la expresión "y el respeto por su vida".

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: quiero hacer un agregado al inciso 5. Tengo una perra que adoro; pero también me pongo del otro lado y sé que mucha gente se queja de las cosas que hacen los perros en los lugares públicos de la ciudad. Entonces, para equilibrar este punto 5 quiero proponer que se agregue "teniendo en cuenta la salud pública y la higiene de vías y espacios públicos".

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿La comisión acepta las modificaciones propuestas?

Sr. Jozami.- La comisión mantiene el texto tal como figura en la redacción anterior.

Sra. Presidenta (Meijide).- Si no hay más pedidos de palabra, se va a votar el Artículo 4° con las modificaciones aceptadas por la comisión.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto del Artículo 4°.

En consideración en particular el Artículo 5º.

Tiene la palabra la señora convencional Kelly.

Sra. Kelly.- Señora presidenta: quiero que por Secretaría se dé lectura al punto 5 del Artículo 4° para saber cómo ha quedado redactado.

Sra. Presidenta (Meijide).- Quedó redactado tal cual figura en el Orden del Día pues no se aceptó la modificación.

Tiene la palabra el señor convencional Canata.

Sr. Canata.- Señora presidenta: me da la sensación de que estamos asistiendo a una suerte de autoritarismo; que la autoridad de una comisión es la que está resolviendo en lugar del cuerpo. Y me parece que no corresponde.

El señor presidente de la comisión hizo una serie de sugerencias, que él mismo aceptó. Me parece que eso no corresponde; creo que se tendría que haber consultado al cuerpo, más allá de que él, como presidente, acepte dichas modificaciones.

Por otra parte, cuando en momentos en que se consideraba el inciso 5° pedí la palabra para hacer una proposición a fin de mejorar su redacción, a propuesta del señor convencional Zaffaroni, la Presidencia no me concedió la palabra.

Lo que no entendí es si el presidente de la comisión vetó la propuesta que realicé a fin de que se incorpore un párrafo referente al respeto de la vida de la fauna urbana; pido entonces la reconsideración de la votación en la que se rechazó dicha modificación y, en caso de aprobarse, solicito que se practique votación nominal.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor presidente de la comisión.

Sr. Jozami.- Señora presidenta: en primer término quiero hacer una aclaración: el presidente de la comisión, por principio, no veta nada, y mucho menos algo que tenga que ver con el respeto a la vida.

Entonces, en aras de mantener la prudencia con la que tenemos que manejarnos cuando queremos consensuar todo, pido que no se planteen las cosas tal como se hizo.

Por otro lado, el presidente de la comisión no hizo ninguna modificación propia sino que se hizo cargo de las que habían sido consensuadas en la reunión de labor parlamentaria, según lo planteó el propio convencional Canata. Por eso realmente no entiendo para nada esta discusión.

Cuando se propusieron las dos modificaciones al inciso 5, con respecto al respeto a la vida, la mayoría de los convencionales con quienes pude consultarla entendieron que no era necesario agregarla, puesto que en dicho inciso se habla no sólo de evitar la crueldad sino también de proteger la fauna urbana.

En cuanto a la otra, si bien es obvio que hay que tener en cuenta la salud pública y la higiene de la población, se rechazó porque podía parecer limitativa del principio protector que estábamos sancionando. Ese fue el criterio que siguió la comisión. Por supuesto, se puede modificar si el convencional Canata o cualquier otro convencional lo considera necesario.

Sra. Presidenta (Meijide).- Señor convencional Canata: ¿insiste en la reconsideración de la votación?

Sr. Canata.- Si no queda incluida la frase que he solicitado, reitero mi pedido de reconsideración de la votación y, en caso de resultar favorable...

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿El señor convencional pide que se constituya el cuerpo en comisión?

Sr. Canata.- Sí, específicamente para considerar este punto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señora presidenta: vamos a cortar por lo sano.

Simplemente no habíamos aceptado la inclusión del párrafo que propone el señor convencional Canata porque entendimos que es redundante. Pero si el señor convencional quiere que a esta hora se constituya el cuerpo en comisión para incorporar el texto que propone, prefiero hacer moción para que se incluya dicho párrafo.

Sra. Presidenta (Meijide).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pedido de reconsideración. Se requieren las dos terceras partes de los votos.

Sra. Presidenta (Meijide).- A continuación, corresponde considerar si se incluye en el inciso 5 del Artículo 4° el párrafo propuesto por el señor convencional Canata.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular el Artículo 5º.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular el Artículo 6º.

Tiene la palabra el señor convencional Shuberoff.

Sr. Shuberoff.- Señora presidenta: propongo que en el artículo en consideración se agregue, a continuación de la palabra "participación", la palabra "transdisciplinaria".

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor presidente de la comisión.

Sr. Jozami.- Señora presidenta: la comisión acepta la modificación propuesta por el señor convencional Shuberoff.

Sra. Presidenta (Meijide).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Artículo 6°, con la modificación propuesta por el señor convencional Shuberoff.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular el Artículo 7º.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto. (Aplausos.)

Artículo ... .- El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, en su provecho, así como el deber de preservarlo y defenderlo para las generaciones futuras.

Sr. Finvarb.- Pido la palabra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Finvarb.

Sr. Finvarb.- Señora presidenta: hago moción de que nos apartemos del plan de labor y de que se incluyan para su consideración en esta sesión los órdenes de texto que tenemos sobre nuestras bancas, dejando asimismo abierta la posibilidad de considerar todas aquellas que puedan llegar a este recinto durante el resto de la sesión.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración la moción formulada por el señor convencional Finvarb.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consecuencia, los temas que se incluyen son los siguientes: trabajo y seguridad social (Orden del Día N° 89); derecho y protección laboral (Orden del Día N° 88); Procuración General de la ciudad (Orden del Día N° 69); cláusula transitoria sobre control de la matrícula y ejercicio del poder disciplinario en la ciudad (Orden del Día N° 92); cláusula transitoria sobre suspensión de disposiciones (Orden del Día T. Nº 93).

Tiene la palabra el señor convencional Enríquez.

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: solicito que se incorpore en el plan de labor que se va a tratar el proyecto de texto vinculado con organismos públicos no estatales, control de la matrícula y ejercicio del poder de policía en las profesiones liberales, contenido en el Orden del Día T. Nº 94.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidente: solicito que se incluya para su tratamiento el proyecto de texto relativo al tribunal fiscal del que soy autor, a fin de que si no resulta apoyado al menos sea considerado por el cuerpo. Entiendo que es una falta de respeto al trabajo de la gente que se desempeñó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de la que actuó en la Comisión de Redacción que consagró ese texto el hecho de que no tengamos la deferencia de considerarlo. Concretamente solicito que se incluya ese Orden del Día en el temario.

Sra. Presidenta (Meijide).- La Presidencia advierte que con relación al Orden del Día a que hace referencia el señor convencional Garré la Comisión de Labor Parlamentaria había decidido postergarlo.

Por lo tanto, votaremos en primer término el plan de labor propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria incluyendo el Orden del Día T. Nº 94 y, en segundo lugar, la propuesta formulada por el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Si me permite, señora presidenta, quiero manifestar que de no aprobarse la inclusión del asunto que he propuesto incorporar en el plan de labor solicito que se inserte el discurso que pensaba pronunciar sobre ese tema.^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Se tendrá en cuenta para su oportunidad.

Se va a votar el plan de labor propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria más la inclusión del Orden del Día T. Nº 94.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado.

Se va a votar la propuesta formulada por el señor convencional Garré, de incluir en el plan de labor el Orden del Día referente a tribunal fiscal.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda rechazada la propuesta.

Antes de continuar con el orden de labor la Presidencia desea señalar que estamos deliberando dentro de los tiempos que nos hemos fijado. Quedan pocos órdenes del día por considerar y quiero que el cuerpo preste su asentimiento acerca de si desea seguir sesionando hasta concluir con el temario a fin de que mañana sólo se trabaje sobre el ordenamiento de los textos y todos puedan pasar un domingo feliz con la familia, excepto aquellos que tengamos que concurrir.

Sra. Presidenta (Meijide).- Asimismo, informo a los señores convencionales que los órdenes del día números 88 y 89 tratan sobre el mismo asunto, el tema laboral. La Presidencia requiere el asentimiento del cuerpo para considerarlos en conjunto y luego votarlos en forma individual.

Sr. Canata.- Pido la palabra para una cuestión previa.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Canata.

Sr. Canata.- Señora presidenta: todos hubiésemos deseado no tener que trabajar mañana, que es domingo. En ese sentido, nuestro bloque está dispuesto a discutir los temas pendientes el tiempo que sea necesario.

Sra. Presidenta (Meijide).- No es el único.

Sr. Canata.- Estoy expresando la opinión del bloque, señora presidenta. Pero de todas formas señalo que quedaban órdenes de resolución que no fueron incluidas y el Preámbulo, que en reunión de bloques se decidió que fuera la última cláusula en ser votada. Sin embargo, quedan pendientes –en este momento los presidentes de bloque están por resolver sobre el particular– las cláusulas transitorias. No sé si serán consideradas también en esta sesión, por lo que debo señalar que lamentablemente mañana el cuerpo deberá reunirse a tal efecto.

Sra. Presidenta (Meijide).- El Cuerpo es el que decide si prefiere pasar a cuarto intermedio en este momento y trabajar mañana todo el día o si decide continuar ahora hasta finalizar la consideración de los asuntos que resolvió tratar y reunirse luego a una hora razonable para continuar con la discusión de los demás asuntos.

Si hay asentimiento, continuaremos la sesión hasta agotar la consideración de los temas.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consecuencia, continuamos con el orden de labor.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en los proyectos de texto producidos por las comisiones de Declaraciones, Derechos y Garantías y de Políticas Especiales sobre derecho y protección laboral y sobre trabajo y seguridad social, contenidos en los órdenes del día T. N° 88 y N° 89.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Santa María.

Sr. Santa María.- Señora presidenta: en primer lugar debo señalar que estamos considerando los dos proyectos de texto en forma conjunta.

El proyecto contenido en el Orden del Día Nº 89 fue emitido por la Comisión de Políticas Especiales y no sé si será objeto de modificaciones.

En cuanto al proyecto de texto contenido en el Orden del Día Nº 88, en honor al tiempo quiero plantear las siguientes modificaciones. El primer párrafo pasa a decir: "La Ciudad protege el trabajo en todas sus formas, asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La Ciudad provee a la formación profesional y cultural de los trabajadores y procura la observancia de su derecho a la información y consulta".

Sra. Presidenta (Meijide).- El señor convencional Castells le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Santa María.- Quiero concluir la lectura de la modificación propuesta antes de concederle la interrupción, señora presidenta.

También proponemos cambiar la redacción del segundo párrafo por el siguiente: "El tratamiento y las interpretaciones de las leyes laborales deben efectuarse conforme a los principios del derecho del trabajo".

Asimismo, dado lo avanzado de la hora, solicito la inserción del discurso que pensaba pronunciar con relación a este asunto para poder disfrutar mañana –domingo– con mi familia.^* Espero que de ser posible los demás señores convencionales procedan con el mismo criterio.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Bisutti.

Sra. Bisutti.- Señora presidenta: vamos a tratar en este momento, en esta Convención, nada más ni nada menos que la temática del trabajo y de los trabajadores. Se trata de un tema que es de suma importancia por sus implicancias sociales, dado el marco sociopolítico y económico en el cual nos encontramos.

Hace unos años atrás no más, hablar de trabajo y de trabajadores nos remitía a referirnos a jornada limitada de tareas, a derechos laborales y sociales, a protección del trabajador y de su unidad familiar.

En cambio, hoy hablamos de trabajo y nuestro pensamiento recala en congelamiento salarial, rebaja de salarios, precarización, desempleo, desprotección, flexibilidad laboral, desintegración social. Hoy utilizamos palabras y frases como globalización, nuevo orden mundial, cambios y transformaciones en el mundo, los mercados, la bolsa, el déficit fiscal, la gran concentración de capital, el Grupo de los Ocho, las transnacionales, economía de mercado, etcétera.

Ninguna de ellas nos mueve una sola fibra de nuestra sensibilidad. Es más, las sentimos como ajenas, como de otros. En realidad son de otros, son términos de unos pocos que quieren imponer nuevas formas de sojuzgamiento social a muchos y retrotraernos a épocas de esclavitud en las que el amo era dueño y señor.

La sociedad argentina viene de protagonizar tres hechos de connotación social incontrastable en los últimos meses: un paro nacional de veinticuatro horas; otro de treinta y seis horas y el apagón. Son medidas que han tenido gran participación y consenso social en contra de las políticas laborales con las que el gobierno nacional quiere seguir avasallando derechos. Léase en esto recortes a las asignaciones familiares, flexibilidad laboral, que hoy conllevan el arrasamiento de los derechos laborales y sociales. La flexibilización entraña un aumento abrupto de la desocupación, es decir que agrandaría la ya existente que, como todos sabemos, aumenta día a día, y es la más alta jamás censada en nuestro país.

Flexibilización es un término de amplitud conceptual tan enorme que para algunos abarca también la modificación de la legislación en materia laboral, que llevará al completo desamparo laboral de los trabajadores. Así lo reclaman hoy en nuestro país los grupos empresariales, y el gobierno asiente inescrupulosamente. Un gobierno que insiste en identificar las protestas con los nostalgiosos por un mundo que ya no existe y que proclama que sus propuestas son una puerta abierta para el futuro.

Tratándose de derechos sociales es paradójico, por decir lo menos, que el gobierno trate de encontrar el futuro regresando los derechos laborales al siglo pasado. Hoy desde el gobierno y en consonancia con los grupos de poder económico se concibe al capitalismo en los términos del siglo XIX, en la etapa del presindicalismo, cuando el capital era visto como único factor de desarrollo, sin tomar en consideración para nada los aportes de la fuerza del trabajo.

Actuaba en consecuencia para beneficiar sólo a uno de los componentes del proceso productivo. Hoy en nuestro país esa política beneficia específicamente a los grupos empresariales transnacionales, expulsando inclusive a los pequeños y medianos. Entonces se tiene así la conformación de una sociedad dual, tendiendo a que haya ricos y pobres en cantidades totalmente desiguales, específicamente pocos ricos que son muy ricos.

Los gobernantes no deberían olvidar que no sólo interesa la economía, ya que nadie puede olvidar al pueblo. Deberían recordar que en 1886 se produjo un 1° de mayo, cuando desde el poder de aquel entonces se decía a los trabajadores que, hicieren lo que hicieran, nada haría cambiar su objetivo. Son palabras que últimamente escuchamos asiduamente de la boca de nuestro presidente. Después de ese 1° de mayo se consiguió la jornada de ocho horas.

Hoy no deberían seguir avasallando y arrasando con los derechos sociales. Como decía un gran estadista, los pueblos siempre reaccionan; tarde o temprano los pueblos harán tronar el escarmiento.

Por eso es importantísimo que en nuestra Constitución quede plasmado el derecho al trabajo y su protección, así como también garantizar que el trabajador, como sujeto activo, se encuentre debidamente protegido.

Esta Constitución va a establecer la protección al trabajo en todas sus formas y asegurar al trabajador los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional, quedando consagrados también con reconocimiento constitucional los convenios y los tratados de la O.I.T.

Así podemos ver que hay convenios de la O.I.T., como por ejemplo el 151, que establece las relaciones del trabajo en la administración pública, y el 154, que reconoce a los empleados públicos el derecho de negociar colectivamente y de dirimir sus conflictos mediante un procedimiento imparcial. Es un avance importante que en nuestra Constitución queden reconocidos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

En nuestro país en materia laboral y de seguridad social rigen los principios básicos del derecho del trabajo, como indemnidad, progresividad, el protectorio y otros. La inclusión de estos principios del derecho del trabajo en el presente texto, como base interpretativa para nuestros futuros jueces, e informativa y rectora para nuestro Poder Legislativo y para el Gobierno de la ciudad, son sumamente importantes, ya que son parte de nuestra legislación, jurisprudencia y doctrina.

Me gustaría leer específicamente tres o cuatro párrafos acerca de estas normas, que figuran en el "Derecho del trabajo".

Los derechos laborales y de la seguridad social, con todo su grado de intervencionismo estatal protectorio, integran en definitiva la misma familia a la que pertenecen, por ejemplo, los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, y los derechos derivados de la preservación del medio ambiente.

Hoy escuchaba decir que los animalitos son los más desprotegidos. No estaría tan segura, señora presidenta, de que hoy la población argentina no sea –de los seres vivientes– la más desprotegida en nuestra ciudad. (Aplausos.)

Continúa el otro párrafo: "Los derechos del trabajador, de los consumidores y de los habitantes en la preservación del ambiente, tienen una nota en común: la limitación de las leyes de la oferta y la demanda. La desconceptualización de los efectos mágicos del mercado. La limitación manifiesta de los derechos económicos, ante la superioridad de los valores amparados por determinados derechos sociales, que hacen a la indemnidad del individuo y de las poblaciones. La protección de la integridad psicofísica del hombre y, al mismo tiempo, de la salud de la especie humana".

Son conceptos de la doctrina del derecho del trabajo. En los textos que vamos a aprobar estamos tratando los de las dos comisiones: la de Derechos y Garantías y la de Políticas Especiales. No puedo dejar de recalcar el que plantea y garantiza el régimen de empleo público que asegura la estabilidad y la capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional.

Una estabilidad que hoy, en el marco de la flexibilización, evidentemente está en peligro, por lo cual es una pauta importantísima que nuestra Constitución la tenga en consideración.

Ejercerá la ciudad de Buenos Aires el poder de policía de trabajo en forma irrenunciable, intervendrá en los conflictos entre trabajadores y empleadores, y destinará y generará políticas y emprendimientos destinadas a la creación de empleo, teniendo en cuenta para esto la capacitación y la promoción profesional.

Además, se garantiza a los trabajadores estatales el derecho a la negociación colectiva y procedimientos imparciales de solución de conflictos, según las normas que luego serán establecidas.

Hoy más que nunca cobra importancia que nuestra Constitución deje plasmados estos puntos, por varias de las razones que he mencionado antes y por muchas más que podría señalar pero que cada uno de nosotros conoce por vivir en esta sociedad.

El dictamen en consideración contiene un primer artículo en el que se enuncia que se reafirman los principios y derechos previsionales y de seguridad social que están en la Constitución Nacional, y que el Estado, la ciudad de Buenos Aires, puede crear organismos de seguridad social para los empleados públicos.

Todos nos acordamos de un día de febrero en el que nos levantamos y leímos en el diario el decreto por el cual el gobierno nacional, por supuesto, con la firma del ministro de Economía, pasó intempestivamente la caja de jubilación de los empleados estatales municipales a la Nación, perdiendo una cantidad de derechos y, además, salarios, en contradicción con las normas que hoy rigen para la previsión social.

Para terminar, es importante dejar plasmados en la Constitución derechos, obligaciones y pautas referentes al trabajo y a los trabajadores, sobre todo cuando en el discurso oficial y en el de muchas personas se habla de desempleo, como lo vemos en las páginas de los diarios todos los días. Y también lo es poder llevarlos a la práctica, a fin de que se tome en serio a los trabajadores como la fuerza laboral indispensable para que la sociedad crezca y se desarrolle. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional López, del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sra. López.- Señora presidenta: en primer lugar, adelanto el voto favorable de mi bloque a los dictámenes producidos por las comisiones de Declaraciones, Derechos y Garantías con la propuesta de modificación efectuada por su presidente, y de Políticas Especiales, tal como fue despachado por la Comisión de Redacción.

Al referirnos a los derechos de los trabajadores que establece la Constitución Nacional, fundamentalmente en el Artículo 14 bis –que habla de condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas y retribución justa; del derecho a la negociación y a todos los derechos colectivos, como el de huelga y los de la seguridad social–, para nuestro bloque sería injusto no recordar a un luchador y dirigente de extracción sindical como Crisólogo Larralde, autor de dicho artículo, quien muriera al terminar un acto de campaña e introdujera en la Constitución Nacional los principios del constitucionalismo social.

Nos es grato que se haya aceptado la inclusión de los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, propuesta por un miembro de nuestro bloque en la Comisión de Redacción.

La incorporación de mecanismos de información y consulta también merece tenerse en cuenta como un avance en la protección de los derechos de los trabajadores.

Todas estas normas, tanto las que contiene el dictamen de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías como el de la Comisión de Políticas Especiales, apuntan a remarcar la necesaria presencia del Estado en todas estas políticas. El Estado tiene que estar presente para garantizar los derechos individuales y colectivos y generar políticas de empleo, no debiendo ausentarse al momento de garantizar la participación.

Por estas razones se ha incorporado la creación del Consejo Económico y Social, que fuera sugerida hace muchos años por el dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Si bien voy a pedir la inserción de un texto, daré lectura a una parte de dicho dictamen. Al hablar de un consejo económico y social, se refería a un organismo que tiene en mira el desarrollo de la democracia participativa en cuanto ella requiere el ensanchamiento de las estructuras participativas que la sociedad reclama junto a los cambios que se producen en sus relaciones políticas, sociales y económicas. El legítimo mecanismo de participación ciudadana a través de asociaciones colectivas se encuentra en la dinámica impresa con la práctica política por los partidos políticos. Es a través de su accionar que se consolida una democracia pluralista, participativa y generadora de consenso político en las estructuras del Estado. No obstante –decía el Consejo en su dictamen–, se ha considerado conveniente la participación de los distintos grupos socioeconómicos que integran una sociedad a la hora de tomar las decisiones fundamentales relativas a la distribución de la riqueza y al mejoramiento de las condiciones sociales de vida.

No podía estar ausente la presencia del Estado. Por eso se propone la creación de un organismo administrativo que ejerza el control en materia de policía de trabajo, que va a proteger a los trabajadores en cuanto a higiene y seguridad, y a controlar, reglamentar y sancionar aquellos incumplimientos de la normativa laboral, como el trabajo en negro y muchas otras explotaciones que se producen en la actualidad.

Dada la política de flexibilización que acaba de resumir la convencional Bisutti, desde la Constitución de la ciudad de Buenos Aires decimos que no vamos a permitir la ausencia del Estado ante derechos que consideramos necesario tutelar.

Hechas estas breves consideraciones, solicito la inserción de mi discurso.^* (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señora presidenta: no encuentro en el Reglamento norma alguna que diga que el orden en el uso de la palabra tiene que ver con el resultado electoral o el número de convencionales de cada bloque.

Sra. Presidenta (Meijide).- Yo sabía que iba a tener que dar la explicación de lo que es uso y costumbre.

No lo podía creer en la Cámara de Diputados, pero lo tuve que sufrir. Su bloque es duro en eso. (Aplausos.)

Sr. Castells.- Pero aquí no está...

Sra. Presidenta (Meijide).- No es revancha sino uso y costumbre.

Sr. Castells.- Tómese revancha con los diputados, no conmigo.

Sra. Presidenta (Meijide).- A lo mejor usted un día es diputado.

Sr. Castells.- A lo mejor soy senador.

Sra. Presidenta (Meijide).- Cómo no. Yo ya no voy a estar. (Risas y aplausos.)

Sr. Castells.- Me voy a referir al tema en consideración, señora presidente.

En primer lugar, siguiendo la línea de lo expresado por la convencional López, que recordó a Crisólogo Larralde, con esta intervención nuestra bancada quiere rendir un modesto homenaje a quien fuera secretario general de la Confederación General del Trabajo, José Ignacio Rucci.

No sé si vale la pena refutar la lectura que hizo la convencional Bisutti y preguntarle qué entiende por flexibilidad y progresividad. A esta altura me parece lamentable que en este ámbito de representación del pueblo de la ciudad de Buenos Aires se tengan que desmitificar algunas cosas que se repiten, como "flexibilidad sí" o "flexibilidad no".

Fíjese usted, señora presidente, que esto se discute precisamente el día que el secretario general adjunto de la Confederación General del Trabajo, compañero Palacios, acaba de anunciar que va a concurrir al Congreso la semana próxima en ocasión de un muy importante debate que allí se plantea, con un proyecto de flexibilización laboral preparado por la CGT. Es decir que discutir hoy si debe haber o no flexibilidad es, lisa y llanamente, no entender nada, amén de que la cuestión poco o nada tiene que ver con lo que aquí estamos tratando.

En cuanto al tema en debate, el bloque justicialista adelanta desde ya su voto favorable a ambos despachos. Particularmente nos satisface la modificación que se ha hecho al segundo párrafo del Orden del Día N° 88, que incluía una enumeración de principios que considero podría dar lugar a confusiones, y que ha sido superada por una regla general mucho mejor.

Lamentamos, en cambio, que pese a nuestra insistencia en la comisión, en este texto del Estatuto Organizativo en el que se protege a todo el mundo –en abstracto– no se reafirme y se asegure una efectiva protección en favor de quienes sí se debe y se puede proteger, que son los trabajadores de la ciudad. No veo aquí, señora presidenta, siquiera la cláusula transitoria que se había proyectado.

De modo tal que vamos a insistir con una cláusula transitoria que tiende, precisamente, a ocuparse de los trabajadores de la ciudad. Esta cláusula dice así: "Los agentes que prestan servicios actualmente para el Poder Ejecutivo de la ciudad, Honorable Concejo Deliberante, Justicia Municipal de Faltas, entes autárquicos y organismos descentralizados conservarán su antigüedad, nivel escalafonario, remuneración, derechos previsionales, encuadramiento sindical y de obra social que tuvieran antes de la plena constitución de los poderes del gobierno autónomo. Las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial actuantes en cada una de las jurisdicciones citadas conservarán, a su vez, los ámbitos personales y territoriales de representanción que tienen reconocidos por la autoridad de aplicación en función de sus respectivos agrupamientos".

Esto, señora presidente, no es una declamación; es una cláusula sencilla y práctica que asegura a los trabajadores municipales, a los docentes, al personal de salud y de los distintos sectores que componen el gobierno de la ciudad de Buenos Aires la efectiva estabilidad, la antigüedad, el nivel escalafonario, la remuneración y todos los derechos que hoy tienen, incluido el reconocimiento de las asociaciones sindicales que los representan. Y entre esas asociaciones está la Unión de Trabajadores de la Educación, cuya conducción integra la convencional que opinó en primer término sobre este tema, por lo cual me asombra que no nos acompañe en una propuesta que tiende a la protección de los trabajadores y de la herramienta esencial del derecho colectivo del trabajo y de la justicia social que son las asociaciones sindicales que conforman el movimiento obrero.

Por estos argumentos apoyamos el proyecto, con esta propuesta expresa de inclusión de una cláusula transitoria que llevará la seguridad a muchos hogares de gente de carne y hueso.

Quiero volver al concepto anterior y decir que aquí podemos hacer grandes declamaciones, podemos hacer lecturas de discursos que quizás escribimos nosotros o quizás los escribió otra persona –vaya a saber quién– y repetirlos de modo más o menos mecánico pronunciando palabras que no sabemos siquiera qué significan. Todo esto lo podemos hacer, no cambia la vida a nadie. Lo que sí cambia la vida a quienes hoy trabajan en la educación, en el ámbito municipal, en los organismos descentralizados y en el ámbito de la ciudad, es que nos ocupemos de ellos.

Por lo tanto, insistimos en la inclusión de esta cláusula transitoria como párrafo final del Orden del Día N° 89.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Del Orden del Día 89 o del 88?

Sr. Castells.- Esto debería incluirse en el Orden del Día 89, señora presidenta, porque el 88 contiene el texto que se refiere de modo general a la protección del trabajo y a los principios, mientras que el Orden del Día 89 contiene el que se refiere a las políticas.

Esto no es una novedad para nosotros, los peronistas, que no debutamos hoy en esta cuestión de hablar de los trabajadores. Y para mí, como abogado, tampoco es éste un debut. Tengo el orgullo de haber sido abogado de varias organizaciones sindicales y de haber concurrido muchas veces a la Justicia del Trabajo a proteger los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, para mí esto no es una declamación sino que es y ha sido una práctica.

Sí me gustaría que hoy todos nos acompañaran en esta vocación de darles seguridad y hacer plena la estabilidad y los derechos de los trabajadores de la ciudad. Yo sé que nos lo van a agradecer. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Esta Constitución y esta cláusula es el producto de lo que se denomina un procedimiento consensuado para llegar a una norma. Se negoció en el camino y hasta hoy estuvimos buscando una vía de encuentro. Este es el estilo de la Constitución española, en la que todos, cediendo un poco, pudieron llegar a un texto en común.

Nuestra Constitución es un texto suficientemente largo y justamente esta cláusula esta inspirada en la Constitución española, una de las pocas en el mundo contemporáneo que incorpora los convenios de la OIT a su ordenamiento interno.

Desgraciadamente, cuando se constituyó el MERCOSUR no se incluyó la cuestión de las normas laborales. Así, el Subgrupo 11, que se constituyó por sugerencia de quien les habla, planteó un enfoque accesorio y no principal del tema del trabajo y la seguridad social.

Pero quiero recordar dos cosas. En primer lugar, que por el trabajo murieron hombres de todas las ideologías, desde los anarquistas a los socialistas; murieron muchos peronistas y también una gran cantidad de dirigentes sindicales que lucharon por esa alternativa. De manera tal que el trabajo no tiene bandera; es una bandera universal.

Quizás entremos aquí en un enfoque muy interesante. Al hablar de la OIT no estamos hablando solamente del trabajo subordinado –al que muchos se han referido– sino del trabajo en general, en realidad, del empleo.

Si no somos absolutamente superficiales entenderemos que este es un problema complejo de resolver y que se vincula con la calidad de vida en el mundo contemporáneo, y no lo voy a agotar en los pocos minutos que tengo para exponer. Pero creo básicamente que al enfocar el trabajo en general no estamos hablando solamente del trabajo subordinado. Y al receptar los convenios de la OIT entramos en una línea de principios que nos conduce a la idea del consenso para resolver los grandes temas del mundo contemporáneo.

Quiero resaltar que si bien en su fundación, en los albores del capitalismo industrial con el taylorismo y el fordismo, en la OIT se discutía el proteccionismo, hoy la principal discusión del mundo contemporáneo no pasa por la subordinación típica del derecho del trabajo, que hay que proteger, sino por dar empleo a todos los habitantes.

Es obvio que en nuestra ciudad no vamos a poder resolver la problemática del empleo porque es una materia delegada en el Poder Ejecutivo nacional, pero estamos incorporando ideas y preceptos que debieran colocar dicha cuestión como centro de las estrategias públicas de la ciudad. Cuando se habla de planes de mejoramiento –el convencional Brailovsky lo sostuvo–, cuando se habla de obras públicas y de asistencia social, hay que plantearse de qué manera se ejecutan esas estrategias. Porque si bien existen trabajadores subordinados que tienen un empleo, en esta ciudad también vemos chicos que a estas horas revuelven la basura y mendigos que no tienen ninguna protección.

También es cierto que tenemos desempleados estructurales en todos los niveles de la educación: primario, secundario y terciario.

El hecho de enfocar este tema como lo estamos haciendo y no solamente a través del camino de la OIT que sigue la idea del trabajo subordinado, nos va a permitir plantearlo como estratégico. Estoy convencido de que ningún partido, ni el sindicalismo, ni los empleadores ni ningún iluminado pueden resolver este tema sustancial y primario vinculado con la problemática argentina y también del mundo. De cualquier manera es un buen camino que, al menos, nos hayamos entendido en la elaboración de una cláusula. Es cierto que ella tiene concreción en los empleados de la ciudad, porque para ellos hemos ratificado los principios de la estabilidad, de la carrera administrativa y el vinculado con el hecho de que todos los ingresos se harán por concurso público abierto, sistema que también será utilizado para la carrera interna y para la solución de conflictos.

Con esto estamos diciendo que los trabajadores de la ciudad podrán discutir sus salarios en un procedimiento complejo que será previo a la discusión del presupuesto, pero también podrán hacerlo en la redistribución de las partidas presupuestarias.

Entiendo que sería interesante hacer esto en otros niveles, no en lo coyuntural. De todos modos este es un debate estructural en el que penetramos bien y estando de acuerdo. ¡Ojalá que el acuerdo marco que implica adoptar una norma constitucional pueda significar caminos no sólo en la legislación, sino en la vida, que puedan garantizar la ciudadanía a todos!

Si estamos en una economía de mercado –lo ha sostenido fuertemente un convencional en un cuestionamiento y nosotros al fundamentar una resolución que aprobamos– no debemos tener temores.

La entrada en un esquema capitalista de producción que hoy nadie cuestiona tiene múltiples planteos: o el sistema thatcheriano de abandonar a los trabajadores, o el italiano tendiente a concertar la salida para no perder totalmente los beneficios. Esto no sólo requiere pensar en un esquema sino tener una mentalidad abierta e inteligente, no sólo de denuncia sino centralmente de propuesta. Al menos en programa, la Constitución de nuestra ciudad entra por buen camino. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Barbagelata.

Sra. Barbagelata.- Señora presidenta: solicito autorización para efectuar una inserción.^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Cortina.

Sr. Cortina.- Señora presidenta: solicito la inserción de un texto.^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Yelicic.

Sra. Yelicic.- En el mismo sentido, señora presidenta, deseo solicitar la inserción de un texto.^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Bisutti.

Sra. Bisutti.- Señora presidenta: en un momento el convencional Castells hizo referencia a quién escribe los papeles que uno lee.

En algunas ocasiones uno hace un discurso sin tener un papel escrito y en otras lo pronuncia con el escrito en la mano. Quiero aclarar al convencional que cuando pronuncio mi discurso, lo lea o no, digo lo que pienso, lo que siento, aquello de lo que estoy convencida y por lo cual peleo. De ninguna manera voy a aceptar el tono peyorativo con que dijo que determinadas cosas se dicen porque otro las escribe.

Reafirmo y ratifico todo lo que dije, ya que ello forma parte de mis convicciones y de mi pelea de vida (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Si no se hace más uso de la palabra, se van a votar en general ambos dictámenes.

Sra. Presidenta (Meijide).- Quedan aprobados. En consideración en particular el Orden del Día de texto N° 88.

Tiene la palabra la señora convencional López.

Sra. López.- Señora presidenta: la propuesta de modificación formulada por el presidente de la comisión está referida a los dos párrafos del dictamen.

Sra. Presidenta (Meijide).- En el primer párrafo la modificación consiste en: "...a los convenios ratificados y considera las recomendaciones..."

Sr. Santa María.- Exactamente.

El segundo párrafo quedaría redactado de la siguiente forma: "El tratamiento y la interpretación de las leyes laborales deben efectuarse conforme a los principios del derecho del trabajo".

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar el único artículo del Orden del Día de texto N° 88 con las modificaciones aceptadas.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Artículo ... .- La Ciudad protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La Ciudad provee a la formación profesional y cultural de los trabajadores y procura la observancia de su derecho a la información y consulta.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular el Orden del Día de texto N° 89.

Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez, del bloque de Nueva Dirigencia.

Sr. Rodríguez.- Señora presidenta: quiero solicitar la eliminación de una redundancia, pero aclaro que si se quiere mantener, no voy a formular cuestión alguna.

El texto habla de los principios y derechos previsionales y de seguridad social. Dado que la seguridad social incluye lo previsional, parecería innecesario que se haga referencia a la cuestión previsional.

Sr. Canata.- Es correcto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Aceptamos la propuesta formulada por el señor convencional Rodríguez. Efectivamente, entendemos que previsión social está incluido en el concepto más amplio de seguridad social.

Sra. López.- Debería decir "principios y derechos de la seguridad social".

Sr. Jozami.- Sería "reafirma los principios y derechos de la seguridad social".

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar el Artículo 1° con la modificación propuesta.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular el Artículo 2º.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿La Comisión acepta la propuesta del convencional Castells de incluir una cláusula transitoria?

Sr. Jozami.- No se acepta.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consecuencia, queda aprobado el texto. (Aplausos.)

La Ciudad:

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto producido por la Comisión de Sistemas de Control sobre Procuración General de la Ciudad, contenido en el Orden del Día N° 69.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Inchausti).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Redrado.

Sr. Redrado.- Señora presidente: todo buen cuadro necesita un buen marco para poder ser apreciado.

La Comisión de Sistemas de Control ha tenido a su cargo la creación de institutos que permiten volver a generar confianza en la gestión de la cosa pública en la ciudad de Buenos Aires.

En esta ocasión me corresponde informar el último proyecto de texto elaborado por nuestra comisión, el cual se refiere a la creación de la Procuración General de la Ciudad, cuya función principal es la de ser el abogado de la ciudad de Buenos Aires. Así como en su momento propusimos la creación del instituto del Defensor del Pueblo para que la gente tenga alguien que pueda defender sus derechos, ahora proponemos que la ciudad, y en particular su patrimonio, tengan un abogado que los defienda.

Hemos mantenido el espíritu que caracterizó el trabajo de esta comisión. Se trató principalmente de focalizar el trabajo en los temas sustantivos. En las discusiones que se llevaron a cabo en la comisión se observó un gran profesionalismo. Se intentó recoger las experiencias nacional e internacional para proponer a esta Convención un mejor funcionamiento de las entidades que se han creado.

En este sentido se propone a esta Convención una innovación en la creación de este instituto de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Me refiero a la necesidad de que el instituto sea aprobado por la Legislatura a propuesta del jefe de Gobierno. Esto lo hacemos para darle más entidad y mayor participación, pero también para que el jefe de Gobierno tenga la posibilidad de contar con una persona de su confianza en ese cargo, cuyas características se diferencian sustancialmente de las que cumple el secretario Legal y Técnico del Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires.

Este proyecto seguramente será aprobado por unanimidad en el plenario, de la misma manera que lo fue en la Comisión de Sistemas de Control. Con la creación de este instituto se completa el cuadro al que hacía referencia.

Quisiera agradecer especialmente a los convencionales Escolar del bloque del Frepaso, vicepresidente de la comisión, al señor convencional Gustavo Vivo, su secretario, y a la señora convencional Patricia Bullrich, que pertenece al bloque de Nueva Dirigencia, porque todos hicieron posible un trabajo profesional. Cuando hubo disenso se lo planteó de manera explícita, sin cortapisas, con la intención de generar más allá de los voluntarismos, instituciones que permitirán una mejor gestión para la ciudad de Buenos Aires, una mayor transparencia en los actos de la gestión pública y una mayor participación de los ciudadanos.

Hemos creado una sindicatura que va a actuar como organismo de control interno y una auditoría, como organismo de control externo; hemos creado el Defensor del Pueblo. Aprobamos una iniciativa notablemente innovadora: la creación de un organismo único regulador de los servicios públicos concesionados en la ciudad de Buenos Aires. Ayer aprobamos un dictamen relacionado con la responsabilidad de los funcionarios públicos. Además, se ha incorporado un capítulo general en el que se incluyen nuevos conceptos que hacen a la necesidad de tener organismos que funcionen de manera integrada para realizar procesos de auditoría. Hoy terminamos de completar este marco con la figura del Procurador General de la Ciudad.

Por tanto, dejo concluida la tarea de esta Comisión de Sistemas de Control con la satisfacción de haber podido dar a esta Convención un valor agregado que se refleja en los institutos que acabo de mencionar.

Agradezco a todas las bancadas por la predisposición que tuvieron en llevar adelante un trabajo profesional, que se situó en la discusión de temas, dejando de lado las diferencias que pudieron haber existido. Siempre se intentó realizar un trabajo colegiado que creo que se ha visto reflejado en esta Convención.

De esta manera, ponemos punto final a la tarea de nuestra comisión y proponemos que la creación de la Procuración General de la Ciudad sea aprobada por unanimidad. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Zangaro, bloque Frepaso.

Sra. Zangaro.- Señora presidenta: simplemente pido que se inserte mi discurso relacionado con el Orden del Día en consideración.^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez.

Sra. Pérez Suárez.- Señora presidenta: advierto que cuando se trató el Orden del Día
N° 89 se consultó a la Comisión si aceptaba la cláusula transitoria propuesta por el bloque justicialista referida a que los empleados del Poder Ejecutivo municipal, del Concejo Deliberante, de la Justicia Municipal de Faltas, entes autárquicos y organismos descentralizados conservaran la antigüedad, nivel escalafonario, remuneración, derechos previsionales, encuadramiento sindical y de obra social que tuvieran antes de la plena constitución de los poderes del gobierno autónomo. Se trata de un tema muy caro a los trabajadores y docentes municipales...

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Está pidiendo una reconsideración?

Sra. Pérez Suárez.- Como no se votó esa propuesta, pido que se vote ahora y que la votación sea nominal.

Sra. Presidenta (Meijide).- Nadie pidió que se votara, señora convencional.

Sra. Pérez Suárez.- Sin embargo, se trata de una omisión que correspondería ser salvada ahora, señora presidenta. Adelanto que las señoras convencionales Monteverde y Pierini me apoyan en el pedido de votación nominal.

Sra. Presidenta (Meijide).- No sé cómo se manejan estas situaciones en el Concejo Deliberante, pero entiendo que no se puede pedir reconsideración de una votación recaída en un proyecto que ya está aprobado cuando estamos tratando otro tema. Además, esta propuesta ni siquiera fue tratada en la reunión de labor parlamentaria.

Sra. Pérez Suárez.- No se votó, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se pidió la opinión del presidente de la comisión, al igual que en los otros casos en que se hicieron propuestas y se aceptó la decisión de la comisión. En todos los casos se procedió de esa manera.

Sra. Pérez Suárez.- Éste es un caso especial. Los trabajadores tienen que saber quiénes votan a favor y quiénes en contra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Ustedes se van a encargar de decirlo, no se preocupe. (Aplausos.)

Sra. Pérez Suárez.- Pierda cuidado, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Seguimos con la consideración el Orden del Día de texto
N° 69.

Como no hay más pedidos de intervención, se va a votar en general.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en los proyectos de texto sobre control de la matrícula y el ejercicio del poder disciplinario de las profesiones en la ciudad y sobre organismos públicos profesionales no estatales, órdenes del día de texto N° 92 y
N° 94, respectivamente.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Inchausti).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Zaffaroni.

Sr. Zaffaroni.- Señora presidenta: este texto, que viene acompañado por una cláusula transitoria sobre la misma materia, se incorporó a la Comisión de Redacción en razón de una iniciativa del señor convencional Enríquez. Por lo tanto, solicito que sea el convencional Enríquez quien lo fundamente.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Enríquez.

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: quiero agradecer muy especialmente al presidente de la Comisión de Redacción, doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, que me haya permitido fundamentar esta iniciativa que, en su momento, no tuvo tratamiento en la comisión pertinente y que se origina, básicamente, en dos proyectos: uno del suscripto y de otros compañeros de la bancada de la Unión Cívica Radical, el 681, y otro, el 718, presentado por la señora presidenta de la Convención.

Por eso es para mí un alto honor fundamentarlo y que hayamos sido los únicos dos promotores de esta iniciativa que se vincula, básicamente, con la existencia de colegios y de consejos profesionales en las sociedades democráticas modernas, que tienen que dejar de ser considerados como meras expresiones corporativas para reconocerles una verdadera dimensión como ámbitos de centralización y participación en los que aparecen organismos públicos no estatales gobernando los asuntos que les son propios.

Si alguien piensa que aquí hay enmascarado un propósito corporativo, evidentemente debo decirle que se equivoca.

Lo que se pretende a través de estos colegios, consejos profesionales y organismos públicos no estatales que controlan la matrícula y el ejercicio del poder de policía es, justamente que tengan un carácter tuitivo vinculado con una mejor calidad de vida de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires.

Me estoy refiriendo, básicamente, a algunas instituciones que ya funcionan en el ámbito de nuestra ciudad, como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Centro Argentino de Ingenieros y otros organismos vinculados con profesiones liberales, en las que existe un control social autónomo y un autogobierno para la resolución de los asuntos que les son propios.

El ejercicio del poder de policía en dichas profesiones resulta ser, a todas luces, mucho más eficaz y eficiente que si lo encarara el aparato burocrático estatal. En el caso concreto de la profesión que me honro en ejercer –la abogacía– mucho nos costó a los abogados de la ciudad de Buenos Aires llegar a tener nuestro Colegio Público a través de una lucha que encabezó, fundamentalmente, la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

Señalo que los profesionales interesados en que nuestras actividades se prestigien en el seno de la sociedad, somos justamente los más empeñados en preservar a los demás de los daños que puedan sufrir por mala praxis en el desempeño de nuestras profesiones. La mejor demostración de este aserto la constituyen los Códigos de Ética y Disciplina que regulan la actividad de estos organismos públicos no estatales.

La posibilidad de excluir o suspender en el ejercicio profesional a quienes infringen estas normas, está directamente vinculada con la intención de satisfacer los intereses de la sociedad en su conjunto y no los de sus elementos sectoriales.

La inclusión en el Estatuto Constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una disposición que contemple este derecho y que dé garantía a los habitantes de la ciudad, resulta ineludible.

Por lo tanto, entendemos que es a la sociedad a quien más le interesa la preservación de estos organismos públicos no estatales –cuyo gobierno autónomo ha resultado ser un verdadero vivero de democracia y pluralismo–, porque constituyen la mejor garantía de una correcta aplicación de los delicados servicios que ofrecen al hombre común.

Solicito muy especialmente, señora presidenta, que se incorpore como cláusula de texto lo que he acabado de exponer y, como cláusula transitoria, el Orden del Día N° 92 a pedido, básicamente, de los colegios y de los consejos profesionales de la ciudad de Buenos Aires, habida cuenta de que ellos han sido creados por leyes del Congreso Nacional, actuando como legislatura local y que si no tuviéramos la posibilidad de insertar en el texto esta cláusula transitoria, nos quedaríamos sin una solución normativa de muy difícil alcance.

Por eso propongo también la inserción de este proyecto de cláusula transitoria, al que hemos introducido dos modificaciones. La primera es en el texto del Orden del Día
N° 94, del que se suprimiría la palabra "profesionales". La otra modificación es la pertinente a la cláusula transitoria. Donde dice "por el Congreso Nacional" se suprimiría "en carácter de legislatura local".

Quiero que conste también que en este proyecto he contado con el asesoramiento y con el apoyo inestimable de dos colegas, el doctor Eduardo Molina Quirota y el doctor Diego Zubiría, actual Secretario General del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y que fueron realmente propulsores de la sanción de la Ley 23.187 que consagró al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal como el organismo encargado del control de la matrícula y del ejercicio de las potestades disciplinarias de nuestra profesión.

Repito que propongo la eliminación, en la cláusula transitoria, de "en carácter de legislatura local" y, en el Orden del Día N° 92, de la palabra "profesionales". (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Oviedo.

Sr. Oviedo.- Señora presidenta: deseo hacer una aclaración.

En el área de salud, no se incluiría a los profesionales médicos en la iniciativa que auspicia el convencional Enríquez porque el artículo sólo hace una referencia general a todas las profesionales liberales. Es sabido que los médicos, a través de sus representantes y de lo que hemos consagrado en el artículo referido a salud, decimos que ésta es una función indelegable del Estado.

Pregunto a la comisión si no corresponde aclarar más adecuadamente este tema, o si la comisión interpreta que ha quedado suficientemente aclarado con lo que se estableció respecto de los médicos en el capítulo de salud.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Enríquez.

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: este asunto ya fue debatido en la Comisión de Políticas Especiales y debo señalar que de la interpretación del texto constitucional en el capítulo referido a salud, surge que efectivamente los profesionales de la salud están excluidos. No quisimos introducir la excepción en este capítulo por la simple razón de que con el doctor Zaffaroni y otros miembros de la Comisión de Redacción advertimos que si poníamos "profesionales de la salud" estaríamos enmarcando a otros profesionales que si bien están vinculados con esa área, tienen otras características. Por ejemplo, sabemos que en virtud de algún tipo de disposición o convenio internacional, los psicólogos no pueden constituirse en asociaciones profesionales. Por eso entendimos que con la tutela establecida en el capítulo de salud quedaba cubierta la inquietud de estos profesionales.

Aprovecho esta oportunidad para agregar que en la cláusula transitoria, tal como fue impresa en el Orden del Día, hay un error de tipeo, porque dice "ejercida" cuando debería decir "ejercido".

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: adelanto el voto positivo de mi bloque, porque me parece importante que consagremos la existencia de organismos técnicos y profesionales. En este sentido, hemos trabajado con mucha afinidad en la Comisión de Redacción para dar forma a este texto que permite garantizar sin conflictos la continuidad jurídica de los colegios y consejos profesionales que regulan las distintas matrículas.

En mi caso particular, como miembro del Colegio de Abogados y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, me siento honrado de haber participado en el desarrollo de esta iniciativa.

Por otro lado, además de adherir a las dos modificaciones que ha propuesto el señor convencional Enríquez, sugiero un agregado adicional al proyecto de texto que figura en el Orden del Día N° 94, que quedaría de la siguiente manera: "...eligen periódicamente sus órganos directivos respetando la integración y participación democrática, fijan las pautas de ética profesional y ejercen el poder disciplinario con garantía de defensa y contradicción." El agregado que propongo es la frase: "fijan las pautas de ética profesional".

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Shuberoff.

Sr. Shuberoff.- Señora presidenta: esta es una cuestión de cierta complejidad, en la que temo que nos estemos introduciendo livianamente. Personalmente me entero en este momento de la existencia de este proyecto de texto. En realidad, las cuestiones sobre cuál es el mejor mecanismo de control del ejercicio profesional y sobre a quién le corresponde la custodia de este quehacer son muy controvertidas.

No veo cuál es la necesidad de intentar resolverlas medio de rondón a través de una norma constitucional, cuando es un tema que puede quedar perfectamente librado a la sanción de una ley. Por eso me parece que con la cláusula transitoria estaríamos salvando la cuestión, porque ella nos permite mantener el statu quo hasta tanto la Legislatura se ocupe del tema, con lo cual las organizaciones que en este momento ejercen el control de la matrícula lo seguirían haciendo hasta que una ley determine la organización definitiva del ejercicio de estas profesiones.

Por otro lado, me hago eco de la duda que planteaba el señor convencional Oviedo, porque evidentemente esto abarca a todos los profesionales, incluyendo las distintas profesiones de la salud. Además, no es sólo entre los médicos donde este tema ha sido bastante conflictivo. Hubo una evolución inversa en distintas profesiones con relación a la profesión del abogado, que me parece que hace que ellos interpreten de cierta manera esta problemática. Lo que sucede es que después de muchos años de existencia de distintos organismos que no tenían el monopolio del control de la matrícula o de la policía profesional, hace poco lograron la sanción de una ley que unificó este quehacer en el denominado Colegio Público de Abogados.

En otras profesiones esto dio lugar a múltiples situaciones y discusiones –en muchos casos no saldadas–, que estaríamos pretendiendo resolver no ya mediante una ley, sino a través de una norma constitucional que, desde mi punto de vista, será sancionada sin el suficiente análisis.

Insisto en que este conflicto no se agota en el área de los médicos y de los demás profesionales de la salud. Por esa razón propongo que sólo sancionemos la cláusula transitoria, que garantiza que hasta tanto la Legislatura se ocupe de la cuestión todo sigue como está, que en definitiva es lo que se pretende con el proyecto de texto.

Asimismo, entiendo que el texto de la cláusula transitoria se tiene que referir exclusivamente a los colegios y consejos creados por el Congreso Nacional, porque otra redacción sería una forma elusiva de consagrar en esta Constitución leyes sancionadas por dictaduras militares. Una cosa es que consagremos la continuidad de disposiciones sancionadas por el Congreso Nacional, y otra es la continuidad de disposiciones sancionadas por algún general en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Oviedo.

Sr. Oviedo.- Señor presidente: estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de expresar el señor convencional Shuberoff.

Además, en lo atinente a la cuestión de los médicos, el capítulo de salud del texto en análisis se refiere a los profesionales de la salud y no sólo a los médicos y no remite a una ley sino que hace mención de la función indelegable del Estado en el control de la matrícula y del ejercicio profesional. Entiendo que de consagrarse este artículo, en el caso de los profesionales de la salud estaríamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Enríquez.

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: quiero hacer referencia a varias cuestiones.

En primer lugar, me parece apropiada la propuesta del convencional Garré. Con respecto a lo que expuso el convencional Oviedo, creo que no sólo de mi interpretación del texto constitucional referente al área de salud sino también de lo que en estos momentos estamos vertiendo para los tiempos en el Diario de Sesiones, va a quedar claro cuál fue el sentido hermenéutico que ha tenido el alcance de esta normativa.

Pero disiento amablemente con mi compañero de bancada, el doctor Shuberoff, en algunos puntos que no me parecen procedentes. Nadie intentó introducir de rondón ningún tipo de norma.

Este es un despacho que, como dije, se compadece con proyectos presentados por la señora presidenta bajo el número 718, por quien habla y por casi todo el bloque de la Unión Cívica Radical –casi todo porque, a lo mejor, no hubo tiempo para que todos firmaran– que lleva el número 681.

Por otra parte, señalo que no estoy avalando ni certificando leyes sancionadas por la dictadura. Creo que cuando hablé de la ley de colegiación obligatoria de los abogados, dije que se trataba de la que lleva el número 23.187. Por el número, basta que pensemos la época en que se sancionó, y nos daremos cuenta enseguida que no es una ley de la dictadura.

Antes, en la dictadura, los abogados fueron perseguidos, y más de cien detenidos y desaparecidos. Y si hubiera existido un Colegio Público de Abogados, alguien que defendiera a los que defienden, posiblemente esto no habría sucedido. Digo esto porque a lo mejor hubiera existido una expresión lo suficientemente fuerte, porque en los tiempos oscuros, en la historia negra, en el pasado de plomo de nuestro país, nuestra ética la juzgaba un tribunal de ética forense que estaba formado por ministros de la Corte Suprema de Justicia de La Nación, que eran designados, obviamente, por el proceso que en esos momentos malgobernaba la República.

Muchos de ellos fueron perseguidos, les fue cercenado el derecho de su defensa y el de ejercer libremente su profesión. Pero cuando en su momento señalé que no lo estaba haciendo con espíritu corporativo sino con espíritu tuitivo de los intereses de la sociedad, porque lo que tratamos de hacer es que alguien que no sea el Estado, sino los propios profesionales...

Sra. Presidenta (Meijide).- Señor convencional: la señora convencional Pierini le está solicitando una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Enríquez.- Sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción, tiene la palabra la señora convencional Pierini.

Sra. Pierini.- Señora presidenta: quiero avalar, precisamente, los dichos del señor convencional Enríquez. El 16 de diciembre de 1970, cuando desapareció Néstor Martins, abogado defensor, los otros abogados que estábamos en defensa de presos y también los abogados laboralistas, nos vimos en la necesidad de constituir nuestra propia asociación gremial de abogados porque no teníamos colegio público, y ni el entonces Colegio ni la Asociación salieron en nuestra defensa.

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Enríquez.

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: lo dicho por la convencional Pierini corrobora notoriamente lo que venía expresando. Simplemente, reitero que no estoy haciendo la defensa de corporaciones sino defendiendo la calidad de vida de los vecinos de esta ciudad, que muchas veces contratan a profesionales que lamentablemente incurren en lo que se denomina mala praxis. Sabido es que después tienen que iniciar un juicio de responsabilidad civil o un juicio de índole penal con resultados muchas veces incierto.

En cambio, de esta manera existe la posibilidad de que promuevan denuncias ante los colegios respectivos en virtud de las cuales se los pueda excluir o suspender en la matrícula. Creo que esta es la mejor defensa que puede tener nuestra sociedad.

En cuanto a lo señalado por el convencional Oviedo, quiero referirme a ello nuevamente porque sé de su legítima preocupación y me parece muy loable que defienda su profesión. Señalo que no solamente la interpretación que damos sobre las normas que estamos sancionando obliga a entender que los profesionales de la salud no se encuentran incluidos en este texto que estoy proponiendo, porque en el texto dice claramente: "Las leyes que gobiernen", es decir, que estamos hablando de las leyes que ya existen. Esto quiere decir que si no hay leyes que comprendan a los médicos, evidentemente, los médicos no están incluidos, sin perjuicio de que la parte tutelar ya se encontraría suficientemente resguardada con el texto sancionado en el capítulo de salud.

Sra. Presidenta (Meijide).- Propongo que, a partir de ahora, cuando se solicite la reiteración del pedido de palabra, no se hable más de dos minutos.

Tiene la palabra el señor convencional Bruno.

Sr. Bruno.- Señora presidenta: quiero despejar alguna duda sobre lo que expresó el convencional Shuberoff. En realidad, si se lee bien el artículo que propone el Orden del Día T. N° 94, se llegaría a la conclusión de que no se está queriendo introducir en el debate el hecho de que estos organismos públicos que regulen matrículas deben existir o no.

En realidad, este artículo está diciendo que en caso de que existan organismos públicos que gobiernen la matrícula, deberán elegir periódicamente sus órganos y ejercerán el poder disciplinario. Vale decir que no está adelantando el debate sobre si estos organismos deben existir o no con carácter obligatorio. Está diciendo que en caso de que existan, vale decir, en caso de que la Legislatura apruebe su existencia, estos organismos deberán respetar una integración y participación democrática y ejercer el poder disciplinario.

Este artículo, simplemente, está poniendo condiciones a las leyes que eventualmente creen estos organismos. Si la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires llegara a crear estos organismos, éstos deberán respetar la integración y participación democrática y ejercer el poder de policía. Eso es lo que está diciendo este artículo. No está diciendo que se creen esos organismos o que los existentes deban mantenerse.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: voy a ser muy breve en mi exposición.

Me parece que el tema de las disposiciones que estamos consagrando no tiene ningún sentido oculto. Lo que garantizan es la continuidad del sistema de colegiación que está vigente hoy, y faculta en el futuro a nuestra ciudad a contar con organismos de colegiación regulados por su propia Legislatura. Creo que los muchos profesionales que aquí están presentes tienen muy en claro cuál es la propuesta.

Por lo tanto, hago una moción de orden concreta de que se vote el texto como está, con los agregados sugeridos por el convencional Enríquez y por quien habla, que aparentemente tiene consenso habida cuenta de las manifestaciones del convencional Enríquez.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Shuberoff por haber sido aludido. Está cerrada la lista de oradores.

Sr. Shuberoff.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero dejar establecido que se ha usado la técnica de criticar algo que no fue dicho por mí para desacreditar lo que sí dije.

En ningún momento ataqué la existencia del Colegio de Abogados o de algún otro colegio. Sí dije que me parecía que, de aprobarse la cláusula transitoria, debía hacérselo en su texto originario, que se refiere a colegios y consejos creados por el Congreso Nacional, porque si se reemplaza por la fórmula que se propuso, que dice "creados por ley nacional", se estaría convalidando algunos organismos creados por decretos-leyes de dictaduras militares y no por el Congreso Nacional, como efectivamente ha ocurrido.

Entonces, quisiera que quede clara cuál es mi propuesta. Estoy proponiendo que la cláusula transitoria quede tal como figura en el Orden del Día T. N° 92, con el texto que allí consta y como cláusula transitoria, porque me parece que con esa sola cláusula estamos resolviendo el problema hasta tanto la Legislatura se ocupe de la cuestión. Digo esto porque, por ejemplo, la Legislatura podría elegir otro modo de control de la matrícula menos corporativo.

No tenemos por qué resolver ahora cuál ha de ser el mecanismo para que funcione el control de todas las profesiones. Este es el sentido de mi intervención, señora presidenta, y es un pedido concreto que estoy formulando.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: éste es un tema complejo. Por eso, y dado lo avanzado de la hora, quisiera formular moción de que se pase a cuarto intermedio hasta luego a las 14, a efectos de continuar con el tratamiento de los temas pendientes.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Está proponiendo que no se vote el tema en tratamiento?

Sr. Ibarra.- Exactamente, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Enríquez.

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: he formulado moción de que se vote, y desde ya pido que la votación se practique en forma nominal.

Sra. Presidenta (Meijide).- Han sido formuladas dos mociones; una de que se vote y otra de que se pase a cuarto intermedio.

¿El señor convencional Garré insiste en su moción?

Sr. Garré.- Señora presidenta: queremos ver si podemos ponernos de acuerdo.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Enríquez.

Cuarto intermedio

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: solicito un breve cuarto intermedio en las bancas.

Sra. Presidenta (Meijide).- Invito al Cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas, aunque parece que los señores convencionales ya lo habían resuelto de hecho.

Reanudación de la sesión

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: ratifico la moción de que se pase a cuarto intermedio para luego a las 14.

Sra. Presidenta (Meijide).- Eso significaría interrumpir el debate y postergar la votación para cuando se reanude la sesión.

Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: con relación al argumento del señor convencional Shuberoff de que no sean contemplados los decretos de la dictadura, luego de más de doce años de democracia no sé a qué decreto de la dictadura se puede referir. Además, si hasta ahora no ha sido derogado, se supone que es ley de la Nación en sentido formal y material, como cualquier otra ley del Congreso.

Quiero suponer que el señor convencional Shuberoff debe referirse a algún decreto en especial, y me gustaría que lo revelara. De lo contrario estaríamos agregando confusión al tema y suspicacias entre los señores convencionales, pues estamos demorando el tratamiento de este asunto sin saber a qué decreto de la dictadura que no haya derogado el Congreso de la Nación se está refiriendo el señor convencional Shuberoff. Tampoco nos queda claro a qué consejo o colegio profesional alude, que ha de estar funcionando y regulando la matrícula. Si no lo incluimos en la cláusula transitoria, vamos a dejar a todos los profesionales sin la tutela del organismo correspondiente.

Si existe alguno que esté en esa situación, quisiera que el doctor Shuberoff lo exprese para clarificar el sentido de la discusión, independientemente de que lo terminemos de tratar ahora o luego.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Enríquez.

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: quiero señalar que el tema de los profesionales de la salud, por lo que hablamos con los convencionales Moscona y Oviedo, está perfectamente subsanado, porque agregaríamos una remisión a lo dispuesto en el artículo atinente al área de salud, donde esos profesionales quedan regulados por el Estado.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar la moción de orden del señor convencional Ibarra de pasar a cuarto intermedio hasta luego a las 14.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se van a votar las inserciones solicitadas por señores y señoras convencionales.^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Invito a los señores y señoras convencionales a pasar a cuarto intermedio hasta las 14.

Director del Cuerpo de Taquígrafos