18ª REUNIÓN - 10ª SESIÓN ORDINARIA (CONTINUACIÓN) - 29 DE SEPTIEMBRE DE 1996

CONVENCIONALES PRESENTES: ARENAS, Federico A. ARGÜELLO, Jorge D. ARGÜELLO, Jorge M. ARNEDO BARREIRO, Juan Manuel BARBAGELATA, María Elena BRAVO, Héctor A. BILANCIERI, Néstor A. BISUTTI, Delia B. BRAILOVSKY, Antonio E. BRUNO, Ángel A. BULLRICH, Patricia CABICHE, Roberto CANATA, José D. CARELLA, Alfredo J. CARRO, Susana CASTELLS, Jorge J. COLLIN, Silvia R. CORTINA, Roy CREVARI, Esteban L. CHIERNAJOWSKY, Liliana ENRÍQUEZ, Jorge R. ESCOLAR, Marcelo FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela FINVARB, Fernando A. GARRÉ, Nilda C. GARRÉ, Raúl A. GINZBURG, Nora R. GÓMEZ RÍOS, Carlos A. GUARIDO, Julio César HOUREST, Martín IBARRA, Aníbal

INCHAUSTI, Miguel Ángel JOZAMI, Eduardo KELLY, Elsa D. LÓPEZ, María Elena LUBERTINO, María José MACRIS, Antonio J. MAQUES, Alberto MARONESE, Leticia MARTÍNEZ, Enrique M. MASCALI, Ubaldo MONTEVERDE, Liliana E. MOSCONA, Rafael R. ORLANDI, Hipólito R. OVIEDO, Carlos G. PÉREZ SUÁREZ, Inés PIERINI, Alicia PIÑEIRO, Mabel PUY, Raúl A. REDRADO, Martín RIOPEDRE, Osvaldo E. RODRÍGUEZ, Enrique O. RUCKAUF, Carlos F. SANTA MARÍA, Víctor SHUBEROFF, Oscar J. VIVO, Gustavo A. YELICIC, Clorinda A. ZAFFARONI, Raúl E. ZANGARO, Silvia C. CONVENCIONAL AUSENTE: SAGUIER, Miguel

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

finalización *

Primer y último número de

resoluciones: 26 y 27

textos aprobados: 86° a 103°

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa la sesión.

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa la consideración de los dictámenes de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en los proyectos de texto de cláusula transitoria sobre control de la matrícula (Orden del Día T. N° 92) y sobre organismos públicos profesionales no estatales (Orden del Día T. N° 94).

Tiene la palabra el señor convencional Enríquez.

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: éste es un tema que escapa a la esfera de los distintos bloques, y como ha dicho acertadamente un señor convencional en la reunión anterior, debió haber sido debatido en forma más exhaustiva y profunda en la comisión. La escasez de tiempo ha impedido que ello ocurriera.

Teniendo en cuenta el proyecto que usted presentara, señora presidenta, así como también otros de convencionales del Frepaso y el que he elaborado junto a mis pares de la Unión Cívica Radical, venimos a proponer al plenario la modificación del proyecto de texto contenido en el Orden del Día N° 94, aclarando que estamos de acuerdo con la cláusula transitoria, tal como se dijo en la reunión que culminó en la madrugada de hoy.

El artículo quedaría redactado de la siguiente forma: "La ciudad regula el ejercicio de las profesiones liberales.

"Cuando la ley atribuye a organismos públicos no estatales el gobierno de la matrícula de las profesiones liberales y el control de su ejercicio, ellos eligen periódicamente sus órganos directivos, respetando la integración y participación democrática con integración de las minorías. Ejercen el poder disciplinario con garantía de los principios de defensa y contradicción".

Luego de un punto y seguido quedaría la exclusión expresa de lo que se había resuelto en el capítulo relativo a la salud, de acuerdo con lo que algunos señores convencionales habían sugerido en la sesión que terminó en la madrugada de hoy.

Este proyecto de texto puede concluir de la siguiente manera: "... sin perjuicio de lo establecido en el artículo ‘tal’", que sería el atinente a la salud.

La Cláusula Transitoria quedaría redactada como está, excepto lo que habíamos sostenido ayer que en el tercer renglón, de acuerdo con el Orden del Día T. N° 92, sería creado por ley de la Nación.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Todos los señores convencionales tienen a la vista el texto, o hay que repetirlo?

Señor convencional Enríquez: le solicito que dé lectura al texto más pausadamente.

Sr. Enríquez.- "La ciudad regula el ejercicio de las profesiones liberales. Cuando la ley atribuye a organismos públicos no estatales el gobierno de la matrícula de las profesiones liberales y el control de su ejercicio, eligen periódicamente sus órganos directivos respetando la integración y participación de las minorías. Fijan las pautas de ética profesional y ejercen el poder disciplinario con garantía de los principios de defensa y contradicción, ello sin perjuicio de lo prescripto en el artículo...", es decir, el artículo atinente a la salud, que se encuentra en el capítulo respectivo.

En cuanto a la Cláusula Transitoria, conforme se había elaborado ayer, la propuesta de modificación es que se diga "por ley nacional" en lugar de "por el Congreso Nacional en carácter de legislatura local".

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: en realidad, hubiera preferido tener el texto.

He seguido con atención la propuesta formulada pero tengo la sensación de que estamos corriendo el riesgo de sancionar algo desprolijo.

Ayer estuvimos a punto de votar el tema pero como no hubo consenso pasó a cuarto intermedio para hoy. Han pasado casi veinticuatro horas y se están proponiendo nuevas redacciones.

Entonces, me pregunto si es necesario declarar esto en la Constitución de la ciudad de Buenos Aires.

Tenemos una cláusula transitoria que asegura la continuidad hasta tanto la Legislatura regule el tema. O sea, se rescata para la ciudad y para la Legislatura esa facultad de regulación. Por lo tanto, no encuentro sentido a la primera parte, donde también se dice que la ciudad regula. Si se lo dice en la Cláusula Transitoria, ¿para qué decirlo de nuevo?

De lo que se trata .-me parece que esta es la discusión que no se está haciendo– es de cristalizar y dejar consignados de aquí para adelante en el texto constitucional a los colegios públicos profesionales –dado que hubo conflicto– como organismos públicos no estatales. ¿Por qué esa necesidad de cristalización en la Constitución? Pareciera que lo importante es que estén nombrados; lo que se ponga adelante o detrás no importa, pero sí que estén nombrados. Se puede decir que la ley regula o que se sanciona dando garantías de defensa o no, pero se quiere que estén nombrados.

Entiendo la necesidad de defender una situación que hoy existe. Hasta me parece correcto el funcionamiento actual.

En nombre del bloque del Frepaso creo que esto no debe estar cristalizado de aquí hacia adelante, y para siempre, en la Constitución, porque lo que hoy está funcionando bien y con determinado contexto mañana puede funcionar de otra manera. Así se quita a la Legislatura de la ciudad la posibilidad de rever el sistema de alguna forma. No digo que esté en cabeza de nadie hacerlo. Lo que pregunto es si vamos a cristalizar esto en el texto constitucional sin tener en cuenta que de aquí a treinta años la situación se modifique, como ocurrió con los médicos o muchos otros profesionales. ¿Por qué entonces vamos a hacer esa cristalización y a imposibilitar que la Legislatura revea la situación en el futuro, de aquí a treinta años, por ejemplo?

Me imagino que si se plantea una situación de revisión se va a venir con el texto constitucional y decir: "Acá estamos, tenemos jerarquía constitucional por estar nombrados", y es cierto.

Por eso le digo al convencional Enríquez que lo que hoy funciona bien mañana puede no darse.

Me parece que de esta forma corremos el riesgo de ser desprolijos, y no porque no compartamos el espíritu de lo que se propone. Digo esto como profesional abogado y reconociendo el funcionamiento excelente del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, cuyo presidente estuvo hace unos días visitándonos en esta Convención, a quien respeto muchísimo.

Considero que hay que legislar dejando de lado determinadas coyunturas y hacerlo hacia adelante. Además, al margen de las prolijidades o desprolijidades que podamos cometer, se estaría consagrando algo que no es necesario y que incluso –como dije antes– limita en el futuro las facultades de la ciudad y más precisamente de la Legislatura.

Por estas razones, no vamos a acompañar el texto propuesto y apoyaremos la Cláusula Transitoria tal como figura en el dictamen de la Comisión de Redacción.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Garré, del bloque justicialista.

Sr. Garré.- Señora presidenta: todavía no hemos sacado a la luz la verdadera sustancia del problema que estamos discutiendo.

En realidad, aquí hay dos cuestiones. Por un lado, cómo garantizar la continuidad de toda una estructura –que hoy funciona– de supervisión y control de la matrícula de distintas profesiones liberales que se desarrollan en el seno de la Capital Federal. Esto creo que está absolutamente garantizado con la propuesta presentada para la cláusula transitoria que se está proponiendo votar, sobre la cual entiendo que hay suficiente consenso.

La segunda cuestión se vincula con la cláusula definitiva que propone el convencional Enríquez y que apunta a cristalizar un profundo debate, que tiene muchos años de lucha y de historia, que versa sobre si la regulación de la matrícula de las profesiones liberales debe estar ordenada a través de las instituciones que lograron la preeminencia en su control, después de muchos años y de procesos de consenso y afiatamiento, o si vamos a proponer la alternativa entre empezar de cero la discusión sobre este tema y decir que la matrícula profesional debe estar desregulada, es decir que cada uno maneje desreguladamente el ejercicio de la matrícula, o si debe ser ejercida y controlada por el Estado, propuesta que está en las antípodas.

Esta es una vieja discusión que tuvo lugar en cada una de las entidades profesionales, que generó luchas muy difíciles, y que fue zanjada con la sanción de una ley que finalmente les dio sustento y organización.

Yendo al caso concreto, el convencional Enríquez ayer hablaba de la ley que permitió la colegiación de los abogados y que posibilitó que hoy estos profesionales cuenten con una estructura, es decir con un Colegio que, por ejemplo, defienda los intereses de todos los matriculados, regule las condiciones éticas del ejercicio profesional y le dé un marco adecuado, para garantía no sólo de los abogados sino también de quienes son los destinatarios de su asistencia.

Asimismo, hay otros organismos, y ayer los reivindicaba, como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, todo un modelo en función del aporte que realiza, que ha crecido gradualmente y que presta innumerables servicios a sus matriculados, quienes tenemos cursos de perfeccionamiento a costos absolutamente bajísimos, servicios de asistencia profesional, etcétera, que ayudan seriamente al contador que recién se recibe, ya que cuenta con todo el aporte y apoyo de su consejo profesional.

De todas maneras, entiendo que se está avanzando un poco más en el tema, porque se entra en una cuestión que es materia legislativa y, por lo tanto, no acompaño del todo la propuesta que realiza el convencional Enríquez.

Señora presidenta: tengo la sensación de que estoy hablando solamente para los taquígrafos. (Risas.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Lamentablemente suele ocurrir. De todos modos yo lo estoy escuchando.

Sr. Garré.- Si usted escucha me quedo más tranquilo...

Sra. Presidenta (Meijide).- Igual, no puedo votar.

Sr. Garré.- ...porque entonces hay tres o cuatro que me prestan atención.

Como decía, es excesivo avanzar en la definición. Creo que sería ampliamente suficiente si dejáramos el artículo con la frase "...respetando la integración y participación democráticas..."

Esto no quiere decir que me oponga a la integración de las minorías, pero reitero que no se debería avanzar, porque hay muchos colegios y consejos profesionales que, en virtud de la ley de su creación y de las estructuras estatutarias, eligen sus conducciones por mitades y no hay...

Sra. Presidenta (Meijide).- Convencional Garré: ¿usted aprueba el artículo y sólo propone una modificación?

Sr. Garré.- Lo apruebo, con la excepción del tema vinculado con la participación de las minorías en las listas.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Es la terminología lo que usted quiere corregir?

Sr. Garré.- Quiero aclarar que no es que nosotros no propongamos la representación de las minorías sino que con esta modificación se está avanzando, porque hay leyes, como la de creación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas...

Sra. Presidenta (Meijide).- Convencional Garré: le hice la pregunta porque todavía no votamos en general.

Como los temas fueron tratados en conjunto, primero se debería votar en general y, luego, aprobar artículo por artículo, cuando usted podría sugerir las modificaciones.

Sr. Garré.- En realidad, se trata de dos órdenes del día que habría que tratar de manera separada.

Sra. Presidenta (Meijide).- Ayer, de entrada, se propuso y se trató en conjunto ambos órdenes del día, que constan de dos artículos cada uno.

Sr. Garré.- Señora presidenta: un Orden del Día corresponde a la cláusula transitoria, que consta de un solo artículo, y habría que votarlo, porque al respecto hay acuerdo y consenso de todos. Y el otro Orden del Día se refiere a la cláusula definitiva, sobre la cual hay dos propuestas: una, del convencional Enríquez y otra en disidencia en cuanto a considerar el tema que acaba de formular el convencional Ibarra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Usted está haciendo una moción.

Sr. Garré.- A la propuesta del convencional Enríquez...

Sra. Presidenta (Meijide).- Espere un poco, porque hay de por medio una cuestión de forma.

Usted está formulando una moción para votar separadamente los órdenes del día, es decir, al revés de lo que veníamos haciendo desde la madrugada de hoy, en que los considerábamos en forma conjunta.

Esta es una propuesta que puede ser aceptada. Yo la someto a votación y, de ser aprobada, discutiríamos primero la cláusula transitoria y, luego, la definitiva.

Convencional Garré: ¿esto es lo que usted propone?

Sr. Garré.- No. Propongo, si se quiere, aprobar los dos órdenes del día en general y después tratar cada uno en particular. Pero creo que se corre el riesgo de que termine no aprobándose nada, que sería lo más gravoso, si es que hay acuerdo con respecto a uno y no sobre otro.

Sra. Presidenta (Meijide).- Entonces, no comience a señalar las modificaciones vinculadas con el segundo Orden del Día, porque todavía no se ha entrado en la consideración en particular sino que, desgraciadamente, todavía estamos en el tratamiento en general.

Sr. Garré.- Aclaro mi propuesta puntual. Creo que las propuestas deben tratarse por separado, es decir, primero la vinculada con la cláusula transitoria, sobre la que hay consenso y, después, la relativa a la cláusula definitiva.

Sra. Presidenta (Meijide).- Si es una moción la votamos.

Sr. Garré.- A la cláusula definitiva que propone el convencional Enríquez, sugeriría que se la suprima, para no avanzar y convertir en ilegales a las leyes que hoy rigen la constitución de una cantidad de consejos profesionales.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar la moción de orden formulada por el convencional Garré de votar separadamente estos órdenes del día.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobada.

En consideración en general la cláusula transitoria.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular el Orden del Día Nº 92, correspondiente a la cláusula transitoria, con la modificación sugerida.

Sr. Ibarra.- ¿Cuál es la modificación?

Sra. Presidenta (Meijide).- El convencional Enríquez la dijo tres o cuatro veces. Es así: donde dice "Congreso Nacional", debe decir "ley de la Nación".

Sr. Enríquez.- En realidad hay que sustituir "Congreso Nacional en carácter de legislatura local", por "ley de la Nación".

Sra. Presidenta (Meijide).- Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- "El control de la matrícula y el ejercicio del poder disciplinario de las profesiones en la Ciudad, continuará siendo ejercida por los Colegios y Consejos creados por ley de la Nación, hasta que la Ciudad legisle sobre el particular".

Sr. Enríquez.- A continuación de la palabra "profesiones", debe agregarse el término "liberales". Y en lugar de "ejercida", debe decir "ejercido".

Sra. Presidenta (Meijide).- Por Secretaría se volverá a dar lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- "El control de la matrícula y el ejercicio del poder disciplinario de las profesiones liberales en la Ciudad, continuará siendo ejercido por los Colegios y Consejos creados por ley de la Nación, hasta que la Ciudad legisle sobre el particular".

Sra. Presidenta (Meijide).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar la cláusula transitoria con las modificaciones propuestas.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobada.

CLÁUSULA TRANSITORIA

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar la modificación al Orden del Día T. N° 94, propuesta por el convencional Enríquez.

Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: la propuesta concreta de modificación consiste en que la frase que dice: "...eligen periódicamente sus órganos directivos respetando la integración y participación democráticas" termine en la palabra "democráticas", donde agregaría punto y seguido, luego del cual continuaría la frase que dice: "Ejercen el poder disciplinario con garantía de defensa y contradicción y fijan las pautas de ética profesional".

Propongo eliminar lo vinculado con la participación de las minorías, no porque esté en desacuerdo sino porque hay algunas leyes de colegiación que prevén el sistema de representación proporcional, otras de participación de mayoría y minoría, otras que proponen elección por mitades. Entendemos que incluir este asunto implicaría avanzar sobre una materia de técnica electoral que corresponde expresamente al Poder Legislativo.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez, del bloque de Nueva Dirigencia.

Sr. Rodríguez.- Señora presidenta: me da la impresión de que estamos tratando con muy poca profundidad un tema de demasiada trascendencia.

La norma que estamos considerando consolida una situación de hecho que de ninguna manera limita lo que están haciendo los colegios profesionales y lo que bien está haciendo el propio Colegio al que pertenezco. Pero no podemos consagrar en el texto constitucional una institución de este tipo, tratándola como si fuera una corporación, y otorgar mayor representación a unas que a otras, cosa que no hemos hecho con ninguna de las instituciones de la ciudad. En efecto, no hemos dicho que un modelo de sindicato sea el que debe regir ab aeterno, ni que algún organismo u ONG sea el que debe regir definitivamente.

Solamente siendo consistentes podríamos hacer una cláusula constitucional en serio que asegurara la libertad de agremiación de los profesionales que les permita organizar su matrícula, pero de ninguna manera podemos plantear un esquema conforme la ley que lo reglamente, ya que eso es lo que habíamos hecho con anterioridad. De la otra manera estamos dándole un status constitucional. Pero por la dignidad de mi pueblo y por ser abogado no me gustaría que un tema muy específico como el que nos ocupa quede consagrado de manera diferente de otras instituciones de la ciudad. La cláusula es muy contradictoria. Por eso me pregunto: ¿será bueno para los colegios que hagamos esto, o mejor retiramos la cláusula y dejamos la garantía tal como existe hasta el momento? No me parece bien que en los últimos momentos de esta Convención estemos discutiendo un tema de tanta trascendencia sin la profundidad debida.

No es que me oponga al tratamiento del asunto, simplemente considero que deberíamos tratarlo extensamente en otro momento. ¿Por qué no tratar específicamente los sindicatos o la organización de mujeres, o de quien fuere, de manera distinta? Entendemos que el Estado no debe penetrar en las organizaciones; si lo hace, dejan de ser autónomas. A través de este texto estamos consagrando casi un organismo constitucional. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Enríquez.

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: cuando comenzamos la consideración de este tema expuse los argumentos para su fundamentación y me parece que algunos convencionales no escuchan cuando otros convencionales hablan. Digo esto porque en ningún momento señalé que esto era una cuestión corporativa. Me cuidé de decir que estaba muy lejos de ser una expresión corporativa, ya que pensábamos generar un ámbito de participación y descentralización a través del cual se garantice a los vecinos de la ciudad que los profesionales ejerzan su actividad liberal como debe ser: con honestidad, con decencia y con ética.

No queremos que esto esté controlado por el Estado; señalamos un control social autónomo, un autogobierno, a efectos de evitar males que ocurrieron en el pasado.

Además, cuanto más quieran los profesionales que se prestigie su profesión, con más ahínco van a defender todo el sistema del poder disciplinario de sus colegios, consejos y asociaciones profesionales. Y que quede claro que acá no se está hablando de una agremiación obligatoria, sino todo lo contrario.

En algún momento de mi alocución hice referencia a que esto nada tiene que ver con la libre agremiación de los profesionales. Esto se refiere al control de la matrícula, al ejercicio del poder disciplinario, a la sanción de un código de ética, a la creación de tribunales disciplinarios; es decir, a crear las condiciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires.

En mi exposición hice referencia a los casos de mala praxis. En efecto, si un vecino contrata un servicio con un profesional cuya actividad no está regulada por algún colegio profesional, en el caso de que exista mala praxis le queda el recurso de la vía judicial a través de un juicio de responsabilidad civil o penal, de azarosa dilucidación, y respecto de los cuales muchas veces no se puede verificar la exactitud de los hechos debido a que las pruebas no están expuestas de manera contundente.

Periódicamente vemos en los diarios listas de profesionales que como consecuencia de mala praxis o incorrecto desempeño de su actividad han sido excluidos por sus propios colegios del ejercicio de la profesión.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Martínez, del bloque del Frepaso.

Sr. Martínez.- Señora presidenta: voy a reforzar los argumentos del convencional Aníbal Ibarra compartiendo plenamente su tesitura. Deseo volcar en esta Convención el núcleo de la discusión conceptual que se dio hoy en el seno de nuestro bloque sobre esta cuestión, que contó con la ventaja de poder disminuir el apasionamiento sobre este tema. Más allá de que en la Convención hay una gran cantidad de abogados –veintinueve sobre sesenta– en esa reunión de bloque había algunos constituyentes que como observadores pudieron tomar distancia de la cuestión y entender la raíz del problema.

Creemos que la cláusula transitoria –por eso la votamos unánimemente– cubre un vacío formal. En efecto, las leyes que determinan la creación y la regulación de los colegios y consejos están vigentes y la cláusula transitoria es valiosa por cuanto cubre ese vacío a que me referí.

Entendemos que hay un problema conceptual, casi elemental, en cuando a la consagración del tema como cláusula constitucional permanente. Ello es así porque el concepto de profesión liberal no es estático. La sociedad argentina, inserta en este mundo global, está viendo y verá una evolución muy sostenida del concepto de la profesión liberal.

La razón por la cual los abogados y los médicos presentes en este recinto piensan distinto sobre el problema es porque hace tres generaciones unos y otros eran liberales y hoy unos lo son y otros no, como consecuencia de que la profesión médica ha sufrido un proceso de inserción en el campo económico que ha concentrado el poder alrededor del negocio de la medicina, con lo cual en buena medida los médicos han terminado siendo profesionales en relación de dependencia, condicionados de una manera totalmente distinta de aquellos que ejercen su profesión en forma liberal.

Lo mismo sucede con los contadores, aunque a través de un proceso distinto. Los economistas tienen un muy vertiginoso proceso de concentración de su canal económico, que los convierte en profesionales en relación de dependencia. En consecuencia, no nos gustaría que los abogados y otros profesionales que se sientan cómodos con el desempeño de los actuales colegios fuercen la inclusión de un texto permanente en la Constitución que los termine perjudicando en una generación cuando las condiciones de la evolución económica de la Argentina deje de considerar a esas profesiones como liberales.

Es así de simple. No hay animadversión ni corporativismo al revés. Simplemente se trata del sentido común de asumir que no debe congelarse una situación que la historia no está congelando. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Brailovsky.

Sr. Brailovsky.- Señora presidenta: el convencional Martínez expresó exactamente lo que yo tenía pensado decir.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Shuberoff.

Sr. Shuberoff.- Señora presidenta: los convencionales preopinantes, en particular los señores Ibarra y Rodríguez, hicieron una fundamentación rigurosa y sólida de las razones por las que el proyecto que originariamente fue traído en la madrugada de hoy a la consideración del cuerpo debía ser rechazado. Comparto ese punto de vista; al menos es lo que intenté hacer cuando me tocó intervenir, dadas las condiciones en que fue presentada esta mañana la iniciativa.

A través de este texto que está a consideración del cuerpo, que contiene algunas correcciones con relación al originario, se intenta salvar –me parece que felizmente– las objeciones que se habían planteado.

Con la redacción originaria se pretendía saldar en el texto constitucional una discusión que no está saldada en la sociedad. En efecto, del texto que se había propuesto originariamente surgía que esta Constitución ordenaba que la regulación del ejercicio de las profesiones liberales fuera hecha a través de organizaciones públicas no estatales. Esta es una cuestión que está siendo muy discutida en la sociedad. Además, tal como se explicó recién, por razones históricas y de otra naturaleza, las soluciones que mayoritariamente se proponen para cada una de las profesiones liberales ni siquiera son coincidentes.

En efecto, hay profesiones en las que prima el punto de vista de otorgar el monopolio del control del ejercicio y la regulación de las actividades profesionales a organismos creados por la ley; hay otras en las que prima el criterio de que deben ser entidades de libre agremiación conformadas por los mismos profesionales; y todavía hay buena parte de la sociedad y de los profesionales liberales que sostienen que la regulación debe ser efectuada directamente por organismos del Estado.

Estas tres distintas soluciones son propuestas por diversos sectores de la sociedad. Lo mismo sucede aun en los sectores profesionales.

Por eso parecía improcedente dar consagración constitucional a la solución de una discusión que hasta el momento no ha podido saldarse razonablemente. No aparecen argumentos que legitimen una solución a través de consagrar en la Constitución cualquiera de las alternativas que mencioné.

El texto que en la sesión de hoy propuso el convencional Enríquez empieza diciendo "La Ciudad regula el ejercicio de las profesiones liberales...". De esta manera se está rescatando el principio de que la ciudad, al igual que cada una de las jurisdicciones provinciales, tiene a su cargo la policía profesional. Esto es así porque hasta hoy en la ciudad de Buenos Aires rige la legislación de orden federal. Creo que la nueva cláusula propuesta mejora notablemente a la originaria.

Continúa el texto de la cláusula propuesta de la siguiente manera: "...cuando [subrayo esta palabra] la ley atribuye a organismos públicos no estatales el gobierno de la matrícula de las profesiones liberales y el control de su ejercicio..." La palabra "cuando" indica expresamente que la Constitución no reconoce una sola solución legítima y prevé que la Legislatura pueda inclinarse en cada caso por la solución que mejor se acomode a las circunstancias de tiempo y lugar.

Quiero poner énfasis en la importancia de esa palabra porque condiciona el resto del texto y lo está convirtiendo en aceptable desde el punto de vista...

Sra. Presidenta (Meijide).- El señor convencional Rodríguez le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Shuberoff.- Sí, claro.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Señora presidenta: simplemente quisiera formular una pregunta. Si la palabra "cuando" deriva a la ley, ¿hace falta incluir esta cláusula cuando una de las atribuciones del Poder Legislativo se refiere a la regulación de la matrícula?

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Shuberrof.

Sr. Shuberoff.- El sentido que tiene la introducción de esta cláusula es que cuando la Legislatura utilice esa atribución y disponga asignar a un organismo público no gubernamental el gobierno de la matrícula, nos interesa que quede consagrado el principio de que esa organización debe atenerse a las normas de democracia interna y de integración de las minorías que en este texto se consagran. Es decir, esto vendría a operar como una condición para que las organizaciones no gubernamentales puedan recibir la asignación de esta tarea por parte de la Legislatura. Me parece que no es poco importante.

Si en algún caso –aun cuando no lo fuera en todos– la Legislatura otorga a alguna organización de este tipo la atribución de suplantar al Estado en una de sus funciones de policía, entonces tiene el derecho de exigirle una constitución y un modo de funcionamiento democráticos. Eso lo hará el Estado a través de esta cláusula constitucional.

Sra. Presidenta (Meijide).- Recuerdo a los convencionales que prácticamente estamos en tiempo de descuento. Como casi todos los bloques han tenido quien fundamente este tema, pido que a partir de ahora las intervenciones sean breves.

Tiene la palabra el señor convencional Maques, del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Maques.- Señora presidenta: mis correligionarios de bloque ya expresaron lo que yo iba a decir.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: suscribo lo expresado por el convencional Shuberoff en cuando al fondo del asunto. Solamente quisiera explicar un punto que cuestionó el convencional Garré. Proponía que suprimiéramos la explícita referencia a la participación de las minorías. Esto está allí porque no nos estamos entrometiendo en la vida de una institución de derecho privado, cual sería cualquier asociación profesional. En la medida en que el Estado que tiene la obligación del control de la matrícula delega en un organismo público no estatal, está fijando pautas de qué características internas debe tener porque lo convierte en un organismo público no estatal.

En segundo lugar, cuando se habla de participación de las minorías, en modo alguno –con relación a lo que decía el convencional Garré– estamos explicitando si este mecanismo debe ser proporcional, por mayoría o por minoría, etcétera.

Por último, en el texto habría que introducir algunas correcciones de redacción que serían las siguientes. Donde dice "cuando la ley atribuye a organismos públicos no estatales el gobierno de la matrícula de las profesionales liberales", debe decir "el gobierno de la matrícula de las mismas"; donde dice "y el control de su ejercicio", debe decir "de dicho ejercicio"; en lugar de "eligen", debe decir "deben elegir periódicamente sus órganos" y se debe suprimir la palabra "electivos".

Sra. Presidenta (Meijide).- Señores convencionales: la convencional Lubertino, que es la vicepresidenta de la Comisión de Redacción, está proponiendo modificaciones de forma porque el convencional Zaffaroni no está.

Convencional Lubertino: el convencional Oviedo le solicita una interrupción: ¿se la concede?

Sra. Lubertino.- Sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción, tiene la palabra el convencional Oviedo.

Sr. Oviedo.- Señora presidenta: después de haber escuchado al convencional Shuberoff, no me queda claro cómo quedaría el texto del artículo.

Pediría a la convencional Lubertino que lea el artículo en forma completa.

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa en el uso de la palabra la convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Dice así: "La ciudad regula el ejercicio de las profesiones liberales. Cuando la ley atribuye a organismos públicos no estatales el gobierno de la matrícula de las mismas y el control de dicho ejercicio, deben elegir periódicamente sus órganos respetando la integración y participación de las minorías.

"Fijan las pautas de ética profesional y ejercen el poder disciplinario con garantía de los principios de defensa y contradicción; ello sin perjuicio de lo prescripto en el artículo...", y es el que se refiere a salud que dice que las profesiones vinculadas a la salud son reguladas directamente por el Estado.

Hago moción concreta de que se pase a votación.

Sra. Presidenta (Meijide).- Hay anotados todavía cinco señores convencionales.

¿La moción es con o sin lista de oradores?

Sr. Castells.- Señora presidenta: desisto del uso de la palabra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Yo estoy preguntando a la convencional Lubertino si la moción de que se vote es con o sin lista de oradores.

Sra. Lubertino.- La moción es de cierre del debate sin lista de oradores.

Sra. Presidenta (Meijide).- Estaban anotados los convencionales Castells, que desistió del uso de la palabra, Bullrich, Moscona, Arnedo Barreiro y Canata.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: desisto de hacer uso de la palabra.

Sr. Moscona.- También desisto de hacer uso de la palabra, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- La Presidencia entiende que la Convención desea pasar inmediatamente a votación.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar el texto propuesto por la convencional Lubertino.

Sra. Presidenta (Meijide).- La votación ha resultado negativa. (Aplausos.)

Tiene la palabra el señor convencional Bruno.

Sr. Bruno.- Señora presidenta: quiero dejar constancia de mi abstención en esta votación porque, si bien ayer fundamenté a favor de este artículo, la opinión del bloque a que pertenezco ha sido contraria. Por esta razón he decidido abstenerme en esta votación.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Canata.

Sr. Canata.- Señora presidenta: de acuerdo con la intervención del convencional Bruno, solicito que se haga nuevamente el recuento de la votación.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Quieren votar nuevamente? Me parece bien. Ojalá siempre votaran tan rápido.

Sr. Canata.- Lo que solicito es que se recuente nuevamente la votación anterior.

Sra. Presidenta (Meijide).- El resultado ha sido de 34 votos por la negativa a 19 por la afirmativa.

Sr. Canata.- Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: de conformidad con lo dispuesto en Labor Parlamentaria solicito el apartamiento del reglamento y la incorporación de los siguientes órdenes del día de texto para su tratamiento en esta sesión: obligaciones contraídas por una intervención federal, inmunidades, indemnidades, sucesión de derechos y obligaciones por parte de la ciudad de Buenos Aires, supresión de títulos honoríficos, atribuciones del vicejefe de gobierno, mandato de autoridades constituidas, cláusula transitoria retribución de jueces del Tribunal Superior, cláusula transitoria decretos de necesidad y urgencia, cláusula transitoria caducidad de designaciones, cláusula transitoria coparticipación, seguridad, cláusula transitoria convocatoria a elecciones para la Legislatura y acuerdo para designaciones.

Propongo el apartamiento del Reglamento para poder incorporar en esta sesión las órdenes de texto mencionadas.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar la moción formulada por el señor convencional Ibarra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Ha quedado aprobado el apartamiento del Reglamento y la incorporación de los órdenes de texto propuestos.

Tiene la palabra el señor convencional Inchausti.

Sr. Inchausti.- Señora presidenta: propongo que la hoja 10, cláusula transitoria caducidad de designaciones políticas, pase a ser el último tema a considerar de los propuestos por el convencional Ibarra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Finvarb.

Sr. Finvarb.- Señora presidenta: hay órdenes de texto que no pudimos identificar porque se han mencionado los temas pero no los números. Además, hay otros que nos faltan en las bancas.

Por lo tanto, pido que primero se informen los temas y números para que después podamos aprobar el plan.

Sra. Presidenta (Meijide).- Señor convencional: hubo acuerdo de los presidentes de bloque en la reunión de Labor Parlamentaria y ellos tienen todos los temas. Los señores convencionales tienen sobre sus bancas las hojas 2 a 7, es decir que faltan las hojas 8 a 14 inclusive. Lo que ocurre es que todos estos temas están ingresando ahora por Mesa de Entradas, porque recién esta noche fueron considerados en la reunión de labor parlamentaria. Entonces, no se pongan exigentes como si no pertenecieran a este cuerpo; son sus propios compañeros los que estuvieron trabajando hasta hace un momento en dicha comisión.

Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señora presidente: por su intermedio solicito al señor convencional Ibarra que tenga la amabilidad de leer nuevamente –en todo caso se puede hacer a través de la Secretaría– la nómina de temas que mencionó. También le pregunto por su intermedio al señor convencional Inchausti cuál es el motivo por el que propuso la alteración del orden que se leyó.

Sra. Presidenta (Meijide).- La Presidencia propone que hasta que no se distribuyan las copias que se están haciendo, por Secretaría se dé lectura de cada texto antes de ponerlo en consideración. Pero reitero que ya se han repartido copias de los proyectos que figuran en las hojas 2 a 7.

A efectos de reiterar el orden y los títulos de cada uno de los temas, tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: la hoja número 2 contiene el proyecto de texto referente a las obligaciones contraídas por una intervención federal; la hoja número 3 se refiere a inmunidades e indemnidades; la número 4 trata el tema de la sucesión de derechos y obligaciones por parte de la ciudad de Buenos Aires; la número 5 se refiere a la supresión de títulos honoríficos; la número 6 trata el tema de las atribuciones del vicejefe de gobierno; la número 7 es sobre el mandato de las autoridades constituidas.

Sra. Presidenta (Meijide).- Los temas que siguen de acá en adelante todavía no se encuentran sobre las bancas de los señores convencionales, pero los presidentes y vicepresidentes de cada bloque tienen las copias que hoy se les entregaron en labor parlamentaria. Por lo tanto, les sugiero que se acerquen a ellos hasta que se distribuyan las copias.

Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: continúo con la enunciación del resto de los textos. La hoja número 8 se refiere a la retribución de los jueces del Tribunal Superior; la número 9 a los decretos de necesidad y urgencia; la número 10 a la caducidad de designaciones; la número 11 al tema de la coparticipación; la número 12 a la cuestión de la seguridad; la número 13 trata el tema de la convocatoria a elecciones para la Legislatura y la número 14 se refiere a la cuestión de los acuerdos para las designaciones en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta del señor convencional Inchausti consiste en que la hoja número 10, referente a la caducidad de designaciones, sea considerada en último término, es decir, luego del proyecto de texto contenido en la hoja número 14.

Además, una vez que se consideren todos estos temas trataremos el Preámbulo, sin perjuicio de que haya algunos órdenes del día de resolución que todavía están pendientes de tratamiento.

Sra. Presidenta (Meijide).- Si hay asentimiento, el proyecto de texto contenido en la hoja número 10 se considerará luego del que figura en la hoja número 14.

Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señora presidente: lamento que no esté presente el presidente de la Comisión de Redacción, porque tengo dos asuntos que todavía están pendientes de tratamiento y que son de suma importancia. Uno de ellos es el Preámbulo –que habría que tratarlo–, y el otro es una cláusula indispensable, ya que por medio de ella se deroga la Ley 19.987 y se establecen las etapas de esa derogación. Este último tema tampoco está sobre nuestras bancas, pero se trabajó en esto en la Comisión de Redacción, donde preparamos un proyecto con la señora convencional Barbagelata, que fue considerado en la reunión de presidentes de bloque. Esta es una norma indispensable.

Por otro lado, reitero mi curiosidad, creo que fundada, por saber cuál es el motivo de este cambio de orden que pidió el señor convencional Inchausti. Observo que uno de los temas se refiere a la cesación de funcionarios y otro se relaciona con las mayorías para dar los acuerdos para las designaciones en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si tendrá que ver con eso. Pero para decir si estamos de acuerdo o no con esta alteración del orden, me gustaría que el señor convencional Inchausti nos aclare el motivo de este cambio.

Sra. Presidenta (Meijide).- Antes de ceder el uso de la palabra al señor convencional Inchausti, la Presidencia le recuerda –quizás no lo escuchó porque hay mucho ruido– que el señor convencional Ibarra anunció el tratamiento de órdenes del día de resolución y del Preámbulo.

Tiene la palabra la señora convencional Inchausti.

Sr. Inchausti.- Señora presidenta: el orden que mencioné fue acordado en la reunión de labor parlamentaria, y no sé por qué se alteró. De cualquier forma, cuando el señor convencional Castells tenga la hoja número 10 sobre su banca verá aclarada la duda que tiene respecto de su contenido.

Por otro lado, es cierto que todavía nos queda por tratar el Preámbulo, pero en la reunión de ayer acordamos que ese tema sería considerado como último punto de la sesión de hoy.

Sra. Presidenta (Meijide).- La Presidencia aclara, señor convencional Castells, que el orden se alteró porque había varias resoluciones –desde la ocho en adelante– que se discutieron pero no tenían firmas. Por eso se las ubicó en último lugar, a fin de discutir primero las que están firmadas y sobre las que hay acuerdo.

Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señora presidente: la alteración del orden que se propone es sobre temas de los que todavía no disponemos copia. De cualquier modo, me están dando algunas explicaciones fuera de micrófono que me satisfacen.

Sra. Presidenta (Meijide).- Si usted se lo pide a la señora convencional Pérez Suárez o al convencional...

Sr. Castells.- Señora presidente: tanto el convencional Arnedo Barreiro como la convencional Pérez Suárez son muy atentos con todos los compañeros del bloque y nos suministran toda la información. Tenemos la información y conocemos el orden, pero lo único que quería saber era el motivo por el cual se proponía alterar el orden oportunamente enunciado.

En lo que respecta al tema del Preámbulo y a la derogación de la Ley 19.987 me quedo tranquilo por las aclaraciones que me acaba de dar fuera de micrófono el señor convencional Ibarra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: quiero solicitar una aclaración. Hay dos órdenes del día de resolución, el 25 y el 26, que corresponden al proyecto de rendición de cuentas del presupuesto de la asamblea que no están incluidos en el plan de labor que usted ha planteado.

Quiero saber si se van a agregar y, en ese caso, en qué orden de tratamiento; de lo contrario, no estaríamos cumpliendo con el Reglamento.

Sra. Presidenta (Meijide).- Señor convencional Ibarra: cuando usted mencionó los órdenes del día de resolución olvidó dar los números.

Sr. Ibarra.- Efectivamente, señora presidenta, son los órdenes del día de resolución números 25 y 26.

Sra. Presidenta (Meijide).- Estos órdenes del día están propuestos para ser tratados antes del Preámbulo. Ése sería el orden.

Se va a votar si se incorporan todos los temas propuestos.

Sra. Presidenta (Meijide).- Quedan incorporados.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto referente a intervención federal, contenido en la hoja Nº 2.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto referente a inmunidades e indemnidades de legisladores y funcionarios de las provincias, contenido en la hoja Nº 3.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto referente a derechos y obligaciones legítimas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contenido en la hoja Nº 4.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Cuarto intermedio

Sr. Garré.- Señora presidenta: me gustaría clarificar lo que se está votando. Le solicito un cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas para aclarar los órdenes del día, porque se han mezclado un poco.

Reanudación de la sesión

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: con el apuro con que veníamos aprobando los dictámenes omitimos manifestar nuestra disidencia respecto de una expresión contenida en el Orden del Día T. N° 4, que además se refiere al Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando –como ya lo hemos señalado en otras ocasiones– pensamos que debe decir "Ciudad Autónoma".

En el mencionado dictamen se expresa: "El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires". En realidad esto es casi una obviedad, porque el Artículo 502 del Código Civil señala que la obligación fundada en una causa ilícita es de ningún efecto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Ya está aprobado ese Orden del Día, señor convencional.

Sr. Garré.- El mismo artículo del Código Civil agrega que la causa es ilícita cuando es contraria a las leyes o al orden público.

Es cierto que ya se votó y fue aprobado el dictamen, pero no éramos conscientes de lo que estábamos votando. Desde ya dejamos en claro nuestra objeción al término "legítimas", pues no hay posibilidad alguna de que se transfiera una obligación que no tenga ese carácter, pues sería nula y de ningún efecto.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Está dejando planteada la posición de su bloque o haciendo moción de reconsideración, señor convencional? Aclaro que el dictamen ya fue aprobado y se requiere una mayoría de dos tercios para pedir su reconsideración. Me parece que ello implicaría una gran pérdida de tiempo, aunque no estoy aquí para impedir que plantee una moción.

Sr. Garré.- Sólo queríamos dejar sentada nuestra disidencia al respecto, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Quedará asentada, señor convencional.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto elaborado conforme a las atribuciones conferidas por el Artículo 40 del Reglamento, sobre supresión de títulos honoríficos, contenido en la hoja N° 5.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez.

Sra. Pérez Suárez.- Señora presidenta: con relación al texto de este dictamen considero importante remitirnos al Artículo 16 de la Constitución Nacional, que comienza diciendo: "La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza". Está consagrando así el principio de igualdad ante la ley, que además es contemplado en numerosos tratados y convenciones internacionales.

Considero que incluir este texto en el Estatuto se vincula con el convencimiento de que no son los nombres los que honran las instituciones; éstas no van a ser honorables porque se las llame así. Hemos vivido situaciones bochornosas en algunas instituciones que llevaban ese nombre. Pero aclaro que no por eso dejaban de ser honorables las instituciones, pues los que habían dejado de tener conductas honorables eran los hombres que las integraban.

Señora presidenta: lo que estamos a punto de consagrar es realmente importante, porque además se relaciona con algunas iniciativas tomadas cuando se recuperó la democracia. Fue el doctor Alfonsín quien suprimió la utilización de la fórmula "Excelentísimo señor presidente de la Nación", que se utilizaba hasta entonces. Indudablemente recordarlo es un acto de justicia.

Quizás en el apuro en que nos vemos, con el tiempo que nos corre y el agotamiento que nos demanda tratar de incorporar temas a este Estatuto en el cual hemos trabajando tanto, puede llegar a parecer innecesario hacer una reflexión sobre este punto, pero no creo que así sea. Considero importante reivindicar que quienes vamos a ocupar cargos, quienes podemos llegar a ser funcionarios o integrar cuerpos colegiados, tenemos la obligación de honrar esos cargos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y con una actitud ética, que la sociedad demanda. No será necesario que nos llamen honorables, porque tenemos que ser nosotros los que desempeñemos con honor esos cargos.

Me parece importante recordar a una mujer provinciana, joven, transgresora y revolucionaria, que un 22 de agosto de 1951 dijo: "Renuncio a los honores, pero no a la lucha". Esa mujer es Eva Perón, y digo "es" porque para los peronistas Evita vive en el alma del pueblo allí donde hay una necesidad, por aquella consigna –que siempre nos transmitió– de que donde hay una necesidad nace un derecho. En ese famoso día del renunciamiento, ella renunció a los honores y, sin embargo, trascendió y entró por la puerta grande de la historia con el simple nombre de Evita.

Creo que nosotros, sancionado hoy este texto donde suprimimos en actos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y de los cuerpos colegiados, estamos sancionando algo que tiene íntima relación con la igualdad y la democracia y, sobre todo, obligando a quienes ocupen esos cargos a un compromiso de hacerlos honorables con su accionar, su trabajo, su entrega y su voluntad de sacrificio.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto sobre atribuciones del vicejefe de Gobierno, contenido en la hoja N° 6.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto sobre otorgamiento de mandato a las autoridades constituidas para que agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía de la ciudad, contenido en la hoja N° 7.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Arnedo Barreiro.

Sr. Arnedo Barreiro.- Señora presidenta: en nombre del bloque Justicialista queremos dejar constancia de nuestra abstención respecto del proyecto de texto en consideración.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar en general.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: debido a que estamos esperando los textos de los dictámenes cuya incorporación ha sido aprobada, hago moción para que el cuerpo pase a considerar los órdenes del día de resolución números 25 y 26, y el Orden del Día de texto N° 12.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar la moción formulada por el señor convencional Ibarra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se procederá en consecuencia.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de la Presidencia de la Convención Constituyente, por el que se eleva el estado de ejecución del presupuesto y rendición de cuentas al 13 de septiembre de 1996 (Orden del Día R. N° 25).

Si hay asentimiento, y habida cuenta que no existen disidencias ni observaciones, la Presidencia sugiere que este tema se trate juntamente con el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de la señora convencional Garré por el que se autorizan gastos previstos en el presupuesto de la Convención, contenido en el Orden del Día de resolución N° 26.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se procederá en la forma indicada.

Por Secretaría se darán lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general la resolución.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en el entendimiento de que la votación importa el reconocimiento de cada uno de los órdenes del día en consideración.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobada la resolución.

La Convención Constituyente

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: la Comisión de Presupuesto y Hacienda ha analizado el presupuesto oportunamente aprobado y la rendición de cuentas al 13 de septiembre presentada por la Presidencia de esta Convención. Quiero destacar que hemos visto que la ejecución presupuestaria ha sido razonable, y dado que cuenta con dictamen favorable de la Auditoría General de la Nación, entendemos que debería procederse a aprobarla.

Para completar la información que nos fuera remitida, me parece importante destacar que hemos pedido a la Secretaría Administrativa de la Convención la remisión de la proyección de la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre y un estimado de la ejecución del residual de la Convención. En este sentido, debemos destacar que sobre el presupuesto de 3.575.750 pesos aprobado por la Convención, la proyección que se ha elaborado indica la posibilidad de que exista un remanente de 712.392,91 pesos.

Sra. Presidenta (Meijide).- Merecemos todos un aplauso.

Sr. Garré.- Creo que es importante que hayamos manejado lo más austeramente posible el presupuesto y que esto permita proyectar que una parte significativa se pueda devolver.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Sabe los cursos de economía doméstica que me costó esto? (Risas.)

Sr. Garré.- Siempre se puede aprender en estas cosas, y la austeridad es lo que más tenemos que aprender en la Argentina.

En función de esto propongo que se apruebe la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre...

Sra. Presidenta (Meijide).- Ya ha sido votado, señor convencional.

Sr. Garré.- Se votó el tratamiento conjunto.

Sra. Presidenta (Meijide).- No es así, señor convencional. En realidad, usted se adelantó a dar la buena noticia que yo iba a anunciar, pero tratándose de una buena noticia, no importa quién la dé.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto sobre normas relativas a seguridad, contenido en la hoja N° 12.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Enríquez.

Sr. Enríquez- Señora presidenta: si bien en el tema de justicia hubo consenso unánime en la Comisión de Justicia y Seguridad, que tuve el altísimo honor de presidir, en la cuestión en consideración inicialmente no fue posible arribar a un consenso.

Posteriormente, a través de contactos formales mantenidos entre los distintos bloques en reuniones de labor parlamentaria, pudimos alcanzar un acuerdo que no implicó deponer lo que había sostenido desde un principio el bloque de la Unión Cívica Radical ya que respetó el espíritu que debe animar la cláusula sobre seguridad.

Sin lugar a dudas, estamos frente al análisis de una norma que contempla la tutela de un derecho inalienable para la ciudadanía porteña, que brinda la posibilidad de contar con un servicio de seguridad eficiente que custodie debidamente la integridad y los bienes de los ciudadanos y que, además, prevea los mecanismos idóneos que se anticipen al hecho delictivo violento.

Pongo especial énfasis en lo que estoy diciendo, porque básicamente la premisa que sostuvo en su campaña electoral el bloque que represento se fincó en la prevención del delito y la violencia.

Se trata de un tema que ha estado dentro de los tres de mayor preocupación social para la gente en los últimos ocho años, según lo reflejan las distintas encuestas elaboradas al efecto. Por eso nos instalamos en el núcleo del problema y decidimos dar a nuestra ciudadanía una respuesta legislativa moderna y dinámica.

En la semana que acaba de finalizar esta Convención Constituyente tomó la decisión unánime y firme de sustituir los vetustos y desactualizados edictos policiales por un código contravencional y de convivencia urbana que la futura Legislatura de la ciudad deberá sancionar dentro de los noventa días contados a partir de su constitución. Se trata del primer paso sólido que hemos dado en favor de la seguridad y de la prevención, toda vez que la esfera contravencional es la mejor valla de contención frente a posibles conductas delictivas futuras. Es la primer vidriera que el ciudadano mira para encontrar el ropaje de un conjunto de normas tendientes a lograr una mejor convivencia. Si no existiese, correríamos el gravísimo riesgo de ingresar directamente al sistema penal o de perder el respeto por la ley.

Por ello, sostenemos que los objetivos primordiales del derecho contravencional son, en primer lugar, adecuar la normativa al estilo de vida que eligieron los porteños y seguidamente constituirse en el gran ámbito preventivo prepenal, es decir, en un llamado de atención para que no se concreten las conductas delictivas.

Ingresando al terreno de la libertad en conjunción con la seguridad, en la declaración realizada en Córdoba en 1990, cuando se celebró el Primer Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana, se señaló que es imperioso lograr una seguridad para la libertad, como valores complementarios, en el entendimiento de que la seguridad es el ámbito adecuado de crecimiento de la libertad y de que el ejercicio de la libertad proporciona, a su vez, un contenido ético a la seguridad.

Hoy los vecinos de la ciudad de Buenos Aires no nos sentimos seguros. Los índices delictivos aumentan y, lo que es peor, los ilícitos vienen acompañados de un componente aún más destructor: la violencia, que aun cuando siempre estuvo instalada en nuestra sociedad de diversas formas, actualmente ha adquirido una faceta más cruel y más continua, que requiere pronta respuesta criminológica e institucional.

Creemos que la ciudad debe ir contando, en forma paulatina, con una fuerza policial propia, que se jerarquice en su función y que se identifique de mejor modo con las necesidades de la ciudadanía; es decir, una Policía para la comunidad, con una fuerte compatibilización con los principios de la solidaridad y del servicio y con un perfil más emparentado con las tramas más sensibles de la población.

La educación adquiere, desde esta perspectiva, un lugar de privilegio. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires debe ponerse al lado de su pueblo para otorgarle más seguridad y confiabilidad frente a la Policía y, coetáneamente, debe ponerse al lado de su Policía para jerarquizarla, en aras de construir un binomio "sociedad-Policía" armónico, solidario, identificable, confiable y respetuoso, no disociado como hoy constatamos que ocurre.

La institución policial resulta fundamental como garantizadora del respeto de los derechos humanos, del cuidado de las personas, de los bienes y de la interacción comunitaria.

Recientes encuestas llevadas a cabo por la primera cátedra de prevención del delito de Latinoamérica, que se data en la Universidad de Buenos Aires y es la tercera en el mundo después de las de Otawa y París, nos indican que ante la pregunta de qué se entiende que es más conveniente para la seguridad de la ciudadanía, el 4,4 por ciento de la población responde que la construcción de cárceles; el 8,51 que se aumente el personal policial; el 21,45 que se mejore y se agilice la administración de justicia; y el 17,37 por ciento que la ley penal sea más severa.

Pero adviértase que la gran mayoría, el 48,23 por ciento –casi la mitad– pide la adopción de políticas y de estrategias de prevención del delito.

Es que la prevención del delito y la violencia es la mejor manera de ofrecer seguridad a la ciudadanía, en razón de que tiene la enorme ventaja de auscultar las verdaderas causas que las producen y generan, en vez de actuar cuando el daño ya se ha producido. La prevención es siempre una acción anticipatoria; es esperar el delito con mecanismos idóneos de contención que disuadan su accionar; es impactar en los aspectos multidimensionales que lo construyen y en aquellos en los que se retroalimenta.

Por ello, entendemos que hay que otorgar prioridad a un concepto ágil, dinámico y superador, pero con un profundo contenido multidisciplinario. Se trata, nada más ni nada menos, que de hacer interactuar a los aspectos involucrados en la temática, es decir, a la educación, a la salud, a la acción social, a la vivienda, al urbanismo, al desempleo y a la marginalidad.

Por tal motivo, resulta imprescindible la creación de organismos como los que estamos proponiendo formar en el proyecto que se encuentra en tratamiento, encargados de diseñar las políticas de corto, mediano y largo plazo que surjan de los estudios de la realidad de las distintas zonas de la ciudad.

Es necesario que se elabore un mapa del delito de la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de dichos estudios, con una constante actualización y un relevamiento periódico; que también se desarrollen programas de asistencia individual, familiar y social; que se conformen mecanismos de participación comunitaria que otorguen preferencia a la atención de los sectores juveniles y a los de la tercera edad; y que se adopten programas de readaptación social de los liberados.

Por eso, hablamos de la inserción del Patronato de Liberados dentro del esquema de seguridad que proponemos para la etapa posdelictual. Se deben desarrollar programas de prevención de las adicciones y formas de cooperación técnico científicas con organismos gubernamentales y no gubernamentales; se deben difundir las actividades sobre los programas de prevención del delito y la violencia.

Por ello, en el Artículo 2° de este proyecto diseñamos la creación de un organismo encargado de elaborar los lineamientos generales en materia de seguridad. En el segundo párrafo del Artículo 2° creamos un Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, que será un organismo de carácter honorario y consultivo.

Hemos preferido no incursionar en la integración de este organismo para no incurrir en reglamentarismos que no se compadecen con una adecuada técnica constitucional, por lo que ese aspecto será debidamente cubierto cuando se dicte la ley respectiva.

En este tema sólo adelantamos que, como los organismos creados por este proyecto involucrarán el accionar de varios ministerios del Poder Ejecutivo relacionados con las áreas interesadas en esta temática, consideramos que en la futura integración del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito deberían figurar representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Servicio Penitenciario Federal, del Consejo Nacional del Menor y la Familia, de las organizaciones intermedias, de la juventud, de los vecinos de la ciudad, de la Universidad de Buenos Aires y de otros organismos que pudiesen resultar de interés para la misión que nos ocupa.

Sr. Enríquez.- Sobre este tema nuestra sociedad ya no soporta más inseguridad. El costo político, económico y social del delito impone un cambio de rumbo. Todos los países que han comprendido los beneficios de la política de prevención del delito y la violencia han disminuido los índices delictivos entre un 5 y un 20 por ciento, lo cual es algo excepcional si tenemos en cuenta que cada catorce años se está duplicando la tasa delictiva en el mundo, y que en el año 2000 la mitad de la población mundial estará concentrada en las grandes urbes.

Con respecto a este problema no nos manejamos exclusivamente con respuestas retóricas. En nuestra plataforma electoral señalábamos específicamente propuestas claras y concretas. Recién hablé del Consejo de Prevención del Delito. Pero ahora, como consecuencia de los acotamientos de la Ley 24.588, será necesario contar con una policía propia, y realizar convenios con la Policía Federal para que intervenga en la etapa de prevención del delito y en la represora cuando éste se produzca. No solamente es importante la presencia disuasiva de la Policía Federal sino que son trascendentes las campañas que se efectúen en el área educativa de todo tipo, sea para los sectores sociales marginados o para indicar cuáles deben ser los comportamientos de la ciudadanía cuando se esté en presencia de un hecho que pueda degenerar en un acto delictivo.

Queremos formar un tramado de seguridad mediante la activa participación ciudadana en todas las unidades de descentralización a las que hicimos referencia cuando aprobamos el texto respectivo, y con un sistema de aviso automático de incidentes a través de una red de cabinas telefónicas.

Los tiempos escasean en el ámbito de la inseguridad ciudadana; la hora de los discursos ha concluido; las paciencias sociales se agotan, y se reciclan en más delitos y más violencia. Los vecinos de esta ciudad queremos pasar definitivamente de la ciudad del miedo a la ciudad de la solidaridad. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra la señora convencional Garré.

Sra. Garré.- Señora presidenta: voy a fundamentar el voto favorable de mi bloque a este dictamen, luego de haber aprobado otros que implican asumir una responsabilidad muy importante de la ciudad de Buenos Aires en un tema que preocupa al conjunto de la sociedad.

Es evidente que el sistema penal debe ser útil a la sociedad. El actual no sirve; no disminuye el delito, no garantiza la vida, la seguridad ni la tranquilidad de los habitantes, y cuesta demasiadas vidas. Por eso en esta Convención, y mediante un conjunto de medidas, estamos tratando de modificar las consecuencias de este sistema ineficiente. Hemos judicializado las contravenciones, hemos derogado la facultad que tenía la policía de detener arbitrariamente, hemos aprobado un sistema de nombramiento de jueces por concurso de antecedentes y de oposición, hemos creado un Consejo de la Magistratura plural, también hemos organizado en forma autónoma el Ministerio Público y hemos hablado del juicio por jurados. Pero hoy no podemos dejar de hacer mención de una política de seguridad urbana, de una policía al servicio de esa política y de un organismo que se va a crear por medio de esta cláusula para controlar los excesos y diseñar políticas de prevención.

¿Por qué decimos que este sistema penal hoy vigente –del cual la Policía Federal constituye una de sus patas– no sirve?

¿Por qué decimos que no salva vidas? Repasemos la situación. El aumento del delito nos lleva a que diariamente abramos los diarios y veamos la noticia del comerciante que es asesinado al resistirse a un asalto –y a veces cuando ni siquiera llega a resistirse–, o la del jubilado que es estrangulado para robarle la magra jubilación que acababa de cobrar. Tampoco podemos obviar mencionar los delitos ocasionados en accidentes de tránsito, que son los que más muertes causan en la Argentina, y especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Nuestra ciudad tiene el triste récord de figurar entre las primeras del mundo con más muertes en este tipo de accidentes.

Tampoco podemos dejar de mencionar los casos que hace veinte años Neumann calificó como de "gatillo fácil". Existe una creciente espiral de casos de "gatillo fácil". Neumann ahora modifica esta terminología y habla de "penas de muerte extrajudicial", ya que sostiene que la policía es un órgano del Estado y, además, un control formal del poder punitivo.

¿Cómo no preocuparnos seriamente por casos como el de Walter Bulacio, que fue detenido en una actividad tan legítima para su juventud como la de asistir a un festival de rock?, que fue inexplicablemente apresado y terminó muriendo luego de permanecer varias horas en una comisaría. ¿O el caso de Alejandro Mirabete, un estudiante de diecisiete años que fue perseguido varias cuadras en el barrio de Belgrano por un cabo de la policía quien, luego de fingir un forcejeo, le disparó a quemarropa un balazo en la cabeza a causa de lo cual murió posteriormente? ¿O el caso de Mario Roldán, el changarín de treinta y tres años que murió por un tiro disparado desde un móvil policial, cuando llevaba de urgencia a su hijo a un hospital de Avellaneda? ¿O el caso de Cristián Campos, un adolescente de dieciséis años que fue a comprar pañales y a quien llevaron detenido en un patrullero a un descampado de Mar del Plata y le dispararon con itakas? ¿O el caso de Humberto Carrizo, el remisero de cincuenta y seis años que en el barrio de San Cristóbal fue baleado por la policía, que disparaba contra unos ladrones que ocupaban su automóvil? Hay otros muchos casos que lamentablemente recogemos de la crónica cotidiana.

Esas muertes por "gatillo fácil" de civiles, que lamentablemente aumentaron un 57 por ciento de 1994 a 1995 –124 en 1994 y 175 en 1995–, tienen su correlato en las muertes acaecidas del lado de la policía. La cantidad de víctimas fatales entre los agentes aumentó de 19 a 29, y lo más llamativo es que ese incremento en la mayoría de los casos se da con personal fuera de servicio, ya sea en calidad de víctimas o cumpliendo con la obligación reglamentaria que tienen de intervenir aun cuando no estén cumpliendo funciones. Si a esto le sumamos las 6 mil muertes anuales que se producen en el país como consecuencia de accidentes de tránsito –no tengo actualizadas las estadísticas con respecto a esta ciudad–, nos preguntamos: ¿sirve este sistema penal y esta policía que, como ustedes saben es uno de los brazos que se complementa con el estamento judicial y con el penitenciario?

¿Estamos solucionando realmente el problema de la violencia institucional y de la violencia de la sociedad? ¿Estamos disminuyendo el índice de delitos? ¿Tiene algo que ver este policía –al que la sociedad hoy a veces le tiene miedo, desconfianza y hasta rechazo–, al que algunos califican casi como enemigo, con aquel vigilante de barrio que los mayores conocimos en nuestra infancia, que cuidaba la tranquilidad de la gente, que era amigo de los vecinos, que cruzaba a los escolares a la salida de la escuela y que también ayudaba a los viejitos del barrio a cruzar la calle?

¿Qué pasó en estos últimos cuarenta años para que aquella institución respetada, hoy no lo sea tanto; para que aquella institución que garantizaba la tranquilidad, en la actualidad esté seriamente comprometida –en muchos casos– con el reparto de negocios ilícitos en el ámbito del territorio que le toca controlar, vigilar y garantizar la vida y la seguridad de la gente?

No podemos dejar de analizar los cambios profundos que ha habido en las sociedades y especialmente en las latinoamericanas. En estas sociedades duales que hoy tenemos, sociedades de exclusión de grandes sectores de la población, conviven simultáneamente en el mismo ámbito geográfico el sótano y el pent house: el sótano de la oscuridad, de la sombra y de la miseria, y el pent house de la luz, de la esperanza y del consumo. Esta sociedad donde conviven –como dice Toffler– el mundo veloz y el mundo lento. Esta sociedad donde coexisten, como dice Carlos Fuentes, los nómades en jet y los nómades en camello.

¿Cómo no va a generar violencia esta sociedad de los excluidos y de los marginales? Lo insólito es que la institución que debería prevenir sólo cree que hay que reprimir.

La sociedad ha sido ganada por una prédica muy bien organizada desde algunos comunicadores sociales de que la violencia que puede generar la marginación se soluciona con más policía, con más represión, con leyes más severas y con más armas. Son las famosas campañas de la ley y del orden, generalmente instigadas por gobiernos civiles, pero que también son el resultado de prácticas que la policía desarrolló e intensificó durante gobiernos militares en los que, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, se desarrollaron políticas terribles de represión, que no queremos repetir.

Pero aquellas organizaciones policiales de antaño, las del vigilante de la esquina, las que se definían en sus leyes reglamentarias como organizaciones civiles armadas, han pasado a ser fuerzas de seguridad militarizadas. Si a ello sumamos la prédica de creer que con la represión vamos a solucionar el problema de la seguridad de la gente, tenemos como resultado un sistema ineficaz e injusto, que excluye no sólo a los sectores marginales sino que, en definitiva, también excluye a la mayor cantidad de estamentos de esa policía que también es víctima del sistema. Casualmente la policía recluta el grueso de sus cuadros, sobre todo los que están más expuestos a la violencia y a la muerte, en los sectores más bajos de la sociedad. Les paga mal; no los jerarquiza ni los capacita, y el resultado es entonces esta espiral de violencia que se alimenta todos los días.

Al aprobar este Orden del Día de texto N° 99, en el que establecemos una policía de seguridad dependiente del Poder Ejecutivo, y la sometemos a las normas éticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley establecida por las resoluciones emanadas de la Organización de las Naciones Unidas, estamos dando el primer paso.

Cuando decimos que jerarquizamos la función policial, tanto en lo profesional como en lo salarial, y damos garantía de estabilidad y de estricto orden de mérito en los ascensos, estamos dando el segundo paso. Estamos hablando de carrera policial.

Con esto estamos cambiando seriamente, si somos capaces de plasmar con acciones concretas estas normas que estamos incluyendo en la Constitución; vamos a tener una policía distinta, que vuelva a acercar la gente a la policía.

Hay salidas para recuperar la imagen y la función originaria de la policía. Hay que tratar de que la policía vuelva a tener una relación horizontal con la sociedad, con la comuna que estamos creando por esta Constitución. Podemos esperar que haya una mejor preparación técnica y que no sólo rescatemos de los sectores más excluidos a gente que a veces no tiene otra salida y que casi entiende la posibilidad de ser policía no como una vocación, no como algo sentido profundamente, sino como una salida laboral.

Además, podemos instruir y educar a los aspirantes a policía en otra escala de valores, que tenga como ejes fundamentales la solidaridad, el respeto profundo por los derechos humanos y por las garantías de la libertad de la gente; que pueda salir de esos mecanismos que por la naturaleza del desarrollo de la profesión de ser policía ...

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Señora convencional: le aviso que ha expirado el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra.

Sra. Garré.- Ya termino, señora presidenta. Decía que la policía tiene también gruesos condicionamientos.

Voy a contar una anécdota que me tocó protagonizar. El trabajo que desarrollo habitualmente me exige tener personal policial en custodia de documentos públicos que están dentro de mi oficina; concretamente, títulos y cédulas de identificación del automotor.

No hace mucho tiempo fui objeto de un asalto realizado por cinco personas fuertemente armadas, que ingresaron en forma muy agresiva, cerraron las puertas, intimidaron a todo el mundo y ataron a la gente. El policía casi no tuvo tiempo de reaccionar, pero además, con gran sentido común, con una importante dosis de inteligencia .-atento a las circunstancias en que se desarrollaba el asalto– no intervino ni sacó el arma. Fue golpeado brutalmente, realmente lo lastimaron, lo patearon, le dieron culatazos en la cabeza y le robaron su arma. Luego fue sometido a un sumario. Traté de interceder, pero las normas son tan estrictas que un policía que se deja robar el arma es sancionado gravemente. Ese hombre, que tuvo el tino y la sensatez de no iniciar un tiroteo en un ambiente de cinco por cinco, lleno de personas que no tenían nada que ver, fue sancionado con un mes de prisión y después finalmente tuvo que pedir la baja e irse de la institución.

Esta irracionalidad, esta actitud machista, insensible e ilógica es la que hoy se fomenta en los cuadros de la policía. Si a ello sumamos los bajos salarios, la desjerarquización y el rechazo de una sociedad que no valora esa profesión, no tenemos más que agravantes a la situación que estamos comentando.

Para cumplir con su pedido de redondear digo que con esta norma que vamos a sancionar se crea un Consejo que tendrá por misión analizar políticas de prevención con relación a los accidentes de tránsito, por ejemplo, y que diseñe normas para evitarlos; que estudie por qué hay tantos suicidios en la ciudad y cómo generar mecanismos de prevención y contención ya que también son parte de una política social –de la que la seguridad debe ser parte– para que podamos garantizar en serio y de una vez por todas la dignidad humana y los derechos humanos, como dice Neumann, pero no como algo metafísico o cosmogónico sino como una realidad concreta, de todos los días, de la que todos seamos esclavos y al servicio de lo cual estén todas las instituciones de la ciudad. (Aplausos.)

Sr. Castells.- Señora presidenta: en esta materia de la seguridad nuestro bloque se siente como el título de la película: "seducido y abandonado". (Risas.) Digo esto porque en el ámbito de la Comisión de Justicia tanto el presidente –señor convencional Enríquez, que ejerció con acierto su función– como los demás colegas de su bloque, coincidieron conmigo –que ejercí la vicepresidencia– y con mi colega de bancada, doctora Alicia Pierini, con quien suscribimos un dictamen que en su momento entendimos era de mayoría.

Dicho dictamen se limita a señalar lo que puede decirse en este ámbito.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Le pide una interrupción la señora convencional Garré. ¿Se la concede?

Sr. Castells.- Sí, cómo no.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Para una interrupción tiene la palabra la señora convencional Garré.

Sra. Garré.- Quiero recordar al señor convencional Castells que ese dictamen nunca fue de mayoría. Había dos dictámenes con seis firmas cada uno, de manera que estaban empatados.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Recuerdo que había empate, pero nosotros entendíamos que desempataba quien ejercía la presidencia de la comisión. De cualquier modo, el caso ha devenido abstracto...

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Como muerte súbita.

Sr. Castells.- Podría ser; o por penales.

Lo cierto es que ya poco importa esto porque en la Comisión de Redacción hemos corrido peor suerte. Es decir, se ha hecho un dictamen en el que el bloque de la Unión Cívica Radical se suma a la propuesta que originariamente había suscripto el Frepaso con Nueva Dirigencia, agregando sí el texto de nuestro dictamen –raquítico a esta altura porque ya no es de mayoría ni está empatado–, incluyéndolo como un párrafo al dictamen de la mayoría de la Comisión de Redacción. Como vemos, es difícil confiar.

Por eso nos quedamos solos, pero no estamos arrepentidos porque nos quedamos del lado de la Constitución y la ley. Y cuando digo del lado de la ley, me refiero a la Ley 24.588.

El dictamen de mayoría que hoy se pretende aprobar es, como ya lo hemos dicho refiriéndonos a otras normas, nulo de nulidad absoluta porque entra a regular una materia que el Artículo 7° de la ley ha reservado clarísimamente al gobierno federal. Como sé que hay algunos convencionales que no frecuentan su lectura, me voy a permitir leer lo que dice dicho artículo: "El Gobierno nacional seguirá ejerciendo, en la Ciudad de Buenos Aires, su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes.

"La Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad y auxiliar de la justicia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo nacional.

"La Ciudad de Buenos Aires y el Estado nacional suscribirán los convenios necesarios para que éste brinde la cooperación y el auxilio que le sean requeridos para garantizar el efectivo cumplimiento de las órdenes y disposiciones emanadas de los órganos de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"La Ciudad de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad. No podrá crear organismos de seguridad sin autorización del Congreso de la Nación".

Fíjense que tanto en la enunciación como en los dos apartados del Artículo 1° se habla de la policía dependiente del Poder Ejecutivo, que según este texto es el de la ciudad. Incluso se llega a hablar de la jerarquización de la función policial. O sea, se introduce en materias absolutamente ajenas a las competencias de esta Convención y de la ciudad.

Por eso, como esta competencia ha sido claramente reservada por la ley al gobierno federal, no estimamos oportuno entrar en el debate acerca del grave problema de la seguridad ciudadana, que es grave porque cualquier hecho de violencia repercute en el conjunto de la sociedad. Pero esto no puede dejar de hacernos ver que Buenos Aires sigue siendo, en términos generales, una ciudad segura.

Recuerdo un debate al que asistí no hace mucho con los convencionales Inchausti y Jozami –todavía no se había constituido esta Convención–, en el que se planteó el tema de la seguridad. Me permito decir aquí lo mismo que dijimos entonces –digo "dijimos" porque me acompañó el señor convencional Jozami, si bien desde ópticas diferentes–: no infundamos el miedo. Sin duda, hay problemas de seguridad y de violencia, y hay delitos. Esto no lo puede desconocer nadie, pero Buenos Aires sigue siendo una ciudad segura. Al respecto, citando a Franco Tonucci, que recientemente ha publicado un libro muy interesante, diría que el peor modo de resolver el problema de la seguridad es el miedo.

Si la respuesta al delito es el encierro, la ciudad queda en manos de los más violentos y es más insegura, y la respuesta que sigue es una escalada de defensa y violencia que termina con una sociedad armada y autoprotegida.

Afortunadamente, la Policía Federal Argentina cumple con su función de proteger la seguridad y los bienes de los vecinos, que es lo que hoy interesa a la gente.

Por eso, lo único que proponemos incluir en el texto constitucional en esta materia es el texto del proyecto, cuyo origen no es nuestro sino del propio señor convencional Enríquez –por eso también consta en el dictamen en mayoría–, es decir, que el gobierno de la ciudad coadyuve a la seguridad ciudadana desarrollando estrategias y políticas multidisciplinarias de prevención del delito y la violencia, y diseñando y facilitando los canales de participación comunitaria.

Allí están todos los elementos. Primero, que el gobierno de la ciudad coopere y coadyuve a la seguridad. Segundo, que debe desarrollar una política. Y tercero, que para el diseño de esa política es indispensable abrir canales de participación ciudadana.

Realmente lamento que sobre el final se haya producido este divorcio entre nuestra posición y la del bloque radical, así como también que no haya tiempo para una reconciliación. Vamos a apoyar el único dictamen que consideramos ajustado a la Constitución y a la ley y, además, a la relación que el jefe de gobierno, doctor de la Rúa, viene manteniendo con la Policía Federal, ya que no pierde ocasión de señalar el alto grado de cooperación y la eficacia con que la institución policial se pone a su disposición.

Por eso, dejamos constancia de que vamos a votar afirmativamente por el dictamen de la minoría y exhortamos a que los convencionales presentes procedan en el mismo sentido.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el convencional Brailovsky.

Sr. Brailovsky.- Señora presidenta, amigos convencionales: los romanos se preguntaban ¿qui custodiet ipsos custodes?, es decir, ¿quién cuidará a los guardianes? Y este es justamente uno de los puntos centrales del Artículo 2º, cuando se habla de un organismo que controle la actuación policial.

Al respecto, es decir, sobre el control de la actuación policial, hay por lo menos tres modelos policiales diferentes. Uno de ellos es el que podríamos llamar el modelo del califa Harún Al-Raschid, tal como podemos leerlo en Las Mil y Una Noches. Es el caso de una policía con muchas competencias y un control unipersonal.

Cuenta Scherezade que el califa de Bagdad salía por las noches a caminar por las callejuelas de su ciudad para mezclarse con el pueblo, ver cómo vivía la gente y controlar hasta qué punto el sistema de seguridad estaba protegiendo a los vecinos. Y estas correrías del sultán por la serena noche de Bagdad son el eje argumental de la obra, que va hilando los distintos cuentos que Scherezade le va contando al rey.

Lo interesante aquí es que Bagdad es una ciudad tranquila. Allí nuestro califa tiene más aventuras eróticas que policiales y se encuentra con más genios como el de la lámpara maravillosa que con delincuentes. Por supuesto que hay ladrones en Bagdad y gracias a ellos disfrutamos en nuestra infancia de una de las mejores creaciones de Hollywood. Pero la sensación que nos transmite la lectura de Las Mil y Una Noches es la de una ciudad en la que el gobernante puede caminar por las noches solo y recorrer sin custodia esas callejuelas estrechas y oscuras de los barrios árabes. Esto es algo que Nerón, que también tenía hábitos nocturnos, no podía hacer en Roma, ya que salía de noche pero con custodia armada.

En cambio, Harún Al-Raschid recorría solo la Bagdad nocturna. Y esto era posible por un sistema de seguridad basado en algo mucho peor que nuestros edictos policiales. En efecto, en cada plaza había un cadí, es decir, un juez civil al que la policía le llevaba las personas encontradas en flagrante delito y el juez sentenciaba de inmediato, de día o de noche. Estamos acostumbrados a la justicia lenta, pero la demasiado rápida tampoco es justicia. El verdugo acompañaba al cadí y en ese instante se ocupaba de cortarle la mano derecha a los ladrones. Las Mil y Una Noches están llenas de cimitarras y alfanjes. El resultado es una ciudad segura, pero en la que nosotros no quisiéramos vivir.

El segundo modelo que quiero mencionar es el de la policía de París bajo Luis XIV. Durante el siglo XVII París era una ciudad peligrosa. Un promedio de un asesinato por día y un aguantadero en cada esquina, hacían que la gente no se atreviera a salir a la calle.

Gabriel La Reynie, jefe de Policía del rey, se encarga de organizar un sistema policial y otro municipal, es decir, el municipio manejado por la policía. Y así, el jefe de Policía funcionaba como intendente de París y por eso ordena la iluminación de las calles
–como una forma de prevenir el delito, de donde viene el calificativo de París como la "Ciudad Luz"–, dicta ordenanzas de higiene urbana, controla los precios de los productos de primera necesidad y obviamente también persigue ladrones. Y sólo le rinde cuentas al rey.

La Reynie logra una ciudad segura, pero al precio de subordinar lo municipal a lo policial. Nuevamente, esta no es la ciudad en la que quisiéramos vivir, ya que expresa el modelo policial de la monarquía absoluta.

Y un tercer modelo posible es el de la seguridad a cargo de los cabildos coloniales. Aclaremos que las funciones de policía y de justicia formaban parte del rol municipal en la España medieval y del Renacimiento. Y así lo vemos, por ejemplo, en la obra "El Alcalde de Zalamea", de Calderón de la Barca.

En última instancia, las palabras "política" y "policía" tienen la misma raíz. En castellano, "policía" es sinónimo de orden municipal.

Este es el caso opuesto al del París de Luis XIV. Aquí, en la Buenos Aires colonial, el órgano municipal es quien ejerce las funciones policiales. La policía está subordinada al Cabildo y las celdas que vemos en el Cabildo de Luján son la expresión física de ese rol.

El Cabildo colonial ejerce un control colegiado sobre la policía y esto que tiene que ver con el rol del Cabildo como el antiguo guardián de las libertades castellanas, tal como lo expresa Alfredo Palacios en su libro sobre Esteban Echeverría.

Entonces, el control de la policía es una función del cuerpo municipal como tal, aunque la delegue transitoriamente en alguno de sus miembros.

De modo que me alegra que el despacho de la mayoría deje atrás el criterio de la monarquía absoluta –la policía es del rey– y ayude a reencontrarnos con lo mejor de nuestra historia, que son los cuerpos y las instituciones locales controlando las funciones de seguridad. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra la convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: en primer lugar, como estoy en un todo de acuerdo con lo expresado por mi correligionario Jorge Enríquez, y también con las sensatas reflexiones de la convencional Garré y las siempre ilustrativas palabras del constituyente Brailovsky, no voy a realizar ningún tipo de consideración de fondo sobre la autonomía de la ciudad en materia de policía, porque creo que el tema ya fue suficientemente explicitado cuando debatimos sobre el Poder Judicial, dado que la policía, como auxiliar de la justicia, integra la facultad de jurisdicción a la que hace alusión el Artículo 129 de la Constitución Nacional. En ese sentido, entiendo que la interpretación que estamos haciendo es la que nos permite regular esta materia.

Con respecto a la intervención del convencional Jorge Enríquez, quiero dejar constancia de que cuando se refiere al Consejo Nacional del Menor y la Familia como uno de los posibles integrantes del Consejo de Seguridad, debe interpretarse en todo caso como el organismo de la ciudad competente en materia de juventud, niñez y adolescencia que continúe con las funciones del actual Consejo Nacional del Menor y la Familia en lo que hace a la atención de este sector en la ciudad de Buenos Aires.

Esto lo señalo en el entendimiento de que tal como lo planteamos ayer cuando sancionamos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a partir de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, todo lo que tenga que ver con estas cuestiones en el ámbito de la ciudad, deberá ser transferido a su gobierno, con las correspondientes partidas presupuestarias.

En segundo lugar, quería comentarle al seducido bloque que se siente abandonado, que si bien estos despachos de la Comisión de Justicia venían empatados, en la Comisión Redactora, tal como lo hemos intentado en todos los casos, tratamos de buscar unanimidad a su respecto o por lo menos el máximo grado de consenso posible.

Por lo tanto, en lo que hace a la autonomía, estamos muy contentos de no habernos quedado en las primeras nupcias y de haber logrado un consenso, que si bien no es unánime, es mayor que aquel al que se hubiera llegado en caso de una definición por penales.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el convencional Enríquez.

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: como de las palabras de mi amigo el convencional Jorge Castells se desprenden alguna alusiones hacia nosotros, particularmente hacia mí, en el marco de la cordialidad que ha imperado en esta Convención Constituyente quiero señalarle que, como bien dijo la señora convencional Nilda Garré, en la Comisión de Justicia y Seguridad lamentablemente este tema no pudo contar con consenso unánime, como ocurrió con el despacho de Poder Judicial, que hoy fue ponderado por un prestigioso matutino.

En la primera alocución que pronuncié en el marco de esta Convención Constituyente señalé que la democracia implica saber convivir en la discrepancia. Al no producirse consenso, que hubiera sido lo deseable, el despacho salió así y fue a la Comisión de Redacción, donde estuvimos dilatando su tratamiento en aras de producir ese consenso tan deseado y al cual me había comprometido en mi fuero íntimo como presidente de la comisión.

Si no se logró, no fue porque hiciéramos una trapisonda, porque sedujéramos o abandonáramos a alguien o hubiera algún tipo de vínculo marital roto, ni mucho menos por eso que ha dicho la convencional Lubertino. En los avatares de estas largas y fatigosas jornadas hemos confeccionado doce borradores de texto de seguridad social. Todos ellos fueron consensuados con los convencionales titulares de los bloques de Nueva Dirigencia, del Frepaso y también del justicialismo...

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Y varias firmas fueron tachadas.

Sr. Enríquez.- Si la mía está tachada, señora presidenta –y disculpe que dialogue con usted–, la invito a que públicamente lo diga. Mi firma no está tachada en ningún despacho.

Sr. Enríquez.- No. Ese es un despacho de comisión que nunca entró en la Dirección de Comisiones.

Debido al fuerte clamor que existe con relación al tema de la seguridad, que ha ocupado los primeros lugares durante los últimos ocho años, habría sido un despropósito traerlo a consideración del plenario sin efectuar al menos un acuerdo para lograr consenso.

Los convencionales Castells y Arnedo Barreiro pueden dar fe de que hasta último momento hemos tratado de consensuar este proyecto. Entiendo y respeto, aunque no lo comparto, el hecho de que en defensa de una posición principista el Partido Justicialista no quiera compartir la votación con nosotros porque considera que este tema no se compadece con el Artículo 7° de la Ley 24.588.

En ningún momento nos sumamos a la propuesta de otro u otros bloques –en este caso de Nueva Dirigencia y del Frepaso– sino que partiendo del principio liminar expuesto en el proyecto, del que soy autor junto con otros convencionales de la Unión Cívica Radical, que rezaba: "Asimismo, el gobierno de la ciudad coadyuvará a la seguridad ciudadana desarrollando estrategias y políticas multidisciplinarias de prevención del delito y la violencia, diseñando y facilitando los canales de participación comunitaria", nos pareció que en aras de buscar consenso los bloques del Frepaso y Nueva Dirigencia, sin abjurar de sus posiciones, eliminaron esos párrafos que no eran suscriptos ni compartidos por nosotros.

Si recorremos hoy Buenos Aires nos encontramos con una ciudad artillada con un tonelaje enorme de hierro con el que los vecinos protegen sus propiedades y sus locales, ya que vivimos en un marco de inseguridad. Ante este clamor brutal por parte de la sociedad entendimos que teníamos que dar alguna suerte de signo o testimonio para que los vecinos de la ciudad advirtieran que en este capítulo también nos preocupábamos de sus intereses.

Así como hemos sido excesivamente reglamentaristas en algunos capítulos de la Constitución, el hecho de haber sido demasiado escuetos en éste habría parecido desidia. Además, esto es algo que no podemos aceptar ya que en nuestra campaña electoral señalábamos como una de las mayores preocupaciones el hecho de dotar a la ciudad de un marco adecuado de seguridad urbana.

No estamos diciendo que vamos a crear una policía. Lo hablábamos con los doctores Zaffaroni y Jozami en la comisión redactora. Es nuestra intención dar una señal a la Policía Federal, con la cual el partido que represento, que tiene la responsabilidad del gobierno de la ciudad, ha trabajado en un estrecho marco de cooperación y colaboración recíprocas. Si bien queremos que esa policía se incorpore en este esquema deseamos ser nosotros quienes instrumentemos la política de seguridad a seguir.

No estamos mirando para el costado. Hablamos de crear un organismo dentro de la esfera del Poder Ejecutivo de la ciudad o, como lo hicimos en tantas otras materias, un consejo de seguridad y prevención del delito, para incorporar en este ámbito, en este marco multidisciplinario del cual hablamos, todos los canales de la participación ciudadana.

El Jefe de Gobierno, doctor Fernando de la Rúa, no está hablando de crear una policía propia. Eso no surge de ninguna instancia a lo largo de este despacho, ni tampoco lo sostuve cuando dije que había que aceitar esta ecuación sociedad-policía en un marco solidario, confiable, armónico, amistoso.

En consecuencia, esta norma que estamos considerando consiste en dar una opinión clara a la sociedad de que estamos intentando resolver un problema vital y preocupante para ella.

Como dije antes queremos pasar de la ciudad del miedo a la ciudad de la solidaridad.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra la señora convencional Pierini.

Sra. Pierini.- Señora presidenta: este proyecto de texto que tenemos a consideración es la consagración de la inseguridad. Ello es así porque, en tanto se está violando una ley nacional como la 24.588, muy probablemente muchos de los habitantes de la ciudad se van a preguntar qué clase de seguridad tenemos en esta ciudad, si los señores convencionales que están en la Estatuyente no respetan las leyes de la Nación.

El segundo tema que me preocupa es que se sostenga que este dictamen no dice algo que está expresamente contemplado. Me refiero a que se diga que no está creando una policía propia de la ciudad, porque eso es lo que está haciendo en tanto adjudica a la ciudad una policía dependiente del Poder Ejecutivo, determina su organización y hasta le crea un organismo asesor.

Dijimos que no íbamos a entrar en el debate de este artículo porque lisa y llanamente es nulo de nulidad insanable. Sí quiero compartir reflexiones sobre algunos de los temas que han circulado y sobre todo ver si estamos hablando de las mismas cosas cuando hacemos referencia a la seguridad de la cual se habla y que reclaman nuestros vecinos.

La pregunta que me formulo es la siguiente: ¿qué se quiere asegurar cuando se habla de seguridad?

Voy a hacer referencia a hechos de la historia, como le gusta hacerlo a nuestro compañero convencional Brailovsky. Por ejemplo el libro de Humberto Eco El nombre de la rosa me hace recordar cómo en el medioevo se aseguraba el alma porque se asegura lo que es valioso para una sociedad en un momento dado. Para garantizar la salvación del alma se realizaban grandes prevenciones, incluso había una inquisición.

En la actualidad se habla de la seguridad de los bienes antes que de la seguridad de las personas. Seguramente ello es así porque el valor de las mercancías en una sociedad de mercado se ha transformado en aquel valor supremo que antes se quería defender; o porque los bienes están tan integrados a la identidad de las personas en tanto se es lo que se tiene que se defiende el ser a partir de defender el tener. En consecuencia, la defensa de los bienes se transforma en una seguridad esencial.

Sin embargo, siempre hemos pensado, sobre todo desde el campo de los derechos humanos, que la verdadera seguridad es la de los derechos. Que cuando se busca asegurar se está buscando asegurar valores fundantes de una sociedad que ha elegido la paz y la democracia para su convivencia. Estos son los valores de los derechos humano y los del derecho porque esta sociedad está construida sobre el derecho. Por eso vuelvo a mi afirmación anterior: cuando se niegan los principios del derecho y la pirámide jurídica, se está entrando en un marco de inseguridad. Esta norma que se pretende consagrar no es de seguridad sino de inseguridad jurídica.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: seguimos insistiendo en un tema que ha sido debatido durante toda la campaña y en esta Convención. Me refiero a la insistencia en no acordar sobre las formulaciones expresadas en la ley de garantías respecto a la cuestión de cuáles son las funciones que reserva la Nación para sí, tales como la justicia, la seguridad y el área de penitenciaria.

En realidad, me preocupa seriamente este asunto porque cuando uno empieza una disputa, si la hace responsablemente, además de hacer una afirmación lo que normalmente tiene que suponer es cómo puede terminar.

Aparte de preocuparme por la cuestión institucional en sí misma, quiero señalar que este tema tiene su base de sustento en el Artículo 75, inciso 2) de la Constitución Nacional. En esa norma se prevé que no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.

Esto significa que estamos hablando de estructuras que llevan implícita una asignación presupuestaria que está en el orden de los mil millones de dólares. Esa suma es exactamente la tercera parte del presupuesto de nuestra ciudad. Como es una norma que tiene que aprobarse en el seno del Congreso, tendrán que votarla los representantes de las provincias interesadas. Evidentemente, me cuesta suponer que las provincias, dada la situación de carencia que están viviendo muchas de ellas, van a estar dispuestas a transferir mil millones del presupuesto nacional a la ciudad de Buenos Aires así porque sí. Pienso que estamos arriesgándonos a que a algún representante de alguna provincia se le ocurra decir que se haga el traslado de la Capital a Viedma...

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- El señor convencional Shuberoff le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Garré.- Se la voy a conceder cuando termine de redondear la idea.

Decía que en este tironeo puede que un representante de alguna provincia del país proponga que se haga efectivo ese viejo anhelo surgido en el gobierno de Raúl Alfonsín de trasladar la Capital a Viedma. Ciertamente, las provincias van a estar de acuerdo con esa iniciativa. En ese caso van a decir que es necesario hacer la transferencia de recursos que prevé el inciso 2) del Artículo 75 de la Constitución Nacional.

Por supuesto que esa transferencia de recursos para garantizar la justicia y la seguridad de la ciudad de Viedma va a ser mucho menos significativa que lo que se necesita en la ciudad de Buenos Aires. Los representantes de las provincias van a decir que el resto de los fondos correspondientes sean asignados para cubrir necesidades de las provincias, que están en una situación tanto o más difícil que la que se vive aquí.

Lo que nos puede pasar en esta situación de tironeo es que si la ciudad de Buenos Aires deja de ser Capital de la República y en consecuencia pierde vigencia la ley de garantías, nos quedemos sin ser la Capital, sin la transferencia de recursos prevista en el Artículo 75, inciso 2º de la Constitución Nacional y con la necesidad de sufragar de nuestro presupuesto la principal reasignación que nos traslada el gobierno nacional, además de la exigua coparticipación que tenemos.

Me parece que estamos poniendo en riesgo muchas cosas en función de esta tensión, además de generar innecesariamente de tensión institucional absurda consagrando una norma que como dijo mi compañera de bancada, de acuerdo con lo que específicamente expresa la ley de garantías es nula de nulidad absoluta.

Considero que no tiene ningún sentido correr un riesgo de esas características, dado que cualquiera fuese el resultado, éste será pernicioso para los ciudadanos de Buenos Aires.

Invoco una vez más para que haya una cuota de sensatez y no aprobemos una norma que sea absolutamente nula de nulidad absoluta.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra la señora convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: en cuanto a lo expresado por la convencional Pierini sobre que esta iniciativa no niega el principio del derecho, habría que apreciarse primeramente en base a qué está redactado este artículo y esta Constitución.

La primera violación del derecho es la ley de garantías porque es la primera violación del Artículo 129 de la Constitución Nacional.

¿Qué dice ese artículo? Que la ciudad tiene capacidad de jurisdicción y de legislación. Si esto es así, ¿por qué la ciudad no va a tener posibilidad de contar con una fuerza pública? ¿Cómo se llevaría adelante ese derecho de jurisdicción sin fuerza pública? ¿Si la ciudad de Buenos Aires tiene sus tres poderes en funcionamiento, o sea que existe como gobierno, ¿cómo es que ese gobierno no va a tener fuerza pública? ¿Cómo se aplicarían las leyes a partir de lo que prevé el Artículo 129 de la Constitución Nacional? A partir de los dos conceptos fundamentales que tiene ese artículo, es decir la capacidad de jurisdicción y de legislación, debería surgir como absolutamente natural la existencia de una fuerza pública subordinada al poder político de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué, señora presidenta? Porque la Justicia debe ordenarle a la fuerza pública la realización de los actos que emanan de sus decisiones y la legislación, justamente, necesita siempre ser respaldada por el mismo criterio.

Por eso, señora presidenta, lo que tenemos que decir aquí, con todas las letras, es que la Policía Federal no se ha transferido a la ciudad de Buenos Aires no por un problema económico, como sugería el convencional Garré, sino por un problema de poder, por un problema de poder, de corporación.

El señor presidente de la Nación no quería objetivamente que la Policía Federal pasase a depender del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque no quería tener un Estado fuerte al lado de su...

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Convencional Bullrich: el convencional Shuberoff le está pidiendo una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Bullrich.- Sí, señora presidenta.

Sr. Shuberoff.- Señora presidenta: cuando concluya la oradora, quiero formular una moción de orden.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Continúa en el uso de la palabra, convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: lo que tenemos que decir y dejar bien en claro es que en esto hubo un problema de poder. ¿O alguien piensa que si la Capital se hubiera trasladado a Viedma, como dijeron algunos convencionales, hubieran anulado a la policía de Río Negro o hubieran impedido que en la nueva Capital funcionara una policía local? No es verdad, señora presidenta.

El problema concreto en la ciudad de Buenos Aires, repito, ha sido un problema de poder y de corporación.

Para el interior del país, la lógica es la igualdad. Si la provincia de Jujuy, que tiene menos recursos que la ciudad de Buenos Aires, si la provincia de Tierra del Fuego o la de San Juan se pagan su policía y su Justicia, la lógica que plantea la igualdad es que también los habitantes de la ciudad de Buenos Aires se paguen su Justicia y su policía. Este es el único principio federal lógico de una comunidad que se organiza de esta manera.

Por eso, señora presidenta, en este caso, el que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires no paguemos nuestra seguridad y nuestra Justicia ha sido a partir de una necesidad del gobierno central de mantener un poder en sus manos, porque no se condice con la lógica de la política del Poder Ejecutivo en el conjunto del país, en que se han transferido hasta los últimos servicios.

Si no, señora presidenta, ¿de dónde sale la idea de que es más estratégico que el poder de seguridad y de Justicia estén en manos del Poder Ejecutivo nacional y no la educación o la salud? ¿Cuál es el concepto de ordenamiento que tiene esta administración?

Por eso, señora presidenta, sin duda, para poner en marcha –de acuerdo con los principios del derecho– el Artículo 129 de la Constitución Nacional, la ciudad de Buenos Aires debe tener la subordinación concreta de su fuerza pública.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- Tiene la palabra el señor convencional Shuberoff.

Sr. Shuberoff.- Señora presidenta: mociono que se pase a votación sin lista de oradores.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- No hay oradores anotados.

Se va a votar en general.

Sra. Presidenta (Pérez Suárez).- En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor convencional Enríquez.

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: cuando se trató el capítulo del Poder Judicial votamos una cláusula transitoria.

Pido que también aquí se incorpore, al término del texto de Políticas de Seguridad, una cláusula transitoria en el mismo sentido de aquella que se refiere a la policía de seguridad dependiente del Poder Ejecutivo. Esto se producirá cuando se transfieran las partidas presupuestarias o la reasignación de recursos, conforme al Artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional.

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: solicito un breve cuarto intermedio en las bancas, porque me parece que el tema no está del todo claro.

Sra. Presidenta (Meijide).- Convencional Enríquez: estamos votando artículo por artículo. ¿Por qué no seguimos haciéndolo mientras salen del recinto algunas convencionales para clarificar la cláusula transitoria, y de este modo no interrumpimos la votación?

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: cuando pedí un cuarto intermedio lo hice con el propósito de que se verificara si una cláusula transitoria que ayer en la Comisión de Redacción habíamos firmado todos los integrantes, seguía vigente, porque no la había visto en el Orden del Día de hoy y quería introducirla en este capítulo.

Esa cláusula transitoria que me han mostrado –y que parece que tiene consenso para que sea votada por el pleno– se refiere a que las instituciones que se incorporan a la ciudad lo van a hacer una vez que se remuevan las limitaciones impuestas por las leyes 24.588 y 24.620.

En esa inteligencia, quiero señalar lo siguiente: tanto de mi exposición como de conversaciones con convencionales del Frepaso –ayer conversé con los convencionales Zaffaroni, Jozami y Nilda Garré– surgió claramente que no es la intención, en esta instancia –lo digo para aventar lo que algunos convencionales del Partido Justicialista han dicho–, la creación de una policía propia sino incorporar lo que son las áreas de seguridad metropolitana de la Policía Federal.

Quisiera que esta posición quedara clara.

Sra. Presidenta (Meijide).- Estamos en situación de votar artículo por artículo.

En consideración en particular el Artículo 1°.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular el Artículo 2°.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar la hoja 8, Orden del Día T. Nº 95, dictamen de Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición sobre retribución de jueces del Tribunal Superior.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Enríquez.

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: en esta cláusula transitoria habría que hacer dos rectificaciones, teniendo en cuenta lo que aprobamos en el capítulo relativo al Poder Ejecutivo de la ciudad, en el que establecimos que su titular va a percibir la misma remuneración que el presidente del Tribunal Superior de la Ciudad. Por lo tanto, esta cláusula tendría que quedar redactada de la siguiente manera: "La retribución del presidente del Tribunal Superior de la Ciudad, hasta que la Legislatura defina el régimen definitivo de remuneraciones, será equivalente al noventa por ciento de la que percibe el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por todo concepto".

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: considero que la cláusula transitoria tendría que quedar así: "La retribución por todo concepto del presidente del Tribunal Superior de la Ciudad, hasta que la Legislatura defina el régimen definitivo de remuneraciones, será equivalente al 90 de la que percibe el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Es decir que la expresión "por todo concepto" tiene que ir después de las palabras "La retribución".

Sra. Presidenta (Meijide).- O sea que la aclaración es respecto de la retribución del presidente del Tribunal Superior y no de lo que cobra el presidente de la Corte Suprema.

Sra. Lubertino.- Así es, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Enríquez.

Sr. Enríquez.- Señora presidenta: no estoy de acuerdo, porque la expresión "por todo concepto" debe regir para ambos casos.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Bruno.

Sr. Bruno.- Señora presidenta: en mi opinión la cláusula tendría que quedar así: "La retribución que perciba el presidente del Tribunal Superior de la Ciudad, hasta que la Legislatura defina el régimen definitivo de remuneraciones, será equivalente al 90 por ciento de la que percibe el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ambos casos por todo concepto".

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Redrado.

Sr. Redrado.- Señora presidente: voy a tratar de hacer un aporte a la sintaxis de esta cláusula. Si bien lo que acaba de proponer el señor convencional Bruno está en la línea correcta, creo que la frase "hasta que la Legislatura defina el régimen definitivo de remuneraciones" tiene que ir al principio o al final.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: sugiero que el texto quede de la siguiente manera: "Hasta que la Legislatura defina el régimen definitivo de remuneraciones, la retribución del presidente del Tribunal Superior de la Ciudad es equivalente al 90 por ciento de la que percibe el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ambos casos por todo concepto".

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Redrado.

Sr. Redrado.- Señora presidenta: ahora la sintaxis quedó mejor, pero todavía se está incurriendo en una redundancia. Por lo tanto, propongo que en lugar de decir: "...defina el régimen definitivo...", señale: "...establezca el régimen definitivo...".

Sra. Lubertino.- Estoy de acuerdo, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Señora presidenta: considero que la referencia al presidente del Tribunal Superior va a dejar sin remuneración a los demás jueces. Habría que reconsiderar esta redacción, porque ellos no van a percibir ninguna remuneración hasta que la Legislatura lo determine, ya que no hay ningún sistema de "enganche" ni ningún otro mecanismo que lo reemplace; en la Justicia nacional existe, pero en este caso no es así. Por lo tanto, habría que dejar la expresión "los jueces", a fin de establecer el sistema que compatibilice la remuneración global y no solo la del presidente del Tribunal Superior, porque de lo contrario sólo va a cobrar este último.

Sra. Presidenta (Meijide).- Por Secretaría se va a leer cómo quedó redactada la cláusula en tratamiento.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- Dice así: "Hasta que la Legislatura establezca el régimen definitivo de remuneraciones la retribución del presidente del Tribunal Superior de la Ciudad es equivalente al 90 por ciento de la que percibe el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ambos casos por todo concepto".

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar en general.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición producido en el proyecto de texto de cláusula transitoria referente a los decretos de necesidad y urgencia, contenido en la hoja N° 9 (Orden del Día T. N° 96).

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: quiero efectuar dos correcciones y una aclaración.

El texto del segundo párrafo quedaría redactado así: "Los decretos de necesidad y urgencia que emita el jefe de Gobierno deben ser..." –en lugar de serán– "...sometidos a la Legislatura, para su tratamiento, en los diez primeros días de su instalación. Por única vez, el plazo del artículo (decretos de necesidad y urgencia) es..." –en lugar de será– "...de ciento veinte días corridos".

Quiero aclarar que como no tenemos en este momento a la vista el artículo que habla de los decretos de necesidad y urgencia, creemos recordar que en él había varios plazos mencionados. Quiero dejar en claro que el plazo de aquel artículo, al que nos estamos refiriendo es el que tiene la Legislatura para resolver sobre este punto, para expedirse, para tratar los decretos de necesidad y urgencia que le son sometidos, es decir, para rechazarlos o aprobarlos. Ése es el plazo al que nos estamos refiriendo.

Con esto se amplía el plazo que habitualmente le damos a la Legislatura para resolver en los casos de los decretos de necesidad y urgencia por esta única vez, entendiendo que va a haber un cúmulo probable de decretos de necesidad y urgencia en esta primera oportunidad.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señora presidenta: solicito que se aclare el texto de este artículo. Cuando se lo discutió en la Comisión de Redacción quedó claro que, mientras en la Constitución se establece un plazo de treinta días para la ratificación de los decretos de necesidad y urgencia después de que sean recibidos por la Legislatura, en este caso se trata de un plazo más amplio, porque estamos hablando de los decretos de necesidad y urgencia que haya sancionado el jefe de Gobierno antes de la constitución de la Legislatura.

Como ella va a recibir, tal vez, unos cuantos decretos de necesidad y urgencia todos juntos –esperemos que no sean muchos– le damos un plazo mayor. Esto no queda claro, simplemente, con la expresión "por única vez" mencionada en el artículo. Deberíamos decir claramente que se refiere a los decretos de necesidad y urgencia dictados antes de la constitución de la Legislatura.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Finvarb.

Sr. Finvarb.- Propongo, de acuerdo con la intención expresada por el convencional Jozami, el siguiente texto: "Desde la vigencia de la presente Constitución el jefe y el vicejefe de Gobierno de la Ciudad ejercen las funciones que la misma les atribuye.

"Los decretos de necesidad y urgencia que emita el jefe de Gobierno hasta que se constituya la Legislatura serán sometidos a la misma, para su tratamiento..." y sigue tal cual figura en el Orden del Día.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Acepta la Comisión de Redacción este texto?

Tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Sí, se acepta esta modificación. Pero a los efectos de que quede claro lo que pedía el convencional Jozami, creo que, además, habría que modificar el último párrafo, que diría: "Por única vez, el plazo del artículo (decretos de necesidad y urgencia) es de ciento veinte días corridos a efectos de que apruebe o rechace dichos decretos".

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Señora presidenta: el plazo puede ponerlo después la Comisión de Redacción. No hace falta cambiar el artículo, se puede votar tal como está porque la propuesta que hace la convencional Lubertino probablemente confunda más el texto. Hay tres plazos que se mencionan en ese artículo. Lo que tiene que hacer la Comisión de Redacción es indicar el plazo para el tratamiento, que se enuncia al final del artículo.

No hace falta ninguna aclaración en la redacción. Esto se puede resolver perfectamente.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Se acepta la propuesta del convencional Finvarb, y, además, el último párrafo quedaría redactado así: "Por única vez, el plazo de treinta días del artículo..."
–número tal– "...es de ciento veinte días corridos".

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar con la modificación propuesta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

CLÁUSULA TRANSITORIA

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición sobre la cláusula transitoria referente a la participación en el debate y elaboración del régimen de coparticipación federal, contenido en la hoja N° 11, Orden del Día T. N° 98.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: quiero recordar que el Artículo 75, inciso 2), de la Constitución Nacional, según la reforma de 1994, trata el tema relativo a coparticipación y dice en uno de sus párrafos: "Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos".

Creo que la voluntad del constituyente, quizá, fue inspirada en la vieja confusión que en el común de la gente se suscita, entre el envío de los fondos coparticipables y las transferencias de dinero a las provincias, las que evidentemente tienen otra naturaleza jurídica.

Pero este inciso, en el párrafo siguiente expresa: "La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".

De lo que expresa este inciso inferimos que el constituyente no le ha dado participación en los acuerdos de la confección de la ley convenio, pero nombra expresamente a la ciudad en la distribución de los fondos coparticipativos.

Le digo la verdad, señora presidenta: me parece que éste es un trato discriminatorio para la ciudad, pero inevitablemente es el trato discriminatorio que nos ha querido dar la Constitución.

Por supuesto, esta cláusula es un poco declarativa, porque en realidad los legisladores que representan a la ciudad en el Congreso, tendrán oportunidad o no de votar afirmativamente la ley definitiva de coparticipación que se dicte antes de fines de 1996. De alguna manera –trasladando el ejemplo–, esto es un poco lo que ha ocurrido aquí, donde las fuerzas mayoritarias de esta Asamblea han llegado a un acuerdo sobre algunos temas sustanciales y las fuerzas minoritarias tenemos la posibilidad de votar o no en favor de ese acuerdo. Eso es lo que pasó en la Convención Constituyente realizada en Santa Fe: las provincias resolvieron darnos un trato discriminatorio, y esto es objetivamente así.

Entonces, en realidad lo que de alguna forma está significando la cláusula en consideración es una expresión de deseos, pero que objetivamente burla lo que expresa la Constitución Nacional. De manera que, aunque sea positiva y correcta, me parece que no podemos acompañar con nuestro voto una expresión de deseos que sea violatoria de la Constitución Nacional.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Señora presidenta: solo deseo aclarar que con esta cláusula no estamos diciendo que la ciudad de Buenos Aires va a participar del acuerdo o va a violentar la norma constitucional. Simplemente pedimos participación en el debate y en la elaboración, aunque no podamos tenerla en el momento del acuerdo. Creo que no habría ningún inconveniente en que hasta entonces se escucharan los intereses de la ciudad, para que sean conocidos por los representantes de las provincias, quienes obviamente son los que suscribirán el acuerdo.

La ciudad de Buenos Aires no va a poder suscribir ese acuerdo, pero el hecho de que se reciba su opinión no es más que una expresión correcta de participación.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Orlandi.

Sr. Orlandi.- Señora presidenta: no queremos dejar pasar la intervención del señor convencional Garré sin señalar que su interpretación del texto constitucional no es la única. Nosotros tenemos justamente la contraria.

La ciudad de Buenos Aires está incluida en todos los tramos del nuevo régimen de coparticipación federal creado por la Constitución reformada. Los pasos de la concertación de ese régimen entre la Nación y cada una de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, son los siguientes. En primer lugar, la gestación de un acuerdo, que está presupuesto aunque no lo dice el texto constitucional; el segundo paso, producto de ese acuerdo, es la ley convenio, que requiere mayorías especiales en ambas Cámaras del Congreso; en tercer lugar, se requiere la aprobación por parte de las provincias –y de acuerdo con nuestra interpretación constitucional perfectamente puede sostenerse que se incluye a la ciudad de Buenos Aires–, y en cuarto lugar, la integración del organismo federal encargado de controlar su cumplimiento.

El texto explícito de la Constitución obviamente hace alusión a la ciudad de Buenos Aires en el paso correspondiente a la sanción de la ley convenio, porque este distrito tiene representación en ambas Cámaras del Congreso, y también hace expresa mención en lo que se refiere al último paso, es decir, a la integración del organismo federal. Esto no significa que en el primer paso, es decir, en una negociación para llegar a los porcentajes de coparticipación que corresponden a cada uno de los distritos –incluida Buenos Aires– esta ciudad no pueda sentarse a la mesa de negociaciones. Tampoco significa que en el tercer paso, la aprobación, si bien la Constitución menciona a las provincias, esto excluya un mecanismo de aprobación por parte de la ciudad de Buenos Aires.

Como suele ocurrir con las cuestiones que manejamos los abogados, la mitad de la biblioteca dirá una cosa y la mitad restante dirá otra, pero quiero dejar explicitado en el Diario de Sesiones que esta es nuestra interpretación. Por lo tanto, la cláusula que estamos considerando no es ociosa, como aquí se ha dicho. Justamente lo que pretende es aclarar que la ciudad de Buenos Aires tiene derecho a estar presente en todos esos pasos.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez.

Sra. Pérez Suárez.- Señora presidenta: en el Diario de Sesiones del Senado de la Nación del 13 de julio de 1995, mientras los senadores trataban de dar un marco jurídico y legal que interpretara lo que los constituyentes sancionaron en Santa Fe, se decía entre los fundamentos que Buenos Aires tendrá la facultad de intervenir en los convenios de coparticipación de impuestos, posibilidad que hoy no tiene. Se señalaba además que por supuesto hoy no puede discutir la coparticipación porque no tiene ese poder originario que sí poseen las provincias, sino que dispone de un poder delegado. De manera que –se sostuvo en esa ocasión– el régimen de su autonomía debe respetar esas limitaciones históricas y jurídico-institucionales.

En oportunidad de la importante y siempre amena, entretenida, interesante y bien fundamentada intervención del señor convencional Brailovsky, no pude hacer una aclaración pues estaba ejerciendo la Presidencia de la Asamblea. Con relación a algunas aseveraciones que hizo el citado convencional respecto de la Policía Federal, quería recordarle que ella dependía del Virreinato y no del Cabildo. De esa manera quería responder a una aseveración efectuada por el señor convencional Brailovsky.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Redrado.

Sr. Redrado.- Señora presidenta: esta Convención comete el error de tratar de suplantar al Congreso de la Nación, que es el ámbito donde se debate la distribución de los impuestos entre la Nación y las provincias.

Quienes tuvimos oportunidad de participar en la comisión encargada de estudiar el tema de la coparticipación en la Convención Constituyente realizada en Santa Fe, tenemos bien claro cuál es el espíritu de las provincias argentinas con respecto a la Capital Federal y a su participación en la ley de coparticipación federal de impuestos.

De tal manera que, si como aquí se ha dicho se trata de ir en la misma línea que marca la Constitución Nacional, debería borrarse la mención referida al derecho de la ciudad de Buenos Aires a participar en igualdad de condiciones que las provincias. Estamos representando a los ciudadanos de Buenos Aires y no a todo el país. Por lo tanto, nos estamos equivocando de ámbito.

Por ello quisiera señalar que la norma en análisis no está en línea con lo que determina la Constitución Nacional. De acuerdo con el espíritu de Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires puede participar –y lo va a hacer– de las reuniones donde se discuta el tema, pero de ninguna manera lo hará en igualdad de condiciones, porque serán las provincias y la Nación Argentina las que decidirán. Podemos decir aquí todo lo que queramos, pero no somos el Congreso de la Nación. Por lo tanto, no vamos a decidir cómo se reparten los impuestos a nivel nacional. Por más que nos pese, no somos los representantes de todo el pueblo de la Nación Argentina sino apenas los de la ciudad de Buenos Aires.

De manera que nuevamente esta Convención Estatuyente se aparta del mandato que nos diera la Constitución Nacional y volvemos a caer en una expresión de voluntarismo.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: lamentablemente la ciudad de Buenos Aires no va a poder pedir siquiera su derecho a sentarse a la mesa de negociación, porque ha sido el mismo Congreso de la Nación el que no ha respetado la Constitución.

En efecto, como bien sabe la señora presidenta, la semana pasada se aprobó la prórroga del Pacto Fiscal, violando la cláusula sexta de la Constitución Nacional, que respecto del Artículo 75 dice que antes del 31 de diciembre de 1996 el Congreso de la Nación debe dictar la ley de coparticipación federal. Por lo cual la ciudad ni siquiera va a poder sentarse, como decía el señor convencional Rodríguez, a intentar...

Sra. Presidenta (Meijide).- Señora convencional: el señor convencional Garré le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Bullrich.- Sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: quiero aclarar a la señora convencional Bullrich que el Pacto Fiscal –que como ella dice ciertamente se ha prorrogado– se refiere a una cantidad de temas vinculados con la materia tributaria de todas las provincias. Dicha prórroga se debe obviamente a que las provincias no han alcanzado un completo acuerdo en la forma de resolver los capítulos que restan cumplir. Pero el Pacto Fiscal nada resuelve en materia de coparticipación. Si bien tiene mucha vinculación con ese tema, son cuestiones absolutamente separadas.

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa en el uso de la palabra la señora convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: lamento decir al señor convencional Garré que no es así. Justamente el Pacto Fiscal impide la discusión de una nueva ley de coparticipación federal, deja en statu quo el reparto de la recaudación tributaria, y congela el Fondo de Reparación del Conurbano Bonaerense, trasladando la discusión de la ley de coparticipación federal, en violación de la cláusula transitoria sexta del Artículo 75 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, si hay algo fundamental para un legislador y para un constituyente es poder defender los intereses de su pueblo. Por la cláusula en consideración, se manifiesta que la ciudad de Buenos Aires se quiere sentar junto al resto del país a discutir en pie de igualdad cómo se reparten los ingresos que se obtienen del sistema tributario. La ciudad de Buenos Aires aporta a dicho sistema, no está pidiendo algo que no le corresponde. Sin duda nos vamos a sentar a hablar con la humildad que debe tener el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, sabiendo que hay otros lugares del país que tienen muchas necesidades. Lo que queremos hacer es discutir en pie de igualdad con el resto del país una coparticipación adecuada a la dignidad y bienestar de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Jorge Martín Argüello.

Sr. Argüello (J.M.A.).- Señora presidenta: hago moción de orden de cierre de debate.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se encuentra anotado para hacer uso de la palabra el señor convencional Hourest.

Sr. Argüello (J.M.A.).- Está bien.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Hourest.

Sr. Hourest.- Señora presidenta: sin ánimo de entrar en la interpretación sobre la situación de la ciudad de Buenos Aires en el régimen de coparticipación federal de impuestos, hago mención de que el Artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional establece que el régimen estará asentado como criterio general sobre los principios de equidad, solidaridad, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo en todo el territorio nacional.

La contribución máxima de la ciudad de Buenos Aires, con el 25 por ciento del producto bruto industrial del país y el 20 por ciento de los recursos coparticipables, me parece que habla a las claras de la necesidad de participar en esa discusión primaria en materia de distribución de competencias entre la Nación y las jurisdicciones del Estado federal.

Dado que esta discusión ya fue realizada durante el tratamiento de la cuestión fiscal de la ciudad, no ahondaré más en estos argumentos. Pero quiero señalar que el bloque de la Unión Cívica Radical, con relación a esa cláusula transitoria, quiere proponer un anexo, que pone a consideración de la Asamblea. Dice así: "Para el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza económica contraídas por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo podrá, fundado en razones de emergencia económica y financiera, determinar las modalidades para su satisfacción".

Como primer elemento queremos rescatar algo que dijimos al iniciarse esta Convención Constituyente. A la fuerza política que tiene la responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ni por su historia, ni por su conformación ideológica, le resulta agradable o apto el manejo de los instrumentos públicos a partir de decretos de necesidad y urgencia. Es obvio que la situación de emergencia económica que vive la ciudad de Buenos Aires a partir de la presencia de un endeudamiento superior a los 3.800 millones de dólares, limita gravemente el futuro de las instituciones de la ciudad, y en particular la capacidad del Estado de la ciudad de Buenos Aires de honrar los capítulos de derechos y garantías y de políticas especiales consagrados en esta Constitución. Un Estado desfinanciado o ahogado por la presión del endeudamiento no tiene capacidad de hacer realidad para la gente, a la que estamos dedicando este texto constitucional, las aspiraciones de los constituyentes.

En ese marco hacemos esta propuesta a la Asamblea, fundada en razones de emergencia. Pero no se trata de una emergencia no contextuada sino que está vinculada, en primer lugar, con la necesidad de la gente. En segundo término, esta norma constitucional tiene por único objetivo la protección de intereses generales y no particulares. Y en tercer lugar, esta situación de excepción tiene que ver con una cantidad de circunstancias cuya naturaleza temporal estimamos que debe ser reconstruida en el momento que se instale la nueva Legislatura de la ciudad.

Con esto no somos pioneros en la discusión de la herencia que recibe la ciudad de Buenos Aires. Sin ánimo de abrir un debate difícil, voy a citar palabras del señor diputado nacional Antonio Erman González, pronunciadas en oportunidad de discutirse en la Cámara de Diputados de la Nación la denominada Ley Cafiero, número 24.588. Decía Erman González en su intervención: "Al futuro gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires le estaríamos transfiriendo una pesada mochila financiera y económica que ha de afectar indudablemente el desenvolvimiento de ese gobierno. La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ha sido administrada por delegados designados directamente por el presidente de la Nación. Por ende, esas deudas acumuladas provienen de actos de gestión de ese delegado del gobierno nacional, y mal podrían transferir las consecuencias de esos actos de disposición al futuro gobierno autónomo".

En profunda solidaridad con el pensamiento del señor diputado González, también hay instrumentos de uso nacional, sancionados por el Congreso de la Nación Argentina, y aplicados en un sinfín de instituciones. Me refiero particularmente a los artículos 2° y 3° de la Ley 24.133, que rige a los efectos de realizar operaciones de saneamiento de las distintas jurisdicciones provinciales, incluida la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; operaciones de saneamiento que prevén mecanismos de conciliación, transacción, compensación, reconocimiento y remisión de deudas.

Pero para señalar que no estamos discutiendo solamente un texto legal, quiero tomar la aplicación inmediata de este proceso, que es el acto de perfeccionamiento de la condonación de la deuda de la provincia de Tierra del Fuego, mediante el Decreto 206/94.

Con dicho decreto el Estado nacional tuvo por objeto contribuir al desenvolvimiento fiscal y patrimonial de la nueva provincia consolidando su organización y funcionamiento institucional, por una parte, y por la otra, mantener un régimen de incentivo para el desarrollo de actividades económicas. Así se perfecciona y aprueba el "acta-acuerdo" mediante el cual la provincia de Tierra del Fuego vio condonada una deuda de 470 millones de dólares. Esta cifra, dividida por el número de habitantes de dicha provincia, implica que se les condonó, per cápita, una deuda de 5.000 dólares.

Señora presidenta: marcado el horizonte institucional en el cual estamos planteando esta discusión, instalamos en esta Asamblea la necesidad de un espacio de reflexión común a todas las fuerzas presentes en el recinto.

La gobernabilidad futura de la ciudad de Buenos Aires está comprometida severamente en la medida en que se produzcan episodios como el ocurrido durante este ejercicio 1996, en el que por el pago de intereses adeudados la ciudad de Buenos Aires tiene comprometido alrededor del 14 por ciento de su presupuesto. Este porcentaje equivale a la programación presupuestaria de obras públicas realizada no por el actual gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, sino por el ex delegado personal del presidente de la República en este distrito, licenciado Domínguez.

Señora presidenta: estamos hablando de títulos y de compromisos que no comprometen específicamente la gestión de las últimas administraciones de la ciudad; hablamos básicamente de compromisos que se proyectan desde finales de la década del 70 y que tienen por origen actos de disposición emanados del gobierno militar entonces a cargo de nuestra ciudad.

La conclusión es que este proceso de endeudamiento significó la confiscación del futuro del gobierno de la ciudad. Porque se suman ordenadamente las contribuciones realizadas por autopistas y avales caídos, el endeudamiento con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, las operaciones emergentes de la Ley 23.982 –de consolidación de deudas–, el arrastre de deudas previsionales, el incumplimiento de mecanismos de categorización de personal de las últimas gestiones, las deudas existentes con la Nación, los pasivos residuales y las deudas impagas vencidas durante la actual administración, junto con los convenios de fiducia y los mecanismos de retiro de personal financiados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, configuran un cuadro económico y financiero que no quiero exponer en detalle en este momento a la Asamblea.

En virtud de lo expuesto, el bloque de la Unión Cívica Radical –que participó de la discusión de estas cuestiones en la Comisión de Presupuesto y Hacienda– solicita que no se limite al actual gobierno de la ciudad el ejercicio de políticas públicas que son requeridas por todos. Destaco que la razonabilidad de dicho planteo fue objeto de reconocimiento, en algunos casos, de señores convencionales de distintos bloques.

Es obvio y razonable que podríamos apelar –si no nos produjese una severa repulsión política– a instrumentos al alcance de la mano para realizar tanto la reprogramación de las deudas como las operaciones de consolidación de los reclamos que la ciudad tiene con la Nación por otros conceptos y que rondan una cifra superior a los 1.500 millones de dólares. Pero no queremos adoptar una decisión que sea patrimonio de un partido o que implique un proceso de negociación de una administración.

Pretendíamos que la Convención Constituyente, como expresión superior de la soberanía popular, ante los poderes fácticos que limitan la capacidad de autogobierno y de autofinanciamiento de la ciudad, habilitase al Poder Ejecutivo de la ciudad para reprogramar muchos de estos vencimientos y tener la capacidad de modificar el endeudamiento de la ciudad mediante las operaciones enmarcadas en la Ley 24.133 y también en las disposiciones en uso de la administración que ya están siendo aplicadas en materia de reducción de los precios pagados a proveedores y contratistas.

Señora presidenta: sabemos con claridad que algunas de las fuerzas que están presentes en este recinto no tienen animadversión alguna con los decretos de necesidad y urgencia. Sabemos que otras fuerzas que nos han acompañado muchas veces en la denuncia de que se utilizaba el mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia como forma de confiscación de la soberanía popular nos acompañan también en nuestra percepción de que obligar al primer gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires a replantear su patrimonio con este tipo de instrumentos no es un buen camino para iniciarse en la función.

En primer lugar, porque debilita la conciencia política de la ciudad y, en segundo
–por qué no decirlo–, puesto que debilita también la posición negociadora del distrito. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Redrado.

Pido a los señores convencionales que traten de abreviar sus intervenciones.

Sr. Redrado.- Señora presidente: se está eludiendo la responsabilidad de gestionar políticas públicas. Gestión no significa simplemente hablar, sino ejercer el gobierno y en plenitud.

Lamentamos que se utilice esta Convención Estatuyente para dar un paraguas político a quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones que el pueblo ha conferido.

Cuando se habla de emergencia económica se deben considerar los parámetros históricos que ha tenido nuestro país.

Emergencia económica significa descalabro fiscal; inexistencia de una moneda y destrucción total de los presupuestos públicos, como ocurría en 1989, cuando no existía moneda, ni presupuesto, ni se giraban al Concejo Deliberante ni al Congreso Nacional el presupuesto de gastos y recursos que permiten medir la eficiencia del gasto público. Eso era emergencia económica, al igual que gobernar con hiperinflación, como la que tuvo nuestro país en 1989 y la que tuvieron otros países de la región latinoamericana, como Bolivia en 1985.

Querer utilizar esta Convención Estatuyente para decir que la ciudad de Buenos Aires tiene una emergencia económica es precisamente hacer una utilización política. Porque la ciudad tiene un presupuesto equilibrado, porque sabemos perfectamente qué se gasta, cómo se gasta y cuánto se gasta en salud, en educación o en salarios.

Las distintas bancadas pueden estar en desacuerdo con la asignación del gasto pero de ninguna manera pueden caer en el facilismo de afirmar que existe una emergencia económica.

Se trata, además, de una deuda que si se analiza en su contenido, como ha dicho anteriormente el convencional preopinante, en muchos casos se origina en equivocaciones de gestión del propio partido que propone esta cláusula de emergencia económica. Recordemos que la "municipalización" –si me permiten la utilización de la palabra– de la deuda proveniente de las autopistas ocurrió durante la administración radical.

Lo mismo ocurrió con el Parque Interama. Y esa deuda hoy suma, aproximadamente, 1.100 millones de dólares. Es decir, un tercio de la cifra que se está mencionando en este momento.

Pero si también se analiza el comportamiento fiscal de la Capital Federal, comparado con el resto de las provincias argentinas, se verá que una deuda como la que se señala de 3.800 millones de dólares –tenemos divergencias con respecto a ella, pero tomándola por cierta– es del 14 por ciento con respecto al presupuesto, es decir, sumamente inferior con relación a la deuda que tienen otras provincias.

Por otra parte, la emergencia económica debe establecerse si es a nivel nacional, ya que no existen precedentes al respecto. Además, si están tan preocupados por la deuda, tengan una buena gestión y utilicen los mecanismos financieros que existen a nivel local e internacional para reprogramarla a largo plazo, utilizando el ahorro interno y externo para replantear los pagos, si no pueden afrontarlos con el flujo de fondos que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces no asustemos a la población ni queramos asustar a quienes no son técnicos en economía diciendo que no se va a poder cumplir con las políticas públicas. Eso es falso.

Todo depende de la claridad y de la capacidad de gerenciamiento y gestión que tenga el actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que –dicho sea de paso– cuenta con mecanismos a su alcance que hacen innecesario caer en los decretos de necesidad y urgencia. ¡Es necesario gobernar y asumir la responsabilidad que ello implica! No se puede cargar de responsabilidades a quienes no tienen por qué asumirlas.

De tal manera, nos parece que esta cláusula es inapropiada y no tiene sustento conceptual. Tampoco tiene sustento lo referente al flujo de fondos que, en definitiva, nos va a indicar si una deuda puede o no ser pagada.

No se trata de un problema de stock ni del monto de la deuda, sino de una cuestión vinculada con los flujos, es decir, con la pregunta: ¿qué capacidad de pago tiene la ciudad de Buenos Aires? Al respecto puedo decir que la ciudad de Buenos Aires tiene capacidad de pago y esa capacidad es avalada hoy por una cantidad de bancos internacionales que pueden hacer una gran variedad de ofertas para que la ciudad reprograme su deuda, si es que la administración lo creyera conveniente. Además, la ciudad no tiene un problema de flujo de fondos porque se trata del único distrito del país que tiene la capacidad de generar el 95 por ciento de sus recursos propios.

Por lo expuesto, adelanto que nuestro bloque no va a acompañar esta propuesta de emergencia económica, recordando que se terminó el tiempo de las palabras y llegó el tiempo de gestionar y de hacerse cargo de la responsabilidad que significa gobernar. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Señora presidenta: no me parece que sea competencia de la Convención Constituyente adentrarse en la consideración del tema en debate, más allá de los argumentos que se puedan plantear, puesto que lo que tiene que hacer esta asamblea es definir los lineamientos generales e institucionales para gobernar esta ciudad. Incluso el primer día, antes de conocernos, otorgamos al señor jefe de Gobierno de esta ciudad la posibilidad de utilizar mecanismos legislativos. Esa emergencia económica, de ser verdad, sería un justificativo suficiente para que los ejerciera.

En consecuencia, este es un tema vinculado con el gobierno y no con la Constitución de la ciudad. Y si en los hechos se demuestra que existe esa situación, vamos a acompañar al señor jefe de Gobierno. Pero decretar una emergencia sin que existan datos previos, sin que haya libros, sin informes y sin que a esta Convención Constituyente haya asistido ningún funcionario de la ciudad, constituye una irresponsabilidad que no estoy dispuesto a asumir, a pesar del brillante discurso –como los que siempre realiza– el señor convencional Hourest.

Se trata de un tema muy serio que se vincula con nuestra capacidad de legislar. No me preocupa el hecho de decretar la emergencia económica, pero entiendo que ello constituye una facultad de gobierno, tanto de su Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Y si en todo caso era tan importante eliminar la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia, nosotros –más allá de la oposición de otros bloques– habíamos dicho que la conformación del Poder Legislativo de la ciudad iba a resolver esta problemática. Pero éste no es el tema a debatir aquí.

Desde mi punto de vista no se puede declarar una emergencia económica en la Constitución, porque no es facultad de una Convención Constituyente. Son temas demasiado delicados y complejos como para que, por un ardid político, los tengamos que tratar a último momento. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Jorge D. Argüello.

Sr. Argüello (J.D.).- Señora presidenta: debo decir, al igual que el señor convencional Rodríguez, que planteamos en la comisión que la cuestión de la deuda es una cuestión de Estado y que no se circunscribe a un solo partido, en este caso el partido que está gobernando. Reconocimos que existe una relación fiscal entre la ciudad Buenos Aires y la Nación.

También defendimos en la comisión nuestra posición de rechazar este instrumento peligroso que son los decretos de necesidad y urgencia.

Para nosotros, además, es inconsistente el planteo de la Unión Cívica Radical de no fijar una fecha para las elecciones legislativas de esta ciudad. La Constitución nos va a dar legitimidad y un instrumento para refinanciar la deuda y establecer una emergencia económica, pero esto no se relaciona con el próximo dictamen que vamos a tratar que habla de diferir la fecha de las elecciones legislativas.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: voy a proponer algunas modificaciones a este dictamen. En el primer párrafo debería decir: "La ciudad afirma su derecho a participar en igualdad de condiciones con el resto de las jurisdicciones en el debate y la elaboración del régimen de coparticipación federal de impuestos".

En el párrafo que ha propuesto el señor convencional Hourest, en lugar de decir: "El Poder Ejecutivo podrá...", debe decir: "El Poder Ejecutivo puede..." En segundo lugar, debo decir, en nombre de la Comisión de Redacción, que no veo inconvenientes de fondo para incorporar el párrafo que propone el señor convencional Hourest en la medida en que no existiendo un Poder Legislativo en este momento...

Sra. Presidenta (Meijide).- La Presidencia entiende que la señora convencional preopinante debería reunirse, como mínimo, con los otros integrantes de la comisión.

Sra. Lubertino.- Por eso voy a proponer que los dos párrafos se voten por separado, debido a que el plenario de la comisión no ha podido reunirse.

Sra. Presidenta (Meijide).- En primer lugar habría que votar si se acepta la incorporación del segundo párrafo que fue propuesto por el señor convencional Hourest en nombre de su bloque.

Tiene la palabra el señor convencional Finvarb.

Sr. Finvarb.- Señora presidenta: entiendo que el método a utilizar consiste en votar primero el despacho en general y, en una segunda instancia, decidir si se acepta la propuesta formulada por el señor convencional Hourest.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Shuberoff.

Sr. Shuberoff.- Señora presidenta: en realidad corresponde tratar la propuesta en general. Luego, en la consideración en particular, analizar la posibilidad de incorporar un segundo párrafo.

Sra. Presidenta (Meijide).- Es que tiene un solo artículo.

Sr. Shuberoff.- Corresponde votar en general y en particular el artículo, porque se propusieron modificaciones.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: el bloque del Frepaso no tiene preferencias sobre la manera de votar, siempre que se nos informe por Secretaría qué estamos votando. Si se va a votar el artículo con el párrafo propuesto por el señor convencional Hourest, el bloque del Frepaso lo hará por la negativa.

Sra. Presidenta (Meijide).- Acá hay un despacho que corresponde votar con la modificación al único artículo que propuso la señora convencional Lubertino.

Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Pido que por Secretaría se lea la modificación propuesta.

Sr. Prosecretario (Inchausti).- "La ciudad de Buenos Aires afirma su derecho a participar en igualdad de condiciones con el resto de las jurisdicciones en el debate y la elaboración del régimen de coparticipación federal de impuestos".

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar en general.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Se va a votar este único artículo del despacho y luego veremos si se incorpora el otro.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Hourest.

Sr. Hourest.- Señora presidenta: en primer lugar, deseo señalar que en ningún momento establecimos el carácter de emergencia económica, a pesar de que así se lo quiso discutir.

Dijimos claramente en el artículo "Para el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza económica contraídas por la Municipalidad el Poder Ejecutivo podrá, fundado en esas razones, determinar las modalidades para su satisfacción".

¿Qué queremos decir con esto? De aquí a que se instale la futura legislatura
–momento que será materia de debate en breves minutos más, a partir de las posiciones de los distintos bloques–, en consonancia con lo que expusimos en los debates de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre la debilidad intrínseca que tiene el gobierno de la ciudad para discutir con los contratistas actuales los leoninos y onerosos contratos heredados de administraciones anteriores frente a la necesidad de poner patas para arriba el saqueo que ha estado viviendo la ciudad de Buenos Aires y ante un Poder Ejecutivo nacional que permanentemente niega recursos a la ciudad, no reclamamos la sanción constitucional de un estado de emergencia. Sí le reclamamos a este cuerpo, sin guitarreos, que se solidarice con la situación del primer gobierno autónomo, cualquiera sea su signo.

Es cierto que tendremos que sentarnos a discutir el régimen de coparticipación federal y los mecanismos de compensación de deuda. Incluso tendremos que debatir el contrato de recolección de residuos, que le cuesta a la ciudad la suma de 200 millones de dólares anuales. Habrá que discutir todo esto. Venimos a esta Asamblea, sede mayor de la soberanía popular de la ciudad a reclamar que faculte al jefe de gobierno a realizar este tipo de operaciones.

No nos amparamos solamente en la sanción originaria de esta Asamblea. Como veo que hay una gran inquietud en las afirmaciones de los señores convencionales Rodríguez y Argüello sobre la necesidad de cerrar el "bache" de tiempo entre el momento en que pretendemos aplicar este procedimiento y la instalación de la primera legislatura, quiero dejar en claro que no es porque el bloque de la Unión Cívica Radical se niega, que no hay una legislatura en la ciudad y que no se convoca a elecciones.

Tampoco este bloque determina los procesos de discriminación fiscal de la ciudad. En consecuencia, volvemos a instar para que los mismos bloques que hoy están poniendo a disposición del Orden del Día un cronograma preestablecido para la realización de las elecciones en la ciudad, reflexionen sobre la posibilidad de encontrar acuerdos que den catadura política al reclamo de la ciudad de Buenos Aires, porque no es en beneficio del partido que ejerce circunstancialmente el gobierno sino del conjunto de hombres y de mujeres que viven en la ciudad. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señora presidenta: cuanto más explicaciones da el señor convencional Hourest sobre el sentido de esta norma, y cuanto más la leo, más me convenzo de que ni siquiera es una norma de emergencia económica sino que es peor. Porque en realidad acá dice que para el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza económica contraídas por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo podrá, fundado en razones de emergencia económica y financiera –ni siquiera aclara cómo las calificará o definirá unilateralmente el Poder Ejecutivo–, determinar las modalidades para satisfacción de las obligaciones. O sea que el Poder Ejecutivo podrá redefinir y refinanciar, a criterio de su mejor razón, la forma en que va a pagar. Pero teniendo en cuenta al Código Civil, obviamente el Poder Ejecutivo no podrá hacer esto unilateralmente.

Normalmente, cualquier ley de emergencia económica –está claro que no es de nuestra facultad sancionarla– tiene plazos, tiempos, condiciones y regulación.

El texto dice "fundado"; quiere decir que si mañana le parece al Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires que en realidad hay emergencia económica y financiera, sin fijar un parámetro para definirla, podrá establecer unilateralmente los mecanismos de pago con todos los proveedores y acreedores de la ciudad de Buenos Aires.

Sencillamente me parece un disparate, porque en estas condiciones esto es pretender dar una carta blanca sine die al Ejecutivo para que pague cuando y como quiera, y para que fije los criterios de la emergencia económica. Cuanto más leo la norma, más disparatada me parece.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Señora presidenta: no voy a repetir mis argumentos. No es facultad de la Constituyente elaborar este tipo de normas legales, que realmente se vinculan con el gobierno temporal y no con la regulación de lo que debe ser un texto constitucional. De manera que ratifico todo lo que he dicho.

Sra. Presidenta (Meijide).-Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señora presidenta: muy brevemente quiero responder a la última intervención del señor convencional Hourest.

Nuestro bloque ha señalado por qué razones no entendemos que sea pertinente la inclusión de esta cláusula en el texto constitucional.

Me hubiera parecido innecesario, de no haber escuchado la última intervención del señor convencional Hourest, aclarar que seguimos compartiendo lo que hemos dicho acerca de la desastrosa gestión financiera de la comuna en el último período. Estamos lejos de desconocer que la situación que ha encontrado el nuevo jefe de gobierno es difícil, pero creemos haberle dado en esta Constituyente los instrumentos para enfrentar esa situación. Es innecesario repetir una vez más que desde el Frepaso vamos a acompañar al nuevo gobierno en todo lo que sea necesario en defensa de los intereses de la ciudad.

Lo que aquí estamos discutiendo es la inclusión en el texto de la Constitución de una norma que, a nuestro juicio, no es pertinente.

Sra. Presidenta (Meijide).-Tiene la palabra el señor convencional Inchausti.

Sr. Inchausti.- Señora presidenta: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical propongo que la votación de la cláusula propuesta se haga en forma nominal.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar nominalmente.

Sra. Presidenta (Meijide).- Han votado 19 señores convencionales por la afirmativa y 37 por la negativa. En consecuencia, queda rechazada la propuesta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento y la incorporación del Orden del Día N° 93, sobre la entrada en vigor de las disposiciones de la presente Constitución; y de los órdenes del día Nos. 102 y 103 –no sé si los señores convencionales los tienen ya sobre sus bancas–, referidos a la posibilidad de que la Legislatura modifique por única vez los mandatos de los siguientes jefes y vicejefes de gobierno y de los legisladores, y al mantenimiento de la vigencia de la Ley 19.987 y sus modificatorias en tanto no sea contraria al presente texto constitucional, respectivamente.

De haber asentimiento, solicito el tratamiento de los citadas órdenes del día cuando los convencionales los tengan sobre sus bancas.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Ha sido repartido el Orden del Día 93?

Sra. Lubertino.- Hay una última versión que aún no llegó a las bancas.

Sra. Presidenta (Meijide).- Solicito al señor convencional Ibarra que dé lectura al nuevo texto del dictamen.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: el texto que sometemos a consideración dice lo siguiente: "Las disposiciones de la presente Constitución que no puedan entrar en vigor en razón de limitaciones de hecho impuestas por la Ley N° 24.588, no tendrán aplicación hasta que una reforma legislativa o los tribunales competentes habiliten su vigencia."

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar el apartamiento del Reglamento y la inclusión de los órdenes del día 93, 102 y 103.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición, sobre la entrada en vigor de las disposiciones de la presente Constitución, contenidas en el Orden del Día T. N° 93, cuyo texto será leído por Secretaría.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

La Convención Constituyente

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor convencional Arnedo Barreiro.

Sr. Arnedo Barreiro.- Señora presidente: propongo al pleno una modificación semántica sobre la que quizá lleguemos a un acuerdo, que se sumaría a los que hemos logrado esta noche.

Propongo cambiar el texto que acaba de leer el convencional Ibarra por el siguiente: "Son nulas de nulidad absoluta las disposiciones de la presente Constitución que se opongan a las leyes 24.588 y 24.620". (Risas y aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Usted compite para el Guiness. (Risas.)

Sr. Arnedo Barreiro.- Quiero entender que estos aplausos son de alborozo, por haber encontrado algo en común. (Risas.) No obstante, haré una lectura realista de la actitud de los convencionales, y voy a interpretar que ella fue denegatoria o negativa a mi propuesta.

De cualquier modo creo que estamos ante un avance, pues cuando en las primeras sesiones se planteó el tema de las elecciones, decíamos que no era bueno que esta Convención dictara normas nulas, e indicábamos como camino a seguir la declaración de inconstitucionalidad de las leyes; es decir, habilitar el sendero de la legalidad o su modificación por la vía legislativa.

Entonces, reitero, tuvimos un nivel de avance, ya que en la redacción que tengo sobre mi banca –no recuerdo muy bien la del convencional Ibarra– se dice que las disposiciones de la presente Constitución que no puedan cobrar vigencia en razón de las limitaciones impuestas por la ley tal. Es decir que es un adelanto; es el reconocimiento a las leyes, o por lo menos a una de ellas.

De todas maneras, no obstante creer que esto es positivo, nosotros pretendemos su modificación, tal cual lo hemos planteado.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿La comisión acepta la modificación?

Sra. Lubertino.- No se acepta la modificación.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Cómo queda el artículo?

Sra. Lubertino.- "Las disposiciones de la presente Constitución que no puedan entrar en vigor en razón de limitaciones de hecho impuestas por la Ley Nº 24.588 no tendrán aplicación hasta que una reforma legislativa o los tribunales competentes habiliten su vigencia".

Sra. Presidenta (Meijide).- Si ningún otro convencional hace uso de la palabra, se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición sobre la convocatoria a elecciones de legisladores antes del 31 de marzo de 1997, contenido en la hoja N° 13, Orden del Día T. Nº 100.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Tiene la palabra el convencional Arnedo Barreiro.

Sr. Arnedo Barreiro.- Señora presidenta: continuando con el mismo tema, ya habíamos hablado del camino que indicaba el Artículo 129 de la Constitución Nacional en cuanto a la sanción de una ley que reglamentara todo aquello que se vincule con los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación, y en lo relacionado con una convocatoria a elecciones, para que los representantes dicten el Estatuto Organizativo de la ciudad.

Estas leyes fueron dictadas. Y en el Artículo 2º de la 24.620 se da facultad al Poder Ejecutivo nacional para convocar a elecciones de los miembros del Poder Legislativo de la ciudad de Buenos Aires.

Este tema es viejo, ya que en la primera reunión de la Asamblea se solicitó la convocatoria a elecciones. En aquella oportunidad se debatió este asunto y planteamos nuestra posición diciendo que, nos guste o no, nos parezca bien o no, había un ordenamiento jurídico que no podía ser ignorado; y quienes estamos sentados en estas bancas debemos tener esto bien claro, porque debemos utilizar toda nuestra inteligencia y capacidad para plasmar las normas.

En efecto, quienes se aboquen a esta tarea tan importante como es la redacción de la Constitución no pueden ignorar que en derecho –estemos de acuerdo o no– hay algo que se llama "pirámide jurídica", según la cual las leyes que dieron origen a esta Carta Magna, es decir, normas preconstitucionales, tienen preeminencia sobre otras y, por lo tanto, no puede este Estatuto o Constitución tener mejor derecho que el recibido por las normas que hoy, a través de esta cláusula transitoria, se pretenden cuestionar.

Evidentemente, a partir del texto que se votó con anterioridad, noto que se trata de evitar algo que habíamos planteado hace tiempo, como es el conflicto de poderes. En ese sentido, me parece sabia la intención de los convencionales aquí presentes.

En esta Convención se sancionaron una serie de normas. Así, hemos visto una cantidad de normas reglamentaristas, y creo que todos coincidimos en que no es bueno que una Constitución se aparte del ordenamiento de las pautas y la conducta en general, derivando a las leyes todo aquello que define que debe reglamentarse. También vimos normas casuísticas, con un excesivo detalle del ordenamiento jurídico. A su vez, observamos muchas normas sobre un mismo tema, así como también cláusulas nulas, porque a nuestro entender contrarían justamente estas dos leyes a las que anteriormente hice referencia.

Pero esta cláusula específica entendemos que es contradictoria no sólo con normas que hemos sancionado sino también con otras que hoy vamos a aprobar.

Tengo sobre mi banca un proyecto de texto ya sancionado que dice que las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del pueblo de la ciudad para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en el Artículo 129 y concordantes de la Constitución Nacional.

Entonces, veo una cláusula transitoria que, si bien es indicativa, establece que el jefe de Gobierno convocará a elecciones. Pero, por otro lado, me encuentro con otra norma que dice que hay que agotar en derecho las instancias políticas y judiciales. Supongo que debemos respetar una u otra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Señor convencional Arnedo Barreiro: la señora convencional Bullrich le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Arnedo Barreiro.- Con todo gusto y placer.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción tiene la palabra la señora convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: por su intermedio quiero transmitir al señor convencional Arnedo Barreiro que habría que pensar qué es lo contradictorio entre las leyes. Si analizamos la 24.588, denominada "Ley Cafiero", nos encontramos con que señala que la ciudad ordenará sus propias instituciones.

Ante todo debemos aclarar que para nosotros la pirámide comienza en el Artículo 129 de la Constitución Nacional, ya que de lo contrario sería una pirámide invertida.

Si la "Ley Cafiero" dice que la ciudad organiza sus propias instituciones, y la "Ley Snopek" señala que se elegirá una Legislatura de sesenta miembros, de acuerdo con el interés del Poder Ejecutivo nacional, pregunto al señor convencional Arnedo Barreiro si, según su pirámide jurídica –constituida por el Artículo 129 de la Constitución, la ley de garantías y, luego una ley de convocatoria que es absolutamente instrumental– no debería subordinar esa Ley 24.620 al artículo pertinente de la "Ley Cafiero" que dice con absoluta claridad que la ciudad organiza sus propias instituciones. Siguiendo su razonamiento y en función de esa pirámide jurídica, esta ciudad estaría en condiciones absolutas de dictar sus propias instituciones.

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Arnedo Barreiro.

Sr. Arnedo Barreiro.- Señora presidenta: lo expresado por la señora convencional Bullrich ratifica lo que vengo diciendo. Aquí hay tres normas que se refieren a un mismo aspecto y que se contradicen entre sí. Pareciera que la señora convencional Bullrich no leyó lo que acabamos de aprobar, que dice: "Las disposiciones de la presente Constitución que no puedan entrar en vigor en razón de limitaciones de hecho impuestas por la Ley N° 24.588 no tendrán aplicación hasta que una reforma legislativa o los tribunales competentes habiliten su vigencia". Se está reconociendo que hay normas como la 24.588 y la 24.620, que no pueden ser dejadas de tener en cuenta. Además está indicando el camino con la otra norma que acabo de leer, que dice: "...agoten en derecho las instancias políticas y judiciales..."

En consecuencia, para derogar una norma que establece determinadas pautas a cumplir y nulidades de nulidad absoluta, el camino a seguir no es el de la interpretación política sino el jurídico. Fíjense que este camino jurídico está indicado en una norma que acaba de votar la señora convencional Bullrich que dice lo que señalé anteriormente.

Advierto que esta Convención cuenta con un optimismo muy grande al pensar que puede tener resuelta esta contradicción el 31 de marzo por vía judicial o política. Me siento sumamente contento por la confianza y la fe que tienen los convencionales tanto en la Legislatura como en la Justicia, ya que éstas serán las vías que utilizaremos para llegar a este fin.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: en la cláusula transitoria que estamos considerando adelanto que vamos a solicitar una modificación en su texto. En consecuencia, quedaría así redactado: "El jefe de Gobierno convocará a elecciones de legisladores que deberán realizarse antes del 31 de marzo de 1997".

Evidentemente, hay dos posiciones políticas sobre los alcances de las disposiciones constitucionales y de las leyes 24.588 y 24.620. Existe una diferencia en cuanto a su operatividad. Acabamos de sancionar un texto en el cual mencionamos las limitaciones de hecho que produce la llamada "Ley Cafiero". Podemos regular en esta Constitución disposiciones vinculadas con el Poder Judicial en materia de justicia penal o sobre la policía. Pero, por más que lo hagamos, está claro que en los hechos no vamos a tener ni la Justicia ni la policía, que no fueron transferidas. De allí el fundamento de la norma que acabamos de sancionar.

Bien distinta es la situación con la "Ley Snopek", respecto de la cual podemos sancionar normas operativas, las que estamos proponiendo desde otra concepción política, ya que sé que el justicialismo tiene otra visión.

Desde el punto de vista del Frepaso, compartido por otras fuerzas políticas, hay algo muy concreto: estamos sancionando un texto constitucional que se refiere al Poder Ejecutivo que está legitimado por el voto popular en el marco de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que legislamos sobre un Poder Legislativo que no existe, y sobre un Poder Judicial que es derivado, lo que así tiene que ser dado que sus designaciones deben ser realizadas a través de ese Poder Legislativo.

En síntesis, para la completa institucionalización de la ciudad de Buenos Aires necesitamos contar con el Poder Legislativo. Mientras esto no se haga, vamos a tener un Poder Ejecutivo funcionando legitimado en el marco de la autonomía, pero sin control parlamentario, lo cual es grave. ¿Desde dónde se lo va a controlar? ¿Desde dónde la oposición –que cumple el papel de oposición y no de gobierno, porque así lo ha determinado el voto popular– va a controlar y a legislar? Advertimos un gran vacío institucional y es obligación de esta Convención Constituyente demarcar que ese vacío constitucional debe llenarse en el plazo más breve posible. No queremos poner plazos imposibles. Por supuesto que preferimos que, de ser posible, se realice este año.

Sabemos de los plazos electorales y de las necesidades de cada fuerza política para ir hacia esas elecciones. Entonces queremos poner un plazo real que indique la voluntad de esta Asamblea Constituyente de tener la Legislatura cuanto antes, que no es ni más ni menos que tener institucionalizada la ciudad de Buenos Aires en el plazo más breve posible.

De allí entonces el fundamento de esta cláusula que es muy importante. Debemos ser conscientes de que, cuanto más lejos tengamos las elecciones para legisladores, más estaremos posponiendo el proceso de autonomía de la ciudad de Buenos Aires y dejando de hecho a un Poder Ejecutivo sin control parlamentario, situación que no desea ninguna de las fuerzas políticas que componen esta Constituyente.

Queremos dejar bien en claro nuestra voluntad. Debemos tener completa la institucionalización de la ciudad. Debemos tener un cuerpo legislativo para que también surja un Poder Judicial. De ahí la cláusula transitoria que estamos proponiendo.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Inchausti.

Sr. Castells.- Pido la palabra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Está anotado, señor convencional.

Sr. Castells.- Había pedido una interrupción.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Una interrupción a quién?

Sr. Castells.- Al convencional Inchausti.

Sra. Presidenta (Meijide).- Cuando se pide una interrupción normalmente es para referirse a lo que un convencional está exponiendo. Usted está pidiendo una interrupción para hablar antes del convencional Inchausti. Ya está anotado.

Tiene la palabra el señor convencional Inchausti.

Sr. Inchausti.- Señora presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, y acompañando a nuestros correligionarios miembros de la Comisión de Redacción que firmaron en disidencia el dictamen en consideración, propongo una modificación al texto de esta cláusula transitoria.

Dada la coyuntura que vive la ciudad de Buenos Aires es menester agilitar los tiempos. Es necesario que estén constituidos cuanto antes los organismos que esta Constitución ha creado porque es lo más conveniente para empezar a resolver los problemas de la gente. Debemos tener en cuenta la coyuntura que está viviendo la ciudad, que fue bien descripta por el convencional Hourest en su anterior intervención cuando se trató la situación financiera, económica y de endeudamiento que padece nuestra ciudad.

Con un año de atraso con relación a lo que establece la Constitución Nacional, 1996 ha comenzado a ser el año de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en 1996 tiene que concretarse la integración de los principales organismos que hacen al funcionamiento de la autonomía con la inmediata elección de legisladores para integrar la futura Legislatura de nuestra ciudad.

Por lo tanto, este bloque de la Unión Cívica Radical propone la siguiente redacción: "El jefe de Gobierno convocará a elecciones a realizarse durante 1996..." (Aplausos.)

Este partido durante mucho tiempo ha votado por la instalación del respeto a la voluntad popular. Y el jefe de Gobierno, legitimado por el voto popular, necesita más que nunca del acompañamiento de legisladores que tengan la misma legitimidad para producir el desarrollo y el progreso de nuestra ciudad. (Aplausos.)

Por lo tanto, con esta propuesta queremos que se cierre el círculo que se abrió tardíamente en este año 1996; y que sepa la ciudadanía que este bloque de la Unión Cívica Radical va a impulsar que definitivamente este año quede en la historia como el año de la autonomía de nuestra ciudad. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Argüello, del bloque de Nueva Dirigencia.

Sr. Argüello (J.M.A.).- Señora presidenta: hace exactamente setenta y cuatro días el bloque del Frente de la Nueva Dirigencia, que presido, llevó a la mesa de labor parlamentaria una propuesta que precisamente señalaba la necesidad de asumir la existencia de un conflicto político planteado por el gobierno de la Nación en el seno del Congreso Nacional, y proponía poner en cabeza del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires la convocatoria a elecciones de legisladores de la ciudad de modo inmediato.

En reiteradas oportunidades a lo largo de estos setenta y cuatro días de funcionamiento de esta Convención hemos intentado traer esa iniciativa al recinto. Es razonable, entonces, que en la última sesión en la que se vota el texto constitucional vengamos a proponer lo mismo que hemos planteado en la primera sesión de esta Convención. Sostuvimos en esa oportunidad que no queríamos una Constitución renga, una Constitución sin herramientas concretas para que se tornara operativa. Sostuvimos en aquel momento que no era razonable discutir, votar y jurar en setenta y cinco días una Constitución que después no regiría durante un año, dos años o quién sabe por cuánto tiempo.

Es por esta razón que volvemos a plantear en esta última sesión lo mismo que en la primera. Pero la diferencia es que ya han pasado setenta y cuatro días.

Quiero llamar la atención del bloque de la Unión Cívica Radical porque me parece imprudente la postura que han tomado. Hace setenta y cuatro días deberían haber puesto en marcha el mecanismo de convocatoria a elecciones. Esa era la propuesta del Frente de la Nueva Dirigencia. Se trataba de una propuesta seria. En efecto, era realizable y factible la convocatoria a elecciones en la ciudad de Buenos Aires antes de que feneciera 1996. No digo que ahora sea imposible, pero pareciera que es poco factible. Sería imprudente exigir al gobierno de la ciudad el cumplimiento de plazos electorales que ciertamente creo no se podrán cumplir.

En la próxima semana vamos a saber si es seria esta propuesta cuando el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en virtud del texto que estamos por votar, tome la decisión de convocar a elecciones lo antes posible.

No queremos ser imprudentes sino prudentes. En este sentido, sostenemos el dictamen de la comisión redactora y vamos a proponer que la elección deberá realizarse en el menor tiempo posible. Esta sería la nueva redacción: "El jefe de Gobierno convocará a elecciones de legisladores que deberán realizarse en el menor tiempo posible no pudiendo las mismas efectuarse después del 31 de marzo de 1997".

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señora presidente: me preocupa que se haya mencionado más de una vez el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición. He participado en todas las reuniones de esa comisión. Incluso hoy he firmado varios dictámenes, algunos en disidencia. Teniendo en cuenta el apuro, aceptamos que nos trajeran algunos dictámenes a las bancas para que los firmáramos. Lo hicimos porque se trataba de materias que ya habíamos discutido y concertado; incluso algunas ya estaban escritas en borrador.

En este caso, se habla de un dictamen. El presidente de la bancada radical se refirió a las firmas puestas en el dictamen y escuché también al convencional Argüello Jorge Martín Arturo, hablar del dictamen de la comisión.

Quiero plantear algo muy serio y muy grave. A nosotros –digo "nosotros" incluyendo a los compañeros Arnedo Barreiro, Carella y Garré– no nos han invitado a reunión alguna de la Comisión de Redacción donde este tema se haya considerado. No ha habido sobre este asunto acuerdo alguno en el ámbito de la comisión. Ni siquiera existió el acuerdo para que se tratara el tema; no ha habido papel alguno donde conste la firma del presidente o de la vicepresidenta primero a cargo de la Presidencia o de quien fuere. Nadie nos ha invitado a firmar nada.

Me parece entonces que estamos transgrediendo el Reglamento de manera absoluta porque el es clarísimo en cuanto a que sin dictamen de comisión no se puede tratar texto alguno en el recinto.

Me parece muy poco serio que a esta hora, cuando estamos terminando trabajosamente un texto, que tendrá aciertos y errores, consensos y disidencias –pero donde todos hemos tratado de colaborar y construir un edificio bien armado, bien cimentado–, nos presentan un texto que no está en ningún dictamen, que es un dictamen fantasma y parecería que en ese mismo tono, el bloque de la Unión Cívica Radical juega con el tema de las fechas como hablando, no habiendo dictamen, que las elecciones se hagan mañana o pasado mañana.

Flaco favor le hacen al señor jefe de Gobierno, que ya dijo en su momento, cuando esto se trató por primera vez, que esto no era más que una aspiración. Y muy flaco favor le hacen –esto es lo que a mí me preocupa como miembro de esta Convención– a esta Convención.

Esto es una falta de seriedad, más allá de las discrepancias políticas. Este procedimiento demuestra una enorme falta de seriedad, que como miembro de la Convención y como miembro de la Comisión de Redacción –uno de los que hemos trabajado con ahínco tratando de resolver problemas de textos propios y ajenos– me provoca un profundo malestar y disgusto. (Aplausos.)

Sr. Canata.- Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una moción de orden tiene la palabra, convencional Canata.

Sr. Canata.- Señora presidenta: la vicepresidenta de la comisión a cargo de la Presidencia me hace una observación, y en virtud de ella voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos en las bancas.

Sr. Castells.- ¿Hay o no hay dictamen? Ésa es la pregunta.

Sr. Rodríguez.- Pido la palabra para una aclaración, porque integro la comisión.

Sr. Canata.- Hice una moción de orden que no se discute.

Sr. Rodríguez.- Es importante que haga la aclaración.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Cuál es la moción de orden, convencional Canata?

Sr. Canata.- Solicito que se vote un cuarto intermedio de 10 minutos en las bancas.

Sra. Presidenta (Meijide).- Las mociones de orden no se discuten, se votan.

Se va a votar la moción de orden formulada por el señor convencional Canata.

Sra. Presidenta (Meijide).- Convencional Arnedo Barreiro: le advierto que usted ha hablado dos veces sobre este tema. Voy a ser estricta en el cumplimiento del Reglamento.

Tiene la palabra el señor convencional Arnedo Barreiro.

Sr. Arnedo Barreiro.- Señora presidenta: debido no solamente a la irregularidad cometida en la votación que se pretende hacer de este dictamen sino también a que en esta Convención se están violando normas constitucionales, solicito permiso para que el bloque justicialista se encuentre ausente de este recinto mientras se considere este dictamen y pueda regresar para considerar los otros dictámenes.

Sra. Presidenta (Meijide).- Convencional Arnedo Barreiro: el convencional Ibarra le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Arnedo Barreiro.- Le estoy pidiendo autorización, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Le concede una interrupción?

Sr. Arnedo Barreiro.- Sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: más allá de lo que dice la Presidencia y de lo que expresa el bloque justicialista, los convencionales Arnedo Barreiro y Pérez Suárez, vicepresidenta de esta Convención, estuvieron presentes en la comisión de Labor Parlamentaria.

En la comisión se decidió la inclusión de este Orden del Día para que lo considerara la Convención. Fue propuesta y votada su inclusión y se incorporó a la Orden de la sesión. Se votó y se aprobó por unanimidad; si no fuera así pido a la Presidencia que me informe si cuando se votó la incorporación de este Orden del Día que ahora estamos tratando hubo alguna disidencia por parte de algún convencional.

El bloque justicialista tomó conocimiento y aprobó esto en Labor Parlamentaria y lo aprobó aquí, sin ningún tipo de discusión, y ahora, por una cuestión de disensos políticos, han montado el "show" de que se van a alejar. Si quieren hacer un "show", que lo hagan, pero que no digan cosas que no fueron porque nadie vino a sorprender a nadie. Desde el primer día estuvo este texto constitucional, hoy fue aprobado y ellos también lo votaron. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Iba a explicar eso mismo al bloque justicialista. Estuvimos todos en Labor Parlamentaria y estuvimos todos en esta sesión cuando se votó la inclusión en el Orden del Día.

Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez.

Sra. Pérez Suárez.- Señora presidenta: no voy a hacer consideraciones sobre lo que pasa en Labor Parlamentaria porque ya se ha comprobado que en el desarrollo de esta reunión se alteraron los órdenes, se cambiaron las presentaciones de trabajo y se produjeron una serie de irregularidades que es inútil mencionar.

También quiero decir que en reiteradas veces y con sorna, he recibido el comentario de que me dijeran: "no sé cómo sería en el Concejo Deliberante pero aquí no es así".

Sra. Presidenta (Meijide).- Señora convencional Pérez Suárez: le solicita una interrupción...

Sra. Pérez Suárez.- No otorgo interrupciones, señora presidenta.

Decía que he escuchado con sorna que dijeran "no sé cómo sería en el Concejo Deliberante pero aquí no es así". No sé cuántas veces me dijeron que entre gallos y medianoches se hacían y se cometían irregularidades en el Concejo Deliberante. Irregularidades administrativas, no me estoy refiriendo a otra cosa.

Y aquí estoy ratificando que efectivamente, si se habló de este dictamen de ninguna manera se hizo referencia a las fechas que en este momento se están mencionando.

Lo que todo el mundo puede percibir es que esto es casi una humorada. Y poner humor en temas tan serios que tienen que ver con los vecinos de Buenos Aires me parece una falta de respeto y de mal gusto.

Basta de hacer comentarios sobre las prácticas del Concejo Deliberante que muchos no conocen porque hicieron carreras tan rápidas que velozmente llegaron a otros recintos. Basta de hacer comentarios sobre los gallos y medianoches.

Fíjese a qué hora estamos trabajando y no pienso que no lo estemos haciendo con voluntad, aunque según lo que se está discutiendo y la forma en que algunos lo están planteando, no puedo decir que sea con seriedad.

Ratifico lo dicho por mi compañero de bancada Jorge Castells y también me adhiero a la posición que ha tomado el presidente de mi bancada Arnedo Barreiro.

Sra. Presidenta (Meijide).- Voy a hablar como presidenta porque, como tal, también presido la Comisión de Labor Parlamentaria.

En primer lugar, si la señora convencional preopinante se refería a mi, debo decir que es cierto que nunca estuve en el Concejo Deliberante, por lo que no voy a juzgar las prácticas que en él se utilizan, aunque no creo que sean diferentes de las que se aplican en el resto de los cuerpos legislativos.

En segundo término, tengo que aclarar que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria –en la que estuvieron presentes la señora convencional Pérez Suárez y el presidente del bloque Justicialista– se analizó este texto y se le dio un número.

En lo que hace a las atribuciones de las comisión, tengo que decir que la Comisión de Redacción tiene atribuciones para redactar, y aquí tenemos un despacho con las firmas suficientes, aunque algunas en disidencia.

Además, si lee el reglamento se dará cuenta de que no constituye ningún impedimento el hecho de que previamente no haya sido redactado por otra comisión, ya que basta con que la Comisión de Redacción lo haya hecho –tiene facultades para hacerlo– si es que cuenta con las firmas suficientes como para darle ingreso. Pero por si eso fuera poco, cabe aclarar que en su momento el pleno aprobó el tratamiento de este despacho. En consecuencia, todos estábamos al tanto de esta situación, ya que lo estuvimos discutiendo a la mañana durante varias horas, con toda seriedad y no a los gritos, porque no es gritando como uno demuestra que tiene razón sino diciendo la verdad.

Por lo tanto, en lo que respecta a mi responsabilidad como presidenta de este Plenario y de la Comisión de Labor Parlamentaria, comunico a todas las bancadas que este tema sí fue discutido en Labor Parlamentaria.

No voy a opinar más y sólo me limitaré a otorgar el uso de la palabra a quien corresponda, en este orden: convencionales Bullrich, Inchausti, Rodríguez, Canata, Lubertino, Jozami y Brailovsky.

Tiene la palabra la señora convencional Bullrich.

Previamente la Presidencia le informa que la señora convencional Lubertino le solicita una interrupción. ¿La concede?

Sra. Bullrich.- Sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: quiero expresarme en el mismo sentido con que usted lo ha hecho. En nombre de la Comisión de Redacción deseo dejar constancia de que si bien no hubo una reunión formal de la comisión para tratar este despacho, tampoco la hubo para tratar una serie de dictámenes que esta Convención acaba de votar y sobre los que no se hizo ninguna observación, tales como los órdenes del día de texto números 99, 95, 96 y 98. Todos ellos fueron discutidos y prerredactados en la Comisión de Labor Parlamentaria, porque ese fue el acuerdo al que se había arribado.

Por lo tanto, la Comisión de Redacción no se reunió, pero hubo un acuerdo en la de Labor Parlamentaria por el que se suplía esa reunión y se discutían estas cláusulas transitorias, así como también las que estaban pendientes de redacción, tal como sucedió con el despacho sobre el tema de la seguridad.

Entonces, si hubiese existido alguna objeción sobre la forma en que se trataron estos otros despachos, lo tendrían que haber planteado con anterioridad, es decir, cuando se trató el primero de los dictámenes que estaban en estas condiciones.

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa en el uso de la palabra la señora convencional Bullrich. Antes la Presidencia le informa que el señor convencional Castells le solicita una interrupción. ¿La concede?

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: antes que el señor convencional Castells lo hizo el señor convencional Rodríguez, a quien le concedo la interrupción.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción tiene la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Señora presidenta: simplemente deseo informar que en la primera reunión de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición se emitió dictamen sobre este proyecto, que no fue firmado pese a mi insistencia, pero que ahora sí aparece con las firmas correspondientes. Es más; recordará este cuerpo que se convocó a una sesión especial para considerarlo, la cual no se pudo realizar. Este proyecto está formalmente dictaminado, porque así figura en las actas de la Comisión de Redacción; lo único que pasó es que no fue firmado. También reconozco que cuando se trató el proyecto los representantes del bloque Justicialista firmaron en disidencia un proyecto igual a éste.

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa en el uso de la palabra la señora convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: le voy a conceder al señor convencional Castells la interrupción a la que me había comprometido.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señora presidenta: si era grave que no hubiera dictamen, mucho más es que habiendo uno –la señora presidenta nos exhibió un papel firmado que debo entender que se trata de dicho dictamen– se discrimine y excluya a los miembros de la Comisión de Redacción que pertenecemos al bloque Justicialista, en un marco en el que justamente hemos establecido en el texto del Estatuto la no discriminación. Digo esto porque nadie nos mostró nada, nadie nos convocó a firmar y ni siquiera nadie nos acercó a la banca ese papel. O sea que se nos está ignorando como miembros de la Comisión.

Por otro lado, lo que expresó el señor convencional Rodríguez es absolutamente erróneo, porque en esa reunión el único texto que se acordó fue el de que el jefe de gobierno convocará a elecciones, y punto; es decir que no se establecía ninguna fecha, porque en ese momento nadie se atrevió a hacerlo.

¡Hoy nos han ignorado como miembros de la Comisión de Redacción! Esto es mucho más grave que el hecho de que no hubiera habido dictamen.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: quiero volver la discusión a su punto inicial. No podemos dejar que en este momento se nos tape el problema de fondo que estamos discutiendo, que no es menor sino que reviste mucha gravedad. Estamos discutiendo si la ciudad de Buenos Aires va a tener una Legislatura o no; si la ciudad de Buenos Aires va a poner en marcha la autonomía o si la va a retrasar; si el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a asumir, a partir del momento en que cuente con esta Constitución y las atribuciones que ella le confiere; estamos considerando la necesidad de comenzar un proceso de transición dentro de la ciudad y también que Buenos Aires asuma en plenitud la posibilidad de poner en marcha sus poderes.

Esto no es poca cosa. Por eso me atrevo a decirle a los integrantes del bloque radical que cuando expresan que el jefe de gobierno convocará a elecciones antes de diciembre de 1996 están planteando lo mismo, porque la capacidad de convocatoria antes de esa fecha no excluye que se pueda poner como fecha tope para las elecciones la de marzo de 1997. Si el objetivo es ponernos de acuerdo en que la elección a legisladores tiene que ser convocada por el jefe de gobierno, para que en 1997 entremos a pleno en la autonomía de la ciudad con sus poderes en marcha, el viernes 11 –luego de la jura de la Constitución– el jefe de gobierno puede salir a decir al pueblo de la ciudad de Buenos Aires que en diciembre de este año habrá elecciones porque la ciudad se pone en marcha hacia su autonomía; esto lo puede hacer sin ningún problema antes de diciembre del corriente año.

Si lo que queremos es consagrar el objetivo, no hagamos que mañana quieran decir que estamos haciendo cosas que no le sirven a la ciudad. Salgamos todos juntos a explicar que lo que más sirve a la ciudad es terminar con las viejas estructuras que ya no nos representan y que debemos salir con las nuevas estructuras que se van a constituir sin duda con la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

Por eso es muy importante, más allá de los problemas de forma que pueda haber habido, ponernos de acuerdo en el tema de fondo. En tal caso vamos a salir con la mayor parte de esta Constitución como lo hemos hecho en todo lo que se refiere a la autonomía, unidos y apoyando al jefe de Gobierno, para que pueda, con la fuerza de la Constitución, convocar a las primeras elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Inchausti.

Sr. Inchausti.- Señora presidenta: cuando el 19 de julio nos sentamos por primera vez en las bancas de esta asamblea constituyente, recuerdo que al discutir las cláusulas que permitían al primer jefe de Gobierno elegido por el voto popular comenzar a gobernar y establecer el mínimo de pautas que debían regir su accionar, el convencional Jorge Argüello y toda la Nueva Dirigencia que lo acompañaba en ese momento, proponía como requisito inexcusable para acompañarnos en aquella decisión, que se fijara el 17 de noviembre como fecha de elecciones en la ciudad de Buenos Aires.

En todos los diarios, canales de televisión y radios, permanentemente nos acusaron a los radicales de ser poco serios y de estar dando la espalda al pueblo de la ciudad de Buenos Aires porque precisamente decíamos que era poco serio, cuando aún no habíamos dictado ni siquiera el primer artículo, no sabíamos cómo iba a ser la Legislatura ni cuándo íbamos a terminar de sancionar esta Constitución, provocar la idea de una confrontación –de un conflicto, como decía Jorge Argüello–, olvidándonos de los verdaderos intereses de la gente, que van a ser resueltos a partir de las instituciones, los mecanismos y las herramientas que establecemos en esta Constitución.

En ese entonces no lo queríamos ni sabíamos cómo íbamos a hacer con ese tema, cada uno debía venir con su propuesta. Entonces, me llama poderosamente la atención que ahora, una vez que tenemos sancionada la Constitución estén preocupados y asustados porque la Unión Cívica Radical, en vísperas de terminar de sancionar esta Constitución, considere que ya es tiempo para que se constituyan los poderes de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, porque ya tenemos casi constitución.

¿Sabe por qué me llama la atención? Porque, en aquel 19 de julio, el 17 de noviembre era la gran fecha para consagrar la autonomía, porque sin legislatura no podíamos hacer nada. Entonces ahora que el radicalismo, con la Constitución terminada, dice que las elecciones deben realizarse durante 1996 –no que deben convocarse sino realizarse durante 1996–, todo el mundo se espanta y se asusta.

Y me pregunto: ¿será porque algunos convencionales de esta Constituyente no saben con la lista de qué partido van a ir en marzo de 1997 a las elecciones? (Aplausos.) O es porque es muy fácil, cuando no se tiene la responsabilidad de gobernar, de integrar una de las primeras minorías de una Convención Constituyente como ésta, dar sensaciones de equilibrio, de balance y de seriedad a la población de Buenos Aires.

Por eso, esta Unión Cívica Radical, haciendo gala de su historia, pero también cumpliendo con el mandato que nos dio la gente, está decidida a impulsar esta modificación a este dictamen que se nos ha traído a la sala.

Por lo tanto, en el momento de hacer la votación, adelanto que la Unión Cívica Radical solicita votación nominal para este dictamen. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señora presidenta: realmente, este debate ha adquirido características insospechadas.

Por un lado, una de las fuerzas políticas, que viene oponiéndose desde antes de que nos reuniéramos en esta Constituyente y a la posibilidad de que fuera el jefe de Gobierno de la ciudad el que convocara a elecciones, reacciona, con una pasión digna de mejor causa, mostrándose sorprendida porque venimos a cumplir en la última sesión de esta Constituyente lo que adelantamos el primer día que nos reunimos.

Creo que más allá de las explicaciones formales que usted, señora presidenta, dio con mucha claridad, y más allá de las explicaciones que dio la vicepresidenta de la Comisión de Redacción, no existe ninguna legitimidad política para que nadie se manifieste sorprendido de que hoy estamos discutiendo aquí lo que desde el primer día dijimos que íbamos a discutir.

Me parece que después de la intervención del convencional Ibarra no es necesario abundar más en razones para explicar por qué el Frepaso quiere la convocatoria a elecciones en el menor tiempo posible. Pero nos encontramos con una segunda sorpresa: algunos no quieren elecciones; otros las quieren tan rápido que uno puede dudar de que realmente las quieran. (Aplausos.)

Porque usted sabe que hay dos maneras de oponerse a una propuesta: una es salir a decir que uno está en contra y otra es la de acompañarla y forzarla de modo tal que se transforme en inviable.

Pero que no tengan dudas los convencionales radicales. Como nosotros no queremos presionar al nuevo jefe de Gobierno, crear problemas prácticamente insolubles a Fernando de la Rúa, no vamos a acompañar esta moción poco seria. (Aplausos.)

Pero si el radicalismo que gobierna la ciudad quiere elecciones en diciembre, en noviembre o en octubre, vamos a acompañar a de la Rúa, pero vamos a exigir que nos digan con claridad cuál es el cronograma electoral y que muestren efectivamente la disposición a cumplir lo que hasta ahora parece nada más que una declaración sin ningún tipo de consistencia.

Fuimos a decir al jefe de Gobierno electo que el Frepaso apoyaba todas las gestiones que hiciera ante el Gobierno Nacional para que se derogara la Ley Snopek y para que se pudiera convocar a elecciones en el menor tiempo posible.

Ahora volvemos a decir lo mismo. Si el radicalismo puede resolver problemas tan complicados, sobre todo para un partido de incuestionable tradición democrática, como el hecho de ir inmediatamente a elecciones sin tener elegidos los candidatos, nosotros, de cualquier manera estamos dispuestos a hacer el esfuerzo por sumarnos a esa convocatoria en el menor tiempo posible.

Pero nos parece que es una falta de seriedad decir que vamos a llamar a elecciones antes de fin de año cuando de acuerdo con los plazos de la ley electoral ya estaría vencido el término para la constitución de las alianzas.

Por otra parte, fíjese usted, señora presidenta, lo que podría ocurrir si votáramos la fórmula que ha propuesto el bloque radical. Como dentro de pocos días esa fórmula se tornará no sólo jurídica sino materialmente inviable, entonces habríamos votado una cláusula que no tendría el menor efecto para obligar al gobierno de la ciudad ni al gobierno nacional.

Realmente queremos elecciones en el menor plazo posible. Vamos a tratar de que esta resolución que toma la Convención sea efectivamente cumplida; vamos a salir de aquí para decir otra vez al doctor de la Rúa que agote todas las instancias para que estas elecciones puedan concretarse, y vamos a decirle una vez más que lo apoyaremos si efectivamente quiere convocar a elecciones.

Para terminar, insisto en que como en última instancia lo único que aquí estamos haciendo es fijar un plazo máximo, si el jefe de Gobierno quiere convocar a elecciones en el plazo más corto que a él se le ocurra, desde ya adelanto el pleno apoyo del bloque del Frepaso. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Brailovsky.

Sr. Brailovsky.- Señora presidenta: quiero hacer una pequeña aclaración como paréntesis en la pasión política.

Además de convencional soy profesor titular de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, designado por concurso en la Universidad de Buenos Aires. Quiero dejar sentado mi punto de vista sobre el absoluto rigor de procedimiento con que está trabajando la Convención. Sólo quería hacer esta aclaración para que conste. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Jorge Martín Argüello, del bloque de Nueva Dirigencia.

Sr. Argüello (J.M.A.).- Señora presidenta: no creo que a la Convención ni a cada uno de los sectores políticos que la integran les convenga equivocar el rumbo de este debate.

Es evidente que el conflicto existe y que, como planteara en reiteradas oportunidades en este recinto, fue creado por la extralimitación en los alcances de la llamada Ley Snopek, sancionada oportunamente por el Congreso de la Nación. En todo caso, me gustaría proponer a los sectores políticos que coinciden con el modo de resolver este conflicto –que es poniendo en cabeza del jefe de Gobierno de la ciudad la convocatoria para las elecciones– que votemos las dos posibilidades que apuntan al mismo resultado.

No es nuestra intención provocar aquí un debate feroz con el bloque de la Unión Cívica Radical, ya que veo que finalmente estamos de acuerdo en que de este conflicto se sale resolviendo políticamente desde la Convención, que seguramente es el cuerpo más representativo que ha tenido en su historia la ciudad de Buenos Aires.

Nuestro conflicto está planteado con el gobierno nacional, y al respecto podemos hacer dos cosas: asumir que existe y, por lo tanto, proponernos su resolución, o hacer de cuenta que no existe.

Desde esta perspectiva voy a insistir en que se vote el dictamen que está sujeto a la consideración del cuerpo, recordando que si bien hemos perdido 75 días, es decir, dos meses y medio, el mismo plazo que teníamos el 9 de julio por delante para la realización de la elección es el que ahora tenemos por delante para la realización de la misma elección.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Hourest.

Sr. Hourest.- Señora presidenta: creo que la pasión de la discusión...

Sra. Presidenta (Meijide).- Señor convencional: la señora convencional Bisutti solicita la palabra para formular una moción de orden y, al mismo tiempo, el señor convencional Arnedo Barreiro le pide una interrupción.

Sr. Hourest.- Le concedo la interrupción al señor convencional Arnedo Barreiro, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Una vez que termine de hacer uso de la palabra el señor convencional Hourest, la señora convencional Bisutti podrá formular su moción de orden.

Para una interrupción tiene la palabra el señor convencional Arnedo Barreiro.

Sr. Arnedo Barreiro.- Señora presidenta: hace varios minutos le solicité autorización para que los integrantes del bloque justicialista nos retiráramos del recinto, porque no queremos avalar con nuestra presencia el voto de una norma nula de nulidad absoluta.

Por lo tanto, solicito nuevamente autorización para que el bloque Justicialista se retire durante esta votación.

Sra. Presidenta (Meijide).- En ninguna norma se prevé que me tengan que pedir autorización para retirarse. Me gustaría que no se fueran, pero si lo tienen que hacer...

Sr. Arnedo Barreiro.- Nos vamos, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Señor convencional Hourest: la señora convencional Lubertino le solicita una interrupción. ¿La concede?

Sr. Hourest.- Sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Para una interrupción tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: quiero decir al señor convencional Arnedo Barreiro, quien todavía no se ha retirado, que no entiendo por qué fundan su retirada del recinto en la nulidad absoluta de esta cláusula cuando respecto de muchas otras han dicho que son nulas y se han quedado.

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Hourest.

Sr. Hourest.- Señora presidenta: tengo la impresión de que estamos ante una situación en la que se entrecruzan distintas visiones acerca de cómo se constituye la legitimidad de las instituciones de la ciudad hacia fin de año.

En primer lugar, quiero señalar que, seguramente por la ofuscación del momento, el señor convencional Jozami –a quien respeto– señaló que la posición del bloque de la Unión Cívica Radical era poco seria. Creo interpretar –y estimo que es así– que la diferencia de enfoques acerca de la materia que estamos tratando no invalida la seriedad con la que son enunciados.

El señor convencional Jozami ha demostrado una preocupación que a mi juicio es loable acerca de los principios de organización interna de la Unión Cívica Radical, que presuponen la realización de elecciones internas para la selección de candidatos, práctica que –diría yo– no está totalmente derramada sobre el sistema político y cuya socialización consideramos que sería importante.

En segundo lugar, quiero señalar que efectivamente faltan 75 días para el cierre del año, los mismos 75 días que en su momento eran hábiles para el señor convencional Argüello. Parece que aquel número que entonces era válido, ahora no lo es. Lo que pretendo es que razonemos en magnitudes homogéneas, y no en función de las conveniencias políticas.

El tercer elemento sí es una discusión política que me parece central. Cuando se plantea que se realicen las elecciones no este año –porque el argumento de no hacerlas antes de diciembre implica hacerlas el año que viene–, ello presupone fracturar el escenario de discusión electoral de 1997 y realizarlas antes del 31 de marzo.

Me parece que no escapa a los convencionales ni a ninguna de las fuerzas sentadas en este recinto, que es estratégico no desperdiciar ni quebrar lo que va a ser la renovación legislativa de 1997, no poner en el temario electoral de ese año, en un distrito tan fuerte como es la ciudad de Buenos Aires, un doble turno electoral. Me parece que hace a la visión política estratégica de las elecciones del año que viene concentrar toda la presión en la renovación legislativa nacional.

Si quebrásemos ese escenario y convocásemos a una elección parlamentaria en marzo para esta ciudad, además de producir un debate político muy fuerte, estaríamos restando el altísimo poder simbólico que tiene un pronunciamiento categórico con relación a la propuesta política del gobierno a mediados de año o más adelante.

El problema central es que difícilmente si el gobierno nacional...

Sra. Presidenta (Meijide).- Señor convencional Hourest: la señora convencional Garré le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Hourest.- Ya termino, señora presidenta, de modo que la señora convencional podrá hacer uso de la palabra.

Si instalásemos la discusión del 31 de marzo como fecha electoral, y el gobierno nacional anticipase la convocatoria de elecciones parlamentarias a junio o julio, tendríamos que violar nuestra propia decisión política, poniendo al borde de la ilegitimidad al jefe de Gobierno de la ciudad y a la propia Constitución que estamos sancionando, porque en 45 ó 60 días tendríamos que estar votando de nuevo, con todas las complicaciones que señaló el convencional Jozami.

En consecuencia, como no están agotados los plazos electorales, como es cierto que puede haber alguna dificultad de interpretación acerca de la inscripción de las alianzas en el Código Electoral –la misma dificultad de interpretación que tuvo la elección de convencionales constituyentes, que tampoco respetó la letra del Código Electoral Nacional–, reclamo de los bloques del Frepaso y de Nueva Dirigencia una actitud levantada, que nos acompañe en la decisión política de que 1996 termine, como consecuencia de la iniciativa del apagón y de los dos paros generales, con una nueva derrota del gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que este es un marco preciso para garantizar una bisagra entre la era del ascenso y la de la decadencia del menemismo, iniciada con la derrota de las fuerzas del gobierno nacional el 30 de junio en la ciudad de Buenos Aires. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Bisutti.

Sra. Bisutti.- Señora presidenta: hago moción de orden para que se cierre la lista de oradores y se pase a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar la moción de orden formulada por la convencional Bisutti.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobada la moción.

Se encuentran anotados para hacer uso de la palabra la señora convencional Garré y el señor convencional Canata.

Sra. Garré.- Señora presidenta: está claro que compartimos la misma ansiedad que ha expresado con su acostumbrada vehemencia el señor convencional Hourest; sabemos muy bien la batalla que deberemos librar el año que viene y que debe ser la continuación de toda una cadena de acciones que estamos desarrollando desde la oposición para derrotar a un modelo cuya capacidad de exclusión y concentración económica vemos todos los días.

El sentido de la interrupción que pedía al convencional Hourest era para preguntarle si nos quiere someter a una falsa opción, que si no pudiéramos hacer los comicios para la elección de legisladores de la ciudad y normalización de sus instituciones antes del 31 de diciembre, inexorablemente deberíamos hacerlos coincidir con los de legisladores nacionales. Me parece que esa no es la opción de la ciudad. No nos asusta tener dos elecciones el mismo año. No nos parece que nos "desconcentre" ya que estamos acostumbrados a hacer política, a dar peleas y batallas. La batalla de la ciudad puede ser previa a la nacional.

Nos parece que la normalización de la ciudad autónoma por la que estamos peleando exige un esfuerzo más, que es la consecuencia de un primer paso mal dado, en el que el Frepaso no fue cómplice, al haber aceptado las condiciones de la bancada oficialista en el Parlamento nacional cuando determinó hacer simultáneamente la elección del jefe de Gobierno y la de convencionales constituyentes. Hoy ya es tarde para lamentarnos, pero debemos tener una Legislatura cuanto antes: si es diciembre, bienvenida; si es marzo, también bienvenida, porque es mejor que en octubre.

De manera que me parece que la encerrona del discurso del convencional Hourest no es coherente con el deseo que tenemos de normalizar cuanto antes nuestras instituciones autónomas.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Canata.

Sr. Canata.- Señora presidenta: creo que hoy debe ser un día de alegría. Hemos trabajado juntos durante todo este tiempo; los cuatro bloques que participan de esta Convención hemos coincidido en la mayoría de los temas, y también hemos discrepado. Pero pese a que algunos no lo querían, pudimos construir una Constitución, que como seguimos sosteniendo es una Constitución moderna y progresista.

Durante el tiempo de esta Convención discutimos mucho el tema que ahora tratamos. Sostenía muy bien el presidente del bloque que no podíamos autorizar al jefe de Gobierno a que convocara a elecciones para el 17 de noviembre, como ciertamente nos lo pidió el convencional Argüello en nombre de su bloque el primer día, cuando prestamos juramento. Sostuvimos permanentemente que estábamos condicionados por la Ley Snopek, pero nunca habíamos descartado la posibilidad de que se convocara a elecciones lo antes posible para conformar el gobierno de la ciudad y que ésta tuviera un jefe de Gobierno y una Legislatura.

Hoy, con la Constitución ya en nuestras manos, tenemos la certeza de que pese a estas restricciones que tenemos que salvar, estaríamos en condiciones de convocar a elecciones. Ojalá así sea, más allá del resultado de la votación en esta Convención de una u otra propuesta. Lo importante es que el distinguido convencional Jorge Argüello sepa que en ningún momento le escapábamos a la posibilidad que él proponía. No sé por qué él se sorprende hoy. Creo que los tiempos son válidos. Los partidos políticos pueden convocar a elecciones internas a quienes quieran participar y durante este año se podría realizar la elección.

No sé qué propuesta va a ganar, pero eso no nos preocupa. Ganará la que hicimos o la que hicieron los bloques de Nueva Dirigencia y del Frepaso.

Lo importante es que cada bloque tiene su posición, y que todas deben ser respetadas; no tenemos por qué enojarnos. Nuestro bloque tiene una propuesta; otros partidos tienen otras.

Nos queda muy poco tiempo para culminar este proceso; bienvenido sea el resultado. Si nos toca a nosotros salir victoriosos, mejor. Pero lo que esperamos es que el jefe de Gobierno haga todo lo posible por convencer a quien corresponda –al gobierno nacional o a la Justicia– para que la ciudad de Buenos Aires concrete definitivamente su autonomía.

En nombre del bloque de la Unión Cívica Radical dejo constancia de que seguimos manteniendo la propuesta que hemos formulado. Los otros bloques seguramente mantendrán las suyas. En esas condiciones votaremos.

Lo único que quisiera, en nombre de mi bloque, es que tratemos rápidamente los puntos que tenemos que resolver en la sesión de hoy y que mañana podamos hacer el ordenamiento completo del articulado, para que el martes –como corresponde– contemos con el texto final de esta Constitución.

En tal ocasión, seguramente todos estaremos contentos por haber concretado una realización común.

Sra. Presidenta (Meijide).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Inchausti.- Señora presidenta: pido que la votación sea nominal.

Sra. Presidenta (Meijide).- No hay problema, ya la hemos hecho de ese modo en otras ocasiones.

Sr. Rodríguez.- Pido la palabra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Está cerrada la lista de oradores.

Sr. Rodríguez.- Quiero que se lean las mociones para saber qué vamos a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Por Secretaría se leerán las dos propuestas.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿El bloque de Nueva Dirigencia tiene una propuesta separada?

Sr. Ibarra.- Pido la palabra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señora presidenta: quiero proponer una nueva redacción de este proyecto, que sintetiza la propuesta inicial con la formulada por el señor convencional Argüello.

Varios señores convencionales.- ¡Está cerrada la lista de oradores!

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Pero ustedes conocen la propuesta?

Varios señores convencionales.- ¡Está cerrada la lista de oradores!

Sra. Presidenta (Meijide).- Señor convencional Ibarra: no les interesa escuchar otra propuesta.

Sr. Ibarra.- La quiero hacer para que sepan qué se va a votar. Sé que es cierto que está cerrada la lista de oradores, pero no estoy fundamentando ninguna propuesta. Simplemente...

Sra. Presidenta (Meijide).- Señor convencional Ibarra: no hay posibilidad de efectuar ninguna propuesta más.

Anteriormente se hizo una moción de orden, que se aprobó, para que se cerrara la lista de oradores. (Aplausos.)

¿Para qué han hecho esa moción?

Sra. Presidenta (Meijide).- Reitero al bloque del Frepaso que la señora convencional Bisutti hizo una moción de orden para que se cerrara el debate y se votara. Dicha moción se votó, se aprobó y, en consecuencia, ahora se debe votar el texto. (Aplausos.)

Sr. Ibarra.- Pido la palabra para una aclaración.

Sra. Presidenta (Meijide).- No hay más aclaraciones; no hay más propuestas.

Ahora vamos a leer las que se han hecho.

Por Secretaría se van a leer las mociones sobre las cuales se estuvo discutiendo hasta el cansancio.

Sr. Secretario (Flamarique).- La primera propuesta es la siguiente: (Lee) "El jefe de gobierno convocará a elecciones de legisladores, que deberán realizarse antes del 31 de marzo de 1997".

La segunda propuesta es la siguiente: "El jefe de gobierno convocará a elecciones de legisladores, que deberán realizarse durante el año 1996".

Sra. Presidenta (Meijide).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la primera propuesta...

Sra. Lubertino.- Hay una tercera propuesta.

Sra. Presidenta (Meijide).- No hay más que dos. Todos estuvieron discutiendo sobre un texto ...

Sra. Presidenta (Meijide).- Sólo ahora trajeron otra propuesta.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee) "El jefe de gobierno convocará a elecciones de legisladores, que deberán realizarse en el menor tiempo posible, no pudiendo hacerse con posterioridad al 31 de marzo de 1997".

Sr. Inchausti.- Pido la palabra...

Sra. Presidenta (Meijide).- Está también anotada la propuesta que hizo el señor convencional Jorge M. A. Argüello al hacer uso de la palabra en esta sesión.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee): "El jefe de gobierno convocará a elecciones de legisladores que deberán realizarse en el menor tiempo posible, no pudiendo efectuarse después del 31 de marzo de 1997".

Sra. Presidenta (Meijide).- Señores convencionales: han estado discutiendo hasta el cansancio. Si no fueron capaces de encontrar una fórmula que los satisfaga hasta el momento, no la van a encontrar ahora.

Sra. Bullrich.- La tenemos ahora.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿Ustedes quieren una fórmula mejor? Entonces votemos. Estamos hablando de cosas serias y todos estamos muy cansados concluyendo con una tarea que, como se dijo, es demasiado importante. No es cuestión de chicanear. Si no supieron hacer las cosas mejor, lo lamento mucho.

Sr. Inchausti.- Pedí que la votación sea nominal. Se tiene que votar por la propuesta número 1, la 2 ó la 3.

Sra. Presidenta (Meijide).- Así no es. Señor convencional, usted sabe muy bien que primero se vota por la propuesta 1. Si no es aprobada, se vota por la 2. Y si el resultado también es negativo, entonces recién se vota la propuesta 3.

En consecuencia, se va a leer nuevamente propuesta número 1.

Sr. Secretario (Flamarique).- Dice así: "El jefe de Gobierno convocará a elecciones de legisladores que deberán realizarse antes del 31 de marzo de 1997".

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar en forma nominal.

Sr. Finvarb.- Para que se vote en 1996, sí.

Sr. Oviedo.- Afirmativo. Voto para que se vote en 1996.

Sr. Santa María.- Afirmativo. Voto para que se vote en 1996.

Sra. Presidenta (Meijide).- El resultado de la votación ha sido el siguiente: 28 votos por la afirmativa y 19 por la negativa.

En consecuencia, ha quedado sancionado el texto. (Aplausos.)

CLÁUSULA TRANSITORIA

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto producido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre conducción de los organismos que conformen el sistema financiero. (Orden del Día T. N°101)

Sra. Presidenta (Meijide).- Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor convencional Castells. (Aplausos.)

Sr. Castells.- Señora presidente: hemos tomado conocimiento de que usted, al tener que decidir si mandaba a diciembre o marzo a este alumnado, ha decidido mandarlo a marzo. Ha hecho bien. (Risas.)

Nos encontramos con un caso único en esta Convención. Y aquí sí hay un dictamen que nos han invitado a firmar y que no hemos suscripto porque, por empezar, no sabemos cuáles son las razones por las cuales se aconseja su sanción.

Fíjese que dice que por las razones expuestas en el informe que se acompaña –no las hay– y las que dará el miembro informante –que esperamos escuchar– se aconseja la sanción del siguiente ...

Es la primera modificación de un texto votado en el recinto –por ello digo que es un caso único–, y se refiere al modo de designar la conducción de los organismos que conforman el sistema financiero de la ciudad. Para ser menos eufemísticos, se trata de cómo se designan los directores del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Hago una breve historia. Esto se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el compañero Garré, con una cláusula que decía que el directorio debía respetar en su integración la diversidad de partidos y alianzas representados en la Legislatura.

En la Comisión de Redacción nos pareció a todos que esa mención, que de algún modo evocaba una suerte de reparto político, era poco feliz. Pero al mismo tiempo nos pareció también que algo tan serio como la dirección del agente financiero de la ciudad requería de algún consenso especial.

Sr. Castells.- Por ello, si mal no recuerdo, por unanimidad, entendimos oportuno exigir el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros de la Legislatura.

Entonces, hubo acuerdo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se manifestó en otros términos; en la Comisión de Redacción, que se expresó como acabo de decir y también en el recinto, donde esta norma pasó sin dificultades.

Sorprendentemente, por lo menos para nosotros, en la última sesión, previa a aquella en la que habremos de tratar el texto ordenado, se resuelve cambiar esta norma, sin siquiera pasar por la estación de la mayoría absoluta de los miembros. O sea, de los dos tercios de los miembros se pasa a la simple mayoría, ya que aquí no dice más que "propuesta del Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura". Si no dice otra cosa, bastaría una mayoría simple, esto es, dieciséis miembros de la Legislatura sobre sesenta, para prestar acuerdo a quienes han de conducir las finanzas, la administración y la operación del Banco de la Ciudad.

Llama poderosamente la atención que esta norma aparece de modo simultáneo con otra que se refiere a la cesación de los mandatos de los funcionarios designados con acuerdo del Concejo Deliberante. Se trata de una norma que tendríamos que haber tratado antes, con el el Orden del Día N° 10 y que, por alguna razón, se ha ido al descenso, ya que la vamos a considerar al final de todo.

Debe haber alguna relación entre esas dos normas o quizás esta ocurrencia no es más que una conjetura personal. Pero cualquiera sea el motivo, la solución adoptada es errónea. El texto adoptado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda era correcto en su finalidad, pero no feliz en su expresión. Por eso en la Comisión de Redacción se cambió, incluso con consentimiento del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Ahora aparece este primer cambio de texto, que lamentamos que sea el que se ha decidido llevar adelante. A nuestro juicio había muchos textos que merecían una revisión. Hay algunos ya aprobados, que no han tenido éxito en cambiar sectores importantes de la comunidad, como aquellos que representan a quienes se dedican a la enseñanza privada y en especial, religiosa, que incluso han celebrado reuniones y se han movilizado en este sentido.

Se ha tenido más éxito en cambiar esto, que no parece responder al reclamo de ningún sector de la comunidad, por lo menos que yo tenga registrado.

Estamos yendo por mal camino. Debemos dejar esto como estaba, es decir, manteniendo el despacho originario o, en todo caso, volver a la expresión que no nos gustaba, pero que expresaba una finalidad pluralista del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. De lo contrario, se corre el grave riesgo de posibilitar que el jefe de Gobierno, con una mayoría que tal vez sea ocasional en el ámbito de la Legislatura, pueda poner a su antojo a los directores del Banco que sean de su agrado. No me parece una buena técnica.

No creo que haya que dificultar las designaciones, pero sí hay que profesionalizar el manejo de la institución financiera. Esto merecía por lo menos otro tipo de consideración.

Me parece lamentable que estemos cambiando un texto, que lo hagamos en esta materia, en perjuicio de la pluralidad y sin ningún fundamento razonable.

No interesa lo que las normas vigentes dicen al respecto. Estamos sancionando una nueva normativa para un nuevo régimen de autonomía, que antes no tenía la ciudad. Este nuevo régimen se caracteriza por la participación y el pluralismo. Esta es una norma regresiva.

Estamos dando marcha atrás a una solución acertada cometiendo un error y esto, atado al otro proyecto de cesación, que está también en el Orden del Día, no va a resultar bien acogido por la opinión pública.

Por ello exhorto, sugiero, pido, reclamo a los amigos convencionales que reflexionen y que dejemos como está el Despacho N° 41, ya que a estas horas seguramente el presidente de la Comisión de Redacción ya lo debe tener en el texto ordenado y vamos a crearle la tarea adicional de tener que sacarlo.

Por todo eso, el bloque justicialista no va a votar favorablemente este dictamen.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tengo la sensación de que se trata de la reconsideración de una resolución anterior, que para ser aprobada requiere una mayoría especial, según el reglamento del cuerpo.

En los papeles de la Presidencia, a continuación de este despacho figura el Orden del Día T. Nº 97 que no se perdió, como apuntaba el señor convencional Castells.

Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señor presidente: voy a hacer una reflexión.

Estamos tratando de ver cosas que no hay. No sé si a esta hora, después de tanto tiempo, nos hemos puesto susceptibles o desconfiados. En todo caso, no se trata de responder a ningún lobby ni a ningún cambio de opinión sino de ser coherentes. Porque el dictamen que se había aprobado en la comisión originaria hablaba de designación a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. No decía nada más. Luego la Comisión de Redacción le agregó "dos tercios", que fue aprobado en este recinto. Dos tercios es una mayoría que hemos sancionado, por ejemplo, para intervenir las juntas comunales o para sancionar el código electoral, la ley de partidos políticos, la que reglamenta la descentralización o para disolver entes descentralizados. Entonces, en la Comisión de Redacción se fijaron dos tercios y lo hemos votado al mismo nivel que este tipo de temas.

¿Por qué decía que debe existir coherencia? Porque al aprobar las atribuciones del Poder Legislativo, en el inciso 25 de un artículo se dice lo siguiente: "Otorga los acuerdos y efectúa las designaciones que le compete realizar siguiendo un procedimiento que garantice el ingreso del pliego pertinente en sesión pública, a partir de lo cual los ciudadanos podrán presentar observaciones o impugnaciones, las que deberán ser resueltas con carácter previo a la consideración del pliego; asegura la debida publicidad e información en todas sus etapas".

Nos estábamos refiriendo a los pliegos, es decir, a lo que ahora también se hace referencia en otro despacho. Pero en el despacho de la Comisión de Redacción sobre Poder Legislativo se establecía la mayoría simple, con lo cual habría contradicción entre dos textos dictados por esta Convención: en uno se decía mayoría simple y en otro se decía mayoría calificada de dos tercios.

Entonces, o somos incoherentes, y esto no lo resuelve nadie, o tenemos que dar coherencia al texto. Si lo hacíamos en la adecuación final, alguien podría decir que no...

Sr. Presidente (Shuberoff).- Convencional Ibarra: le solicitan una interrupción.

Sr. Ibarra.- No voy a conceder interrupciones. Ya termino.

A partir de esta situación decidimos este texto, que se discutió en la Comisión de Labor Parlamentaria y cuyo tratamiento se aprobó en el plan de labor. Sin embargo, atendiendo algunas argumentaciones del señor convencional Castells, propongo que explicitemos que se requiere la mayoría absoluta de la Legislatura.

La propuesta de redacción es la siguiente: "La conducción de los organismos que conformen el sistema se integrará a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo de la mayoría absoluta de la Legislatura", con lo cual se dará coherencia a los dos textos. Al decir "mayoría absoluta" no sancionaremos dos textos contradictorios. Esa es la única finalidad que se tuvo, no otra, a pesar de la desconfianza del señor convencional Castells. Esto no está atado a ningún otro texto. Simplemente se quiso evitar la contradicción entre dos textos sancionados por esta Convención.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez.

Sra. Pérez Suárez.- Señor presidente: simplemente quiero reafirmar y poner en claro algunas cosas para que los vecinos y quienes corresponda lo sepan.

En primer lugar, aquí se quiere cambiar un texto que ya se votó.

En segundo término, lo que se quiere modificar está vinculado con la designación de funcionarios, es decir, con cargos para los políticos. Este es un tema que interesa a los políticos y no a algún vecino. No he visto un solo vecino que viniera a pedir que se modificase lo que hoy se pretende modificar; no recibimos una sola carta diciendo "¿cómo han votado esto?"; no vino una sola persona a las gradas a plantear observaciones por sentirse agraviada por lo aprobado; no hubo una sola letra en los periódicos referida a que habíamos aprobado algo malo. Esto, señores convencionales, tiene que ver con los intereses de los políticos, por lo cual se quiere modificar. Es importante que destaquemos esto.

Aquí se habló de lobbies. Yo no llamo lobby al reclamo de distintos sectores de la sociedad que concurrieron a una reunión en la que estuvieron presentes los cuatro presidentes de bloque, la señora presidenta de la Convención y quien habla, donde distintas personas como Marcos Ronchino, representantes de la Iglesia Evangélica, israelitas, de Adepra y de distintos sectores de la sociedad reclamaron que se incluyera en el texto del Estatuto el derecho de los padres a elegir para sus hijos la educación de acuerdo con sus particulares concepciones de vida y de religión, como establece el Pacto de San José de Costa Rica. Hicieron el reclamo y padres de chicos que concurren a escuelas enviaron miles y miles de cartas a esta Asamblea, que todos recibimos en los bloques. Eso no es un lobby sino un reclamo concreto de la sociedad.

Parafraseando a la señora presidenta, tendría que decir que se insultó la inteligencia de estos señores que nos visitaron al explicárseles el procedimiento para la sanción de un texto, paso a paso: que se reúne la comisión, elabora el despacho, que se lo gira a la Comisión de Redacción y finalmente llega al plenario.

Digo que se insultó la inteligencia de estos señores porque respondieron que hasta ya conocían el debate dado que habían leído la versión taquigráfica.

Quiere decir que hubo un reclamo concreto al igual que otros que se hicieron. Pero sobre el tema que tratamos no hubo ninguno. Sin embargo, se propone modificarlo. Nadie quiere ser desconfiado, aunque sea tarde y de noche, que es cuando se debe serlo más aún. Pero lo que no se puede ser es hipócrita o idiota, porque generalmente cuando se es idiota no se vuelve del ridículo. Creer que esto no tiene relación con lo que vamos a considerar a continuación es ser una de esas dos cosas.

Entonces, quiero utilizar mi banca para poner en claro, con un lenguaje fácil, no para quienes estamos acá, que por supuesto lo entendemos aún sin hablar, sino para que la gente sepa y conste en la versión taquigráfica que estamos considerando y votando algo que nadie reclamó y que, sin embargo, hay una voluntad política para modificarlo.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Quiero señalar por si fuera necesario que la gente entendiera de qué se trata, que estamos en un trámite absolutamente regular y previsto por el reglamento del cuerpo en el Artículo 71, que precisamente contempla la posibilidad de modificar resoluciones anteriores.

Por otra parte, estamos considerando un despacho de comisión que tiene la firma de quince señores convencionales, lo cual mostraría que la cuestión despertó el interés de un número relevante de miembros de este cuerpo, equivalente al 25 por ciento.

Tiene la palabra el señor convencional Garré.

Sr. Garré.- Señor presidente: más allá de las explicitaciones que ha hecho la señora convencional Pérez Suárez, quiero decir que nos parece razonable la corrección que ha propuesto el señor convencional Ibarra al texto que consideramos.

Por lo demás, cedo la palabra al señor convencional Castells, que me ha pedido una interrupción.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Para una interrupción tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señor presidente: quiero agradecer al señor convencional Ibarra la deferencia que tuvo. Esta noche veníamos mal porque sinceramente en varios temas, no de naturaleza política sino estrictamente técnica, hemos encontrado alguna cerrazón por parte de las mayorías de hoy.

En este caso debemos reconocer que, por lo menos, hubo un gesto razonable, porque el consenso significativo alcanzado por treinta y un miembros de la Legislatura, es decir, la mitad más uno, otorgan una garantía de peso.

Por lo tanto, sin dejar de compartir plenamente las palabras de la compañera Pérez Suárez, vamos a acompañar la modificación formulada por el convencional Ibarra.

Agradezco y espero que esto sea el inicio de un camino de consenso, después de tantos desencuentros. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra la convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Habida cuenta del consenso existente no contestaré a las chicanas de la convencional Pérez Suárez y, en consecuencia, en representación de la Comisión de Redacción, me limitaré a aceptar la propuesta formulada por el convencional Ibarra, agregando luego de la palabra "sistema", el término "financiero".

De manera tal que el texto sería el siguiente: "La conducción de los organismos que conformen el sistema financiero se integra a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, el que debe prestarse por mayoría absoluta".

Sr. Presidente (Shuberoff).- Como el convencional Rodríguez no hará uso de la palabra y no hay más oradores inscriptos, se va a votar la moción de reconsideración.

Sr. Presidente (Shuberoff).- La moción de reconsideración fue aprobada por unanimidad.

En consideración el nuevo texto propuesto, que dice: "La conducción de los organismos que conformen el sistema financiero se integra a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, el que debe prestarse por mayoría absoluta".

Tiene la palabra el convencional Castells.

Sr. Castells.- Señor presidente: por su intermedio solicito a la vicepresidenta de la Comisión Redactora que reconsidere la inclusión de la palabra "financiero", porque debe recordar –tal vez tenga a mano el texto ordenado del proyecto– que todo este capítulo habla precisamente del "sistema financiero" y por eso fue que sólo se puso el término "sistema".

Por lo tanto, desde el punto de vista de la redacción creo que sería una obviedad agregar la palabra "financiero".

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra la convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Cuando se haga la compatibilización del texto se tendrá en consideración lo propuesto por el convencional Castells, pero como en este momento no hay ninguna otra referencia, estimo conveniente incluir el término "financiero", aunque cuando se compatibilice y concerte el texto, tal vez se lo suprima.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el texto tal como fue propuesto.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Queda aprobado por unanimidad.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición, sobre caducidad de designaciones políticas. (Orden del Día T. Nº 97)

Tiene la palabra el convencional Castells.

Sr. Castells.- Señor presidente: no quiero equivocarme, pero me parece que nuevamente estamos en una situación como la que se planteó cuando se trató el tema de las elecciones. Yo no encuentro el texto ni el dictamen...

Sra. Bullrich.- Se los alcanzo. (Risas.)

Sr. Castells.- Agradezco a la convencional Bullrich. Es posible que en este caso se haya invitado a firmar...

Sra. Lubertino.- El dictamen tiene la firma del convencional Arnedo Barreiro.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique) (Lee):

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor Castells.

Sr. Castells.- Alguno de los compañeros evidentemente lo suscribió, pero yo no lo hice, porque me parece que hay un problema técnico que quiero plantear.

El Artículo 1° dice: "A partir de la constitución de la Legislatura caducan todas las designaciones realizadas por cualquier administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires efectuadas con el acuerdo del Concejo Deliberante.

"En caso de vacancia, el Jefe de Gobierno los designará en comisión, ad referéndum de la Legislatura".

Hay una situación que no está contemplada, porque la designación en comisión ad referéndum de la Legislatura pareciera estar prevista para el caso previo a su constitución. Entonces, si esas designaciones caducan de pleno derecho a la fecha de su composición
–aunque acá dice a partir de ella–, me pregunto cuándo se cubre la vacancia.

Me parece más razonable –ésta es la propuesta concreta que hago– que una vez constituida la Legislatura y en un término que podría ser de treinta días –que de hecho es el mismo que le llevará prestar acuerdo a quien eventualmente proponga el jefe de Gobierno– se consideren y ratifiquen los acuerdos prestados por el Concejo Deliberante. Si no lo hace, a los treinta días caducan las designaciones y el jefe de Gobierno deberá proponer al reemplazante.

Tal como está la actual redacción, se está privando a la actual Legislatura de ratificar a algunos de los funcionarios designados con acuerdo del Concejo Deliberante.

En síntesis, no estamos en contra del fondo de la cuestión, pero me parece que hay una mala técnica de redacción, que podría mejorarse a fin de dar a la Legislatura una facultad que evitaría la intervención del jefe de Gobierno, porque aquel cuerpo tendría la posibilidad de ratificar el acuerdo y, en consecuencia, no haría falta una nueva designación por parte del jefe de Gobierno.

Por lo tanto, proponemos una redacción alternativa, que podría ser más o menos así: "La Legislatura, dentro de los treinta días de su constitución, procederá a considerar los acuerdos prestados por el Concejo Deliberante para la designación de funcionarios. Si dentro de ese plazo los ratificara, quedarán confirmados. De lo contrario, el jefe de Gobierno deberá proceder a cubrir los cargos vacantes".

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra la convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señor presidente: quiero señalar que planteamos –y en todo caso la norma se debería redactar nuevamente si no está clara– que la vacancia es previa a la existencia de la Legislatura, porque una vez que ella esté constituida, el jefe de Gobierno no podrá nombrar a nadie más que a los funcionarios que requieran su acuerdo. Si este aspecto no ha quedado suficientemente claro, podríamos pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas para consensuar una mejor redacción.

Sostenemos que en el supuesto caso de que mañana, no habiendo Legislatura, se produjese una vacancia, debería ser cubierta por designación del jefe de Gobierno. Pero una vez constituida la Legislatura, no hay duda de que el jefe de Gobierno no podrá efectuar designaciones.

Tal vez habría que aclarar la redacción. Es decir, en el párrafo donde dice: "En caso de vacancia, el jefe de Gobierno los designará en comisión..." , habría que agregar: "antes de que la Legislatura esté reunida".

Cuarto intermedio

Sra. Bullrich.- Propongo un cuarto intermedio de tres minutos, con permanencia en las bancas, a fin de arreglar la redacción.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Se va a votar la moción de cuarto intermedio formulada por la convencional Bullrich.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Pasamos a cuarto intermedio.

Reanudación de la sesión

Sr. Presidente (Shuberoff).- Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Señor presidente: el texto consensuado dice así: "A partir de los 30 días corridos de constituida la Legislatura caducan todas las designaciones realizadas por cualquier administración del gobierno de la ciudad de Buenos Aires efectuadas con el acuerdo del Concejo Deliberante, salvo que en ese plazo hubieran sido ratificadas por la Legislatura a pedido del Ejecutivo. En caso de vacancia previa a la constitución de la Legislatura, el jefe de gobierno designa al reemplazante en comisión, ad referéndum de aquella".

El último artículo queda tal como está redactado, salvo que donde dice "continuarán" debe decir: "continúan".

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señor presidente: deseo dejar aclarado que con esa redacción queda zanjada nuestra inquietud.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra el señor convencional Riopedre.

Sr. Riopedre.- Señor presidente: me parece que cuando se hace referencia a la ratificación por parte de la Legislatura, debería aclararse que se trata de las designaciones. De lo contrario, creo que no se entiende de qué estamos hablando.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra el señor convencional Ibarra.

Sr. Ibarra.- Creo que no hace falta ninguna aclaración adicional, ya que se entiende que se refiere a las designaciones.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto con las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Queda aprobado el texto.

Artículo ....- A partir de los 30 días corridos de constituida la Legislatura caducan todas las designaciones realizadas por cualquier administración del gobierno de la ciudad de Buenos Aires efectuadas con el acuerdo del Concejo Deliberante, salvo que en ese plazo hubieran sido ratificadas por la Legislatura a pedido del Ejecutivo.

Sr. Rodríguez.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Señor presidente: creo que podríamos desmentir al diario Clarín, que ayer publicó que el tratamiento de este tema iba a provocar un escándalo. Parece que quien le pasó la información no previó que nos íbamos a poner de acuerdo, como afortunadamente sucedió. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Shuberoff).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición por el que se aconseja la aprobación de una cláusula transitoria relacionada con la duración de mandatos contenido en el Orden del Día T. Nº 2.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

Sr. Presidente (Shuberoff).- En consideración en general.

Se va a votar.

Sr. Presidente (Shuberoff).- En consideración en particular.

Tiene la palabra la señora convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señor presidente: este proyecto de texto, que fue firmado en disidencia por el bloque de Nueva Dirigencia, plantea a nuestro entender una cuestión bastante confusa. En efecto, nos parece que no es correcto dar a la Legislatura la capacidad de modificar la duración de los mandatos de ese mismo cuerpo y del Poder Ejecutivo. Consideramos que se trata de una tarea de esta Convención Constituyente. De lo contrario, la Legislatura podría modificar mandatos de cualquier manera, si bien está claro que el texto dice que es por única vez.

En procura de que las elecciones nacionales en algún momento coincidan con las de la ciudad, hemos propuesto una cláusula transitoria por la que se dispone que el segundo mandato del jefe de Gobierno y de la Legislatura se extienda del 6 de agosto del año 2000 hasta el 10 de diciembre de 2003. De esa manera se podría conseguir que para 2003 se unifiquen las elecciones de la ciudad de Buenos Aires con las nacionales.

Si la Legislatura decidiera no unificar las elecciones, el contenido de la cláusula en consideración quedaría totalmente distorsionado.

Por otro lado, no nos parece correcto como técnica de redacción constitucional otorgar a la Legislatura la capacidad de modificar mandatos de otro poder, ya sea para alargarlos o acortarlos.

Por eso quisiéramos que se discuta unos minutos más esta cláusula, que quizás haya sido redactada entre todos en forma apurada, para ver si podemos consensuar un sistema más prolijo.

Tal como se ha aprobado en otro dictamen, vamos a tener una primera Legislatura con un mandato de poco más de dos años. Ahora propiciamos dejar en manos de la Legislatura decisión de tanta envergadura como la duración de los mandatos.

Nos parece necesario dedicar unos minutos de discusión a la búsqueda de un acuerdo un poco más acabado, para no delegar en la Legislatura un tema central. Esta cuestión de los mandatos debería incluirse en las cláusulas transitorias, que como bien lo dice el nombre de la comisión son cláusulas de transición y de gobernabilidad. La gobernabilidad justamente se plantea con la previsibilidad. Si hoy prevemos cómo van a ser los términos de los mandatos, estamos dando a la ciudad la capacidad de organizar sus propias instituciones.

Reitero la inconveniencia de dejar que este asunto lo decida la Legislatura, no porque en principio no merezca considerarlo, sino porque puede ocurrir que decida acortar su propio mandato y el del Poder Ejecutivo, lo cual no nos parece correcto.

Por estas razones, la alternativa que planteamos es solucionar esta cuestión aquí y aprobar una cláusula que contenga la previsión a la que hice referencia.

Sr. Presidente (Shuberoff).- ¿Hay alguna propuesta de texto redactada?

Sra. Bullrich.- Sí, señor presidente. La propuesta de texto de cláusula transitoria es la siguiente: "El segundo mandato del Poder Ejecutivo y de la Legislatura durarán desde el 6 de agosto de 2000 al 10 de diciembre de 2003". En este caso no habrá renovación parcial.

Además de proponer un texto alternativo, intentamos buscar un acuerdo entre los distintos bloques para tratar de coincidir en una redacción.

En caso de que esto no fuese así y no podamos llegar a un acuerdo, tenemos otra propuesta.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra el señor convencional Bruno.

Sr. Bruno.- Señor presidente: sin perjuicio de encontrar un acuerdo como propone la convencional preopinante, quiero sugerir algunas modificaciones al texto del despacho que nos ha llegado, al solo efecto de hacerlo más claro.

En ese sentido, me parece que la redacción que habla del "siguiente jefe de Gobierno, vicejefe y el de los legisladores", podría habilitar a pensar que, al mencionar a los legisladores no se refiera a los siguientes sino a los que están en ejercicio en ese mismo momento.

De manera que, para solucionar ese problema, propongo que, en lugar de la frase "del siguiente jefe de Gobierno, etc.", diga "del próximo jefe y vicejefe de Gobierno y el de los legisladores del próximo período". Y también, por un acuerdo que me dicen se ha logrado, en lugar de decir "los primeros 18 meses" que diga "durante sus primeros 12 meses".

De manera que el texto completo del artículo quedaría de la siguiente forma: "La primera Legislatura podrá, por única vez, y durante sus primeros doce meses de sesiones, modificar la duración de los mandatos del próximo jefe y vicejefe de Gobierno y el de los legisladores del próximo período con el fin de hacer coincidir las elecciones de autoridades de la ciudad con la de las autoridades nacionales". La ley deberá sancionarse con la mayoría de dos terceras partes de los miembros.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señor presidente: sin perjuicio de que los restantes compañeros de los bloques que integran la Comisión de Redacción hayan suscripto el despacho en consideración, voy a intentar –un poco a partir de la exhortación de la convencional Bullrich y teniendo en cuenta que, en términos generales, no hay conformidad con esta previsión– buscar una solución.

Creo que esa solución pasa por determinar, en cuanto al mandato de la primera Legislatura, que sea de cuatro años, con la salvedad de que la mitad de sus miembros concluyan a los dos años y se renueven cada dos años, a través de un procedimiento que se determinará, por sorteo o como resuelva el propio cuerpo. Y que el mandato del segundo jefe de Gobierno dure tres años.

De este modo, las elecciones de la primera Legislatura se harían en 1997; en 1999 se renovaría la mitad de sus miembros; en 2000 habría solo una elección para jefe de Gobierno que tendría un mandato por tres años. En 2003, la elección de los legisladores se pondría en paralelo con la del jefe de Gobierno, y ambas en paralelo con las elecciones nacionales.

Esto le evita a la población de la ciudad votar todos los años y tiende a concentrar la opinión política en un momento electoral. Además, hace que no haya tanta demora en normalizar el funcionamiento de la Legislatura.

Cuando conversé con algunos convencionales esta propuesta, se me objetó que tal vez podría dificultar la modificación de un sistema electoral que aspirábamos que ya constara en el texto del Estatuto y que, lamentablemente, queda pendiente para una ley electoral. Esto no lo dificulta porque la renovación, en caso de prosperar una propuesta como la que formulamos de sistema mixto, se puede hacer por un procedimiento muy sencillo.

En la primera renovación votarán los vecinos de algunas de las alcaldías o comunas que hemos propuesto –digamos la mitad–, y el resto estará constituido por la mitad de los que se eligen por distrito único.

En síntesis, se puede compatibilizar perfectamente la propuesta que estoy formulando con la reforma del sistema electoral, y la única salvedad es que hay que abreviar el mandato del segundo jefe de Gobierno.

Esto es porque creemos y consideramos –lo hemos oído personalmente– que el actual jefe de Gobierno no aceptaría una extensión de su mandato a cinco años, lo que solucionaría todo. Nosotros estaríamos absolutamente dispuestos a dar al doctor de la Rúa un año más de mandato, pero él se resiste estoicamente y por eso tenemos que buscar otro camino para resolver este problema.

Esa es la propuesta que espero se pueda considerar y que creo resuelve el problema. De no prosperar esta proposición, vamos a acompañar, como los demás compañeros de bloque, el despacho en consideración.

Simplemente, nos interesaba formular esta propuesta porque no podemos dejar de señalar una cierta satisfacción. Cuando se trató el tema del Poder Legislativo hace dos o tres días –ya ni me acuerdo porque los días aquí son todos casi iguales–, al votarse la cláusula transitoria, me pareció que estábamos separando definitivamente los años de las elecciones nacionales de los de las elecciones locales, y que estábamos obligando a los vecinos a votar todos los años. De esto queda constancia en la versión taquigráfica. Veo que se ha tomado conciencia del problema, que nació de un erróneo despacho de la Comisión de Poder Legislativo, y que por lo menos se está buscando un camino de solución que no creo sea el mejor. Considero que es mejor la propuesta que formulé y por eso la dejo como un aporte a la discusión.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Por Secretaría se tomó nota de su propuesta.

Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señor presidente: tal vez tenga razón la convencional Bullrich y no sea lo mejor establecer normas que otorguen a la Legislatura la facultad de modificar los mandatos de los mismos legisladores o, en este caso, de los legisladores del período siguiente y del jefe de Gobierno, pero, después de haber discutido mucho el tema en nuestro bloque y haberlo consultado con otros bloques, pensamos que ésta es la menos mala de las opciones que se plantean.

No nos parece razonable que en el texto de la Constitución, y con toda urgencia, estemos estableciendo la duración del mandato del segundo jefe de Gobierno y de los legisladores del segundo período.

Entendemos que puede haber muchas circunstancias que hoy resultan difíciles de prever. No sabemos todavía cuál va a ser el sistema electoral, no tenemos en claro cuál va a ser el método de renovación parcial de la Legislatura, y nos parece que no sería lo más prudente que en el texto de la Constitución avancemos sobre esas cuestiones porque entendemos que se trata de una facultad que debe ser administrada con un criterio de excepcionalidad. Por eso se establece que por única vez podrá ser la Legislatura la que lo haga, y se fija una mayoría especial de dos tercios.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Señor presidente: teniendo en cuenta que la Constitución ha fijado los mandatos, una delegación a la Legislatura podría llegar a ser inconstitucional. Si no se encuentra el remedio constitucional, va a ser muy difícil la unificación, porque hemos dicho que el mandato es de cuatro años, y la Constitución no podría delegar en la Legislatura el establecimiento de plazos distintos. Entonces, lo fijamos en esta Constitución o desgraciadamente quedará así para siempre, porque sería muy riesgoso delegar una facultad que es propia, ya que así lo hemos determinado en una norma principal de la Constitución.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señor presidente: en nombre de la Comisión de Redacción debo decir que vamos a receptar una de las propuestas, la que ha hecho el señor convencional Bruno con leves modificaciones, y que haremos otro agregado.

El texto definitivo sería el siguiente: "La primera Legislatura puede, por única vez, y durante los primeros doce meses desde su constitución, modificar la duración de los mandatos del próximo jefe de Gobierno, el de su vicejefe y el de los legisladores del próximo período, con el fin de hacer coincidir las elecciones de autoridades de la ciudad con las de las autoridades nacionales. Dicha ley debe sancionarse con la mayoría de dos terceras partes de los miembros del cuerpo".

Sr. Presidente (Shuberoff).- Tiene la palabra la señora convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- ¿Para un planteo de este tipo vamos a exigir las dos terceras partes de los miembros? ¿No sería conveniente establecer las dos terceras partes del total de los miembros?

Sr. Presidente (Shuberoff).- La Presidencia entiende que cuando se habla de los miembros se refiere al total.

Sra. Bullrich.- Justamente, esa es la eterna discusión.

Sra. Lubertino.- Entonces quedaría: "...del total de los miembros del cuerpo".

Sr. Presidente (Shuberoff).- Cuando nos referimos a las mayorías exigidas hablamos de dos tercios de los presentes o de dos tercios de los miembros; al decir "dos tercios de los miembros", implica hablar de todos los miembros. De cualquier forma, la comisión acepta que la cláusula exprese: "Dicha ley debe sancionarse con la mayoría de dos terceras partes del total de los miembros del cuerpo". Éste es el texto que vamos a someter a votación.

Tiene la palabra la señora convencional Bullrich.

Sra. Bullrich.- Señor presidente: deseo proponer como segundo artículo el siguiente texto: "El segundo mandato de la Legislatura no se computará a los efectos de la reelección". Formulo esta propuesta porque los primeros legisladores de la ciudad durarán en sus mandatos por un período de dos años y cuatro meses, y si se cumple la cláusula que acabamos de votar tendrán un período un poco más extenso. Pero si tenemos en cuenta que en el caso de los legisladores hay dos períodos, luego de los cuales no podrán ser reelectos, en el de los primeros legisladores se daría una situación de injusticia respecto de otros legisladores, ya que cumplirían un mandato de dos años y medio y un segundo mandato de cuatro años.

Sr. Presidente (Shuberoff).- ¿La comisión acepta la propuesta efectuada por la señora convencional Bullrich?

Sra. Lubertino.- No, señor presidente.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Se va a votar el texto con la modificación propuesta y aceptada por la comisión.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Queda aprobado el texto.

Artículo ...- "La primera Legislatura puede, por única vez, y durante los primeros doce meses desde su constitución, modificar la duración de los mandatos del próximo jefe de Gobierno, el de su vicejefe y el de los legisladores del próximo período, con el fin de hacer coincidir las elecciones de autoridades de la ciudad con las de las autoridades nacionales. Dicha ley debe sancionarse con la mayoría de dos terceras partes de los miembros del Cuerpo".

Sr. Presidente (Shuberoff).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto de cláusula transitoria referente a las disposiciones de la Ley 19.987.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

Sr. Presidente (Shuberoff).- En consideración en general.

Se va a votar.

Sr. Presidente (Shuberoff).- En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señor presidente: creo que vamos a cometer un grave error en contra de la reafirmación de la autonomía que estamos estableciendo. Digo esto porque la Ley 19.987 es la ley orgánica municipal, que corresponde a otro régimen; casi diría que corresponde a otra ciudad. Hay razones prácticas que obligan a mantener hasta cierto momento la vigencia de algunas normas, que tienen que ver con la continuidad de algunos órganos que se crean por medio de esa ley, los que serán sustituidos por los nuevos órganos de la ciudad autónoma.

Por lo tanto, había que hacer un trabajo –justamente es lo que hicimos– consistente en ver hasta dónde tendrían vigencia cada uno de los artículos de la Ley 19.987. Debo decir que algunos integrantes de la Comisión de Redacción nos dedicamos a esa tarea. Y aquí tengo que poner el acento en manifestar que una vez más la señora convencional Barbagelata dio muestras de capacidad y de voluntad de trabajo, lo que quizá no pueda decirse de todos. Efectivamente, junto con la citada convencional realizamos un trabajo de hormiga, que consistió en leer la ley artículo por artículo e inciso por inciso, llegando a interesantes conclusiones y proyectando un texto que luego fue distribuido en todos los bloques y que, incluso, se leyó en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.

Curiosamente, hoy sentimos que nuestro trabajo fue inútil, porque algún bloque –no vale la pena decir cuál– señaló que no había tenido tiempo de realizar la misma labor que nosotros sí hicimos. Por ese motivo, en lugar de aprobarse un texto preciso, que no necesariamente tiene que ser el mismo que elaboramos con la señora convencional Barbagelata, pero que especificara hasta cuándo está vigente cada norma, se pone en consideración del Cuerpo algo que no es más que una fuente de conflictos. Adelanto –no quiero ser agorero– que la redacción que se ha puesto en consideración, que indica: "Las disposiciones de la Ley 19.987 y modificatorias, mantienen su vigencia en tanto no sean contrarias al presente texto constitucional", es tan ambigua e insuficiente y puede dar lugar a tantos equívocos que estoy seguro de que va a ser una interminable fuente de conflictos institucionales.

Habiendo tantos abogados como hay en los ámbitos del Gobierno de la Ciudad, no me cabe duda, siendo algunos de ellos profesionales de buena fe y otros no tanto, que van a recurrir a esta norma para aplicar o no las normas que prevé la Ley 19.987 según convenga a sus intereses personales o de círculo.

Creo que no podemos dejar de tener en cuenta una norma con el solo pretexto de que no hubo tiempo para estudiarla aquí.

Señor presidente, aquí tengo el texto y voy a solicitar que se inserte en el Diario de Sesiones para no demorar. Simplemente, voy a decir cuál era su estructura. Decíamos que las disposiciones de la Ley 19.987 quedaban, en principio, todas derogadas porque la idea era que se derogue todo el régimen municipal y no una parte. Algunas se derogan ya, otras cuando se constituya la Legislatura, otras cuando se constituya la Justicia Contravencional, otras al elaborarse el Código en lo Contencioso Administrativo, otras cuando se constituya el Tribunal Superior, y solamente las que se refieran a los recursos de la ciudad –ésta es una materia seria y grave– mantienen su vigencia hasta que la Legislatura las derogue.

En este texto está todo escalonado y clasificado. Por supuesto, podríamos discutir esta clasificación, pero era un trabajo serio y detallado. Este trabajo queremos que conste en el Diario de Sesiones.

En este despacho que hoy se somete a consideración lo único que rige es la ambigüedad. Insisto en que estamos dando un paso sumamente erróneo o, por lo menos, desaprovechando una tarea seria y bienintencionada sin más argumentos en contra que decir: "¿y si nos olvidamos de alguna?" Porque éste es el único argumento que se dijo: ¿si surge algún problema? ¿si se crea algún vacío? En realidad, quienes tuvimos la dedicación, hoy siento que inútil, para hacer el trabajo, ya habíamos, por lo menos, intentado con buen criterio detectar todas las normas.

En síntesis, me limito a plantear que no vamos a votar afirmativamente. Por eso no hemos firmado el despacho de esta cláusula transitoria. No por ninguna razón política sino por una razón de técnica jurídica. Está mal hecha y va a ser, como ya dije, fuente de conflicto.

Sr. Presidente (Shuberoff).- Me permito señalar, independientemente de lo que el Cuerpo resuelva acerca de la cuestión, que el texto, tal cual está planteado en el despacho, casi está sugiriendo la elevación al rango de texto constitucional de la Ley Orgánica Municipal, porque dice que mantiene su vigencia en tanto no sean contrarias al presente texto constitucional, lo que podría implicar que ni siquiera podría ser derogada por una ley de la Legislatura. Si se pretende decir esto, habrá que expresarlo de modo que no implique el riesgo de considerar inamovible estas normas.

Tiene la palabra el señor convencional Jozami.

Sr. Jozami.- Señor presidente: su interpretación nos confirma la necesidad de realizar una aclaración en el texto, lo cual, precisamente en estos momentos estábamos conversando con los compañeros de bloque. Se tendría que agregar: hasta tanto y en cuanto no sean contrarias a esta Constitución, o no sean derogadas, o hasta que sean derogadas por la Legislatura.

Cuarto intermedio

Sr. Jozami.- Solicito un cuarto intermedio de dos minutos en las bancas, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Si hubiere asentimiento, así se hará.

Sra. Presidenta (Meijide).- Invito a los señores convencionales a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas.

Reanudación de la sesión

Sra. Presidenta (Meijide).- Continúa la sesión.

Tiene la palabra la señora convencional Lubertino.

Sra. Lubertino.- Señora presidenta: como se trata de una norma complementaria del texto de la Constitución vamos a proponer que mañana, cuando la Comisión de Redacción haga la revisión final del texto ordenado, se busque una fórmula que contemple las dificultades que ahora tenemos.

Por lo tanto, proponemos que se postergue el tratamiento de este tema.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señora presidente: no quiero contradecir a la señora convencional Lubertino, porque además hemos estado recién en la misma reunión. Pero me pareció –y pido a la señora convencional Lubertino, por su intermedio, que me diga si es correcto o no– que habíamos quedado en trabajar luego sobre esta norma, pero votando ahora el despacho con una redacción que diga que queda derogada toda norma que se oponga a la presente Constitución, utilizando el término que ustedes emplean.

Creo que esto no se contradice sino que por el contrario se complementa con lo señalado por la señora convencional Lubertino. Concretamente propongo que el despacho de hoy se vote en estos términos: "Quedan derogadas todas las normas que se oponen a la presente Constitución". Esto sería lo que hoy estaríamos en condiciones de votar.

Sin perjuicio de ello, mañana deberíamos realizar el trabajo de revisar –como lo hemos hecho ya con la señora convencional Barbagelata– las disposiciones de la Ley 19.987 para agregar luego, en ocasión de votar el texto ordenado final, la disposición correspondiente.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Señora presidenta: sólo quería proponer un texto en el mismo sentido, pero a mi juicio más preciso, que sería el siguiente: "A partir de la sanción de esta Constitución quedan derogadas todas las normas que se le opongan".

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿El señor convencional Castells está de acuerdo con esta redacción?

Sr. Castells.- Sí, señora presidente.

Sra. Presidenta (Meijide).- ¿La señora convencional Lubertino está de acuerdo?

Sra. Lubertino.- No, señora presidenta. No voy a aceptar las redacciones propuestas porque son obvias. En segundo lugar, si lo que queremos es que hoy se busque la redacción correcta, no entiendo por qué se está forzando ahora una norma que luego debería ser revisada.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Bruno.

Sr. Bruno.- Señora presidenta: la redacción que acaba de enunciar el señor convencional Rodríguez, en coincidencia con la sugerida por el señor convencional Castells, es precisamente lo que habilitará a la Comisión de Redacción para trabajar en el texto. De lo contrario no podría abocarse a ello.

De modo que con esa norma de contenido general la Comisión de Redacción quedará habilitada para avanzar en su correcta formulación.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Inchausti.

Sr. Inchausti.- Señora presidenta: manifiesto el apoyo del bloque de la Unión Cívica Radical a la fórmula propuesta por el señor convencional Rodríguez, sustentada también con buenos argumentos por el señor convencional Bruno.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar con la modificación propuesta.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado el texto.

Artículo.- "A partir de la sanción de esta Constitución quedan derogadas todas las normas que se le opongan."

Sr. Orlandi.- Pido la palabra para formular una moción.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Orlandi.

Sr. Orlandi.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento a efectos de que el cuerpo considere sobre tablas un proyecto que obra en la mesa de Secretaría, por el que se dispone la preservación de este recinto en el que hemos sesionado durante todos estos días, y en el que en momentos más vamos a aprobar el preámbulo de la naciente Constitución, a fin de que no sea desarmado con la misma velocidad con que se armó, como si fuera un mero set televisivo, y se pueda donar a la futura Legislatura para que le dé destino y lo pueda reconstruir en algún lugar de la ciudad con valor histórico.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar la moción de apartamiento del Reglamento formulada por el señor convencional Orlandi.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobada la moción.

Se va a votar si se trata sobre tablas. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

Sra. Presidenta (Meijide).- Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

La Convención Constituyente

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobada la resolución. (Aplausos.)

Sra. Pérez Suárez.- Pido la palabra para una moción.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra la señora convencional Pérez Suárez.

Sra. Pérez Suárez.- Señora presidenta: formulo moción para que el Cuerpo se aparte de las prescripciones del Reglamento a efectos de considerar sobre tablas un proyecto de resolución por el que se solicita autorización a la Biblioteca Nacional para colocar en el hall de entrada del edificio una placa recordatoria de la labor de esta Convención Constituyente.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar la moción de apartamiento del Reglamento formulada por la señora convencional Pérez Suárez.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobada la moción.

Se va a votar si se trata sobre tablas. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

Sra. Presidenta (Meijide).- Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flamarique).- (Lee):

La Convención Constituyente

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en general.

Se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor convencional Bruno.

Sr. Bruno.- Señora presidenta: adhiero completamente al proyecto presentado. Simplemente deseo pedir una modificación a la fecha de inicio que habrá de consignarse en la placa recordatoria, ya que en lugar del 2 de agosto –fecha de la primera sesión plenaria– debería establecerse la del 22 de julio, que fue cuando efectivamente comenzamos a trabajar en este edificio.

Sra. Presidenta (Meijide).- Con la modificación propuesta, se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobada la resolución. (Aplausos.)

Articulo 1°.- Solicitar autorización a las autoridades de la Biblioteca Nacional para colocar en el hall de entrada del edificio una placa recordatoria conteniendo el texto y los datos que a continuación se consignan:

Sr. Carella.- Pido la palabra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Carella.

Sr. Carella.- Señora presidenta: pido un voto de aplauso al personal del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación que colaboraron con nosotros durante estas jornadas, dando una prueba más de su eficiencia, dedicación y gentileza, que han trascendido las obligaciones que tienen en sus funciones.

Por eso pido un voto de aplauso para ellos, que lo tienen merecido.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Enríquez.

Sr. Enríquez.- Señora presidente: en sentido análogo al propuesto por el señor convencional Carella, agradezco y pido que esta Convención también exprese su reconocimiento a todos los asesores, secretarios y empleados de las comisiones y los bloques por la eficiencia con que se han desempeñado y su contracción al trabajo.

Para ellos también pido un aplauso, porque durante varios días –como hoy– se han quedado hasta horas de la madrugada. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Castells.

Sr. Castells.- Señora presidente: han colaborado también con nosotros taquígrafos del Concejo Deliberante y asesores y funcionarios de esa institución. Vaya para ellos también nuestro aplauso. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- La Presidencia propone que antes de pasar a la consideración del Preámbulo, se autorice a incorporar todas las inserciones que se han solicitado hasta este momento, así como las que se soliciten –con legítimo derecho– con respecto a aquél.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se procederá en consecuencia.

Sra. Presidenta (Meijide).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en el proyecto de texto producido por la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías sobre Preámbulo (Orden del Día T. N° 91), que procederé a leer: "Los representantes del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, reunidos en Convención Constituyente por imperio de la Constitución Nacional, integrando la Nación en fraterna unión federal con las provincias, con el objeto de afirmar su autonomía, organizar sus instituciones y promover el desarrollo humano en una democracia fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y los derechos humanos, reconociendo la identidad en la pluralidad, con el propósito de garantizar la dignidad e impulsar la prosperidad de sus habitantes y de las mujeres y hombres que quieran gozar de su hospitalidad, invocando la protección de Dios y la guía de nuestra conciencia sancionamos y promulgamos la presente Constitución como Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires". (Aplausos prolongados.)

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sra. Presidenta (Meijide).- Queda aprobado por unanimidad.

Los representantes del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, reunidos en Convención Constituyente por imperio de la Constitución Nacional, integrando la Nación en fraterna unión federal con las provincias, con el objeto de afirmar su autonomía, organizar sus instituciones y promover el desarrollo humano en una democracia fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y los derechos humanos, reconociendo la identidad en la pluralidad, con el propósito de garantizar la dignidad e impulsar la prosperidad de sus habitantes y de las mujeres y hombres que quieran gozar de su hospitalidad, invocando la protección de Dios y la guía de nuestra conciencia sancionamos y promulgamos la presente Constitución como Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Carella.- Pido la palabra.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Carella.

Sr. Carella.- Señora presidenta: nuestro bloque tuvo una disidencia parcial con respecto a este texto, motivo por el cual deseo hacer un breve comentario.

Pido entonces por su intermedio a la Convención Constituyente que me permita hacer uso de la palabra por segunda vez, ya que quiero expresarme en virtud del consentimiento que me otorgue el Cuerpo y no debido al uso de mis facultades, que me permitirían hacerlo.

Sra. Presidenta (Meijide).- Se va a votar si se acuerda el uso de la palabra al señor convencional Carella.

Sra. Presidenta (Meijide).- Ha resultado afirmativa por unanimidad.

Tiene la palabra el señor convencional Carella.

Sr. Carella.- Señora presidenta: agradezco por su intermedio a la Convención Constituyente el gesto que ha tenido conmigo.

Deseo hacer a esta altura del día –porque creo que ya estamos diciendo que "Febo asoma, ya sus rayos iluminan este histórico solar", como podríamos llamarle– la siguiente observación: tenemos que superar algunas calidades que a veces caracterizan a los políticos, que a veces no son buenas. Son aquellas que nos llevan a negociar cosas menores o a preocuparnos por cosas mayores, olvidándonos de la trascendencia que tienen algunos actos. Y creo que este es un acto trascendente.

La observación menor, a pesar de que políticamente podría ser mayor, es que se habla de Constitución cuando nosotros hemos hablado de Estatuto Organizativo en el Preámbulo. En tal sentido, hemos respetado el Artículo 129 de la Constitución Nacional.

Pero esta observación queda superada por el hecho de que sostenemos –con respecto a lo que siempre se ha venido mencionando en los diarios– a Dios como fuente de toda razón y justicia, en oposición a aquellos que no lo sostienen. Con el espíritu ecuménico que nos caracteriza hemos aceptado englobar dentro del concepto de protección de Dios y la guía de nuestra conciencia a toda la sociedad argentina y a la de Buenos Aires. Fundamentalmente, a una sociedad en la que los creyentes son la mayor parte y los agnósticos o ateos la minoría. Pero en esta Constitución hemos receptado ambos principios.

Hemos englobado lo sustancial y rechazado –recordando al convencional Brailovsky y al Dante– los disvalores fundamentales, que no deben prevalecer en esta Constitución y que están en los libros séptimo, octavo y noveno del "Infierno" del Dante, que son el fraude, la violencia y la traición.

Justamente porque estamos en contra de estos disvalores hacemos esta Constitución, porque estamos a favor del respeto del ser humano, de la dignidad y del desarrollo humano, como dijo el señor convencional Rodríguez.

Nuestro disenso es absolutamente formal; no es sustancial, porque quienes creemos que Dios es fuente de toda razón y justicia entendemos que Dios también está presente en quienes no lo creen. Así lo admitimos y lo toleramos. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Finvarb.

Sr. Finvarb.- Señora presidenta: evidentemente, la limitación del tiempo que surge de la ley de convocatoria, el seguramente involuntario incumplimiento de los horarios de inicio de las sesiones, los acuerdos arribados en las reuniones de labor parlamentaria respecto de la cantidad de oradores por bloque y con respecto al tiempo de exposición, siempre violados, y el acuerdo que amablemente nos hicieron saber en los bloques para que no tratemos de convencer al resto de los convencionales, nos obliga a pedir una inserción con relación a un tema que hubiera merecido declarar libre el debate.

Mi exposición iba a estar basada en textos de Rafael López Jordán –un sacerdote jesuita–, de Pablo VI, de Pío XII y de Juan XXIII. Mi opinión iba a ser en favor de un Preámbulo absolutamente laico.

Reitero entonces que pido se inserte lo que pensaba decir al respecto. Me acompañan en dicha inserción los convencionales Raúl Puy, Héctor Alfredo Bravo y Mabel Piñeiro. Solicito a su vez la inserción de un artículo de Ámbito Financiero. ^*

Sra. Presidenta (Meijide).- La Presidencia informa que el Cuerpo ya ha autorizado que los señores convencionales hagan las inserciones que deseen.

Tiene la palabra el señor convencional Santa María.

Sr. Santa María.- Señora presidenta: como presidente de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías quiero agradecer la colaboración recibida de todo el personal que nos acompañó. Este agradecimiento lo hago extensivo a los señores convencionales que participaron de las distintas reuniones.

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Arenas.

Sr. Arenas.- Señora presidenta: también voy a solicitar la inserción de mi exposición. ^*

Sra. Presidenta (Meijide).- Tiene la palabra el señor convencional Oviedo.

Sr. Oviedo.- Señora presidenta: en homenaje al pueblo argentino y al de la ciudad, al que representamos, propongo que entonemos las estrofas del Himno Nacional.

Sra. Presidenta (Meijide).- Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

Director del Cuerpo de Taquígrafos