Los más desamparados volverán a tener un asesor tutelar

Gracias a una decisión judicial, el Asesor Tutelar Gustavo Moreno, encargado de defender a menores e incapaces, podrá volver a ejercer sus funciones, después de que su superior en el Ministerio Público porteño había limitado su accionar en junio pasado.

(INFOCIVICA, 2 de febrero de 2004).- El Asesor Tutelar de Menores, Gustavo Moreno, podrá volver a ejercer sus funciones en la Ciudad de Buenos Aires, tras siete meses de haber estado impedido de cumplir su tarea de defender a niños, jóvenes e incapaces, por una decisión de su superior en el Ministerio Público porteño. Así lo resolvió el juez Fernando Juan Lima, al concederle una medida cautelar a fines de diciembre, que suspende lo dispuesto por el Asesor General, Roberto Cabiche, hasta que haya sentencia definitiva en la causa.

Tras la feria judicial de enero, Moreno le envió hoy la resolución de Lima a Cabiche, quien tiene cinco días para apelar la medida. De hacerlo, el juez decidirá con qué efectos concede la apelación. En estos casos, lo habitual es que el recurso no afecte la medida cautelar, con lo cual Moreno recobraría sus funciones inmediatamente.

El accionar de Moreno se vio seriamente limitado, el 12 de junio pasado, a raíz de dos resoluciones firmadas por Cabiche, que le quitaron la posibilidad de actuar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario - un derecho básico de su cargo - y establecieron que cada acción judicial que quisiera interponer, debía elevarla previamente a su consulta, así como cualquier requerimiento a alguna autoridad administrativa. El Asesor General le había a Moreno, además, relacionarse institucionalmente con cualquier autoridad del Gobierno de la Ciudad, en particular con el Consejo de los Derechos del Niño y con el Consejo de la Magistratura de la Justicia porteña. Este recorte a las funciones del Asesor Tutelar de Menores, limitaron severamente su accionar.

La decisión del Cabiche violó principios vitales de la Constitución de la Ciudad, como también la ley 104, que establece el libre acceso a la información pública para cualquier habitante de la ciudad, ya que, en virtud de las resoluciones 71/03 y 72/03, Moreno estaría incapacitado para elevar pedidos de información a organismos públicos. También vulneró el artículo 18 de la ley 21, norma orgánica del Ministerio Público, que impide al Asesor General Tutelar dar instrucciones particulares a sus subordinados, como resguardo a la independencia del cargo ocupado por Moreno.

Ante esta situación, Moreno presentó un pedido de reconsideración ante el propio Cabiche, como autoridad máxima del Ministerio Público porteño. El reclamo tuvo eco en la Legislatura de la Ciudad, que revocó por unanimidad las resoluciones 71/03 y 72/03 por ilegales e inconstitucionales, y le abrió un proceso de juicio político a Cabiche.

Además, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, integrado por el CELS, Poder Ciudadano y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, manifestó su preocupación por dicha decisión en una reunión con el propio Cabiche, quien propuso debatir los fundamentos y la legalidad de dichas resoluciones en un nuevo encuentro, que nunca tuvo lugar.

Pese al dictamen de la Legislatura, el Asesor General no sólo no revisó la medida, sino que el 29 de julio pasado ratificó ambas resoluciones. Según sospechan varios legisladores, la decisión del Asesor General, nombrado por el Poder Ejecutivo porteño durante la gestión de Fernando de la Rúa como Jefe de Gobierno, se fundó en el activo desempeño de Moreno en su cargo durante dos años y medio, en los que tuvo intervenciones claves para defender los derechos de personas y niños desprotegidos con alto reconocimiento público e institucional.

Una presentación ante la Justicia

Así las cosas, en diciembre, Moreno decidió iniciar una acción contencioso administrativa contra la Asesoría General Tutelar del Ministerio Público, solicitando la nulidad absoluta de las resoluciones. Paralelamente, pidió una medida cautelar para suspender los efectos de las medidas hasta que el juez dicte sentencia. El 26 de diciembre pasado, el magistrado porteño Fernando Juan Lima le hizo lugar, con lo cual Moreno puede volver a desempeñarse en su cargo sin las trabas que le impuso Cabiche.

Sin embargo, el juez avaló una parte de lo dispuesto por Cabiche en cuanto a que deben buscarse "vías alternativas a la judicial para la solución de conflictos sociales de naturaleza estructural" y que "los reclamos judiciales colectivos desde el Ministerio Público para revertir las crisis de emergencia social deberán ser excepcionales".

Por otra parte, el pedido de juicio político al Asesor General sigue en pie. Con la renovación de la Legislatura porteña, ahora hay que esperar que la Sala de Acusación inicie el procedimiento. De concretarse el juicio político, sería la primera vez que sucede en la Ciudad de Buenos Aires.

La gestión de Moreno incluyó varios casos polémicos. El asesor tutelar cuestionó las condiciones de habitabilidad de los niños en los hoteles regenteados por el propio Gobierno de la Ciudad para albergar a los sin techo e intervino en el caso PADELAI, antes de su desalojo, para solicitar que se garantizara una vivienda digna a los habitantes del ex Patronato de la Infancia.

Además, interpuso un amparo contra el propio Ejecutivo por no cumplir con una resolución de la Legislatura que ordenaba la construcción de una nueva escuela en el Distrito Escolar 20, en Ciudad Oculta. Gracias al amparo, el gobierno porteño se vio obligado a adquirir un inmueble para la Escuela N° 2, que comenzó a funcionar hace casi un año. El asesor también se dedicó a sistematizar los casos de desnutrición infantil registrados en el ámbito de la ciudad, información que nunca había sido relevada.

Para mayor información, comunicarse con Gustavo Moreno al 4339-2923.